“Al PSOE le ha irritado que un Gobierno del PP asuma la defensa de los derechos de maternidad de la mujer”.
18 MAR 2012 | MIGUEL GIL y DIEGO CARRASCO
Pletórico e hiperactivo, el ministro de Justicia da muestras de haber visto colmadas todas sus aspiraciones políticas –por el momento–. Así, Gallardón insiste en que abandonará la política cuando Mariano Rajoy haga lo propio con La Moncloa. Al respecto, en su partido son casi tan escépticos como entusiastas ante la reforma total que plantea sobre la Justicia, estrella junto con la economía de una legislatura que acaba de arrancar y para la que propone la Sinfonía del nuevo mundo (A. Dvorak).
-¿Se esperaba la polémica por sus declaraciones ante el aborto?
-A la izquierda le ha producido una irritación muy reveladora el hecho de que el Gobierno del PP haya asumido la defensa de los derechos de maternidad de la mujer. Y que haya definido como violencia estructural de género todas aquellas situaciones en las que no se le deja decidir libremente por una presión económica o de carácter social.
-¿Por qué?
-Históricamente, la izquierda ha querido tener el monopolio de la defensa de determinados derechos y espacios y es algo que tenemos que romper. No sólo en este asunto, sino en todos. La izquierda no consiente que denunciemos que, frente a determinadas situaciones, la única respuesta que dieron fue la despenalización del aborto. En el fondo les duele el recordatorio de que ellos no establecieron medidas positivas de ayuda a la mujer para que libremente pudiera optar por la maternidad.
-La ley que plantea no sólo es la vuelta a la doctrina del TC, sino una ley sobre la maternidad.
-La modificación en la que trabajamos incluye la recuperación de la interpretación constitucional, es decir, la obligación del legislador de proteger todos los derechos y resolver cuando estos entran en conflicto sin desproteger ninguno, ni de los de la mujer ni los del no nacido. Simultáneamente, la ley abrirá un camino que significará un compromiso de todos los poderes públicos con el derecho de la mujer a la maternidad.
-¿Qué van a hacer con el coladero legal del peligro psíquico de la madre? Hasta el PSOE lo reconoce como tal. Los informes se hacían en el propio centro con lógico afán de lucro.
-El hecho de que la aplicación de la doctrina del TC haya tenido en alguno de los supuestos unos efectos no queridos por el legislador no significa que pueda apartarse de esta doctrina. Tendremos que establecer que cualquier supuesto de interrupción del embarazo se adecue a lo que el legislador establezca, no sólo por vía de la ley sino del cumplimiento de la propia norma.
-Esto es, que se va a poner coto al coladero legal del informe psiquiátrico.
-Se regulará con claridad cuáles son los supuestos y se establecerán unos mecanismos de cumplimiento de la ley en los que no pueda vulnerarse lo que ha dicho el legislador. Antes, más que un problema de mala legislación, se dio un problema de mala ejecución. Quizá ahora haya que precisar más para evitar vulneraciones como la de los informes psiquiátricos.
-En ningún caso la mujer va a poder decidir abortar porque sí.
-Vamos a aplicar la doctrina del TC, y por lo tanto la mujer podrá tomar las decisiones cuando el TC lo ha dicho.
-Pero ¿permitirán que aborte en algún momento porque lo decida y punto?
-No vamos a llegar más lejos de lo que ha establecido el TC.
-Entre tanto, el ‘TC en funciones’ tiene sobre la mesa este asunto y otros del calado de Sortu, la ‘doctrina Parot’ o el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo. ¿Ve razonable que se haya dado un plazo hasta junio para su renovación?
-Comienzo por aclarar que el TC no está en funciones, sino que está pendiente el nombramiento de cuatro magistrados. Ahora bien, está en condiciones legales de continuar con su trabajo. Otra cosa es que en modo alguno es deseable que se produzcan demoras en los nombramientos. A mí me gustaría que esos magistrados ya estuvieran nombrados, pero la propia Constitución exige una mayoría cualificada para ello. Nuestra voluntad es hacerlo cuanto antes, pero necesitamos del concurso del grupo mayoritario de la oposición.
-¿Y cómo van las negociaciones?
-El presidente y el secretario general del PSOE adquirieron un compromiso de máximos durante su entrevista. Me gustaría mucho que no se agotara ese plazo, pero en todo caso se han comprometido a que no irá más allá de junio.
-Pero ¿cómo van las negociaciones?
-No puedo decir más de lo que he dicho.
-¿Podría fallar antes de su renovación sobre Sortu, la ‘doctrina Parot’ o el ‘matrimonio’?
-El Gobierno no maneja la agenda del TC. Están pendientes esos y otros muchos asuntos, pero son los magistrados los que tienen sus tiempos.
-¿Admite que no fue oportuno al hacer unas declaraciones sobre su posición respecto al ‘matrimonio’ gay siendo ya ministro y con el asunto ‘sub iudice’?
-Las declaraciones estaban hechas cuando era alcalde de Madrid. Cuando uno cambia de responsabilidad, no cambia de opinión. Hubiera sido absurdo que hubiera contestado cosa distinta a la pregunta de si como ministro de Justicia sigo pensando lo que pensaba como alcalde.
-Verbalizarlo siendo ministro podría condicionar la decisión…
-La obligación del ministro es contestar cuando los periodistas preguntan. Esa cuestión la tenía contestada en condición de alcalde.
-Ha planteado una reforma total de la Justicia, incidiendo en su despolitización. ¿Qué le parecen las críticas del PSOE?
-El PSOE no entiende que en este momento histórico los políticos tenemos que devolver a la sociedad parte del poder que ejercemos en lugar de ampliarlo. Y el del CGPJ es un buen ejemplo. El PSOE sabe que con nuestra reforma los políticos perdemos poder, el PP y el PSOE, y esa es su fortaleza y grandeza. Quizá sea la primera vez en democracia que un Gobierno, en lugar de acaparar más poder, renuncia al mismo y se lo devuelve a la sociedad, de donde nunca debió salir.
-En el programa del PP también apelaban a un cambio en el mandato de los magistrados del TC del que no han dicho nada.
-Porque esa propuesta, que es deseable y nos gustaría, no la podemos hacer por vía legal ordinaria. La duración y renovación de los miembros del TC está en nuestra propia Constitución y tendríamos que reformarla. Y como no es propósito del Gobierno abordar una reforma constitucional en estos momentos, no he incluido esa deseable modificación dentro de los compromisos de la legislatura. El día en que se aborde la reforma constitucional, modificaremos la duración del mandato de los magistrados del TC para garantizar su estabilidad e independencia.
-11-M. En cierto modo, las últimas declaraciones del fiscal general del Estado se han interpretado como una marcha atrás.
-Discrepo. Ni se ha retractado ni ha dado marcha atrás. El FGE ha dicho dos cosas obvias: no pueden volver a juzgarse hechos juzgados y que siempre que aparezca una noticia de un hecho nuevo, aunque sea indiciario, su obligación es investigarlo. No hay contradicción ninguna entre ambos planteamientos.
-Esto es, que si aparecen más datos sobre el 11-M se investigarían y si contradijeran la ‘cosa juzgada’ tendrían que dirimirse, ¿no?
-La doctrina del TS es rotunda. No la apliquemos única y exclusivamente a algo de enorme trascendencia e interés ciudadano como el 11-M y sepamos cuál es la doctrina general: siempre se da la obligación de investigar cuando surgen hechos nuevos. Siempre. Y siempre hay obligación de respetar la valoración que ha realizado un tribunal sobre unos hechos y no puede revisarse salvo en las vías que están establecidas en nuestra legislación. No busquemos interpretaciones diferentes a una doctrina de más de dos siglos de nuestro Tribunal Supremo.
-¿Cómo afecta a la imagen de la Justicia la condena por prevaricación de Garzón?
-No voy a hacerle valoraciones políticas. Lo último que debe hacer un Gobierno, muy especialmente su ministro de Justicia, es introducir elementos políticos en la valoración de resoluciones del Poder Judicial. Máxime cuando la sentencia se ha dictado por el TS. Lo que sí pido como ministro es respeto a nuestro TS. Cualquier sentencia puede ser criticada, faltaría más, pero pasar de la crítica a una descalificación al organismo que la promulgó y las personas que lo conforman es algo que no puede estar en el ámbito de la normalidad en una democracia.
-¿El Gobierno le concedería el indulto a Garzón si lo solicita?
-No es una hipótesis que se haya producido, ni siquiera que se haya anunciado. Ante cualquier solicitud de indulto el Gobierno está obligado por ley a estudiarla. Pero antes debe pronunciarse el tribunal sentenciador y el fiscal que actuó en el asunto.
-¿Discrepa con el TSJC? Avala la inmersión lingüística en Cataluña y consagra como excepción la enseñanza en castellano.
-Coincido con la sentencia que ha dictado el TS, que es el máximo organismo jurisdiccional de España.
-Llama poderosamente la atención el indulto a dos condenados por corrupción vinculados a una formación política más bien próxima al PP (Unió) con el discurso de mano dura contra ella. Me refiero al ‘caso Treball’.
-El ejercicio del derecho de gracia en ningún caso supone una devaluación o discrepancia con la norma por la que han sido condenados. Que no se haga una interpretación extensiva de que indultar a una persona que ha cometido un delito significa que el Gobierno entiende que ese delito debería tener una pena distinta. El derecho de gracia es individual y se aplica directamente a un caso concreto en función de circunstancias concretas y puede ser ejercido de forma total o parcial. En este caso hubo un indulto parcial y las penas de inhabilitación subsisten.
-El mensaje de intransigencia con la corrupción no casa con esta medida.
-Sería contrario a la concepción humanitaria del derecho de gracia el que hiciéramos nuestro este planteamiento, que para lanzar un rotundo mensaje político no atendiéramos a situaciones individuales. Nuestro mensaje es rotundo, pero lo tenemos que lanzar en el foro político.
-‘Caso Urdangarín’. ¿Le preocupa cómo pueda afectar a la monarquía?
-La declaración de Su Majestad el Rey en su discurso de Nochebuena estableció con rotundidad y extraordinario acierto la posición de la Corona y de toda la sociedad española: la igualdad de los españoles ante la Ley.
-Se ha mostrado más prudente que otros de sus colegas de Gabinete ante el anuncio del cese definitivo de la actividad criminal de ETA.
-Todas las voces que he oído de mis colegas de Gabinete han sido extraordinariamente prudentes. Se trata de una asunto grave e importantísimo y, por lo tanto, la voz del Gobierno es única, se lo puedo asegurar.
-¿Entiende el temor de parte de las víctimas del terrorismo ante este presunto final de la banda?
-Las víctimas tienen que saber que el Gobierno está con ellas y coincide con absoluta convicción con su discurso de impedir que se iguale a las víctimas con los verdugos, en establecer con rotundidad que el final de ETA exige que venzan los inocentes y pierdan los culpables, y que la memoria y el rechazo al olvido estará siempre presente en el discurso del Gobierno.
-Algunos de los que le han dado cobertura política hoy están en las instituciones. En el propio Congreso. ¿No se puede instar a su ilegalización?
-El TC se pronunció sobre la posibilidad de Amaiur. Habrá una sentencia sobre Sortu que establecerá las líneas rojas de cómo una democracia tiene que convivir con aquellos que, desde sus orígenes hasta la situación actual, han estado en conexión con la banda terrorista ETA. El Gobierno tendrá que estar a los que decida el TC sobre Sortu.
-El PSOE se ha echado a la calle.
-El PSOE piensa que la calle puede ser un escenario de deterioro de la acción del Gobierno del PP. Quiere estar en el ámbito de las instituciones, ejerciendo como es su obligación la crítica a la acción del Gobierno, y en el de las manifestaciones y las protestas populares. Están en su derecho, pero es un grave error. Lo que quieren los ciudadanos son propuestas positivas para superar la crisis. Estoy convencido de que cualquier español, más si forma parte de los cinco millones de parados, espera un argumento y no un grito del político.
-Pero ¿le preocupa esta deriva? Ya se han producido graves incidentes y el próximo 29 se ha convocado una huelga general.
-La obligación del Gobierno es continuar con sus reformas, profundizar en las medidas necesarias para la superación de la crisis. El hecho de que el PSOE elija una u otra vía del ejercicio de su oposición no va a conseguir cambiar la resolución del Gobierno.
-En su estrategia, la izquierda pretende situarle cual paladín de lo que denominan ‘contrarreformas’. ¿Se siente incómodo?
-En absoluto, llevo demasiados años en política como para caer en esa trampa en la que ha caído una parte muy importante de la sociedad española: pensar que la izquierda tiene el monopolio de las legitimidades. Uno de los problemas que hemos tenido desde el centro-derecha, no le hablo tanto del partido como del pensamiento del centro-derecha, es ese absurdo complejo de atribuir a la izquierda un liderazgo intelectual y cultural del que carece absolutamente. No es la izquierda quien tiene que ubicar a unos u otros en un espacio determinado, es la sociedad española. Además de triunfar en nuestra acción de Gobierno, estamos obligados a hacer algo que quizá debimos hacer mucho tiempo antes, y es a fortalecer nuestro discurso político y no dejar que nos arrebaten el espacio de acción intelectual y cultural y que para eso no nos bastamos los políticos, sino que debemos convocar a los pensadores, a los intelectuales, a aquellos componentes de excelencia de una sociedad a los que quizá, tengo que decir, el centro-derecha no ha escuchado durante los últimos años.
-¿Cómo lleva que le aplaudan los que antes le criticaban –y viceversa–?
-Con toda sinceridad, apelo a las hemerotecas. Sigo estando en el mismo sitio en el que llevo realizando toda mi acción política desde que hace muchos años ya, de la mano de mi padre y de Manuel Fraga, me afilié al PP. Se construyen imágenes y hasta percepciones de un político que pueden responder o no a la realidad. Quienes me conocen y han trabajado conmigo saben que desde el ministerio estoy haciendo el proyecto político en el que creí desde el mismo día que tomé la decisión de dedicarme a la política.
-Ha dicho que su carrera acaba con la de Rajoy.
-Cierto.
-¿Ha abandonado ya legítimas aspiraciones a ocupar más altas responsabilidades?
-Cuando dice “ya”, parte del supuesto de que alguna vez las he tenido en el pasado… El día que le dije “sí” al presidente a formar parte de su equipo tuve muy claro que este será mi último tránsito por la política. Estaré en el Gobierno el tiempo que quiera el presidente. Le confirmo que esta será mi última acción en política. Cuando Mariano Rajoy abandone la Presidencia del Gobierno, abandonaré la política.
-¿No le gustaría ser presidente del Gobierno?
-La sucesión está en otra generación, no en la nuestra.
-Y si se lo pidiera Rajoy…
-Le puedo asegurar que el presidente sabe perfectamente cuáles son mis propósitos en política. Y no veo a Rajoy determinando decisiones del partido el día en el que él, por propia voluntad, decida no continuar.
Quizá tienes muchos otros planes estupendos para ese rato (una hora).
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