Empieza el año y comienzan también los juegos de palabras de algunos políticos. Y me estoy refiriendo a lo mencionado recientemente por el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, quien acusó de hipócritas a los obispos españoles por afirmar que hay motivos para negar la comunión al presidente del Congreso, José Bono, tras su apoyo a la Ley del Aborto, votada el paso mes de diciembre. El dirigente socialista habla de una incoherencia abismal de los religiosos pues afirma que no se hizo lo mismo con los miembros del PP, que no evitaron que durante sus gobiernos se practicaran abortos.
Mi papel por supuesto no es defender al PP ni a José María Aznar, ellos tendrán que dar las explicaciones del caso para decir las razones por las cuales nunca hicieron algo para revertir la primera ley del aborto, dada en 1985, durante el gobierno de Felipe Gonzáles.
En 1996 el partido de Aznar tenía 156 escaños y el PSOE 141. En el 2000 las cosas fueron aún mejor para el grupo “conservador”; obtuvo 183 (mayoría absoluta) y su rival de izquierda 125. Si no se hizo algo en ese entonces es porque se acostumbraron al aborto, no encuentro otra posibilidad.
Pero, bueno, más allá de lo que debió hacer el PP con respecto al aborto durante sus dos periodos, entre 1996 y 2004, es preciso decir que la Iglesia Católica en España siempre se pronunció en contra de esa práctica durante esos años.
Me tomo la molestia de indicar a continuación algunos de los pronunciamientos oficiales de los obispos durante los dos periodos del PP:
El 18 de junio de 1998 los prelados publicaron un documento con ocasión del debate sobre la píldora RU-486. El título de la nota es elocuente: “El aborto con píldora también es un crimen”. En el mismo instan al gobierno del PP a que “no tome ninguna medida que contribuya todavía más al deterioro del aprecio y respeto a la vida humana que ya padece nuestra sociedad”.
Tres meses después, la conferencia episcopal volvió a publicar una nota muy firme: “Licencia aún más amplia para matar a los hijos”. Esta vez se trataba de frenar la aprobación de tres propuestas legislativas (una del PSOE, otra de Izquierda Unida y otra de Nueva Izquierda) que pretendían imponer el aborto libre durante las primeras 12, 14 y 16 semanas de embarazo, respectivamente. El pronunciamiento denuncia “con toda energía estas proposiciones vergonzosas que amplían las posibilidades de matar a los hijos que aún no han nacido, pero que son ya verdaderos seres humanos”. Los obispos piensan que “la legislación actual debe ser modificada, pero no para empeorar la situación, sino para proteger de manera adecuada el derecho a la vida”.
Es bueno recordar que si bien es cierto que la propuesta de aborto libre no salió adelante en ese entonces, la autorización para distribuir y comercializar la píldora RU-486 motivó cuatro notas más. En la primera de ellas, del 21 de octubre de 1998, los prelados califican la distribución de la controvertida pastilla en hospitales como “un paso más en la degradación de la conciencia de la dignidad inviolable de la vida humana”.
Además, piden expresamente la abolición de la ley que despenalizó el aborto en 1985: “Una ley que da licencia para matar en algunos casos a seres humanos inocentes no merece ni siquiera el nombre de ley. Esa ley debe ser abolida, porque pone en peligro los fundamentos mismos del Estado de derecho”. Aquí queda claro que no estuvieron faltantes las palabras de la Iglesia, más bien fue la inoperancia del PP la que es a todas luces criticable.
Pero si aún queda una duda recordemos que el 17 de febrero de 2000, el episcopado español vuelve a mandar un mensaje nítido al gobierno del PP ante la posible comercialización de la píldora: “Esta connivencia de la autoridad con un desorden moral tan grave es legalmente posible porque la actual legislación sobre el aborto lo permite, una legislación que es gravemente injusta y que debe ser abolida”, dijeron los prelados.
Por último, es bueno decirle a José Blanco que la inoperancia de la oposición no hace de ninguna manera justificable las acciones de su partido. Y si José Bono auspicia el aborto entonces según las normas de la Iglesia Católica se hace sin duda merecedor de la ex comunión, como también se la merecerían todos los católicos involucrados en la nueva ley.
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