R. Serrano
madrid- Los opositores a Educación para la Ciudadanía hacen balance de su año más duro. En 2007 han visto cómo sus protestas eran desoídas por las autoridades y la asignatura que ellos consideran un intento de «adoctrinar» a sus hijos se implantaba en siete autonomías. Pero, además, han constatado cómo el Gobierno y las autonomías socialistas han pasado de la «indiferencia» inicial a las «amenazas» y «persecuciones» que, aseguran, muchos alumnos objetores sufren en la actualidad. Mientras, en el PP han encontrado «buenas palabras, pero ninguna acción». Es el análisis de la asociación Profesionales por la Ética, una de las principales plataformas objetoras.
En el documento, que será hecho público hoy, los objetores, además, denuncian que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición han tenido tiempo para recibirlos. En el caso de Zapatero, recuerdan que prometió acoger «con responsabilidad» su petición.
Los opositores a la asignatura son, en la actualidad, en torno a 22.000 en toda España. Pero fueron unas pocas familias las que iniciaron el movimiento que, en un principio, según denuncian, el Gobierno trató «con desprecio e insensibilidad». Sin embargo, «a medida que aumentaba la reacción», el Ejecutivo adoptaba otra estrategia: la amenaza. En junio, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunciaba que «quienes no cursen Educación para la Ciudadanía no obtendrán el título académico». A su vez, Cabrera censuraba la «campaña de desobediencia civil».
Una vez iniciado el curso empezó la persecución. Suspensos, expulsiones y «amenazas» en las aulas son algunos de los casos relatados por esta organización. La respuesta de la oposición no ha sido la esperada. El PP ha intentado luchar contra la materia desde dentro. Ha «retrasado todo lo posible» su implantación y ha «recortado» contenidos. Las familias, no obstante, consideran esta fórmula «inviable». Pero lo que más preocupa y «decepciona» es el hecho de que «Rajoy no haya accedido todavía a recibir a los objetores».
Archivo Mensual de Diciembre, 2007
Redacción - 28/12/2007
Más de 150 millones de padres europeos, pertenecientes a la European Parents Association (EPA), han mostrado su apoyo a las familias españolas objetoras a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” adhiriéndose al ‘Manifiesto internacional’ de la asociación Profesionales por la Ética Según indicó esta organización española en un comunicado, estas asociaciones –de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Dinamarca, entre otros países– se han comprometido a difundir la situación española en diversos foros e instituciones internacionales con el objetivo de exigir al Gobierno que “modifique su política en relación con esta asignatura y haga efectivos los derechos fundamentales de los padres y sus hijos”.
Para Profesionales por la Ética, los contenidos de la “polémica” asignatura, no siguen las recomendaciones del Consejo de Europa e introducen contenidos de “orden moral” que “suponen una intromisión inaceptable en el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones, y en la libertad de conciencia y la intimidad del menor”.
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=26798&idNodo=-3
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Médicos por la VIDA
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Universidad Autónoma de Madrid
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28029 MADRID
REDACCIÓN HO, EL MÉDICO, ABC, EUROPA PRESS.- En un acto de partido en Sevilla, Javier Arenas ha pedido además al presidente de la Junta que no haga propuestas que “enfrenten las conciencias y principios éticos y morales” de los andaluces. Ha sentenciado que las conciencias de los médicos “no se compran ni se venden”.
Javier Arenas ha contestado así a la propuesta que hizo el presidente de la Junta sobre la creación de “unidades singulares específicas” para realizar abortos en hospitales públicos integradas por “médicos que estén incentivados y no aleguen objeción de conciencia”, ya que puso de manifiesto que actualmente menos de un cinco por ciento de los abortos se practican en la sanidad pública.
El dirigente popular ha querido dejar claro que él no es partidario de modificar la actual ley que regula la práctica del aborto en España y dijo que el presidente de la Junta por lo que tiene que velar es por que se cumpla la legalidad vigente y aclarar qué controles se están llevando en la comunidad para evitar que se practiquen abortos ilegales, ante lo ocurrido en otras regiones donde se han detectado casos de abortos a los siete meses de gestación.
“Una auténtica aberración”
La peregrina idea de Chaves, lanzada al día siguiente de que Arenas arrasara en el debate de TVE Tengo una pregunta para usted, ha provocado la reacción de casi todos los sectores implicados. Desde el Instituto de Política Familiar (IPF) su presidente, Eduardo Hertfelder, recordó que Andalucía es la tercera comunidad en número de abortos y calificó de “inconcebible” el anuncio de Chaves, en lugar de anunciar medidas para que las madres se vean abocadas al drama del aborto y puedan tener los hijos que desean. “Es una auténtica aberración que el presidente sólo vaya a potenciar e incrementar el número de abortos en la comunidad”, recalcó.
Por su parte el presidente de Profesionales por la Ética, Miguel Gómez de Agüero, calificó como “infanticidio perpetrado sin escrúpulo” los últimos acontecimientos ocurridos en las clínicas abortistas y aseguró que la solución no es facilitar el aborto en centros de la sanidad pública para evitar el negocio abusivo, sino analizar la problemática que rodea al aborto e intentar avanzar hacia su desaparición. Profesionales por la Ética aboga por apoyar a las madres para facilitar que puedan tener a sus hijos.
El vocal de comunicación del Foro Andaluz de la Familia, José Luis Amat, consideró que la propuesta “sólo es trasladar el problema de lo que supone la destrucción de una vida”. Amat apostó por que aquellas madres que no pueden hacerse cargo de sus hijos “en lugar de abortar cumplan con el embarazo y den a sus futuros hijos en adopción”.
“Hay mucha manga ancha”
El presidente de los ginecólogos andaluces, Santiago Carrasco, dijo desconocer la idea pero defendió que se haga cumplir la ley vigente porque actualmente”hay mucha manga ancha”. Carrasco afirmó que esa “manga ancha” es lo que provoca que se están produciendo muchas irregularidades. Y recordó que si actualmente los abortos se practican en hospitales concertados, “es una decisión que han tomado ellos”. “No tengo nada en contra del aborto, pero hay muchos profesionales que no lo quieren hacer y es algo que hay que respetar”, recalcó el ginecólogo.
También llegaron las críticas desde el Sindicato Médico Andaluz, cuyo vicepresidente, José Luis Navas, cuestionó si habrá recursos humanos suficientes para poner en marcha esa medida. Y es que, según el SMA, la asistencia ginecológica está muy deteriorada por la falta de personal. “La falta de anestesistas está impidiendo que se ponga la epidural, entonces no sabemos de dónde van a sacar los recursos para esas unidades”, indicó.
Oposición de la OCM
Por su parte, según informa Europa Press, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Isacio Siguero, advirtió de que “no se puede forzar” a los profesionales facultativos con incentivos económicos para que “cambien sus criterios éticos y deontológicos”, en referencia a la propuesta lanzada ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de crear “unidades singulares específicas” para realizar abortos en hospitales públicos integradas por “médicos que estén incentivados y no aleguen objeción de conciencia”.
“No se puede incentivar económicamente para que uno haga cosas que, por sus criterios o conciencia, entiende que no lo haría en condiciones normales”, recalcó el máximo representante de los colegios de médicos españoles, quien avisó de los “inconvenientes” que supondría introducir una medida de este calado. “No estamos de acuerdo con que al médico se le de incentivos para poderle cambiar su propia actitud y deontología ante determinados problemas”, sentenció.
Preguntado por los posibles motivos de esta nueva propuesta, reconoció “desconocer cuáles son”, aunque puntualizó que “tiene un ‘tufo’ de intentar hacer un cambio radical y cambiar la ley”. “En este momento, lo que hay que hacer es respetar los cuatros supuestos que marca la ley”, prosiguió Siguero, quien planteó la posibilidad de que dicha propuesta pretenda sondear a la opinión pública acerca de cómo se vería un hipotético cambio de ley. “Da la sensación de que por ahí podrían ir los tiros”. También quiso dejar claro que la actual Ley del Aborto o un posible cambio en la misma “no invalida la objeción de conciencia, que es un derecho que tiene el profesional”. “Si no se respeta lo establecido que marca la ley para la interrupción voluntaria del embarazo o se violentara la libertad individual de cada médico estaríamos en contra y de frente”. añade.
El Defensor del Pueblo ser pronuncia
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha referido hoy a la posible ampliación del aborto barajada por el PSOE. En declaraciones a Europa Press, considera que “el aborto libre es una barbaridad” y manifestó que “no hay una demanda social” para efectuar modificaciones en la ley reguladora de las intervenciones voluntarias del embarazo.
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=6492
VIVA LA MADRE QUE ME PARIÓ
Concentración en Defensa de la Vida
En La Campana esq. Sierpes (SEVILLA)
El día de los inocentes (28 de diciembre)
A las 17.30 h
Fuentes judiciales explicaron que la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, ha admitido por la vía preferente de protección de los derechos fundamentales el recurso de unos padres de Bollullos del Condado (Huelva) para que se reconozca el derecho de sus hijos a la objeción de conciencia para no cursar la asignatura.
Se trata del segundo proceso abierto por esta vía de derechos fundamentales, tras el incoado en septiembre pasado referente a los contenidos de la nueva asignatura de la LOE, en aquel caso por denuncia de cinco padres encabezados por dos letrados sevillanos, también dirigentes del PP andaluz, asunto que se encuentra pendiente de sentencia.
En este nuevo caso, el TSJA ha admitido el recurso de los padres contra la resolución del viceconsejero de Educación de la Junta, según la cual no hay lugar “a la objeción de conciencia formulada respecto al contenido de la asignatura”.
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=26625&idNodo=-3
V. Menacho
madrid- El Foro de Laicos Asidonia ha presentado en la Delegación Provincial de Educación de Cádiz 240 nuevas objeciones de conciencia de padres y madres gaditanos contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Con estas objeciones, este foro ha superado las 520 copias entregadas a la administración, ya que, desde que comenzó el curso, el interés de los padres y su demanda de información sobre la asignatura ha crecido notoriamente, según indican. En total, en la provincia de Cádiz hay más de 700 objeciones contra Ciudadanía. En el conjunto de España, el número asciende a 22.000.
A juicio del Foro de Laicos Asidonia, el incremento de objeciones es imparable, pese al acoso y la falta de sensibilidad por parte de la Junta de Andalucía, que amenaza y amedrenta a los alumnos y padres para que desistan del derecho constitucional a la objeción. Pese a ello, está estudiando, junto con los servicios jurídicos de Profesionales por la Ética, acciones judiciales contra los profesores, tutores y directores de centros que no respetan este derecho.
Además, emplazan a la Junta de Andalucía a que no demore más la resolución del contencioso que han presentado varios padres ante el Tribunal Superior de Andalucía. Este tribunal ya ha emitido tres autos en contra de la Junta y a favor de los padres
S. R.
Madrid- El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, propuso ayer la creación de «unidades singulares específicas» para practicar abortos en hospitales públicos. Estos servicios estarían integrados por «médicos que estén incentivados y no aleguen objeción de conciencia». En la actualidad, aseguró, menos de un cinco por ciento de las interrupciones del embarazo se practican en la sanidad pública.
En declaraciones a RNE, Chaves defendió la necesidad de hacer «autocrítica sobre la actitud de la sanidad pública ante los casos de interrupción voluntaria del embarazo», ya que consideró necesario «replantearnos el hecho de que menos del 5 por ciento tienen lugar en centros hospitalarios públicos».
La de Chaves no es la única propuesta nueva en la polémica tras la investigación de supuestos abortos ilegales en Madrid y Barcelona. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se mostró ayer partidario de debatir lo que ayer rechazó su partido en el Congreso: una ley de plazos. Reconoció que la actual regulación sobre el aborto tiene «deficiencias» y que «una de las posibilidades» para solucionar esta situación podría ser la aprobación de una ley de plazos.
Por su parte, el titular de Sanidad, Bernat Soria, recordó que el aborto se realiza dentro del sistema público, pues «el hecho de que se concierte con la clínica privada no quiere decir que deje de ser público».
Según Cabrera, “estas evaluaciones anuales, además de informarnos sobre la evolución del sistema educativo, nos ayudarán también a entender mejor los informes Pisa”, señaló la ministra.
Asimismo, Cabrera informó de que su Ministerio subvencionará a las comunidades autónomas que deseen participar en el Informe Pisa y que no lo hacen por falta de medios.
El fracaso que evidencia el último Informe Pisa
Según la última edición del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), sólo Andalucía está por debajo de la puntuación media española en los tres apartados entre las diez CCAA que han participado con muestra propia representativa (alumnos de las otras siete comunidades se examinaron, pero no en número suficiente como para una estadística veraz).
El nivel de comprensión lectora de los alumnos españoles de 15 años ha descendido de forma “muy notable”, el de matemáticas es “ligeramente inferior” y el de ciencias apenas varía en comparación con 2003, según las conclusiones del Informe PISA 2006.
Los estudiantes de La Rioja y Castilla y León obtuvieron un rendimiento en ciencias y matemáticas mucho más elevado que la media nacional e incluso sus resultados se situaron entre los mejores de los países europeos.
En este informe participaron 57 países, incluidos los 30 de la OCDE y, además de la muestra estatal española, hay otra representativa de diez comunidades autónomas que así lo solicitaron al objeto de poder evaluar mejor su sistema educativo, y que son: La Rioja, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, Cataluña y Andalucía
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=26596&idNodo=-3
