REDACCIÓN HO, ABC y EUROPA PRESS.-Como informó HO, la Junta andaluza ha utilizado el BOJA para entorpecer el ejercicio de la objeción a EpC. Este hecho ha merecido un rechazo social casi unánime, e incluso miembros del propio Ejecutivo de Manuel Chaves han considerado inapropiada la decisión de la Consejería de Educación de publicar en el boletín oficial andaluz los nombres de los menores afectados por las objeciones de conciencia planteadas por 81 familias de esa comunidad autónoma.
Las familias afectadas plantearán recurso contencioso-administrativo
Según publica hoy ABC, en su edición de Sevilla, los padres de alumnos objetores a las asignaturas genéricamente conocidas como Educación para la Ciudadanía presentarán un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones que fueron publicadas en el BOJA, en las que la Consejería de Educación, además de negarles el reconocimiento de ese derecho, desvelaba el nombre de los alumnos afectados, todos ellos menores de edad. Las familias han solicitado al abogado Carlos Seco que inicie el procedimiento conta la Administración Educativa andaluza, que se formalizará la próxima semana.
El letrado Carlos Seco se personará también, en representación de estas familias, en el expediente de queja que ha incoado el Defensor del Pueblo Andaluz, al objeto de esclarecer cuáles han sido los motivos por los que la Consejería que dirige Teresa Jiménez notificó estas resoluciones a través del BOJA, si se había agotado o no la posibilidad de comunicarlas a través de los centros educativos en los que están escolarizados sus hijos y cuál es el motivo por el que figuraban los nombres de los menores.
La publicación de los nombre de los menores supone una vulneración de derechos
Este ultimo extremo supone para los afectados la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen amparados por la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Las familias han decidido también formular una denuncia ante la Fiscalía de Menores, para que instruya diligencias de protección jurisdiccional de menores y para que depure las responsabilidades a las que por vulneración de tales derechos haya lugar, conforme a la citada Ley de Protección Jurídica de los Menores, y según lo previsto en el Código Penal.
Nueva resolución del TSJA favorable a los objetores
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sigue dictando sentencias y medidas cautelares a favor de los padres, en las que ampara el derecho a la objeción de conciencia a las materias de EpC y reconoce el derecho de sus hijos a no cursarlas y a estar exentos de ser evaluados ellas.
Mediante un Auto fechado el pasado 3 de octubre, el TSJA anula la calificación de ‘Insuficiente’ con que un alumno que ya contaba con medidas cautelares había sido evaluado en la convocatoria extraordinaria de septiembre y ordena
su sustitución por la calificación de ‘No evaluado’ hasta que se dicte sentencia.
En el Auto se indica que la Consejería no podía suspender al alumno sin desobedecer abiertamente lo que el Tribunal había ordenado expresamente en resoluciones anteriores.
Carlos Seco ha manifestado al respecto que “no resulta de recibo un proceder así, y menos aún por una Administración pública que ha de cumplir escrupulosamente la Ley”.
Contra el criterio de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo y de la Consejería de Igualdad, la consejera de Educación no rectifica
Eugenio Camacho publicó el jueves 9 en ABC (edición de Sevilla) que la consejera de Educación “sigue en sus trece”. El miércoles día 8, pese al criterio opuesto de la Fiscalía de Sevilla, del Defensor del Pueblo y de la Consejería de Igualdad, Teresa Jiménez insistió en Jerez en que la Junta “no ha conculcado los derechos de ningún menor”, si bien”reconoció que “podríamos haberlo hecho de otra manera”. Aseguró que el utilizado por su Departamento “es un procedimiento administrativo impecable y sólo están publicados los expedientes que ha sido imposible notificar” y añadió que “lo hemos intentado hasta en dos ocasiones en cada uno de los expedientes, y por razones diferentes la notificación fue imposible”.
La consejera afirmó que en este asunto “ha primado el derecho que tienen esos padres en representación de sus hijos de tener acceso a un expediente y de poderlo cumplimentar con todas las garantías que recoge” e insistió en que su Consejería no ha atentado “contra el honor de ningún niño ni contra su intimidad”. Sí admitió que “podríamos haberlo hecho de otra manera”.
Jiménez manifestó que “ha primado la necesidad de que todas las familias pudieran reconocer su expediente, tener derecho a él y pudieran ver cumplimentado aquello que se han dirigido a la Consejería”, por lo que espera que “nadie se haya sentido molesto” por el procedimiento utilizado, “aunque si es así desde luego nunca fue nuestra intención”.
La responsable de la Educación en Andalucía dice no comprender el tanto revuelo. “No es la primera vez que aparecen nombres de menores en el BOJA, que no es por cierto un medio de comunicación, ya que lo hemos hecho en otras ocasiones, con motivo de sentencias, premios, y lo hacen otras consejerías y los juzgados”, manifestó.
La consejera de Igualdad critica la publicación de los nombres de los menores
La consejera para la Igualdad, cuyo departamento tiene las competencias sobre la protección de los menores, reiteraba que la publicación de los nombres de los niños objetores en el BOJA “no tenía que haberse producido porque hay que proteger siempre la identidad del menor por encima de cualquier otra circunstancias”.
Micaela Navarro considera que hay que anteponer el interés del menor a ccualquier otro de carácter partidista y, como había hecho con anterioridad, discrepó de su compañera de gabinete. La consejera de Igualdad indicó que su postura en cualquier situación en que puedan verse afectados menores, “es la misma independientemente de dónde haya surgido el error: que hay que proteger la identidad del menor por encima de cualquier otra circunstancia”.
“Si se ha publicado en el BOJA el nombre de los menores cuyas familias han objetado a la asignatura será legal, eso no lo discuto, pero más allá haya de que sea legal o no, hay que extremar todas las precauciones para que no aparezcan los nombres de los menores públicamente”, manifestó Navarro, quien informó de que su departamento ya se ha puesto en contacto con la consejera de Educación, Teresa Jiménez, para tratar el asunto, e indicó que ésta es “muy consciente de que tal circunstancia no tenía que haberse producido y que, por ello, es la primera interesada en dar explicaciones”.
Navarro recordó que, anteriormente, la titular de Educación ejerció como directora del Instituto Andaluza de la Mujer (IAM) y garantizó que «si por algo se ha caracterizado es por su sensibilidad y su celo por velar por la intimidad de los datos de las mujeres y los menores en todo momento”.
También el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, “sorprendido y preocupado” por este incidente, según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución, ha decidido abrir una queja de oficio para conocer todos los detalles de la tramitación de este expediente.
http://www.hazteoir.org/node/14713
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