Durante varios días he animado a intervenir en este sitio a los defensores del aborto. He colocado algunos cebos, he buscado interlocutores con los que poder intercambiar ideas, he suprimido las intervenciones zafias, que no aportaban nada, y he dejado las que podían suscitar al menos un intento de diálogo. Las conclusiones que he podido extraer son más bien pocas. Y un tanto descorazonadoras.
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“Los Estados no pueden inhibirse en la defensa de la vida humana o su integridad física o moral argumentando que nadie puede oponerse a que alguien, según su conciencia, crea que debe practicar la tortura. El aborto, como la tortura, nos afecta a todos, y los Estados no pueden ser ajenos a eso.”
Es el lema de otro capítulo más en la campaña que se desarrolla en España, a través de Valencia, en favor del aborto. En esta ocasión se trata de unas jornadas, Ni putas ni sumisas, en las que participan conocidos activistas de un genocidio amparado por el Estado que en nuestro país alcanza la cifra de 300 seres humanos exterminados diariamente.
Esta es una de las cajas de cerillas que repartían ayer las feministas en las inmediaciones del barco abortista atracado en aguas de Valencia ante la pasividad de las autoridades:
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Desde CAMPAÑA CONTRA ABORTO | Carteles, pegatinas, camisetas se están proponiendo ideas para hacer visible la imagen de los cientos de seres humanos que cada día son exterminados en España al amparo de peregrinas (y primitivas) argumentaciones.
Los planes abortistas que impone el pensamiento único en nuestro país entroncan con un proyecto internacional de largo alcance, que entre otras instancias utiliza a las Naciones Unidas, la OMS o la UE, para imponer la práctica del genocidio en todo el mundo, arrinconando a los que piensan que nadie es dueño de la vida de nadie. Es esta la auténtica alianza de civilizaciones, y en esa línea se inscriben las últimas propuestas gubernamentales en España en favor del exterminio de seres humanos regulado por el Estado.
Obviedad nº 1: La memoria histórica (en este caso, jurídica)
Hace poco más de veinte años, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, la 53/1985, en la que se establecía que el nasciturus es “un bien jurídico constitucionalmente protegido”.
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Elena Valenciano, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, anuncia que Obama y el presidente del gobierno de los socialistas y de los nacionalistas “son ejemplos del liderazgo inteligente del siglo XXI, porque tienen la capacidad de hablar con todos y de hacerse cargo de los problemas reales de la gente” (ABC, 11.8.08).
Unos lo llaman “muerte digna”. Otros, “vida digna“. Consiste en acabar con la vida. Y ahí no hacen demasiados distingos, da igual que se trate de la vida de un hombre de 90 años, o de la vida de su nieto, cuyo rostro el abuelo podría conocer en unos pocos meses si les permitieran vivir a ambos.
Si la fuente fuera otra, habría que tomar esta noticia con ciertos reparos. Pero a la fiabilidad de la agencia (ACI) hay que sumar la existencia de un video. El doctor Christian Fiala es el presidente de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Anticoncepción, organización que agrupa a los abortistas europeos. La Clinica Gynmed, en Viena, es de su propiedad. Frente a ella se reúnen para rezar y protestar los grupos provida austríacos. El doctor Fiala ha reconocido que contrata “agentes” para que acosen a los provida.
Frente al aborto de centenares de miles de seres humanos, frente a la destrucción incontrolada de embriones, la sociedad española, los grandes medios de comunicación y la opinión publicada se enzarzan en cuestiones baladíes. Los monos. Las corbatas. O la neolengua: IVT vanguardista.
El año pasado la oficina del Defensor del Pueblo decidió ocuparse del aborto en España. Pero el señor Múgica, tan sensible al Holocausto, decidió que su actuación debe pasar por reforzar la práctica del aborto, no por defender a los seres humanos más indefensos. La preocupación del Defensor de un pueblo, como se ve, con bastantes matices, reclama el “derecho” a abortar al pie de casa.
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Se trata de extender al terreno del derecho a la vida el relativismo jurídico que desde el 2004 se ha ido instalando en nuestro país.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) y el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud reproductiva (GIE) piden “la apertura de un diálogo social para alcanzar un consenso” entre no se sabe muy bien quién para despenalizar el aborto.
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