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DERECHO A VIVIR DENUNCIA EL FRAUDE CONTINUO

Se confirma que el negocio abortista siempre está por encima de la ley, incluso de la actual. Es necesario, como lo era con la anterior, que se persiga el fraude de ley permanente en el que están instalados los empresarios del aborto. Una vuelta a la ley del 85 no es suficiente para frenar los desmanes de los patronos de la industria del aborto.

MADRID, 23 DE FEBRERO DE 2011.- Las conclusiones a las que llega la jueza de Barcelona Elisabet Castelló al terminar la investigación seguida contra el empresario del aborto Carlos Morín, iniciada en 2006 son escalofriantes. A juicio de la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, “no son más que el ejemplo palmario del despiadado negocio del aborto en España y la punta del iceberg de todo el descontrol que se ha permitido”.

Según se publica hoy, la jueza concluye que, ni siquiera aplicando de forma retroactiva la actual ley del aborto, hecha por petición y a medida de la industria del aborto, los desmanes de Morín en Barcelona se ajustan a la legalidad vigente, por permisiva que esta sea. “Se han aportado a la presente instrucción indicios de la existencia de una asociación ilícita entre todos los imputados, de manera permanente y estable para la práctica de intervenciones abortivas, sin cumplir ninguno de los requisitos legales”, explica la jueza. Este hecho choca con las razones esgrimidas por el juez que siguió el caso en Madrid, que lo archivó por entender que Morín se ajustaba a la “ley Aído”, aplicada de forma retroactiva. “No tiene sentido que Morín respete la legalidad en Madrid cuando parece que no lo hacía en Barcelona”, ha denunciado la doctora Joya.

¿Quién controla a los empresarios del aborto?

Según recuerda la portavoz de Derecho a Vivir, la ley del aborto vigente “da cobertura legal al fraude de ley continuado en el que los empresarios del aborto incurrían a cuenta del tercer supuesto despenalizador de la ley del 85”. Pero añade que “ahora, además, se introduce un nuevo ‘coladero’ que es el mismo plazo de aborto libre. ¿Quién controla ahora que el empresario abortista no incumple el pazo máximo de aborto libre? Nadie”.

Por eso, explica Gádor Joya, “es necesario tener en cuenta tres puntos imprescindibles:

1. La Ley Aído es mucho más nociva que la legislación anterior, en cuanto que ampara el fraude de ley anterior y permite un nuevo fraude mucho más fácil de realizar.
2. Es preceptivo que las Comunidades Autónomas persigan desde ya la comisión de delitos como los de Morín y dejen de mirar para otro lado, como han hecho en gran medida hasta ahora.
3. Una posible vuelta a la legislación del 85 no resuelve nada, porque seguirá permitiendo un descontrol absoluto al servicio del lucro despiadado de los empresarios del aborto”.