El PSOE extremeño pedirá en la ponencia marco de su décimo congreso el cierre de la Central Nuclear de Almaraz o bien que, en caso contrario, se reconozca expresamente la “solidaridad” de Extremadura con el resto del país en materia energética, tal y como informa Europa Press.

En concreto, el texto de la ponencia marco elaborada por la dirección del PSOE regional precisa que la posición de los socialistas extremeños respecto a la central nuclear es la “petición de cierre, lo antes posible y de una forma ordenada”.

No obstante, precisa a continuación que no se pide el “cierre inmediato”, si con ello “se pone en riesgo el suministro de energía eléctrica, en condiciones de calidad, seguridad y precio competitivo, a las empresas y los ciudadanos de toda España”.

Apostilla acto seguido que en el caso de que el Gobierno decida finalmente autorizar la renovación de la autorización de funcionamiento de la central en 2010, el PSOE extremeño reclamará “el reconocimiento efectivo de la solidaridad de Extremadura, que viene contribuyendo a la garantía y al menor precio del suministro de energía eléctrica, así como a la lucha contra el cambio climático”.

El secretario de Organización de los socialistas extremeños y alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, informó hoy en rueda de prensa sobre éste y otros aspectos de relevancia de la ponencia que se aprobará en el congreso, cónclave que comienza mañana en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, donde concluirá el sábado.

Por su parte, la Plataforma Ciudadana Refinería No ha presentado 40.000 alegaciones “irrebatibles” al proyecto industrial del Grupo Gallardo, tras las cuales considera que “sería merecedora de toda sospecha cualquier resolución positiva de este proyecto”.

Así lo aseguró hoy el portavoz de la Plataforma Refinería No, Leonardo Clemente, en declaraciones a los medios de comunicación tras presentar 2.000 nuevas alegaciones en el registro de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, una cantidad que sumadas a las presentadas hasta el momento, hacen una cantidad de 40.000 alegaciones.

En su intervención, Clemente mostró su satisfacción por el número de alegaciones recogidas hasta el momento “a pesar de todos los obstáculos del proceso, con un mínimo de 30 días para alegar, igual que para montar una churrería”. Lamentó que en este proceso se han encontrado “barreras infranqueables” para presentar sus alegaciones, que incluso les llevaron “a dudar de participar en este proceso”, pero al final decidieron alegar.

Explicó que las 40.000 alegaciones presentadas “son un reflejo del trabajo de esta plataforma durante tres años y siete meses de andadura”, y añadió que muchas de ellas “están centradas en los problemas de vertidos y análisis hídricos”.

Desde que se presentaran las primeras alegaciones el 4 de julio, han sido varias las ocasiones en las que la plataforma entregó más remesas. Unos documentos que contienen “argumentaciones irrebatibles y 54.000 firmas de oposición al proyecto de refinería”, señaló Clemente, quien agradeció la llegada de alegaciones “desde todos los rincones de España, de 97 poblaciones de España y Portugal”.

Así, el portavoz de la plataforma quiso agradecer a ciudadanos, asociaciones ecologistas, organizaciones agrarias, instituciones universitarias, partidos políticos y sindicatos, “por presentar sus alegaciones en contra de este proyecto esperpéntico”.

También esta misma mañana el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, ha dicho que los colectivos que se oponen al proyecto de construcción de una refinería en la región lanzan mensajes “simplificadores” que “entorpecen los trámites administrativos” al no dejar que se aplique las normativas nacional y europea.

Navarro ha señalado en Mérida, en declaraciones a EFE, que se trata de un debate “lo suficientemente complejo” como para mostrar posturas simplificadoras, ya que el proceso debe de pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental capaz de identificar los impactos negativos así como los positivos, y los beneficios para el empleo y, en general, la economía extremeña.

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, abogó ayer por “renunciar” a los puntos “más polémicos y conflictivos” de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que “pueden poner en peligro la libertad individual de cada ciudadano”, para intentar “alcanzar un pacto” con otros partidos, especialmente con el PP y poder impartir esta materia en las aulas, “sin violentar conciencias, ni creencias”.

Así lo indicó en el transcurso de la conferencia inaugural  del congreso ‘Educación y Sociedad’, enmarcado dentro de los cursos internacionales  de verano del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (Cexeci) que hoy arrancaron en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Al respecto, señaló que habría que “intentar tener la suficiente generosidad e inteligencia” como para llegar a  un “consenso” sobre “qué es ciudadano”, y “cuáles son los valores que deberían impartirse en una asignatura como ésta”.

Así, las “renuncias de máximos” que socialistas, partidos de derechas y nacionalistas tuvieron que realizar para sentar las bases de la Democracia en la Constitución Española durante la Transición, así como su “lealtad” a la Monarquía como “base del sistema de convivencia”, deben ser un “ejemplo”, según Ibarra, para la aplicación de la asignatura Educación para la ciudadanía.

VALORES ÉTICOS Y PÚBLICOS

De este modo, indicó, salvo por el momento de “crispación” que está viviendo el PP, “no se entiende muy bien que los populares,  que se han erigido como los  defensores máximos de la Constitución durante toda la legislatura, no estén dispuestos a aprobar los valores que esta carta defiende y que son comunes y generales para todos, ya que nadie rechazaría una asignatura que recoge valores éticos y públicos que nos permiten vivir en sociedad”.

En esta dirección, señaló que si la implantación de Educación para la Ciudadanía se hubiera planteado hace ocho años o nueve “no estaríamos hablando del asunto”, porque es un tema “tan elemental, que todo el mundo lo hubiera aceptado como normal”. Sin embargo, ahora mismo, “mucha gente utiliza este tema no como un asunto de conciencia, sino como un ataque al partido que gobierna”, agregó.

FAMILIA Y SOCIEDAD

Asimismo, abogó porque deberíamos entender entre todos que una cosa son “los principios que se enseñan en las familias” y otra “qué se debe enseñar para ser  buen ciudadano y vivir en sociedad”, ya que son dos ideas “radicalmente distintas”.

En esta línea propuso un sistema de “doble moral incluyente y compartida”, en el que se distinga “lo que se puede considerar bueno o malo en una familia y lo que se considera delito o derechos en la sociedad”, añadió.

Asimismo, señaló que “si educar sólo desde la familia, como pretenden algunos, te convirtiera en ciudadano y todas la familias educaran a sus hijos para ser ciudadanos, no habría dictaduras en el mundo”. Sin embargo, apostilló, “la condición de ciudadano no te la da tu familia, sino el sistema político”.

Finalmente, indicó que “no se puede pretender enseñar ciudadanía para ser buenos, que es la equivocación que tienen algunas familias, sino para ser libres y ciudadanos, porque cuando las personas ya sean ciudadanos, los habrá buenos y sinvergüenzas”.

(Fuente: Europa Press).