HO Andalucía

El objetivo de ese plan es reducir al 1% la tasa de defectos congénitos no conocidos al nacimiento, que está establecida en el 3%. El hospital, además, facilitaría a los padres asesoramiento multidisciplinar y acceso a la terapia fetal en aquellos casos que sea necesario, para paliar problemas futuros en los recién nacidos.

Este programa, que venía desarrollándose, de modo experimental, en el Hospital de Valme de Sevilla, donde se han realizado en tres años más de 10.000 estudios a mujeres embarazadas, se pretende extender a 14 hospitales públicos de Andalucía.

Este “ambicioso” plan, junto con innegables aspectos positivos, aparentemente humanitario en sus intenciones, oculta un planteamiento abiertamente eugénesico de fondo. Su objetivo prioritario, se dice, es la reducción de la incidencia de malformaciones al nacimiento del 3% al 1%. Tal reducción no se debe –como cabría imaginar- al uso de terapias, sino a un proceso de detección y posterior eliminación –mediante la interrupción voluntaria del embarazo- de fetos con taras, especialmente Síndrome de Down y algunas cardiopatías congénitas. De hecho, en el caso del Down, de su diagnóstico dentro del plazo de las 20 semanas, se sigue en el 94,5 %. la decisión de abortar. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2006, los abortos declarados por malformaciones fetales supusieron en 2,8% del total (unos 3000).

Estas circunstancias se reflejan de modo clamoroso, en las estadísticas del Síndrome de Down en España: en el periodo 1986-2001, el índice de nacimientos con Sd, se mantuvo más o menos constante: 11,73 casos por cada 10.000 nacimientos; en 2002 bajó hasta el 8,2/10.000. Basta pasearse por cualquier ciudad o pueblo para constatar que los niños con Sd son un grupo en vías de extinción.

Resulta paradójico, en consecuencia, considerar una buena una política sanitaria, la de atajar la prevalencia de una enfermedad acudiendo al expediente de eliminar a los enfermos: sería una ironía tan macabra como la de poner como ejemplo de paz la paz de los cementerios.

El Programa se refiere también a la utilidad de planificar el parto ¿Vamos a planificar un parto a las 20 semanas? ¿por qué no hacerlo a las 25 cuando el diagnóstico es más fiable?: las enfermedades que puedan tener una solución quirúrgica al nacimiento, o que haya que planificar el parto en un hospital de tercer nivel, bien se pueden diagnosticar y organizar 4 semanas más tarde, si se muriesen antes de la semana 25, serian abortos tardíos espontáneos. Hay aquí un hecho que se pasa por alto frecuentemente: se afirma que el diagnóstico prenatal está indicado para descubrir (con un margen de error pequeño, aunque no despreciable –entre 98% de fiabilidad de la amniocentesis y un 50% antes de la semana 24 en ecografías- , ni exento de riesgos para madre e hijo) anomalías incompatibles con la vida; pero lo cierto es que en casi la totalidad de los casos, las enfermedades detectables son compatibles con la vida (Down, Patau, Hemofilia, fibrosis quística, etc.), aunque en su mayoría incurables. De ahí, que se “fuerce” la realización de pruebas antes de la semana 20 de embarazo, para no sobrepasar el límite de 22 semanas a partir del que el aborto es punible.

Una medida sanitaria de este tipo podría chocar frontalmente con los derechos humanos reconocidos internacionalmente a los discapacitados, por ejemplo en el artículo 10 de la Convención de la ONU (2006) sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reafirma el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos e insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

E igualmente con la postura de colectivos que representan a los discapacitados, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que califica como “discriminatorio” y “contra los derechos humanos” el supuesto que permite abortar en caso de malformación del feto, y señaló que “uno de los derechos de los discapacitados es el derecho a nacer”.

Ante este hecho, ANDOC llamó ayer a la reflexión a autoridades políticas y sanitarias, a los profesionales de la sanidad y a las familias para que se busquen alternativas distintas a este tipo de prácticas eugenésicas. A los primeros para que valoren si es auténtico progreso científico arbitrar técnicas destinadas a seleccionar a seres humanos por sus características genéticas; a los profesionales para que sigan, con especial empeño en estos casos, los protocolos de consentimiento informado, de modo que las parejas afectadas conozcan, antes y después de las pruebas diagnósticas, los pros y contras, las alternativas existentes.

http://www.analisisdigital.com/Noticias … &idNodo=-3

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Lunes 23 junio:

ADOPCIÓN ESPIRITUAL EN LA DEFENSA DE LA VIDA

Conferencia a cargo de Dª Bárbara Painta Lesiak,
Profesora polaca de Katowice.

Martes 24 junio:

Proyección del Video EL ECLIPSE DE LA RAZÓN

Realizado por el Dr. B. Nathanson y presentado por el actor Charlton Heston.

Miércoles 25 junio:

LA LUCHA POR LA VIDA: CAMBIO DE RUMBO

Conferencia a cargo de D. Ángel Pérez Guerra, Escritor y Periodista.

Hora: Los actos comenzarán a las 9,30 de la tarde.
Lugar: Casa de Pro-Vida. C/ Armenta, 3.

Mairena del Alcor (Sevilla)

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G. Sánchez de la Nieta

Los alumnos andaluces necesitan mejorar. Ocupan los primeros puestos en fracaso escolar, son los número uno en índices de absentismo y se sitúan en primera fila en cuanto al porcentaje de estudiantes que alcanza el Bachillerato. Para reducir el número de suspensos, Manuel Chaves aprobó el pasado mes de febrero un plan que ofrecía un incentivo económico de 7.000 euros en cuatro años para aquellos profesores que incrementaran el porcentaje de alumnos aprobados en sus aulas.

Sin embargo, el denominado Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos, incluido en la nueva Ley de Educación, ha sido rechazado por la mayoría de los profesores andaluces que creen que aceptarlo supone admitir que no están haciendo todo lo que pueden. “Es un soborno para mejorar la imagen. Ofrecer más dinero por aumentar el número de aprobados no mejora la calidad de la enseñanza, sino las estadísticas”, explica Gonzalo Guijarro, portavoz de la Asociación de Profesores de Instituto (APIA).

Según esta asociación, cerca del 80% de los centros de educación secundaria —después de una votación individual de los profesores— han rechazado el plan propuesto por Chaves. Otros sindicatos y asociaciones de docentes como CGT, SADI y USTEA manifestaron igualmente su rechazo por considerar que “convierte al profesorado en meros productores de aprobados en aras de alcanzar unas estadísticas ideales”. El acuerdo detalla que los profesores empezarán a recibir este año 600 euros; otros 1.200 en 2009, con un informe previo del director; al año siguiente, 1.800 con otro nuevo informe; y en 2011, otros 3.400 euros, hasta completar los 7.000 una vez cumplidos los objetivos. De esta forma, los 600 euros corresponden a los maestros sólo por adherirse al plan ya que la Junta no reclama en esta primera fase ningún documento que informe de los objetivos logrados.

“De momento no hemos puesto en marcha ninguna medida porque se acaba de aprobar el plan. Ya para el curso que viene incorporaremos algún programa para trabajar en esta línea”, explica Cecilio Martín, secretario del Instituto La Contraviesa, de Granada. Desde el Instituto de Sayenas, donde también se ha aprobado el plan, declaran que “la Junta ha propuesto unos criterios mínimos y cada centro adaptará los objetivos a su centro, según las necesidades”.

La Ley de Educación de Andalucía (LEA), aprobada a finales de 2007, recoge varios artículos dirigidos a mejorar el rendimiento académico. No es de extrañar el empeño de la Junta por elevar el nivel de sus alumnos. El último informe PISA colocó a Andalucía en el último lugar de las 10 comunidades autónomas presentadas. En Matemáticas se situó al mismo nivel que países como Croacia o Portugal y en lectura, junto a Chile, Turquía, Rusia e Israel.

http://www.gaceta.es/16-06-2008+profeso … 1,11,23540

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