No garantiza el derecho de las madres y padres de Catalunya a escoger el centro escolar que desean para los suyos hijos: más de 20.000 familias han firmado una nueva petición pidiendo este derecho.
El Anteproyecto de Ley recorta la pluralidad y la diversidad educativa de Catalunya.
La Plataforma denuncia la claudicación del Consejero Maragall a los sindicatos que van hacer huelga y anuncia movilizaciones si no se corrige el anteproyecto.
Barcelona, 30 de abril de 2008.
Ante la presentacion del Anteproyecto queremos manifestar:
El Anteproyecto de la Ley de Educación de Catalunya ha ignorado las 42.000 firmas que la Plataforma entregó al Departamento de Educación y al Parlamento de Catalunya en mayo de 2005, pidiendo que la planificación escolar respete siempre el derecho fundamental de las familias a escoger escuela y proyecto educativo.
Otra vez se pone por encima del derecho a la libertad de educación un supuesto “derecho a planificar”, imponiendo radicalmente la zonificación y el intervencionismo uniformador de la administración pública, en total contradicción con los principios que la misma ley señala en la exposición de motivos:
- “la aceptación de la diversidad de centros y el rechazo de la uniformidad como valor del sistema educativo” (pág. 5).
- “la Ley ordena el sistema educativo con el propósito de estimular la creatividad y la libertad” (pág. 6).
La Plataforma considera que el Consejero Maragall ha cedido totalmente a los planteamientos corporativistas de los sindicatos, que van chantajear con una “huelga preventiva” contra los principios de más libertad y más pluralidad que quería hacer el Gobierno.
En el articulado, por ejemplo:
- Se prioriza absolutamente la pertenència a una zona, por lo tanto, no se admito escoger libremente entre los diversos centros públicos y concertados, obligando a las familias a “hacer trampas” para ejercer sus derechos básicos;
- no se garantiza la gratuidad para todas las familias al no financiar los centros concertados equitativamente con los centros públicos: así es imposible que puedan cumplir todas las obligaciones que se los imponen;
- se ignora totalmente el carácter propio de los centros educativos, a quien no se hace ninguna referencia, e incluso prohíbe, en contradicción con la legislación vigente, la posibilidad de la educación diferenciada (o no mixto) a los centros públicos y concertados;
- Se habla continuamente de manera confusa del “servicio público de educación” por referirse a escuelas públicas y concertadas, como si el Estado o la Generalitat fueran los propietarios de ambas. Para la Plataforma Derecho a Escoger la educación es un “servicio de interés público”, pero no un “servicio público” como proclama el Anteproyecto de Ley continuamente, y lo pueden prestar tanto las administraciones públicas como la iniciativa social (estas con pleno derecho a ser financiados con el mismo dinero que las familias pagan de impuestos). Así no se garantizará nunca ni la diversidad ni el pluralismo necesario para escoger el tipo de educación que se desee.
- El Anteproyecto de Ley impone un “comisario” político municipal al consejo escolar de los centros concertados para “control y gestión” (y por qué no a las asociaciones, comercios, empresas, *etc?).
- Se impone un porcentaje máximo de nmigrantes a los centros educativos: por qué no uno topo también por religión, raza o sexo? Se una medida totalmente discriminatoria para los derechos fundamentales del recién llegados.
En resumen: intervencionismo excesivo, pérdida de pluralismo y libertad, y obstáculos continuados a la elección de escuela.
Delante de este Anteproyecto de Ley la Plataforma “Derecho a Escoger” presentará la semana próxima en rueda de prensa las veinte mil nuevas firmas que ha recogido hasta hoy, pidiendo al Gobierno de la Generalitat un pacto social en educación que tenga en cuenta los derechos fundamentales de las familias. Intervendrán padres y madres tanto de escuelas públicas como concertadas, de familias inmigrantes y de familias con hijos discapacitados.
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