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IBI eclesial: ni privilegios ni revanchismos

por +Raúl Berzosa Martínez, obispo de Ciudad Rodrigo

Especialmente promovido por un partido político, durante estos meses se está pidiendo a la Iglesia que renuncie a su exención del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, porque opinan que es un privilegio y porque en estos tiempos de crisis económica los ayuntamientos y otras entidades necesitan recaudar más fondos. ¿Qué podemos afirmar?…

Ante todo, que no es una situación legal “especial o única” para la Iglesia Católica. Por ley, también están exentos de IBI, entre otros y sin ser exhaustivos: los llamados inmuebles de “servicios públicos” (Defensa, Seguridad, Educación, Servicios Penitenciaros…); los pertenecientes a gobiernos extranjeros y los regulados por convenios internacionales; los pertenecientes a Cruz Roja Española; los de uso religioso de las Iglesias Evangélicas, de la Comisión Islámica y de la Federación de Comunidades Israelitas; los inmuebles de patrimonio histórico-artístico; los terrenos ocupados por el ferrocarril y los edificios enclavados en dichos terrenos; los edificios escolares concertados…

Volviendo a la Iglesia Católica, el tema del IBI está regulado por los Acuerdos Económicos suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede, de fecha 3-1-1979. Actualmente, se aplican los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2022, del 23 de septiembre, que hace mención al Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y a los incentivos fiscales de mecenazgo. En concreto, el tema del IBI se regula en el art. 15.1 de la citada ley. La Ley fue desarrollada por Real Decreto 1270/2003, del 10 de octubre. Hay que añadir el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5-3-2004.

Queda claro que están exentos del IBI todos los inmuebles de la Iglesia Católica que no se dedican a fines lucrativos o que favorecen mecenazgos. Se descarta, y pagan el IBI, todos los inmuebles afectos a actividades y explotaciones económicas no exentos del Impuesto sobre Sociedades. Ante las dudas, tendrán que aclararlo las autoridades eclesiásticas y civiles competentes y, en su caso, dirimir los tribunales.

Finalmente, los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado Español, en el tema del IBI responden, en el espíritu y la letra a lo señalado en la Constitución Española: “Se facilitará la participación de los ciudadanos en la vida cultural” (Art. 9.2), y “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad” (art, 46). La Iglesia promueve especialmente la vida cultural.

+Raúl Berzosa Martínez

Castilla y León: Familia implementa un nuevo programa de atención para embarazadas

Según anunció la consejera Milagros Marcos, el nuevo Programa de Atención Prenatal, que funcionará en toda la Comunidad este año, vinculará a “todos” los servicios sociales de Castilla y León “en su más amplio espectro”.

Nuevo Programa de Atención Prenatal en Castilla y LeónNuevo Programa de Atención Prenatal en Castilla y León

REDACCIÓN HO.-  La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presentado elPrograma de Atención Prenatal,diseñado para ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad a resolver, o a minimizar, las dificultades que encuentren durante el embarazo o el primer año de vida del bebé.Esta iniciativa se pondrá en marcha “este mismo año” en las nueve provincias de Castilla y León, según apuntó tras presidir el Consejo de la Infancia, en el que también se sentaron las bases para impulsar un pacto por los derechos de la infancia.

En líneas generales, y como recogía Leonnoticias.com tras cubrir esta comparecencia de la consejera el pasado 9 de marzo, el Programa Prenatal se plantea como “un servicio de ayuda a familias y mujeres para un adecuado cuidado de sus hijos desde el embarazo”, que “vinculará todos los servicios sociales” de la Comunidad “en su más amplio espectro”, según Marcos.

Sus destinatarios serán “especialmente” adolescentes o jóvenes sin apoyo familiar, económico, laboral o social; mujeres con hijos que tengan o hayan tenido medidas de protección; o cualquier mujer en riesgo de exclusión y que no cuente con apoyo de su entorno o que presente estilos de vida incompatibles con el buen cuidado de sus hijos. Asimismo, irá dirigido a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

A todos estos colectivos, continuó la consejera, se les prestará ayuda durante el embarazo para que el bebé pueda nacer en las mejores condiciones, así como ayuda durante el primer año de vida del menor para identificar cuáles son las necesidades de alimentación, higiene, o cuidado afectivo. También, se ofrecerá pautas de actuación ante dificultades para el cuidado del niño. Estas mujeres recibirán apoyo para lograr que tengan una vida autónoma y contarán con respaldo de profesionales. Junto a esto, recibirán formación y orientación para la inserción social y laboral, o información y asesoramiento, si así lo precisan, sobre adopción y acogimiento familiar.

El programa como tal no prestará apoyo económico, pero cuando éste sea necesario se recurrirá a la Renta Garantizada de Ciudadanía, precisó Milagros Marcos, para quien la iniciativa, más que un nuevo recurso en sí mismo, lo que pretende es “poner a disposición de quienes lo necesiten el sistema de protección de la Comunidad Autónoma”. Tampoco contará con un presupuesto específico, ya que se enmarca “dentro de la red normalizada” de servicios sociales. “Se trata de dar una respuesta integrada desde todos los recursos de la Junta, tanto económicos como sociales, de apoyo, formativos e informativos”, reiteró la consejera.

Los responsables del programa serán los trabajadores sociales de los Centros de Acción Social y los 154 profesionales que forman parte de los 51 equipos multidisciplinares de apoyo a la familia que existen en la Comunidad. Todos ellos contarán, como novedad, con un protocolo de detección y actuación ante la aparición de un caso de embarazo con riesgo prenatal, diseñado por la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y en el que estará involucrado personal sanitario, educativo, social y entidades del voluntario de las corporaciones locales.

Sanación para el trauma del aborto: el “Proyecto Raquel” llega a Burgos

Hace algo más de tres años se estrenaba en cine una entretenida película que, de forma amable, hacía reflexionar sobre un tema candente en la sociedad: los embarazos en las adolescentes. Un «¿qué tal si probamos?» dejaba a Ellen Page (actriz de «Juno») embarazada de un compañero de clase con el dilema de seguir adelante con su estado, o acabar rápidamente con el problema a través del aborto. Se tocaba así de puntillas un tema que mantiene dividida a la sociedad norteamericana desde que a principios de los años setenta se puso en marcha la Ley del Aborto.

En este marco, una década más tarde, en el año 1984, nació el Proyecto Raquel de la mano de Vicky Thorn, directora de la Oficina Nacional de Reconciliación de Milwaukee. Tras vivir una experiencia traumática con una amiga, Thorn ponía en marcha esta iniciativa en el marco de un plan pastoral que perseguía acompañar a las mujeres que habían abortado.

Desde entonces el Proyecto Raquel se ha extendido por más de 150 diócesis por todo EE.UU. y ha motivado la creación de programas similares en otros países. En Castilla y León recogió el guante Teresa Martín, directora del Centro de Orientación Familiar (COF) de Palencia, pionera en seguir este proyecto que permite a las mujeres que sufren por haberse sometido a un aborto «reconciliarse con esta situación y superar el dolor de saber que causaron la muerte de su hijo». La iniciativa partió del entonces obispo de Palencia, José Ignacio Munilla quien, tras explicar el tema del aborto en Radio María, comenzó a recibir preguntas y testimonios de personas que habían pasado por esa dramática situación. Fue entonces cuando buscando en internet se encontró con este programa y encomendó a Teresa ponerlo en marcha.

En un reciente comunicado, el director del COF de Burgos, fr. Simón Portillo O.P., explicaba con sencillez las fases de la puesta en marcha de Proyecto Raquel en Burgos: «En octubre de 2009, recibimos la encomienda de poner en marcha este nuevo servicio. Encomienda  que acogimos, desde un principio, con ilusión y con la conciencia clara de que podemos ofrecer una ayuda importante. Pocos días después, el 2 de febrero de 2010, enviamos una carta a todos los Monasterios de Vida Contemplativa de la diócesis para que oraran por esta nueva iniciativa. Un grupo de 15 personas hemos asistido a un Seminario de Formación sobre el Síndrome Postaborto. Son personas especializadas en enfermería, psicología, psicopedagogía, pastoral… En octubre pasado, seis personas participamos en Madrid en una Jornada de Formación, presidida por Mons. Juan Antonio Reig Plá, Presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE, y animada por Vicky Thonr, Fundadora del Proyecto Raquel». Decisión, oración, capacitación y coordinación.

Con esa misma sencillez comunicaba la noticia de su lanzamiento: «después de un tiempo de reflexión y trabajo, creemos que ya podemos dar a conocer esta nueva oferta: un servicio de  sanación del trauma postaborto» [...] «un equipo responsable y especializado, coordinado por una psicóloga, estará a su disposición. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono móvil 637 477 266, y serán atendidas con la máxima discreción y confidencialidad».

Síndrome Postaborto

El aborto es una experiencia traumática, ya sea legal o ilegal, que tiene consecuencias posteriores y que actualmente están categorizadas como síndrome postaborto, una forma de trastorno de estrés postraumático que según recientes estudios científicos, algunos de ellos recogidos en el libro Mujeres Silenciadas, puede conllevar a síntomas depresivos, deseos de “expiación” y necesidad de reparar el daño causado, pesadillas recurrentes u otras alteraciones o trastornos sexuales o alimenticios como la anorexia.

La dificultad de abordar a estas mujeres (y también a algunos varones) que buscaban ayuda tanto por parte de los sacerdotes como de los terapeutas tras abortar es lo que llevó a poner en marca este programa que, según esta orientadora, se plantea como «un esfuerzo integral que combina lo espiritual y lo psicológico» ya que se basa en comunicar reconciliación y esperanza en el futuro.

«Yo no me perdono»

En Proyecto Raquel el primer paso para reconciliarse con Dios, pero también consigo mismo -muchas mujeres piensan «Dios me ha perdonado pero yo no me perdono»- es que la mujer cuente su historia, con todos los pormenores. «Es muy importante escuchar y no juzgar, y que la mujer se sienta escuchada». Asimismo, «necesitan perdonar a todos los responsables y a los que participaron en su aborto. Éste es un acto de voluntad, hecho con la gracia de Dios, que le permitirá en un momento concreto poder perdonarse. Y por último, además de oír frecuentemente la palabra perdón, tienen que cambiar la relación con su hijo abortado, dolerse de su pérdida y establecer una nueva relación espiritual con él para perdonarse a sí misma».

El proyecto no está dirigido a una mujer en concreto. Hay un porcentaje de jóvenes en edad fértil de entre 20 y 30 años, y sobre todo, hay un gran porcentaje de adolescentes que entran en el círculo de las relaciones sexuales prematuras, en el que, a pesar de tener la información, creen que sin anticonceptivos no les va a ocurrir nada y cuando les pasa se encuentran con unos padres que les dicen «esto lo arreglo yo rápido». Luego están las trabajadoras o universitarias que les falla el método anticonceptivo, y las inmigrantes, muchas de ellas con marido e hijos en sus lugares de origen, solas aquí, y se encuentran con una pareja con quien no pueden llevar adelante su embarazo.

Sean del perfil que sean, ayudar a estas mujeres llena de satisfacción. En palabras de Benedicto XVI en un reciente congreso, en Roma, «estas iniciativas constituyen elementos esenciales para la construcción de la civilización del amor que la humanidad necesita hoy más que nunca… Sólo con la actitud del amor misericordioso es posible acercarse a las víctimas para llevarles ayuda y permitir que se levanten y reanuden el camino de la existencia… El evangelio del amor y de la vida es también siempre evangelio de la misericordia…».

¿Y Juan Vicente Herrera cuánto paga en Castilla y León para abortar?

Según Hispanidad.com, Aguirre paga el 29% de los abortos perpetrados en Madrid

El espejismo Aguirre: la presidenta tiene mejor imagen que Gallardón entre votantes cristianos y provida. La mandataria del PP dice estar “radicalmente en contra del aborto”, pero lo financia. Ninguna ley le obliga a financiar interrupciones voluntarias del embarazo en clínicas privadas, pero la CAM estableció un concierto con 6 abortorios.

El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid es contrario al aborto de palabra, pero no de hecho. Los populares han criticado a ZP como “el presidente del aborto”. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha realizado duras declaraciones en contra de la declaración del aborto como derecho y pidió a su partido que derogara la actual ley en caso de llegar al poder:“Estoy radicalmente en contra del aborto”, dijo Aguirre en un encuentro virtual con los lectores de ABC. La presidenta es consciente de lo que les gusta escuchar a sus electores, especialmente si leen el ABC.

Sin embargo, no es ningún movimiento provida, sino el boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid el que ofrece algunas estadísticas interesantes sobre el aborto en 2009. Por ejemplo que, aunque sólo se notificaron 2 abortos en hospitales públicos, “las clínicas privadas realizan algunas IVE concertadas con la Administración Sanitaria, en 2009, se financiaron públicamente el 28,7%”. La Comunidad de Madrid está obligada por ley a que se realicen abortos en clínicas públicas, pero muchos médicos objetan. La solución ha sido derivar los abortos a la privada a través de un concierto, es decir, voluntariamente: concretamente, 6 clínicas se benefician de este concierto.

Aguirre ha intentado conservar el voto católico con declaraciones y con algunas subvenciones a iniciativas provida, mientras Gallardón se ha destapado sin ninguna voluntad de ocultar que financia abortos químicos repartiendo píldoras del día después. La presidenta ha obtenido así una mejor imagen entre sus electores y, en el seno del partido, frente al alcalde. Pero la realidad se muestra bien distinta, puesto que ambos dirigentes se reparten el trono del aborto: químico uno, quirúrgico otra.

¿Y en Castilla y León?

Las cosas no andan mucho mejor en nuestra Comunidad Autónoma. En nuestro caso, el cálculo nos lo ofrece la propia Junta, cuya resolución completa puede leerse en este enlace y de la que subrayamos los siguientes datos:

«PRIMERO.- Con fecha 15 de diciembre de 2009, la Gerente de Salud de las Áreas de Valladolid, ha dictado Resolución de Adjudicación Provisional del expediente 001/2010/8000, para la contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid, a la empresa GINEMÉDICA, S.L. por un importe de adjudicación total de 750.463,00 €, con cargo a la siguiente distribución*:

  • 2010 223.602 (partida G/312 A02/26204/8)
  • 2011 250.385 (partida G/312 A02/26204/8)
  • 2012 276.385 (partida G/312 A02/26204/8)

(*)De acuerdo con lo establecido en el art. 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, las prestaciones sanitarias objeto de este contrato están exentas de este impuesto».

Y el cinismo de la Junta de Castilla y León llega hasta el extremo de tarifar el precio de cada aborto e incluso el número de abortos (352 en 2010) “subvencionados” en la comunidad autónoma medio año antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, delegando la “competencia” para firmar esta contrato  a la Gerente de Salud de las Áreas de Valladolid, Doña Violeta Martínez Pindado, evitando así pasar un mal trago al gerente regional de salud, al consejero Guisasola y al propio presidente de la Comunidad, todos ellos hombres. Pobre Doña Violeta, le ha tocado por ser mujer.

Así las cosas este año 2010 el Sr. Juan Vicente Herrera tiene previsto subvencionar el negocio de Ginemédica con las siguientes cantidades:

  • 432,00 euros por 1 aborto de menos de 50 días de gestación, al que llama aborto farmacológico
  • 70.411,00 euros por 173 abortos de 12 semanas o menos de gestación, como los famosos bebés Aído, a razón de 407,00 euros cada uno
  • 49.220,00 euros por 94 abortos de entre 13 y 15 semanas de gestación, con tarifa de 630,00 c/u
  • 19.825,00 euros por 25 abortos de entre 16 y 17 semanas de gestación, a 793,00 euros c/u
  • 23.478,00 euros por 21 abortos de entre 18  y 19 semanas de gestación, a 1.118,00 euros c/u
  • 50.236,00 euros por 38 abortos de entre 20 y 22 semanas de gestación, a 1.322,00 euros c/u

Tal y como van las cifras de abortos en toda España, aunque en Castilla y León la consigna es que no se está produciendo incremento de casos con la introducción de la nueva legislación, este convenio con el abortorio Ginemédica se va a quedar corto. Veremos cómo lo soluciona.

Por otra parte, una cosa queda clara: el negocio seguirá siendo redondo para las clínicas. La única diferencia es que ahora el gran cliente, casi el único, de las clínicas abortistas será el estado. Hasta ahora la sanidad pública solo cubría los gastos de un aborto cuando se atenía a los supuestos previstos: violación, malformación fetal o peligro para la salud física o psíquica de la madre. Había que ir a un centro público y demostrar una de las tres cosas. Sin embargo, como la inmensa mayoría de los abortos se practicaban a través del coladero del indemostrable daño psíquico materno gracias a informes escasamente rigurosos y en muchos casos falsos, emitidos por las propias clínicas, el que al final pagaba era el cliente privado.

Trinidad Jiménez asegura que el impacto económico de la ley sólo se evaluará a dos años vista, es decir en 2012 por lo que las autonomías deberán apechugar por su cuenta con este desembolso extraordinario, surgido de la presión del feminismo más radical y de los intereses económicos del lobby abortista. ¡Quién nos lo diría!

Y sin embargo lanzo al aire una vez más la misma pregunta: ¿puede el resto de administraciones (autonómica, provinciales, locales) plantar cara frente a tanto atropello? ¿ha servido de algo la flamante Ley de Apoyo a la Mujer embarazada en una comunidad autónoma cada día más anciana y despoblada?

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Manifiesto por la Libertad de Educación

logo_v4_xlEl “porqué” de este Manifiesto

El Proyecto de Ley del Aborto contempla de manera específica unas “Medidas en el ámbito educativo” que implican la incorporación obligatoria de la llamada “salud sexual y reproductiva” en nuestro sistema educativo.

Al margen del texto del Proyecto, que es de por sí suficientemente esclarecedor, sabemos también, a través de declaraciones públicas de altos cargos del Ministerio de Sanidad, que se pretende que esta educación sexual obligatoria se imparta a partir de los 11 años y por personal ajeno a los centros, seleccionado por el propio Ministerio o las Consejerías de Sanidad o Salud correspondientes.

Dada la incuestionable dimensión moral de la educación sexual, estas nuevas medidas representan una nueva y frontal invasión por el Estado de un espacio educativo cuya responsabilidad corresponde a los padres y, por delegación de ellos, a los centros educativos.

Se hace necesaria, por tanto, una respuesta clara de cuantos nos sentimos comprometidos con la libertad de educación, con el propósito, en primer lugar, de que quienes deciden y la opinión pública sean conscientes de que una parte significativa de los padres y la comunidad educativa rechazamos esta nueva agresión a los derechos fundamentales, que se acumula, sobre bases muy similares, a la que se está produciendo con Educación para la Ciudadanía. Por otra parte, es fundamental en este momento que los padres verifiquen que no van a estar solos en la defensa de su deber/derecho a la educación de sus hijos según sus propias convicciones. Que confirmen que un conjunto diverso de entidades e iniciativas de la sociedad civil somos capaces de unirnos en lo fundamental para apoyarles en el ejercicio de su libertad.

Texto del manifiesto

Presentación del Manifiesto

Más de cien asociaciones denuncian que el Gobierno quiere imponer «su moral sexual»

Un total de 143 asociaciones se han sumado, hasta el momento de su presentación, al presente manifiesto. En él denuncian que el Gobierno pretende, según recoge el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enseñar en las escuelas “su moral sexual” y el aborto, lo que supone en su opinión “una intromisión clara del Estado”.

Durante la presentación del manifiesto en Madrid, la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, señaló que con las medidas que propone el Ejecutivo “se deja al margen a los padres y se pretende imponer la moral sexual y la ideología del Gobierno”. “No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejar en manos del Estado este tipo de formación que, además, afecta a las condiciones morales”, añadió Pérez Toribio.

Por su parte, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, apuntó que la intención de los poderes públicos “choca con la neutralidad de los colegios públicos y con el ideario de los privados y concertados”. También el secretario general de Profesionales por la Etica, Fabián Fernández Alarcón, criticó la medida y añadió que “no corresponde al Estado determinar conforme a qué criterio ha de educar a los niños”. “Se quiere enseñar a los niños qué es un aborto y que es un derecho suyo”, denunció.

En el manifiesto, las entidades señalan que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre aborto “es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía (EpC), vulnera de lleno el derecho de los padres”. Asimismo, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio y a los de la red pública para pedirles que “rechacen de plano la intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales”.

En nuestra comunidad autónoma

El manifiesto ha sido presentado en rueda de prensa esta mañana en Burgos, Segovia, Salamanca y Valladolid.

A la rueda de prensa en Burgos han acudido representantes las entidades adheridas, entre ellas,  Plataforma Burgos Educa en LibertadPlataformas Cívicas en Defensa y Promoción de la FamiliaInstituto de Política Familiar (IPF) de Castillay LeónFundación Esperanza y VidaFundación Desarrollo y PersonaHazteOir.org – Castilla y LeónMujer Salud e IgualdadDerecho a Vivir – BurgosCheque Escolar.

María Peña, portavoz de la plataforma “Burgos Educa en Libertad”, ha resumido ante los medios de comunicación el contenido del Manifiesto que ha sido leído por Mari Paz Martínez, vicepresidenta de la asociación Mujer, Salud e Igualdad.

ConvocantesBurgos

Algunos de los representantes de las entidades adheridas en la rueda de prensa de Burgos

Adhesiones personales e institucionales

Ante la próxima implantación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que contempla “un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo”, un conjunto de entidades representantes de padres, docentes y personal sanitario hemos elaborado este Manifiesto en el que denunciamos esta nueva intromisión del estado en la libertad de los padres para escoger la formación moral y religiosa que estimen más apropiada para sus hijos.

En este sentido, pedimos su adhesión a cuantos profesionales de la educación, ciencias de la salud, instituciones y padres de familia estén de acuerdo con los principios de libertad que en el escrito se denuncian a fin de detener el paulatino recorte de libertades que los padres venimos sufriendo en España como consecuencia de la imposición de leyes educativas adoctrinadoras y sectarias.

Solicitamos su adhesión al manifiesto tanto si es un particular como si representa una institución.

Muchas gracias.

Resumen del Congreso de Católicos y Vida Pública en TVE

Últimas Preguntas – 10 de enero de 2010:

Hoy hablamos de la política como servicio al bien común. Conversaremos con D. Jesus Trillo Figueroa, abogado y escritor; y con D. Pablo López, adjunto a la dirección del Congreso “Católicos y Vida Pública”.

La sabiduría de los mártires

Los mártires son sabios, no porque sepan algo que el resto de los hombres desconoce, o porque sean unos valientes coherentes con su fe otra vez la coherencia, sino porque han gustado el amor del Señor, y, por ello, no lo pueden traicionar.

Puede que la pérdida de empuje que el cristianismo ha experimentado en los foros públicos se deba, principalmente, al miedo que tenemos todos a la muerte, al martirio que supone afirmar nuestra fe frente a los familiares, tan contaminados de paganismo, con los que nos reunimos el día de Navidad; o ante las conversaciones vacías y obscenas que imponen algunos compañeros de trabajo.

La fe es algo muy serio, más que el trabajo o la familia; por ello, los mártires son nuestro espejo, porque se han tomado en serio la vida, y el Señor no les ha decepcionado.

El profesor Andrea Riccardi, encargado de abrir con su ponencia el Congreso, lo ilustraba recordando la vida de los mártires que el siglo XX ha dejado en todo el mundo. Puso el ejemplo de Paul Schnider, recluido en un campo de concentración en la segunda guerra mundial: citaba con frecuencia frases del Evangelio, lo que enfurecía a los guardias del campo. Una mañana de Pascua, su voz salió con fuerza desde el tragaluz del calabozo donde le tenían aislado: «Así dice el Señor: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida», gritó, hasta que un grupo de guardias le hizo callar a base golpes.

Otro de los mártires anónimos citado por el profesor Riccardi fue un pastor que, en las montañas de Italia, acogió en su casa y dio de comer a unos soldados ingleses que se habían extraviado; antes de ser fusilado, exclamó: «Muero por haber puesto en práctica lo que me enseñaron en la Iglesia cuando era niño: dar de comer al hambriento». Quizá este hombre no sabía leer ni escribir, pero su cultura era muy superior a la cultura del currículum que valora hoy nuestra sociedad, tan intelectualista.

El martirio, ¿no es cultura cristiana? se preguntaba el profesor Riccardi. Es más que cultura, porque está escrita con sangre. Los mártires no han renunciado al amor al precio de salvar su vida. Ante las situaciones de persecución que han experimentado en todo el mundo, a lo largo del siglo pasado, los cristianos no han dejado nunca de celebrar la muerte y la resurrección del Señor. Los mártires no son kamikazes, ni provocadores, ni suicidas, sino que son hombres y mujeres que esperan y creen, que no han renunciado a la humanidad ni a la fe.

Hoy se percibe a los cristianos como una amenaza, porque luchan contra la cultura dominante y dan testimonio con su lucha moral. El testimonio de los mártires nos debe llevar a no perder el tiempo con debates internos dentro de la Iglesia; nos debe llevar a tomar en serio el Evangelio». ¿Pero como puede la muerte de una persona ser calificada de cultura? ¿No será que el cristianismo, como se le ha acusado siempre, es una apología del sufrimiento; o una droga, como afirmaba Marx, para evitar el conflicto social?

Si nuestra evangelización sólo consiste en tratar a los hombres como si fueran materia, como si sólo necesitasen un poco de comida, una nevera y un televisor, entonces Cristo habría muerto por nada, y los mártires han perdido el juicio por completo. Urge entonces la pregunta por el verdadero problema de los hombres, que es el mismo que el de los pobres.

Kiko Argüello, uno de los iniciadores del Camino Neocatecumenal, arrojó luz sobre esta cuestión: «El hombre, por el pecado original, está condenado a ofrecerse todo a sí mismo; esto es una condena: vivir para sí. No puede darse al otro, porque tiene miedo a sufrir, tiene miedo a la muerte, al conflicto que le hace sufrir. Por eso se separan los matrimonios; no lo hacen porque sean malos, sino porque no pueden más. Su sufrimiento no tiene sentido porque no han resuelto el problema existencial de la muerte. Por eso existe en nuestras ciudades un terror a sufrir, y por eso se recluye y mata a los ancianos en los hospitales.

Según la Epístola a los hebreos, los hombres están sometidos a la esclavitud del demonio por el terror que tienen a sufrir, a morir, aunque no lo hayan conceptualizado. En realidad, el hombre sufre porque no puede amar. Sin embargo, Jesucristo crucificado es la imagen de la libertad, porque ha dado la vida por ti, no cuando eras bueno, sino cuando eras un malvado y un pecador, enemigo de Dios.

104 niños burgaleses están eximidos de cursar EpC

Con las 17 notificadas en lus últimos días, el TSJCyL ha emitido 27 sentencias que amparan a objetores de la provincia.

Burgos.jpgREDACCIÓN HO.-
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado en las últimas fechas 17 nuevas sentencias que reconocen a los padres objetores burgaleses el derecho a que sus hijos sean eximidos de la obligación de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Los menores exonerados en estas recientes resoluciones son 63, que vienen a sumarse a los 41 que habían sido amparados por efecto de las 10 sentencias notificadas anteriormente.

Así pues, hasta el día de hoy ya son 27 los fallos favorables a las familias objetoras de la provincia y asciende a 104 el número de niños y adolescentes que quedan eximidos de la obligación de asistir a las clases de EpC y de ser evaluados de esas materias, sin que ello pueda causarles ningún perjuicio en relación con la promoción de curso ni en lo referente a la obtención de títulos académicos. En el conjunto de la Comunidad, 538 menores han sido dispensados por el TSJCyL en las 239 sentencias acordadas.

Algunas de las familias objetoras burgalesas a las que respaldan los fallos del Alto Tribunal de la región han sido representadas de forma desinteresada por el abogado Antón Peña y otras por el letrado Jorge Lara, ambos asesores jurídicos de Burgos Educa en Libertad.

M.ª Ángeles Peña, portavoz de la plataforma, pide al consejero Juan José Mateos “un mínimo de sensibilidad y de coherencia”. “Fue él mismo -añade- quien hace año y medio nos empujó a acudir a la Justicia para reivindicar nuestros derechos y ahora, cuando el TSJ exime de cursar EpC a nuestros hijos, nos echa en cara haber judicializado la cuestión”.

“De lo expuesto por el propio Tribunal se deduce más bien que el responsable de esa judicialización es el propio Mateos. No en vano, los magistrados hacen constar en sus resoluciones que ‘las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto’. En lugar de acatar de hecho lo dispuesto por el TSJ, se niega tozudamente a ello y además se permite la licencia de culparnos a nosotros de que el conflicto no se haya resuelto. Más prepotencia y mayor menosprecio a los ciudadanos es difícilmente concebible”, manifiesta la representante de los objetores.

Por otra parte, Burgos Educa en Libertad sigue organizando actividades de  divulgación de los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos. En ellas, alerta del adoctrinamiento ilegítimo que representan tanto los actuales currículos de EpC como el tipo de educación sexual obligatoria que, a través de las medidas en el ámbito educativo previstas en la ley del aborto, el Gobierno pretende inculcar a todos los escolares a partir de los 11 años.

La plataforma ha organizado para el próximo jueves, 14 de enero, una conferencia del presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, quien disertará sobre “¿Quién educa a nuestros hijos? De EpC a la educación sexual obligatoria”. El evento se celebrará a partir de las 20:00 horas en el Salón de Cajacírculo (C/ San Pablo, 12C) de la capital burgalesa.

El consejero de Educación de Castilla y León recrimina a los padres objetores la judicialización de Educación para la Ciudadanía

Redacción de Análisis Digital - 09/01/2010. El consejero de Educación de Castilla y León pierde los nervios y recrimina a los padres la judicialización de EpC, cuando fue él mismo quien los remitió a los tribunales. Las plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de Castilla y León denuncian en un comunicado conjunto fechado ayer un nuevo capítulo en la larga lista de agravios y calumnias con que los viene tratando la Consejería de Educación de la región

Juan José Mateos, titular del departamento, aseguró ayer en una entrevista a la agencia Europa Press que “los problemas derivados de la inclusión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía deberían de haber terminado ya” y cargó contra las familias objetoras al culpar de la demora en su resolución “a quienes decidieron judicializar el tema”.

Susana Álvarez, portavoz de la plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, llamó la atención sobre la doblez que encierran estas manifestaciones de la máxima autoridad educativa de la Comunidad: “Estas declaraciones del Consejero son absolutamente falsas, puesto que en la reunión mantenida con él a finales del curso 2007-2008, justo antes de que se implantase esta asignatura en nuestra Comunidad Autónoma, fue el propio Consejero quien afirmó expresamente que la cuestión de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía debía resolverla el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.

Por su parte Aurelio García Primo, portavoz de León Educa en Libertad, cree que Mateos no ha sabido digerir las recriminaciones que el Alto Tribunal de la región hace a la Administración educativa en sus numerosísimas resoluciones favorables a la objeción: “Lo que sucede es que Juan José Mateos está en una situación muy delicada, porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado ya más de 220 sentencias que amparan a casi 500 menores”.

Como recuerda García Primo, en las sentencias no sólo se reconoce el derecho a objetar en conciencia a EpC, sino que los magistrados también se refieren explícitamente a la actuación de la Consejería en términos no demasiado favorables. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL afirma literalmente que “cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas” y añade que “las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto”.

Finalmente, Susana Álvarez denunció que estas actitudes del consejero Mateos no constituyen, ni mucho menos, una novedad. “Estas declaraciones ponen en evidencia nuevamente las contradicciones y falsedades con las que se ha caracterizado la postura de la Consejería de Educación desde que se inició el conflicto en torno a estas polémicas asignaturas. Los padres hemos tenido que defender legítimamente nuestros derechos ante el Tribunal Superior de Justicia porque el Consejero no nos dejó otra opción”.

Quién educa a nuestros hijos: de “Educación para la Ciudadanía” a “Educación Sexual Obligatoria”, conferencia de Jaime Urcelay


De la Vega y AídoSerá el jueves 14 de enero a las 20:00 horas.
La plataforma “Burgos Educa en Libertad”, formada por los padres y madres de familia objetores a Educación para la Ciudadanía de Burgos, ha invitado a D. Jaime Urcelay Alonso, presidente de Profesionales por la Ética, a impartir una conferencia titulada: Quién educa a nuestros hijos: de Educación para la Ciudadanía a Educación Sexual Obligatoria.

Lugar del evento:
Salón de Actos de CajaCírculo
c/ San Pablo 12C
09002 Burgos

Nombre del organizador:
Plataforma “Burgos Educa en Libertad”

Email de contacto:
burgoseducaenlibertad@gmail.com

Teléfono de contacto:
646 361610

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El larguísimo nombre de la nueva Ley Aído -Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo- ha hecho que, algunas veces por economía del lenguaje y otras por pura pereza, la sociedad acabe refiriéndose a ella como ‘la nueva ley del aborto’. Pero esa, la de convertir el delito del aborto en un derecho, es sólo una parte de la ley.
La otra se centra en la aceptación de semejante cambio a través de la educación.Para ello el Gobierno ha trazado un ambicioso plan encaminado a imponer su particular visión de la sexualidad.

La forma está clara: módulos de educación sexual obligatorios en todos los niveles educativos a cargo de personal ajeno al centro (enfermeros y farmacéuticos principalmente, pero también psicólogos y sexólogos).

Pero además, la intención del Ministerio de Sanidad es que en las carreras de Ciencias de la Salud se enseñe, obligatoriamente, a realizar un aborto. El fondo, teniendo en cuenta que el objetivo principal es “frenar los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual”, irá en la línea marcada por organismos internacionales muy del agrado del Gobierno (ONU sobre todo) y por las actividades educativas bendecidas hasta ahora por el Ejecutivo, cursos de masturbación incluidos.

Las mentiras del aborto: el PSOE insiste en su desprecio por la mujer

Su rechazo en el Senado al plan de apoyo a la maternidad presentado por el PP demuestra que nada la importa reducir el número de abortos, sino sólo liberalizarlo, a mayor caja de este negocio.

HISPANIDAD.COM.- Una de las mentiras de la reforma de la Ley del Aborto es que se trata de reducir el número de abortos provocados. Falso.Ningún responsable del Gobierno ha sido capaz de señalar cuál es la cifra de recorte de abortos con la nueva ley. La segunda mentira es que el Gobierno ofrecerá información a la gestante sobre las ayudas existentes para que tenga un plazo de tres días para reflexionar sobre si seguir adelante o no.

Lo razonable es que la norma fuera acompañada de un plan de apoyo a la maternidad. Así lo propuso el PP en el Senado. La propuesta incluía una dotación económica de 1,5 millones de euros. Fue rechazada igual que fue rechazada en el Congreso una PNL del PP de apoyo a la embarazada en riesgo de exclusión social. Porque no es verdad que el PSOE quiera reducir los abortos. El PSOE quiere convertir el aborto en un método anticonceptivo más dentro de la estrategia de “sexo seguro”.

También se rechazó en el Senado una dotación de 6 millones de euros en Trabajo para un programa específico de formación y empleo para mujeres embarazadas (madres adolescentes, inmigrantes y mujeres en situación de exclusión social). El PSOE también rechazó un recorte del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social para la mujer embarazada para afrontar el ‘mobbing maternal’ reconocido por el propio ministerio de Igualdad.

El PP también proponía la extensión de la paga de los 100 euros a las mujeres desempleadas con niños menores de 3 años. Una propuesta que había presentado Caldera siendo ministro de Asuntos Sociales. Nada. Una presión absolutamente ideológica y partidaria.