LD (Pedro de Tena) La mayoría del profesorado andaluz rechaza el incentivo de 7.000 euros de la Junta de Andalucía por considerarlo un “soborno”. El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos, incluido en la nueva Ley de Educación, se gana el no de buena parte de los claustros. Éstos acusan a la Consejería de “sobornarles” para dar aprobados.
Sólo queda una semana de plazo para acogerse a la medida y según la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía sólo 29 centros de los 893 existentes se han acogido al incentivo. 457 centros, más de la mitad de los centros, lo han rechazado explícita y expresamente.
El principal motivo del rechazo, sostienen los profesores agrupados en Apia, es que la Junta intenta “mejorar la imagen” de la educación andaluza “sobornando al profesorado para duplicar el número de promocionados y titulados”. Estos denuncian lo que entienden un “enfoque mercenario de la educación” con el que la Consejería “da a entender que son los profesores los responsables del fracaso educativo”. Frente a esto, los educadores reclaman reducir el número de alumnos por aula, favorecer la autoridad del profesor o “acabar con la concepción de la enseñanza como un remedo de guardería y recreo asistido”.
Es verdaderamente destacable que sea una asociación profesional no bien vista por las centrales sindicales vinculadas al régimen socialista la que haya conseguido el gran éxito que supone la negativa generalizada a una medida acordada por UGT, CC.OO ANPE y CSIF, que firmaron con la Junta el Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales y el Funcionamiento de los Centros que no sólo incluía esta orden de incentivos. CSIF, sin embargo, no apoya ahora el complemento retributivo.
Los profesores agrupados en APIA se sienten conscientes de nuestra importante labor profesional y por ello “no nos vamos a prestar a esta operación cosmética, a la desesperada, con que la Consejería busca ocultar el lamentable estado de la enseñanza pública andaluza y homologarse por la puerta falsa con los países de nuestro entorno en el contexto de los compromisos de Lisboa. Seguiremos exigiendo una verdadera homologación retributiva que equilibre las desigualdades entre las diferentes comunidades.
Seguiremos clamando por las reformas necesarias que permitan rescatar de su penosa situación a una enseñanza pública que hoy fomenta como nunca la desigualdad y la exclusión, cegando las posibilidades de promoción social de los menos favorecidos. Seguiremos señalando a los responsables de tantos desmanes, que con su necio proceder han contribuido a sustituir la educación pública por una suerte de sucedáneo desprovisto de cualquier rasgo socialmente útil.”
Las razones de los profesores de APIA para rechazar tal programa son, entre otras, las siguientes.
Responsabiliza directamente al profesorado del actual fracaso escolar considerando además que, si en el pasado estos trabajadores no han podido mejorarlo, sí podrán hacerlo ahora que se les va a pagar por ello. En toda la orden, que pretende mejorar el rendimiento académico, no se citan ni una sola vez el compromiso y la responsabilidad del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.
Asociar incentivos con aprobados no es la mejor manera de fomentar la calidad en la enseñanza sino, a lo sumo, de mejorar las estadísticas. La calidad de la enseñanza tiene mucho más que ver con otros factores que no se miden de forma numérica. El Programa es un intento de desprestigiar la profesión docente convirtiendo al profesorado en meros productores de más aprobados y más titulaciones en aras de alcanzar unas estadísticas ideales. Si la labor docente ha de evaluarse, la evaluación no debe ligarse sólo a los resultados, como las propias normas sobre evaluación de la Consejería de Educación reconocen manifiestamente.
En tercer lugar, confiere un poder excesivo a los directores de los centros desde el momento en que con sus informes decidirán sobre los sueldos del profesorado, estando esta situación muy lejos de los derechos duramente adquiridos por los sindicatos en los últimos años. Es preciso reconocer, además, que los directores de los centros se situarían en una posición muy delicada al convertirse en juez y parte de todo el proceso.
En cuarto lugar, utiliza una situación largamente sentida por el profesorado como injusta, al sustituir la deseable y necesaria homologación de salarios con el resto de los profesores y profesoras del Estado español por un incentivo que está ligado a una más que discutible productividad y que no será igual para todos, dado que depende de factores como la aprobación del proyecto por parte de la Administración, el informe positivo del director del centro o el beneplácito de una Comisión de Evaluación.
En su lugar lo que se ha propuesto es lo siguiente:
• Homologación retributiva con el conjunto de las comunidades autónomas, incluyendo País Vasco y Navarra. Subida salarial en el sueldo base.
• Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
• Cumplimiento de lo establecido por la LOE en relación con el número máximo de alumnos por aula y compromiso de la progresiva reducción de la ratio.
• Garantía de inmediata sustitución del profesorado que cause baja.
• Estabilidad de las plantillas.
• Educadores sociales suficientes que puedan atender debidamente a todos los centros. Dedicación exclusiva a los centros con más problemas de convivencia.
• Incremento de la inversión en Educación hasta alcanzar el 7% del PIB
Si quiere consultar qué centros andaluces han aceptado la medida y cuáles la han rechazado, pulse en los enlaces correspondientes.
http://www.libertaddigital.com/noticias … 26088.html
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