Archivo Mensual de Mayo, 2008

El PP acusa a la Junta de Andalucía de querer “adoctrinar sin libertad” por implantar “Educación para la Ciudadanía”

Durante una pregunta con respuesta oral en el Parlamento andaluz, Jiménez defendió el carácter “obligatorio” de la asignatura, a la vez que se mostró partidaria de la implantación de esta asignatura “que lo que pretende es formar a los niños en los valores cívicos; en definitiva, formar futuros ciudadanos”.

Así, dejó claro que la asignatura de EpC se seguirá implantando en la comunidad andaluza hasta que se produzca sentencia firme, ya que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sido recurrida por el Gobierno andaluz ante el Tribunal Supremo, ya que “discrepamos de su contenido”.

Mientras, el diputado del PP-A Antonio Garrido señaló que los populares dicen sí a una asignatura con el mismo sentido y desarrollo de la que se están dando en Inglaterra o Francia, que tienen como objetivo “educar en valores como igualdad, solidaridad o democracia”, sin embargo, “decimos que ‘no’ a un desarrollo sectario, partidista y adoctrinar sin libertad”.

De esta forma, el diputado del PP-A advirtió de la necesidad de que la Consejería de Educación apueste por el diálogo y busque el consenso, “dejando asó la prepotencia y adoctrinamiento”. Garrido indicó que la sentencia del TSJA dicta que la Junta ha “instrumentalizado la asignatura”. “Los desarrollos de los contenidos es donde se interfiere en el sagrado derecho de la libertad”, apuntó.

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El Gobierno recurre la sentencia del TSJ de Andalucía sobre EpC

El Ejecutivo insiste en que es una asignatura obligatoria y necesaria. CECE cree que con el recurso “solo pretende asustar” y CONCAPA atribuye la decisión del Ministerio a un “empecinamiento absurdo”.

REDACCION HO y EUROPA PRESS.- La abogacía del Estado presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el escrito de preparación de recurso de casación contra la sentencia sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según informó el Ministerio de Educación Política Social y Deporte.

La citada sentencia se pronunciaba sobre determinados desarrollos autonómicos de la Ley Orgánica de Educación en lo que se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, requisito previo para la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno entiende que está legitimado para presentar este recurso y advierte que la asignatura es “obligatoria” y está “recogida en la Ley Orgánica de Educación que aprobó el Parlamento español en 2006″.

El Ejecutivo insiste en que “la asignatura y sus contenidos son necesarios y contribuirán a la mejora de la educación que reciben los alumnos españoles”.

En un comunicado, el Ministerio de Educación insiste en que la materia se imparte en una veintena de países europeos y “responde a una Recomendación del Consejo de Europa (2000/12)”. “El objetivo es que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios, reflexionen y actúen como ciudadanos, en el ámbito público, de acuerdo con los principios de los derechos humanos y los valores constitucionales”, destaca.

Esta asignatura se imparte en uno de los dos últimos cursos de Educación Primaria y en uno de los tres primeros de Educación Secundaria Obligatoria. Según el calendario de aplicación de la Ley, el curso que viene se tiene que impartir en todas las CCAA en Secundaria (este año sólo se imparte en las que la han puesto en 3º de ESO) y en el 2009/ 2010 en Primaria.

La sentencia recurrida, dictada el pasado 30 de abril, se refiere a ciertas expresiones de los desarrollos de la Junta de Andalucía de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pero además cuestiona la legalidad de los decretos estatales, lo que legitima al Gobierno para presentar el recurso.

Mercedes Cabrera ve “más que justificado” el recurso

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, señaló que el escrito de preparación de recurso de casación presentado por la abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está “más que justificado”.

Tras participar en el Senado en el pleno con el que esta cámara arrancó el periodo de sesiones de la IX legislatura, Cabrera alabó este primer paso para llegar al Supremo que, según sus palabras, “se convertirá en recurso en cuanto esté terminado el texto”.

La titular de Educación considera “más que justificado” un recurso contra una sentencia que ”tuvo el voto particular de dos de los cinco jueces que sentenciaron”. La citada sentencia, dictada el pasado 30 de abril, se refiere a ciertas expresiones de los desarrollos de la Junta de Andalucía de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pero además cuestiona la legalidad de los decretos estatales, lo que legitima al Gobierno para presentar el recurso.

Por último, defendió que el Gobierno “está convencido” de que esta asignatura “no solamente es absolutamente respetuosa con la Constitución” sino que “precisamente lo que trata de defender son los valores constitucionales”.

Para la CECE, el recurso “sólo pretende asustar”

La presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, manifestó ayer que “esperaba” el recurso del Gobierno a la sentencia del TSJA, ya que no se puede “quedar parado ante un ataque a su perspectiva de modelo de ciudadano”. Dijo, además, que el Ejecutivo “pretende asustar” con esta iniciativa y agregó que el recurso “nos preocupa un poco relativamente”.

En declaraciones a Europa Press, Bazo dijo que al Gobierno le quedan “pocos asideros” ante el modelo de objeción, “que se está contagiando”, añadió. Así, indicó que las organizaciones y familias “seguiremos trabajando” y manifestó que, “si hace falta”, irán al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También manifestó que el Gobierno “tiene una obsesión” con Educación para la Ciudadanía y “no hablan de otras cuestiones importantes”, entre las que citó el abandono escolar. En este sentido, dijo que el modelo de ciudadano que se propone “no mejora las cosas” y criticó que el Estado se atribuya competencias que no le corresponden.

Para CONCAPA el recurso se debe a un “empecinamiento absurdo”

Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, calificó de “empecinamiento absurdo” que Gobierno recurra la última sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), que anulaba algunos contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), “en lugar de consensuarlos con la sociedad”.

“Por lo menos esta sentencia podría hacerles reflexionar a los autores de esta asignatura y proponer su carácter voluntario”, apuntó Carbonell, en declaraciones a Europa Press. “Lo único que pretende el Gobierno es entrometerse en la formación moral de los alumnos, que está reservada al ámbito familiar”, añadió.

Asimismo, afirmó que son “inválidos” los argumentos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte al asegurar que esta materia obligatoria “se imparte en una veintena de países europeos y responde a una Recomendación del Consejo de Europa”, ya que, a su juicio, “el Gobierno tiene la mala costumbre de creerse sus propias mentiras porque la mayoría de los países esta materia no es obligatoria”.

http://www.hazteoir.org/node/12232

Andalucía trata los mitos sexuales y el Orgullo Gay como material de EpC

(Libertad Digital) La polémica es la tónica constante en los últimos tiempos con respecto a Educación para la Ciudadanía. Y sobre todo en Andalucía donde Manuel Chaves no ha aceptado que los tribunales hayan anulado parte de los contenidos de EpC. De hecho, en esta comunidad se niegan a dialogar con los padres alegando que “es una asignatura obligatoria”.

Sin embargo, la última gran polémica se ha suscitado con ciertos contenidos de la asignatura que están presentes en la web de la Junta procedente de la web Axial, un mundo en valores. En este sentido, en una unidad didáctica se tratan nueve mitos sexuales en torno a la sexualidad. Así, aparece que “si no hay penetración no se tiene una relación sexual completa; el orgasmo debe tener lugar durante la penetración.” Además añade que “no existen normas que dicen lo que es normal y anormal en sexualidad; la relación sexual es siempre natural y espontánea así como planear tener relaciones implica que no se disfrute igual”.

Pero estas no son las únicas afirmaciones que aparecen en el portal de la Junta presidida por Manuel Chaves. Así, además aseguran que “sobran palabras cuado se está teniendo una relación sexual; durante la relación sexual no se deben plantear los propios deseos o que todos los problemas de pareja se arreglan en la cama”. También incluyen otras perlas como que “el orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez o que las bebidas alcohólicas son un potenciador de la erección y del deseo sexual”.

Pero a pesar de todas estas sugerencias que se dan hay incluso contenidos aún más polémicos ya que en esta misma web se plantea ver el vídeo del Día del Orgullo Gay como un elemento para conocer la diversidad sexual. Los objetores también han destacado que en Cataluña ofrecen un servicio a los profesores para que en el apartado de los derechos humanos enseñen contenidos como que “La Haya juzgue a Bush como a Milosevic”, “la ejecución de Sadam, otro acto de hipocresía” o “Rubianes somos todos”.

Por último, los gays, lesbianas y transexuales han estudiado los contenidos de los manuales de Educación para la Ciudadanía y han denunciado la escasa presencia que tienen en estos libros puestos que sólo dos tratan el tema del lesbianismo y la realidad transexual. De este modo, exigen que se incluya esta realidad ya que “el respeto a todas las opciones vitales están protegidas por el marco constitucional y legislativo español”.

http://www.libertaddigital.com/noticias … 30202.html

Las cajas andaluzas piden al Gobierno que la hucha de las pensiones se destine a comprar viviendas

LD (M. Llamas) Los bancos y cajas de ahorros han solicitado al Gobierno que el fondo de la Seguridad Social (con más de 50.000 millones de euros) se invierta en cédulas hipotecarias o bonos de la banca ante la falta de liquidez . Sin embargo, algunos van más allá. El asesor personal del presidente de Unicaja (principal caja de ahorros andaluza) pide que el Gobierno utilice la reserva de las pensiones para comprar pisos que no hayan sido vendidos. Eso sí, con un descuento próximo al 25 por ciento.

La falta de liquidez que sufre el mercado interbancario desde el pasado verano, momento en el que estalló la denominada crisis de las hipotecas subprime, ha provocado una intensa restricción en la concesión de créditos, tanto a los particulares y empresas como a las propias entidades, que se han visto obligadas a acudir con asiduidad a las inyecciones de dinero aplicadas por los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico (Reserva Federal de EEUU y Banco Central Europeo).

Dicha falta de liquidez, sumada a la grave crisis inmobiliaria que padece España desde hace meses ha disparado las alertas, hasta el punto de proponer la adopción de medidas hasta hace poco impensables. Las asociaciones de bancos y cajas de ahorro están proponiendo diversas fórmulas de intervención pública en el mercado financiero al Gobierno. Entre ellas, que el “Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en nuestros bonos, cédulas hipotecarias y otras emisiones de renta fija” para facilitar una nueva vía de financiación a las entidades, según publica hoy jueves El Mundo.

Medidas similares se han adoptado ya por parte del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EEUU (Fed). De hecho, el Ejecutivo ya ha puesto en práctica un sistema para avalar los créditos hipotecarios que se destinen a vivienda pública (VPO) y dotar de financiación extra a las empresas inmobiliarias y constructoras, en una cuantía próxima a los 5.000 millones de euros. Aunque los promotores ya han solicitado que dicho aval se extienda también a la vivienda libre, tal y como avanzó Libertad Digital.

Tras los citados avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la propuesta de financiar con fondos públicos la deuda que emiten las entidades de crédito, algunas cajas van incluso más allá.

Así, Gumersindo Ruiz Bravo, asesor personal y uno de los hombres de confianza del presidente de Unicaja (la principal caja de ahorros andaluza y miembro de la Confederación Española de Cajas de Ahorros) pide que el Gobierno emplee el fondo de reserva de la Seguridad Social, destinado a garantizar el pago a los pensionistas, para comprar directamente todas aquellas viviendas que no hayan sido vendidas.

En concreto, Ruiz Bravo, en un artículo publicado el pasado martes en el Diario de Sevilla bajo el título Cómo dar liquidez a la vivienda, recomienda que “un fondo público adquiera viviendas con un descuento significativo, entre un 20 y un 25 por ciento”. Así, obtendría una “renta en forma de alquileres”.

“El fondo de la Seguridad Social, por ejemplo, no tiene problemas de liquidez y debe invertir a largo plazo; dedicando un porcentaje de los más de 50.000 millones de euros que tiene a comprar viviendas para alquilar, podría realizar una buena inversión y daría liquidez inmediata al sector”, indica.

La Seguridad Social alquilaría los pisos para ganar rentabilidad

“Para una rentabilidad dada de la inversión, el menor coste de adquisición redundaría en alquileres más bajos, con lo que socialmente sería doblemente interesante. Como todo problema complejo, requiere soluciones diversas y deberán explorarse todos los caminos posibles”, advierte el asesor de Unicaja.

Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla es catedrático de Política Económica en la Universidad de Málaga y que forma parte del equipo de asesores de Braulio Medel, Presidente de Unicaja.

Afirma que “el papel de la política pública es importante” para atenuar la crisis inmobiliaria. Así, “junto con el intento de mantener la actividad promotora y constructora, hay que buscar una salida a las viviendas que no se venden”.
“Por estas razones hay que estudiar las propuestas de convertir viviendas libres ya construidas en viviendas de protección oficial”, añade.

Curiosamente, ayer mismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció su intención de convertir todos el stock de pisos sin vender en VPO. Es decir, nacionalizar la vivienda libre que carece de salida en el mercado.

Ruiz Bravo continúa exponiendo su particular plan de rescate inmobiliario diciendo que “los ayuntamientos y comunidades autónomas tendrán que pasar de las declaraciones a la acción y mostrar que es posible disponer de suelo adecuado de manera ágil, jurídicamente segura, con precio adecuado, ordenado y sostenible”. La junta nuevamente reacciona y está dispuesta a facilitar suelo a los promotores para levantar más de 14.000 viviendas públicas en 2008.

Las cajas andaluzas, las más expuestas al boom del ladrillo

El miembro de Unicaja culmina sus recomendaciones con la idea de usar el fondo de la Seguridad Social para adquirir todos aquellos pisos libres que estén sin vender, aunque con descuentos. Y es que, “para una rentabilidad dada de la inversión, el menor coste de adquisición redundaría en alquileres más bajos, con lo que socialmente sería doblemente interesante”. Concluye diciendo que “como todo problema complejo”, el de la vivienda requiere “soluciones diversas y deberán explorarse todos los caminos posibles”.

Un reciente informe de una agencia de calificación internacional advierte de que las cajas de ahorros del Sur de España (andaluzas incluidas) son, precisamente, las más expuestas al sector del ladrillo debido a su eleva concesión de créditos a los promotores inmobiliarios.

http://www.libertaddigital.com/noticias … 29904.html

De la Vega y Chaves insisten en imponer EpC despreciando a la Justicia

Mientras se producen más de 100 objeciones diarias a la asignatura, el Gobierno apuesta por restringir las libertades y derechos, como muestran sus apuestas por el laicismo y el aborto.

REDACCIÓN HO.- El presidente de Profesionales por la Ética (PPE), Jaime Urcelay, incide en el sorprendente paralelismo existente entre el plan de reformas anunciado por la vicepresidenta Fernández de la Vega en el Congreso el pasado 7 de mayo y el currículum de Educación para la Ciudadanía (EpC). A título de ejemplo, señala que cuando Fernández de la Vega anuncia una laicidad impuesta desde el Gobierno en realidad está diciendo “laicismo”, es decir exclusión del hecho religioso, concretamente del cristianismo y del catolicismo, de la vida pública. “No olvidemos”, afirma, “que en el diseño inicial de Educación para la Ciudadanía planteado por la Fundación Cives y la Universidad Carlos III se afirmaba que Dios era un término sin significado alguno para la mayoría de los españoles.”

Respecto al Plan de Derechos Humanos anunciado por la vicepresidenta, Urcelay recuerda que la concepción de derechos humanos del Gobierno está presente en el contenido de Educación para la Ciudadanía cuando se afirma que los derechos humanos son una conquista histórica inacabada. “No se trata de aplicar la Declaración de Derechos Humanos de 1948″ sino de “inventar nuevos derechos, como el aborto, suprimiendo otros, como el derecho a la vida del no nacido”.

Por último, Urcelay ha lamentado que Fernández de la Vega hable de modificar la Ley de Libertad Religiosa para proteger derechos y proteger la libertad de conciencia cuando en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como el Principado de Asturias o Andalucía o Andalucía se sigue amenazando y reprimiendo a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía.

Chaves insiste en ignorar a la Justicia e imponer EpC

Por otra parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, insistía ayer en   la imposición de la asignatura desprendiendo los sucesivos fallos del, Tribunal Superior de Justicia andaluz respaldando a los padres que presentan objeción de conciencia a EpC. El también presidente del PSOE afirmaba que la Junta seguirá adelante con la aplicación de la asignatura, “aunque le moleste a algunos jueces”, en referencia al TSJ.  Es decir, no desprecia ya a los objetores, sino a los jueces mismos, a los que acusa de dictaminar no según las leyes sino en virtud de los que “les molesta”. El socialista criticaba a quienes se oponen a la asignatura afirmando que no puede entender “como se puede ser tan conservador”. Quiere Chaves que renunciemos a conservar nuestras libertades y derechos.

Más de cien objeciones diarias y 83 plataformas en toda España

Mientras, el último dato de objeciones a EpC contabilizado ayer por Profesionales por la Ética (PPE) asciende a un total de 30.460. Esta cantidad, comparada con la última hecha pública el pasado 23 de abril (28 705 objeciones), permite deducir que en las dos últimas semanas se han presentado diariamente 100 nuevas objeciones a la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía.

“A unos meses de implantarse la asignatura en todas las comunidades autónomas españolas”, explica Jaime Urcelay, “observamos que la demanda de información de los padres se está incrementando”. En ese sentido, Urcelay explica que los padres se están organizando en nuevas plataformas que surgen por toda España en defensa de la libertad de educación; a fecha de hoy las asociaciones y entidades que se han sumado al movimiento objetor frente a Educación para la Ciudadanía ascienden a 83.

Desde el 23 de abril hasta hoy, se han creado las siguientes agrupaciones cívicas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía: Toledo Educa En Libertad, Burgos Educa En Libertad, Córdoba Educa En Libertad, Plataforma De Padres Objetores Isleños, Jaén Educa En Libertad, Rivas En Contra De La Asignatura Epc, Segovia Por Una Educación En Libertad, Asturias Educación Y Familia, Libertad Para Objetar Sieera Noroeste De Madrid, Educa En Libertad Madrid, Guadalajara Educa En Libertad, Palencia Educa En Libertad.

http://www.hazteoir.org/node/12148




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