- El proceso legal se ha iniciado después de la denuncia interpuesta por una mujer
- La demandante alega que las prácticas de este centro suponen un atentado contra la vida
- La Junta y el ministro de Sanidad apoyan a los científicos y dicen que les ampara la ley
Actualizado miércoles 28/11/2007 15:47
El anterior director del Banco andaluz, Angel Concha, con el ahora ministro de Sanidad, Bernat Soria, en una imagen de archivo. (Foto: Paco Ayala)MADRID.- Una juez ha citado a declarar a varios científicos del Banco Andaluz de Células Madre, con sede en Granada, por un delito de manipulación genética. Las diligencias se han abierto después de la denuncia particular de Carmen Areoso, una mujer de Santiago de Compostela y que está relacionada con la Fundación Red Madre, en la que se sostiene que investigar con preembriones es anticonstitucional.
En un principio, la declaración los cuatro investigadores estaba prevista para mañana, pero ha sido suspendida, según ha informado a EFE un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según la fuente, la juez ha decidido aplazar “hasta nueva fecha” —no precisada— esta comparecencia judicial, aunque no se han revelado los motivos que han respaldado esta decisión judicial.
La incoación de diligencias de investigación penal se produjo después de que Carmen Areoso interpusiera una denuncia en un Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela contra varios científicos, algunos de ellos del Banco Andaluz de Células Madre, al considerar que sus prácticas suponen un atentado contra la vida. Areoso está relacionada con la Fundación Red Madre apoyada, entre otras organizaciones, por el Foro Español de la Familia.
Desde el Banco Andaluz de Células Madre se ha informado de que son cuatro los científicos que tendrán que declarar ante el juzgado de Instrucción 8 de Granada. Entre estos están el actual director del Banco Andaluz de Células Madre, el doctor Pablo Menéndez; su antecesor en este cargo, Ángel Concha, y dos investigadores más, un hombre y una mujer.
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Pablo Menéndez (izqda.) habla con José Cibelli, ambos del Banco Andaluz de Células Madre. (Foto: EFE)
Según ha explicado esta mañana a elmundo.es el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, la fiscalía ha reclamado la causa al juzgado para estudiarla en detalle y emitir un informe más extenso sobre este caso “en los próximos dos o tres días”; por lo que no descartó que se pudiese llegar a suspender de momento la declaración de los científicos, tal y como finalmente ha sucedido.
Fuentes del caso han precisado que estos investigadores declararían en concepto de imputados para asegurarles o dotarles de mayores garantías en su comparecencia al tener, de esta forma, el derecho a poder ser asistidos por un abogado.
Aunque la denuncia partió de un juzgado de guardia de Santiago de Compostela, la investigación se instruye en Granada porque el juzgado competente para tramitar esta denuncia es aquel del lugar donde se comete el presunto delito.
La denunciante ha solicitado la práctica de varias diligencias. Entre ellas estaría la consignación en el Juzgado de artículos publicados por un investigador valenciano que apoya las teorías de inconstitucionalidad de las prácticas con células madre. Según recoge la agencia EFE, Carmen Areoso ha interpuesto siete denuncias contra los experimentos con embriones que se desarrollan en distintas ciudades españolas, además de Granada, Valencia o Barcelona.
La Administración minimiza la demanda
El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha asegurado que los científicos imputados están “protegidos” por la Ley de Investigación Biomédica, una norma, según el responsable de Sanidad, “muy respetuosa” con la ética.
En España hay un marco legal que permite estas investigaciones
También ha destacado que los mecanismos para dar el visto bueno a este tipo de proyectos de investigación son “tediosos” pero “muy respetuosos y garantistas” con la norma, por lo que considera que el hecho de que, como en el caso del Banco Andaluz de Células Madre, una ciudadana dirija una reclamación contra estas prácticas es una circunstancia “normal” en un Estado de Derecho, en el que no obstante cabe esperar que la ley dé “seguridad jurídica” al trabajo de los investigadores.
Por su parte, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, afirma que la denuncia está fundamentada únicamente en criterios religiosos. Montero ha recordado que la legislación andaluza aprobada en 2003 para dar cobertura legal a estos proyectos científicos fue pionera en España y, “le pese a quien le pese, en nuestro país y en Andalucía hay un marco legal que permite estas investigaciones”.
La consejera ha insistido en que los trabajos que se llevan a cabo en el Banco de Granada cuentan con el consentimiento informado de los donantes y, además, han sido autorizados previamente por los comités éticos pertinentes. Por eso, ha mostrado su “tranquilidad absoluta” y ha reiterado que “estos proyectos han dado todos los pasos correctamente”.
Proyectos respaldados
De la misma opinión que la consejera es Agustín Zapata, subdirector general de investigación en terapia celular y medicina regenerativa del Instituto de Salud Carlos III y director de Banco Nacional de Líneas Celulares, que afirma que esta denuncia “es una locura de un grupo de antiabortistas que afirman que se han creado embriones para luego matarlos”. En cuanto a la apertura de diligencias, este investigador explica que no logra entender el motivo que ha llevado al juez a iniciar estos trámites.
Zapata insiste en que se han olvidado de que los científicos denunciados lo único que hicieron, en su momento, fue solicitar proyectos que fueron aprobados con la normativa del Gobierno del Partido Popular. “Uno de los hechos denunciados por esta persona se remonta a febrero de 2005, en relación con un proyecto dirigido por Angel Concha [el anterior director del Banco Andaluz de Células Madre], argumentando que el trabajo va en contra del concepto de vida. Pero se olvida de que durante el Gobierno del señor Aznar ya había aprobado una normativa [regional] para investigar con embriones humanos y que esa situación se ha mantenido, como es natural, por el Partido Socialista”, afirma Agustín Zapata.
Los cuatro proyectos cuestionados recibieron un informe favorable de la Comisión Técnica del Banco Nacional
El resto de científicos que deberán prestar declaración son dos investigadores, uno de la Universidad de Granada y otra del nodo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en esta ciudad.
“Las diligencias abiertas se dirigen contra estos cuatro profesionales y sus proyectos de investigación y no contra el Banco de Células Madre de Andalucía. Además, algunos de estos proyectos ni se han empezado a realizar”, aclara Agustín Zapata.
María Jesús Montero ha añadido que el Banco y los científicos contarán con toda la asistencia jurídica, tanto por parte de la Fundación Progreso y Salud, que coordina las investigaciones, como por parte de los servicios jurídicos del Gobierno andaluz.
Los cuatro proyectos de investigación cuestionados ahora recibieron un informe favorable de la Comisión Técnica del Banco Nacional de Líneas Celulares y fueron aprobados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.
La Comisión Técnica está formada por el director del Instituto de Salud Carlos III, por tres representantes de la Administración Central (elegidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Justicia y el de Educación y Ciencia), por otros tres representantes elegidos por el Consejo Interterritorial y por un secretario (Agustín Zapata) con voz pero sin voto.
Una institución pionera
En diciembre de 2002 el científico Bernat Soria y la Junta de Andalucía firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo proyectos de investigación con células madre. El ahora ministro de Sanidad, fue contratado por el Gobierno andaluz para coordinar los estudios de terapia celular y posteriormente fue nombrado director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) inaugurado en marzo de 2006 en Sevilla.
El Banco Andaluz de Células Madre, dirigido actualmente por el científico Pablo Menéndez, fue la primera estructura pública creada en España específicamente para la investigación con células madre. Fue el primero en nuestro país en trabajar con líneas celulares embrionarias legalmente autorizadas, procedentes del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia).
Este banco alberga y aporta el material biológico para investigaciones y para avanzar en los mecanismos de derivación y diferenciación celular para el desarrollo de proyectos científicos basados en células madre, a lo que se suman sus propios proyectos de investigación científica.
Recibió su mayor impulso con el acuerdo suscrito en julio de 2004 entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, que posicionó al banco granadino como nodo central del Banco Nacional de Líneas Celulares.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/11/28/biociencia/1196241723.html
REDACCIÓN HO.- Estos son sólo dos ejemplos de cómo EpC, lejos de tratar sobre la Constitución y el sistema político español, se introduce de lleno en la educación moral de los alumnos. En un breve informe, PPE explica los datos de objeciones de las que ha tenido noticia en el período abril-noviembre de 2007. En síntesis, el informe recoge los siguientes datos: