A la Administración le ha salido un ciudadano exigente. «Soy un peleón. No me gusta que me impongan las cosas», afirma José Rivera Vila, prejubilado de banca de 58 años, mientras saca de su carpeta decenas de escritos. En octubre del 2006 comenzó su epistolar relación con la Xunta, cuando en la delegación coruñesa de la Consellería de Economía e Facenda solicitó el modelo 600 para el impuesto de transmisiones patrimoniales, que incluye 4 hojas de instrucciones, y se lo dieron todo en gallego. «Soy de aquí y entiendo y hablo el idioma, pero me puse en el caso de una persona de fuera y lo pedí en español», recuerda. Como no existía la versión castellana, mandó una primera reclamación a la Xunta. Semanas después le contestaron, en gallego, desde la Secretaría Xeral de Política Lingüística, sin darle una solución clara a su demanda.
Ahora, tras un continuo intercambio de misivas, consiguió que la Administración autonómica le facilite los impresos en el idioma que exigía. Se lo hicieron saber, en castellano, desde al área de Derechos Lingüísticos. «Quiero que todo el mundo sepa que puede demandarlos, aunque dudo que dispongan de ellos en todas las delegaciones», reflexiona. Pero el conflicto lingüístico de este coruñés no quedó ahí. El pasado viernes inició una nueva batalla, en este caso contra el Servizo Galego de Saúde. «Para una intervención quirúrgica querían que firmase un consentimiento que viene redactado en gallego. Pedí la hoja de reclamaciones y tampoco la hay en castellano, así que utilicé un folio en blanco para redactar mi demanda», explica Rivera, que asegura estar dispuesto a llegar en este caso «hasta donde haga falta».
Fuente: La Voz de Galicia
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