HO Andalucía

REDACCIÓN HO.- Además del Auto del que HO informó ayer, que amparaba a tres hermanos malagueños, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó el pasado 6 de noviembre al menos otras tres resoluciones de las mismas características.

Los tres autos (que afectan a seis objetores, pues uno de los procedimientos fue promovido por cuatro de ellos) conceden la exención provisional para cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) a todos los estudiantes por quienes los recurrentes plantearon en su día objeción de conciencia.

Así pues, esos alumnos quedan dispensados del deber de asistir a esas clases y exentos de evaluación en las materias citadas, sin que tal cosa pueda suponer para ellos ningún perjuicio en relación con sus posibilidades de promoción de curso ni con las de obtención de titulaciones académicas.

Las tres resoluciones reiteran los argumentos jurídicos esgrimidos por la Sala en las numerosas oportunidades en que ha otorgado esta clase de medidas cautelares.

Los magistrados estiman que “los derechos en juego (…) son el de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art.27.3 CE) y el de libertad ideológica y religiosa (art.16.1 CE)”. A continuación, hacen notar que “si se deniega la medida cautelar, se crea una situación que no podría ser alterada por el contenido de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de los demandantes”, porque durante el tiempo transcurrido hasta la adopción de esa resolución por parte del Tribunal, sus hijos habrían recibido “los contenidos educativos que se pretenden evitar”. “De ahí la necesidad de adoptar la medida cautelar”, concluyen los jueces.

La Consejería pretendía la suspensión provisional de la obligación de cursar EpC solicitada por todos estos objetores no fuese concedida. Alegaba una pretendida lesión del interés general si los alumnos fuesen exonerados de ese deber hasta que se resuelvan los recursos planteados por sus padres. Esa argumentación no ha sido considerada válida por los magistrados.

Los jueces destacan que “en la ponderación de los intereses en conflicto se encuentran, de un lado, difusos intereses públicos en el cumplimiento de la norma, y por otro, los posibles perjuicios al derecho a los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y a ejercer su libertad religiosa”. “En esta contraposición debe sobreponerse la efectividad de los derechos sobre llamadas genéricas al interés público”, concluyen todas las resoluciones mencionadas.

Una de las madres recurrentes objetó en su momento para evitar que reciban enseñanzas de EpC niños que aún no están en cursos de cuyos programas de estudios forme parte ninguna de las materias de ese grupo. La Consejería arguyó que se negó a reconocer la objeción de conciencia frente a EpC planteada por esta madre porque sus hijos todavía no han de estudiar dichas asignaturas y, por esa misma razón, solicitó la denegación de la medida cautelar.

La Sala tampoco consideró convincente ese argumento, porque “sí tendrán que darla en cursos posteriores con mayor o menor inminencia”. En consecuencia, acuerda que “ha lugar a acordar la medida cautelar interesada, relativa a la suspensión de la ejecutividad” de la resolución denegatoria de la Consejería de Educación; de tal manera que, hasta que se resuelva el procedimiento planteado por la recurrente, “en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia se les dé a sus hijos dicha asignatura que habrían de recibir en algún momento de la sustanciación del recurso”.

http://www.hazteoir.org/node/15584

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Daniel Cela
A instancias de los jueces de Violencia de Género, los colegios andaluces esconden a 208 hijos de maltratadores para protegerles de sus padres. La suspensión cautelar del régimen de visitas es una medida extrema que el TSJA aplica si hay riesgo para el niño y, a veces, cuando prevé que los agresores tratarán de localizar a las mujeres a través de sus hijos.

La Consejería de Educación tiene codificados los nombres de 208 alumnos. Los ha borrado del registro informático para evitar que sus padres, denunciados por maltrato, den con su paradero preguntando en el último colegio en el que fueron escolarizados. Los centros escolares están interconectados en red, y ningún niño puede matricularse en una escuela nueva sin que quede registrado en su último colegio. Eso deja un rastro que puede poner en peligro al niño y a su madre. En realidad, Educación oculta a bastante más niños, porque la ley le obliga a hacerlo siempre que haya denuncia por maltrato u orden de alejamiento del juez. Esos 208 niños, sin embargo, están codificados en el registro educativo porque los jueces de Violencia de Género tomaron la decisión más grave que podían adoptar: suspender el régimen de visitas de forma cautelar, prohibiendo al padre acercarse a su hijo.

En algunos casos no bastan las órdenes de alejamiento, que ya de por sí es una medida crítica porque limita la libertad de movimiento de un hombre para evitar que se acerque a su ex mujer. Esa decisión arrastra consigo otra realidad: cuando la mujer huye y se lleva a su hijo, el marido, hasta que se resuelve la separación, solicita poder verle. Los magistrados establecen puntos de encuentro –a veces supervisados por la Policía– y les permiten visitar al niño en un sitio protegido, lejos de la mujer. Por detrás de todas esas medidas está la suspensión cautelar del régimen de visitas.

Hasta octubre, el TSJA ha tomado esa “decisión extrema” para proteger a 208 niños, según datos del Alto tribunal andaluz. “Se separa a un hijo de su padre si ha habido agresión física o abusos sexuales, pero también si fue sometido a maltratos psicológicos, si tuvo que presenciar cómo agredían o acosaban a su madre”, explican fuentes de los juzgados de Violencia en Sevilla. Cuando los magistrados llegan al extremo de prohibir a los padres visitar a sus hijos es porque entienden que el riesgo que se corre es demasiado alto, ya sea para el niño o para la madre. Pese a la reticencia de los jueces a llegar a tales extremos, en lo que va de año el número de suspensiones del régimen de visitas ha aumentado en más de 50 casos respecto a 2007 (159).

Posturas enfrentadas. Los jueces no consideran que sea bueno para el niño alejarle de su padre, y en eso disienten del punto de vista de los abogados y los psicólogos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El IAM reconoce la figura paterna, pero está convencido de que “los hijos son el primer instrumento de presión contra las víctimas del maltrato”, explica Ana Díaz, abogada del IAM.

Hay una parte de verdad en eso. A veces el juez ha prohibido al padre ver a su hijo argumentando que, “inconscientemente, los niños podrían dar pistas a sus progenitores sobre el paradero de las madres”. Esa posibilidad es la que utiliza el IAM para reclamar a los jueces que hagan extensible la protección del menor a sus madres.

“Los tribunales no suelen suspender el régimen de visitas al padre porque no tienen en cuenta que muchos sonsacan a sus hijos para encontrar a la madre”, dice Juan Ignacio Paz, psicólogo del IAM. “Por de pronto, todas las mujeres que están protegidas en casas de acogida deberían valerse de esa posibilidad. No sólo por su protección, sino por la seguridad del resto de mujeres que están en esos pisos”, apunta Díaz.

La postura de los jueces es distinta porque, dicen, han de tener en cuenta los derechos del hombre y del niño, además de las mujeres. “No se puede castigar al maltratador por todo, porque puede que sea un buen padre. Pero, además, no se puede castigar al hijo, que tiene todo el derecho a ver a su padre. Las circunstancias ldeterminan la peligrosidad del marido”.

La mayoría de las suspensiones del régimen de visitas que se dictaron en 2008 fueron solicitadas por las propias mujeres. De los 208 casos, 193 las pidieron las víctimas, cuatro a petición de la Fiscalía y 11 de oficio, según datos aportados por los jueces.

Necesidad de denunciar. Sin embargo, no siempre hay una denuncia que ponga en marcha el engranaje que protege a las mujeres. Algunas salen de sus casas de forma precipitada –“muchas huyen, pero ninguna mujer se iría sin sus hijos. Jamás”, dice Díaz–, cambian de ciudad, se esconden en casa de un familiar o un amigo y, “por desconocimiento”, explican en en los juzgados, escolarizan a su hijo en otro colegio, sin advertir a los profesores de que son víctimas de malos tratos. “Si no ha denunciado ni cuenta con la colaboración de los profesores, se exponen a que la encuentren a través del colegio”, dicen en el IAM.

Sin denuncia, el centro escolar se ve con las manos atadas. Ni puede esconder al niño del padre ni escolarizarle. Lo cual no quiere decir que muchos centros, conscientes del miedo de algunas madres maltratadas a denunciar a su agresor, hayan metido a esos niños en sus aulas durante semanas, hasta que los servicios sociales del municipio han logrado convencer a la madre para que presentara una denuncia en comisaría
http://www.correoandalucia.com/noticia. … 3091424170

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REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez, ha desmentido hoy de la versión ofrecida por los Obispos del Sur de España sobre la reunión bilateral mantenida el pasado día 11 y ha negado haber pedido “disculpas” por el inicio del curso 2008-2009 en la asignatura de Religión que, a su juicio, “en absoluto” ha sido “caótico”, tal y como valoró en el comunicado oficial el órgano eclesial.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el nuevo IES Alhamilla en Almería, Jiménez ha indicado que el comienzo del presente año académico ha estado marcado por las directrices que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE) y, en concreto, por lo que dispone en relación a la “adecuación” del horario de los docentes de la materia de Religión y al número de alumnos que cursen la citada asignatura.

Aunque ha dicho que no quería entrar a “valorar” las declaraciones de los Obispos del Sur de España, la titular andaluza de Educación ha asegurado que el encuentro con el administrador apostólico de Málaga, Antonio Dorado Soto, fue “cordial y amable”, por lo que “se desarrolló en un clima de entendimiento que permitió alcanzar el compromiso de convocar una mesa de interlocución”.

Al respecto del problema suscitado en torno a la situación del profesorado de Religión en Andalucía, Jiménez se ha mostrado esperanzada en que la “línea de diálogo” trazada el pasado día 11 pueda continuar siempre, “para dar cumplimiento” a la Constitución Española y a la LOE, que son, junto a la normativa autonómica, “los dos ámbitos que van a seguir motivando la actuación” de la Consejería de Educación, concluyó.

http://www.hazteoir.org/node/15531

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REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un Auto mediante el que anula cautelarmente el suspenso impuesto en Educación para la Ciudadanía (EpC) a un alumno. Los magistrados entienden la calificación negativa como “denegación fáctica” del derecho a objetar, cuya legitimidad ha reconocido y amparado el Alto tribunal andaluz en una veintena de sentencias.

El letrado sevillano Carlos Seco, que representa los intereses de numerosas familias objetoras a EpC, informó de que el auto dicta la anulación cautelar de dicho suspenso, “hasta que no haya una sentencia firme” que resuelva el recurso contencioso-administrativo elevado al TSJA contra dicha calificación, pues la familia del estudiante entiende que el suspenso no es otra cosa que la “denegación fáctica” de la solicitud de objeción de conciencia cuya resolución aún esperaba el alumno afectado.

A partir de ahora, y hasta que el TSJA no falle en firme, la calificación de suspenso “desaparece del expediente educativo” de este alumno, “no se tiene en consideración”. Carlos Seco advirtió de que el modo de obrar de la Consejería de Educación al suspender a un alumno cuya objeción de conciencia aún no ha sido resuelta, ha motivado “una situación absolutamente ‘kafkiana’: el TSJA ha suspendido un suspenso”.

Al respecto, y recordando que, como en su día informó HO, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ya había dictado un Auto que reconocía como “denegación fáctica” de las declaraciones de objeción de conciencia los suspensos impuestos a numerosos alumnos, Carlos Seco explicó que se trata de la primera notificación recibida en cuanto a los recursos contencioso-administrativos elevados contra dichas calificaciones, pues el citado Auto de fecha 31 de julio, notificado a las partes el 1 de septiembre, abría tal vía judicial para recurrir estos suspensos.

Aquel Auto aludía a un procedimiento contencioso-administrativo impulsado por un colectivo de familias de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla a consecuencia de los suspensos con que sus hijos habían sido evaluados en la citada asignatura, pese a haber planteado los tutores de los niños la objeción de conciencia. Ante los argumentos de los recurrentes, que entendieron que los suspensos suponían un rechazo expreso a la objeción de conciencia planteada y aún por resolver, la Consejería de Educación solicitó la inadmisión de tales acciones judiciales, alegando que nunca se llegó a producir “acto administrativo” alguno en relación con sus declaraciones de objeción de conciencia. Igualmente, la Administración argumentó que el recurso era “extemporáneo”, por el tiempo transcurrido desde que se formulara tal declaración.

Según el contenido de ese Auto, los interesados “nunca” fueron informados del plazo en el que debían dar por desestimadas sus declaraciones de objeción por silencio administrativo. Consiguientemente, el Tribunal entendió (y ahora se reitera en el mismo criterio) que los recurrentes “no han obtenido otra respuesta que su denegación fáctica mediante la calificación de suspenso”.

http://www.hazteoir.org/node/15397

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El Defensor del Pueblo Andaluz, la Fiscalía de Sevilla y ahora la Agencia Española de Protección de Datos (AEPC). La publicación el pasado uno de octubre de 81 nombres de niños objetores de Educación para la Ciudadanía sigue provocando investigaciones.

ABC.- Ayer, tras conocerse la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz que da un fuerte varapalo a la consejería de Educación por considerar que ha vulnerado el derecho a la intimidad de los menores, ABC pudo saber que la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado otra investigación. Según fuentes del citado organismo, ha sido a instancias de una denuncia presentada por padres de los objetores. La Agencia Española de Protección de Datos, que tiene como misión la protección de esos datos, está investigando a Educación.

De hecho Protección de Datos, en su última memoria, hizo algunas recomendaciones a las administraciones públicas, entre las que incluye un plan de protección de los datos personales de los menores en internet (los BOJA tienen edición digital) así como un plan específico de promoción de buenas prácticas en garantía de la privacidad en los boletines y diarios oficiales. Esto es, se aconseja impulsar procedimientos que, sin afectar a la función de los diarios oficiales, limite su captación en internet.

Además el propio director de la AEPD, Artemi Rallo, trasladó al presidente del CGPJ, Carlos Dívar su “preocupación”por las garantías de protección de datos en la Administración de Justicia, en un encuentro mantenido hace un par de semanas. En ese encuentro le recordó la necesidad de regular la “publicación anonimizada” de sentencias de órganos jurisdiccionales.

En cualquier caso ayer tras la resolución del Defensor que reconocía la vulneración del derecho a la intimidad de los menores y de la protección de datos, el Gobierno tuvo que pronunciarse para asegurar que no volverá a ocurrir. Enrique Cervera, portavoz del Gobierno, admitió que la publicación fue “innecesaria” y que “no debió ocurrir” ya que debían de haber aparecido sólo las iniciales. “No debe volver a repetirse y no se va a volver a repetir”, recalcó Cervera que quitó hierro al asunto asegurando que cuando Educación decidió esta publicación sólo tenía la voluntad de que se cumpliera la Ley del Procedimiento Contencioso-Administrativo para garantizar una comunicación efectiva.

Enviado a la Fiscalía

Y desde la consejería de Educación aseguraron ayer a ABC en que acatan las recomendaciones del Defensor del Pueblo y en que no se publicará ningún dato más. Ahora queda que la Fiscalía de Sevilla, que también inició una investigación tras las denuncias presentadas por padres objetores y por el PP, mueva ficha. De hecho el abogado que representa a los padres, Carlos Seco, tiene intención de enviar a la Fiscalía de Sevilla la resolución de Chamizo para que se incorpore a la denuncia.

Pero además de esa investigación sobre los BOJA, la Agencia Española de Protección de Datos hacía pública ayer otra resolución que consideraba que Educación había cometido una “infracción muy grave” al publicar en el tablón de anuncios del Colegio Escuela Francesa de Sevilla la lista de alumnos admitidos y no admitidos en los que aparecían datos personales de los menores relativos a la salud o la renta. La resolución dice que sería “más adecuado” y así debe hacerse en convocatorias futuras que el suministro de información que contenga esos datos, se realice sólo previa petición de algún interesado.

Educación emitió una nota en la que aseguraba que la consejería “limitará la publicación de datos en el procedimiento de admisión de alumnado en los centros dando sólo información general y evitando la inclusión de datos sobre los escolares y sus familias”.

http://www.hazteoir.org/node/15267

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