La junta directiva de la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a todos los colegios de médicos de España, recuerda que “ningún médico quiere hacer mal su labor” pero que la mejor forma de garantizarlo es poner a su servicio los medios técnicos, no crear un marco de confusión que cree alarma”. El ministro de Sanidad también prepara una nueva legislación sobre la atención a los enfermos al final de la vida.
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REDACCIÓN HO / REDACCIÓN MÉDICA / LA RAZÓN.- “Rechazo absoluto”. Ésta es la postura de los médicos a las nuevas regulaciones de la “muerte digna”. Su primer exponente, el anteproyecto de ley andaluz de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, constituye un despropósito, puesto que todos los supuestos que introduce “ya están recogidos en nuestras leyes actuales”. Si la regulación que prepara el Ministerio de Sanidad es similar, adolecerá del mismo problema. Así lo afirmó ayer la junta directiva de la Organización Médica Colegial (OMC), la entidad que agrupa a todos los colegios de médicos de España (ver declaración en documento adjunto). Además, lamentaron que en la elaboración de la norma andaluza no se haya contado con la opinión de los profesionales. Para el Consejo General de Médicos, las leyes actuales ya contemplan todos los supuestos y sólo habría que desarrollarlas convenientemente.
Rechazo médico al proyecto andaluz
Para la OMC, el anteproyecto andaluz revela un claro desconocimiento de la realidad asistencial, y fundamenta su rechazo en que ya existen leyes que recogen sobradamente todos los supuestos. Lo que hay que hacer es vigilar y garantizar el cumplimiento de estas leyes, en lugar de introducir nuevos elementos que, según ellos, sólo contribuyen a distorsionar la realidad.: “Aunque valoramos positivamente la preocupación de Andalucía, echamos en falta el desarrollo de asuntos que ya se han legislado, como los cuidados paliativos, las voluntades anticipadas y el consentimiento informado”, manifestó el secretario general de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, que se preguntó acerca del sentido que tiene “determinar las consecuencias de unas leyes que están hechas y que no se cumplen. Para qué hacer más normas si las que hay no se están desarrollando”.
Para la OMC, el anteproyecto además generaliza y da una impresión errónea de que el encarnizamiento terapéutico es un problema frecuente, algo que negó el vicesecretario de la OMC, Francisco Toquero, quien recordó que desde el Consejo siempre se ha manifestado que “no todos los tratamientos para alargar la vida son buenos para el paciente y hay que cumplir las normas éticas del consentimiento informado, haciendo más hincapié en la Ley de Autonomía del Paciente”.
Sanciones y delitos
Asimismo, la declaración de la corporación médica critica que el anteproyecto contempla un régimen sancionador para los médicos que traslada a la población un mensaje de desconfianza. “No se puede coaccionar al médico”, aseveró Isacio Siguero, presidente de la OMC, que consideró que “para analizar la mala praxis ya están las comisiones de deontología y los tribunales. Además la consejera no es quién para hacerlo”, remarcó.
Rodríguez Sendín hizo especial enfásis en “no mezclar los debates, porque no es bueno mezclar temas al ciudadano que pueden llevarle a la confusión”. El secretario general de la OMC afirmó que la corporación “no huye del debate de la eutanasia”, y advirtió de que “si este tema de la muerte digna se ha hecho para generar el debate de la eutanasia, está mal hecho, porque temas tan serios hay que sacarlos de cara”.
Siguero destacó también que los médicos están a favor de la “muerte digna”. “Ningún médico quiere hacer mal su labor: tienen que ayudar a la vida y también a la buena muerte. Pero la mejor forma de garantizarlo es poner a su servicio los medios técnicos, no crear un marco de confusión que cree alarma”. En su opinión, todas las normas introducidas por el decreto andaluz “ya están en nuestra legislación”.
Los registros de últimas voluntades ya existen en todas las comunidades autónomas, sin embargo, “su desarrollo ha sido escaso por falta de información”, según la OMC. Lo mismo ocurre con la ley de autonomía del paciente. En cuanto al encarnizamiento terapéutico -la aplicación de tratamientos inútiles al final de la vida del paciente-, Siguero precisó ayer que “ya está considerado un delito” y que si alguien lo comete y se detecta “hay que llevarlo a los tribunales”.
Lo que no es una solución, a juicio de los médicos es imponer un régimen sancionador como el del decreto andaluz. El proyecto recoge multas desde los 2.000 hasta el millón de euros, las últimas reservadas a quien intente prolongar la vida de forma artificial contra el deseo del paciente. “En ningún otro país se ha establecido un régimen sancionador de este tipo”, asegura la OMC. Se trata de algo que, a su juicio, “genera desconfianza”. Además, recuerdan que son los comités deontológicos de los colegios quienes “tienen potestad disciplinaria” contra quienes incumplan las normas.
La Consejería de Salud andaluza no quiso ayer responder a las críticas de los médicos. La consejera, María Jesús Montero, no obstante, señaló ayer que su normativa respetará la objeción de conciencia como “un derecho básico” de los médicos.
http://www.hazteoir.org/node/14417
