FARCOSALUD

2.3    Paisaje político                            

 2.3.1 Marco Federal

 Al analizar el ambiente político, hay que hacer hincapié en que el dinero es inseparable de la política, por bien o por mal. Una red compleja de leyes se ha aprobado para regular desembolsos políticos y lobbying en EE.UU.[i]. Las leyes intentan precaver contra los abusos mientras se conservan los Derechos de la Primera Enmienda, particularmente el derecho a la libre expresión. Se han promulgado reglamentos para establecer quien es elegible para hacer lobby y cuáles limitaciones dinerarias son aplicables. Se requiere registración y presentación de informes por parte de las entidades que hacen desembolsos políticamente motivados.

 A efectos de informes, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de los reglamentos del Servicio de Rentas Internas, distingue entre dos categorías de lobbying: directo y grassroots. Diferentes reglamentos y límites de contribución se aplican a cada categoría. El lobbying directo se define como “una participación o intervención en cualquier campaña política a favor de ó en oposición a cualquier candidato a cargo público”[ii]. Por contraste, lobbying grassroots intenta influenciar al público en general sobre asuntos políticos o legislativos; se orienta a temas de debate más bien que a candidatos. Para comprender el grado de influencia ejercida por PPFA sobre el sistema político, es esencial contemplar la magnitud financiera tanto de sus desembolsos directos de lobbying por candidatos como de sus esfuerzos de lobbying relacionados a temas de debate.

 Frecuentemente, una organización establecida como caridad desea perseguir múltiples objetivos, incluyendo comunicación social proactiva [outreach] y educación caritativas más promoción legislativa y política de causas [advocacy]. La estructura se vuelve sumamente importante para evitar infringir las leyes de desembolsos políticos y lobbying. Esto puede resultar en sanciones monetarias y en la potencial pérdida del estatus de exención de impuestos. La estructura necesaria puede requerir una compleja red de entidades legalmente separadas aunque afiliadas bajo control común, pero con diferentes finalidades declaradas.

 2.3.2.      Estructura de Planned Parenthood

 Planned Parenthood logró este objetivo mediante la inclusión en el conjunto de su estructura de cuatro entidades legales separadas[iii]: (1) Planned Parenthood Federation of America es una organización caritativa exenta de impuestos bajo la Sección 501[c]3 del Código de la Renta Interna (IRC) y tiene prohibición de dedicarse a actividades políticas o a actividades sustanciales de lobbying; (2) Planned Parenthood Action Fund [Fondo de Acción de Planned Parenthood] es una organización de bienestar social exenta de impuestos bajo la Sección 501[c]4 del IRC y puede dedicarse a actividades políticas, siempre que estas actividades no lleguen a ser su finalidad primaria; (3) Planned Parenthood Votes [Planned Parenthood Vota] es una organización política exenta de impuestos bajo la Sección 527 del IRC que procura reunir dinero o para promoción proactiva de temas debatidas [issue advocacy]  o para influenciar la nominación o elección de candidatos; (4) Planned Parenthood Political Action Committee (PAC) [Comité de Acción Política de Planned Parenthood] que procura reunir y gastar dinero con el expreso objeto de elegir o derrotar a candidatos[iv].

 Se hacen significantes desembolsos de dinero por Planned Parenthood para fines políticos. Es extraordinariamente difícil determinar qué organización hace qué desembolso. Esta falta de transparencia es de ayuda para mantenerse fuera del alcance de los perros guardianes políticos. Susanne Martínez, Vicepresidente de Política Pública de Planned Parenthood, escribió en una carta al editor que “de Planned Parenthood el grupo 501[c]4, su comité de acción política (PAC), y su organización 527 gastaron en conjunto más de $9 millones durante las elecciones de 2000”. Sin embargo, no ofreció un desglose del gasto por afiliado individual[v].

 2.3.3        Lobbying de “grassroots”

 El diseño maestro para los temas de promoción legislativa de causas a las que la PPFA se opone puede encontrarse en el caso del Tribunal Supremo de 1992 Planned Parenthood v. Casey, que mantuvo el derecho al aborto a la vez que expandía la capacidad de los estados para regularlo. En litigio en Casey estaban cinco preceptos de la Ley de Control del Aborto de Pensilvania de 1982. Primero, a una mujer que buscaba un aborto se le exigía dar su consentimiento informada antes del procedimiento. Segundo, se requería que le fuera proporcionada información sobre el desarrollo del feto y de los riesgos del aborto para la salud, junto con asesoramiento acerca de alternativas al aborto al menos 24 horas antes de efectuarse el aborto. Tercero, la ley estableció el consentimiento informado de uno de los padres para obtener un aborto una menor, permitiéndose un procedimiento de circunvalación [bypass] judicial cuando fuera necesario. Cuarto, a una mujer casada que buscaba un aborto se le requería firmar una declaración indicando que su marido había sido notificado de su aborto. Quinto, la ley imponía a los centros proveedores de servicios de aborto ciertos requisitos para informes. El Tribunal Supremo anuló tan sólo el precepto de notificación al marido. Todos los demás preceptos se juzgaba que no ponía una “carga indebida”  sobre el acceso de una mujer al aborto. “Carga indebida” se definió como “un obstáculo sustancial en el camino de una mujer que busca el aborto de un feto no-viable”[vi].

 PPFA, junto con otros grupos que abogan por derechos de aborto, tiene una larga historia de oposición a cualquier restricción del aborto. La razón fundamental es que cualquier constreñimiento del derecho de una mujer al aborto sistemáticamente socava las protecciones de Roe v. Wade. Se ha combatido vigorosamente contra leyes federales y estatales e iniciativas propuestas que intentan imponer cualquier límite sobre el acceso sin trabas al aborto. Tanto los esfuerzos de lobbying grassroots como la infusión de significantes recursos financieros en las campañas legislativas se emplean para lograr este propósito. Iniciativas en las urnas que contengan restricciones probadas para reducir el número de abortos se derrotan en las votaciones mediante las campañas efectivas y costosas de la PPFA. Partiendo de la evidencia, la reducción de abortos no es un objetivo de los proveedores del aborto. El aborto es un negocio y los negocios no están a favor de restricciones que llevan a una pérdida de rentas.

 Uno de los temas clave en Casey, confrontado tanto a nivel federal como virtualmente en cada estado, es la implicación parental en el aborto de una menor. Más de la mitad de los estados tienen leyes que exigen consentimiento de ó notificación a los padres antes de que pueda practicarse un aborto en una menor no-emancipada. Sin embargo, estas leyes a menudo se soslayan cuando se transporta a menores atravesando las fronteras estatales a estados que no requieren implicación parental. El Congreso ha intentado prohibir esta práctica y proteger los derechos parentales. La Casa de Representantes de EE.UU. aprobó legislación en cuatro ocasiones entre 1998 y 2005 para hacer que sea un crimen federal transportar a una menor cruzando lindes estatales para un aborto, sin cumplimentar los requisitos de implicación parental en vigor en el estado propio de la menor. Legislación similar fue aprobada en el Senado de EE.UU. en 2006. Fue bloqueada por vía de procedimientos por la dirección de los demócratas del Senado, que han sido receptores consistentes de las contribuciones  de campaña de FFPA y blancos de sus esfuerzos de lobbying. Ninguno de estos proyectos de ley ha sido aprobado.

 En primera línea de la lucha contra la Ley de Protección del Niño, del Senado, y de su contraparte de la Casa de Representantes, la Ley de la Notificación de Aborto Interestatal de Niñas, estaba el lobby del aborto. Fue dirigida por la Federación Nacional del Aborto, NARAL, Pro-Elección America, Planned Parenthood Federation of America, y el Instituto Alan Guttmacher[vii]. Un comentarista expresa de la siguiente manera el dilema que afronta a los proveedores del aborto:

 “Si los promotores del aborto apoyan la reducción de embarazos de adolescentes, como aseveran frecuentemente, entonces ¿por qué son ácidos para con una ley que, según se ha probado, reduce los embarazos de adolescentes? Tal vez es porque, según las propias estadísticas de Planned Parenthood, las obligatorias provisiones para implicación parental dan como resultado una reducción del número de asuntos de adolescentes de 25% a 85% en las clínicas de planificación familiar. (Issues in Brief 4:3, Marzo 1994, Instituto Alan Guttmacher) Esta reducción en número de asuntos crea una reducción en el flujo de caja para Planned Parenthood. ¿Es de maravillarse el que no les gusten las leyes de consentimiento y notificación parentales?”[viii].

 Al nivel de gobierno estatal, treinta y siete de los cincuenta estados tenían leyes de implicación parental en vigor al 15 de junio 2006. Éstas fueron aprobadas o por legislaturas estatales o por los votantes. Los afiliados de Planned Parenthood entablaron pleito en catorce de estos estados para prohibir su aplicación o para anular los estatutos. Otras empresas de aborto presentaron demandas en otros seis estados para evitar la entrada en vigor de las leyes[ix]. Estas impugnaciones tuvieron varios grados de éxito en distintos estados.

 En California, se presentaron a los votantes tres iniciativas de notificación parental[x] durante los últimos tres ciclos de elecciones. PPFA fue consistentemente la financiadora más grande de esfuerzos para derrotar las iniciativas. Las estrategias de campaña incluyeron el uso efectivo de literatura de campaña, muy oportunos anuncios televisivos e impresos, editoriales y reportajes de noticias, y asimismo campañas de llamadas directas. Aunque las encuestas de opinión mostraron consistentemente un apoyo público abrumador a favor de la notificación parental (de 70% a 80%) todas las tres iniciativas fallaron con margen minima a la zaga de unas campañas masivas de anuncios en televisión por Planned Parenthood en las semanas anteriores al día de las elecciones.

 Según declaraciones requeridas por los estados sobre campañas, las operaciones de Planned Parenthood de una parte a otra de la nación gastaron aproximadamente $5.5 millones para derrotar la iniciativa de notificación parental de California en 2005. Gastaron $6,5 millones contra la iniciativa de 2006. Los $10 millones empleadas para la derrota de la medida de 2008 batieron los récords[xi]. Este influjo de fondos provocó a muchos a preguntar si las elecciones estatales están siendo secuestradas por grupos de interés de fuera del estado[xii].

 2.3.4        Lobbying directo

 ¿Qué candidatos políticos son los que la PPFA apoya financiera e ideológicamente? Una comparación de las plataformas de los partidos democrático y republicano en cuanto al aborto responde a la pregunta. La Plataforma del Partido Democrático declara: “Puesto que creemos en la privacidad e igualdad de la mujer, mantenemos con orgullo el derecho de la mujer a elegir, conforme con Roe v. Wade. Creemos que es una libertad constitucional”. La Plataforma del Partido Republicano declara: “Nosotros decimos que el niño no-nacido tiene un derecho fundamental a la vida. Apoyamos una enmienda de vida humana a la Constitución y suscribimos legislación de que las protecciones de la Catorceava Enmienda se aplican a los niños no-nacidos. Nos oponemos al aborto”.

 La inferencia lógica, de que la industria del aborto apoya abrumadoramente a los candidatos del Partido democrático,  se constata por los datos estadísticos compilados por el Centro por Política Responsiva. Esta organización rastrea las tendencias de contribuciones políticas a largo plazo por la industria a partir de información declarada a la Comisión Electoral Federal. Durante los ciclos electorales de 1990 a 2008, la industria del aborto hizo contribuciones de $15.76 millones. De este importe, $12.61 millones, o 80%, fueron para demócratas soportadores de aborto que presentaban candidatura para cargos. La industria del aborto se incluía entre las principales 80 industrias que contribuían al Partido demócrata en cada uno de estos años, clasificándose en 74º lugar (promedio) en contribución total.

 Un repaso de los últimos ciclos electorales indica que los afiliados de Planned Parenthood se clasificaron entre los 50 principales gastadores políticos de la industria del aborto[xiii]. La PPFA es una fuente potencial de contribuciones políticas considerables. Esto da cuenta de gran parte del poder que ejerce en la arena política. También echa luz sobre las razones de porqué candidatos actuales y en potencia buscarían establecer y mantener una relación práctica favorable con la FFPA. Es decir, a no ser que fuertes diferencias ideológicas lo hicieran imposible.

 La lealtad congresista para con este grupo de interés especial se demostró el 29 de julio 2009, cuando la Enmienda Pence para eliminar la financiación [defund] a Planned Parenthood fue derrotado en la Casa de Representantes de EE.UU., primordialmente según líneas partidistas. La enmienda al proyecto de Ley Presupuestaria de Salud y Servicios Humanos declaraba: “Ninguno de los fondos que se hagan disponibles bajo esta ley será disponible a Planned Parenthood para cualquier fin bajo el Titulo X de la Ley de Servicios de Salud Pública”. Las razones para la introducción de la enmienda se articularon por el Representante republicano Chris Smith, de New Jersey. Habló a favor de su aprobación:

 “Planned Parenthood ha causado una pérdida vertiginosa de vidas de niños. La organización hace lobby agresivamente y litiga contra cualquier modesta restricción comprobada para reducir significativamente los abortos e incluso se ha opuesto a prohibiciones sobre los abortos de nacimiento parcial… Planned Parenthood hace lobby y litiga contra prohibiciones de financiación de aborto por los contribuyentes aunque la investigación de la propia Planned Parenthood muestra que las prohibiciones de financiación reducen el aborto en un 20 a 35$”[xiv].

 Como asunto práctico, los fondos gubernamentales que se otorgan a PPFA por una finalidad restringida específica—gastos bajo Titulo X, por ejemplo—resulta en que fondos no-restringidos disponibles sean liberados para otros fines optativos. Esto permite que dineros derivados de cualquier fuente no-restringido puedan apoyar y mejorar el segmento abortivo de su negocio, a discreción de sus directores. Es una ironía que, en más de unos pocos casos, el gobierno haya proporcionado fondos indirectamente a FFPA para capacitarla a litigar casos federales restringiendo el aborto; es decir, casos que requieren notificación parental o que prohíben el aborto de nacimiento parcial. Así, el gobierno se encuentra en la curiosa posición de financiar a su propia oposición en litigios del tipo referido más arriba por el Representante Smith.

 “Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”, advertía el gran emancipador los esclavos, Abraham Lincoln[xv].  El pueblo y el gobierno de los Estados Unidos perecen estar tan divididos sobre la cuestión del aborto hoy como antaño lo eran sobre la esclavitud.

[ii] 42 INTERNAL REVENUE CODE Section 501[h]; Regulation Section 1.501[h]-1.

[iii] 43 PUBLIC CITIZEN, “The New Stealth PAC’s” (2008), in http://www.stealthpacs.org/profile.crm?print=print&org_id=2835 [7-24-2008].

[iv] 44 OPEN SECRETS.ORG CENTER FOR RESPONSIVE POLITICS, “Types of Advocacy Groups” (2009), in http://www.opensecrets.org/527s/types.php [7-29-2009].

[v] 45S. MARTINEZ, “Planning to Spend Big”, Roll Call (5-15-2008), Letters to the editor.

[vi] 46 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).

[vii] 47 AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, “Coalition Sign on Letter Expressing Opposition to the Child Custody Protection Act” (2004), in http://www.aclu.org/reproductiverights/abortion/12586leg30040601.html [7-30-2009].

[viii] 48C.C. GARGARO, “Protecting the Rights of Parents and Young Women–in Defense of the Child Custody Protection Act”, The South Jersey Courier Post (7-12-1998).

[ix] 49NATIONAL RIGHT TO LIFE COMMITTEE, INC., “Parental Involvement Statutes-June 15, 2006” (2006), in http://www.nrlc.org/federal/CCPA/Index.html [7-30-2009].

[x] 50 En un esfuerzo para dar a los californianos voz en el gobierno estatal, la Constitución de California otorga a los votantes un derecho de empeñarse en un proceso de iniciativa para enmendar su constitución, adoptar un estatuto del estado, derrocar legislación aprobada por la legislatura estatal y destituir políticos a nivel estatal y local. El proceso de iniciativa se cree generalmente que beneficia a los movimientos populares [grassroots] .

[xi] 51CALIFORNIA CATHOLIC DAILY, “Undue Burden on Reform-Minded Californians” (2009), in http://calcatholic.web141.discountasp.net/news/newsArticle.aspx?id=4c430d5a-5a7c-48d9-8ad5-c1622a66f1ef [10-15-2009].

[xii] 52Cf. W.F. JASPER, “California’s Prop 4: Abortion and Parental Notification” (2008), in http://www.thenewamerican.com/index.php/culture/family/371?tmpl=component&print=1 [7-30-2009].

[xiii] 53 OPEN SECRETS.ORG CENTER FOR RESPONSIVE POLITICS, “Abortion Policy/Pro-Choice: Long-Term Contribution Trends” (2008), in http://www.opensecrets.org/industries/indus.php?ind=Q15 [5-25-2008].

[xiv] 54CATHOLIC NEWS AGENCY, “U.S. House Votes Down Pence Amendment Intended to Defund Planned Parenthood”, (2009), in http://www.catholicnewsagency.com/utilities/myprint/print.php [7-29-2009].

[xv] 55 En su discurso aceptando la nominación del Senado de 15 de junio, 1858, Abraham Lincoln citó a Mateo 12:25 refiriéndose a la división del país entre estados esclavistas y libres.

 (Nota del traductor: Los números romanos superíndice [de i al xv] de pie de página se refieren al tramo del texto de esta traducción publicada en esta edición del blog. Los números arábigos [de 41 al 55] son de las notas pie de página del texto original en inglés.)