La Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres ha presentado varios recursos de alzada contra resoluciones denegatorias de la Administración Educativa extremeña. La consejera de Educación anuncia que se rechazarán. Los padres han replicado a través de un comunicado.
REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- Una decena de padres integrantes de la Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres presentó ayer recursos de alzada ante la delegación de la Consejería de Educación en la capital cacereña, para exigir que se les reconozca su derecho a objetar a esta asignatura.
El portavoz y coordinador de la plataforma, Fernando Bernáldez, explicó que la entrega de los recursos “es un mero trámite más dentro del proceso judicial emprendido”. A aclaró que mediante los recursos de alzada se rebaten los dos argumentos que la Administración planteaba para rechazar su anterior petición.
En concreto, Educación no reconocía a las secretarías de los colegios públicos como organismos oficiales para el registro de documentación, lo que queda desacreditado teniendo en cuenta, dijo, “que es en este mismo espacio donde los padres formalizan la matrícula del curso o piden distintas becas escolares”.
Por otro lado, la Consejería aseguraba que el escrito de “petición” de objeción de conciencia “no estaba bien formulado” al considerar que “presentaban una comunicación a la administración”. Eso, según Bernáldez, también queda rebatido en los recursos, “porque la ley dice expresamente que empleando la palabra comunicación se da por sentado que se trata del ejercicio de un derecho”, puntualizó.
El portavoz respondió a las declaraciones de la consejera de Educación, Eva María Pérez, en las que acusaba a este tipo de plataformas de “ser torticeras” en su modo de plantear sus quejas. “Nosotros no tergiversamos la ley, ya que actuamos desde la pura legalidad y ellos son los que actúan de forma torticera, al considerar que una comunicación de un formulario de objeción no es un acto administrativo”, señaló.
La intención de los 200 padres que integran la plataforma es ejercer su derecho a formar la conciencia de sus hijos “porque es un derecho que nos pertenece en exclusiva a los padres y no a la Administración, ni a los directores, ni a los profesores de los centros”, indicó Bernáldez, quien así mismo advirtió de que recurrirán hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera necesario.
La también portavoz de la asociación Teresa Cañas indicó que “no se trata de aprender ética o filosofía, sino que es una cuestión más profunda, como que el Estado no puede meterse en la conciencia de nuestros hijos, porque es una ley natural que los padres seamos quienes eduquemos a nuestros hijos”, concluyó.
Cinco de los hijos de los objetores cacereños (cuatro en la capital y uno en Plasencia) no acuden a las clases de ‘Educación para la ciudadanía’ desde que comenzó el curso.
La consejera de Educación anuncia que los resursos de alzada serán rechazados
En Mérida, la consejera Eva María Pérez adelantaba la respuesta negativa de su departamento a esos recursos, aunque aseguraba que los padres «están en todo su derecho» de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tal y como han anunciado en un siguiente paso.
«Es una cosa obvia: los padres tienen derecho a acudir a los tribunales», subrayó la consejera de Educación, que recordó que hasta el momento los fallos judiciales han sido contradictorios. El TSJ de Andalucía sí ha reconocido el derecho de los padres a objetar y que sus hijos no cursen esta materia, pero en otras regiones el fallo ha sido justo el contrario. «Yo me quedo con lo que ha dicho el de Asturias», ironió Pérez.
En su opinión, la posibilidad de objetar a Educación para la Ciudadanía puede tener un efecto perverso mayor: que los padres puedan rechazar cualquier asignatura con la que no estén de acuerdo. «Puede llegar a ser un disparate».
Pérez también instó a los padres a que «digan en qué temas atenta (Educación para la Ciudadanía) contra su moral», y se mostró convencida de que «existe una ética común para las personas» que es, a su juicio, la que procura recoger esta asignatura. En este sentido, se preguntó si estos padres no comparten la Declaración de Derechos Humanos o la Constitución Española.
La plataforma objetora repica a la titular de Educación en Extremadura
Las declaraciones de Eva María Pérez han sido respondidas por la plataforma de padres objetores de Cáceres mediante un comunicado que reproducimos en su integridad.
La Consejera, Eva María Pérez, niega un derecho constitucional a los padres extremeños, al rechazar la comunicación de objeción de conciencia.
Intenta, una vez más confundir a la opinión pública, manipulando la postura de los padres objetores a EpC.
Ante las declaraciones realizadas por Eva María Pérez, Consejera de Educación de la Junta de Extremadura, en el día de ayer en Mérida a preguntas de los periodistas, en referencia al nuevo recurso de alzada presentado por un grupo de padres objetores de conciencia a “Educación para la Ciudadanía”, la Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres queremos manifestar:
1º La objeción de conciencia es un derecho constitucional, y no una graciosa concesión del gobierno, tal y como lo establece la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985. Nos entristece la falta de rigor de las declaraciones de la Consejera de Educación sobre lo que es el derecho constitucional a la objeción de conciencia.
2º Por otra parte, sorprende que la máxima autoridad educativa de nuestra comunidad autónoma vuelva de nuevo a expresar su falta de respeto a la separación de poderes de la que disfrutamos en un estado de derecho como España con expresiones como “nadie puede juzgar a los juzgadores” poniendo en entredicho el amparo a la libertad ideológica y de conciencia que están dando los tribunales a los padres.
3º Queremos aclarar a la opinión pública que en contra de lo que la Sra. Consejera ha afirmado, los padres que en conciencia objetamos a que nuestros hijos reciban la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” no objetamos contra el profesor de la asignatura ni contra un libro de texto de la misma sino contra la asignatura adoctrinante impuesta por la autoridades educativas mediante un Real Decreto. Esta asignatura pretende conformar la conciencia moral de los niños al margen de la opinión de los padres a los que se les niega su derecho a educar según sus propias convicciones morales, filosóficas o religiosas.
4º Queremos denunciar el intento de manipulación de la que somos objeto, una vez más, por parte de la Sra. Consejera, al poner en duda nuestra disposición a que nuestros hijos reciban información en el colegio sobre la Constitución Española, la educación vial o la sostenibilidad ambiental. Si estos fueran todos los contenidos de la asignatura estaríamos ante contenidos similares a los que tiene esta misma asignatura en otros países de Europa y por supuesto nadie se sentiría afectado.
5º Expresamos a la Sra. Consejera nuestra disposición a reunirnos con ella para explicarle las razones por las que hemos decidido declararnos objetores de conciencia.
Animamos a los padres extremeños que ven atacado su derecho constitucional a poder educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, a hacer uso del derecho que tienen a la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Desde la Plataforma les ofrecemos asesoramiento jurídico gratuito.
Sebastián Guerrero, Jesús Sánchez Adalid y Carmen Fernández Daza, ayer en el acto.La Unión Extremeña de Bibliófilos celebró ayer el Día del Bibliófilo rindiendo un homenaje al escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid, quien aseguró “sentirse muy joven Don Benito, 1962 para recibir homenajes, pero a la vez muy contento”.
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