Archivo Mensual de Agosto, 2008

El “progrerojerío”, Meirás y De Juana

En nuestra sociedad existe un “progrerojerío” que domina en gran parte la opinión pública española. Una y otra vez los miembros de esta especie de secta tratan de dictarnos lo que tenemos que pensar y lo que podemos o no decir.

En las últimas semanas hemos podido ver la incoherencia de su postura con dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro y que afectan a los españoles y al bien de nuestra sociedad de forma muy diferente.

Me refiero por un lado a la excarcelación de De Juana Chaos, después de estar en la cárcel menos de un año por asesinato cometido y sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento y, por otro, a la polémica sobre el asunto de la propiedad del Pazo de Meirás.

El primero es un asunto que entra de lleno en el problema que persistentemente más ha preocupado a los españoles en los últimos treinta años. Está relacionado con el dolor de tantos españoles que han visto sus vidas mutiladas por defender unas ideas de solidaridad y de bien común. Pues bien, respecto a esta vergonzosa excarcelación, basada como se ha demostrado en la falsificación de títulos universitarios realizados presuntamente por el asesino y causada por la dejación de los distintos poderes del Estado (jueces, legisladores y ejecutivo) que avergüenza a cualquier ciudadano de bien y exigiría una petición de perdón colectiva de nuestra clase política (aunque en aras de la justicia no todos han sido iguales en estos treinta años como demuestra la diferencia de la chapuza de los GAL frente a la persecución policial e internacional de otros momentos) el “rojiprojerío” ha llegado a decir que “basta ya de lloriqueos” (Vestrynge), mostrando su acuerdo con la reducción de pena del asesino (el “Plural”) y que De Juana ya había cumplido y que debía aplicarse la ley (María Antonia Iglesias, Garzón) olvidando que el etarra ha disfrutado de reducciones basadas en documentos falsos.

Pero cuando se habla del uso de un pazo coruñés entonces el “rojiprojerío” descubre la importancia que para el día a día de la vida de los españoles tiene su posesión y su propiedad. Entonces quien invoca que lo que debe hacerse es que se cumpla la ley, y si el derecho de propiedad se basa en un falso título que quien tenga legitimidad lo impugne, es un desalmado que se ríe del sufrimiento de mucha gente.

Estas dos varas tan distintas de medir demuestran que el “rojerío” que nos pretende dominar tiene solo fines ideológicos y que carece de los más mínimos sentimientos de compasión y de justicia. Reaccionan como si fuera un sarpullido ante el tema de De Juana porque les recuerda la vergonzosa actuación de su líder ZP en la última legislatura y tratan de ocultarlo por polémicas infantiles como la de Meirás.

¿Qué es más importante hoy en pleno siglo XXI para nuestro bien común, preocuparnos por derrotar definitivamente al terrorismo o debatir como nación a quién pertenece un pazo gallego? ¿Cómo puede reírse este progresismo de pacotilla del dolor de tantos españoles pidiendo que se acabe el lloriqueo y al mismo tiempo plantear como un asunto de gran calado la mera posesión de un bien que seguramente tras la muerte de su actual propietaria deba ser traspasado a la Administración como sucede con tantos bienes heredados por múltiples personas?

Cataluña y Extremadura, ¿quién vive de quién? Demagogia, borreguismo, solidaridad y subsidiariedad

Son bastante recurrentes las soflamas de determinados representantes políticos que denuncian que sus regiones son excesivamente solidarias con otras. Unas denuncias son más cautas en las formas, otras estridentes y fuera de lugar.

Una reciente, protagonizada por un representante comunista de ICV, invita sarcásticamente a apadrinar “a un niño extremeño por 1.000 euros al mes” ya que “un 8,7% del PIB catalán no es suficiente”. Es curiosa esta salida totalmente fuera de lugar por la que parece que ha pedido disculpas. Demuestra que la pretendida solidaridad con los que no tienen, invocación machaconamente repetida por la progresía marxista y socialista a la que este político pertenece, no es en muchos de ellos más que una pose que ha engañado a lo largo de la Historia a mucha gente y militantes de buena fe.

No sería de extrañar que este mismo concejal o el exdiputado Joan Puig de ERC, que ha salido en su defensa, denuncien la insolidaridad de todo el mundo occidental con el hemisferio sur, sin justificar por qué hay que ceder PIB para los más lejanos pero no para los más cercanos.

Desde la Junta de Extremadura se señala que “Suñé –el concejal de ICV- es un cargo público y que, aunque su campaña sea a título individual, es despreciable pero que ahora lo que hay que hacer es “pasar página”, pero “sin olvidarnos de que cuando se dicen estas cosas es porque hay un caldo de cultivo”.

No hay que entrar en la polémica absurda planteada por unos y otros pero sí que habría que preguntarse por qué unas regiones no consiguen un mayor desarrollo a pesar de las ayudas que reciben. Quizás gran parte de la causa sea la creación de un nuevo clientelismo político que lleva a las “élites gobernantes” de esas zonas a perpetuar una situación que les mantiene en el poder a costa del bajo crecimiento de sus regiones.

Este debate, planteado desde la solidaridad de todos y no desde el egoísmo sí que sería un debate sano y útil. Los planteamientos de que “yo no quiero aportar” no sirven. Vale una propuesta sana y razonable donde se invite a la responsabilidad de cada persona, de cada familia, de cada ayuntamiento y de cada región consigo misma y con el conjunto de la nación y del mundo.

Nos deberíamos preguntar si en España y en Europa con los modelos que hemos ido creando no se está en gran parte subvencionando, en todas partes, aunque quizás más en unos sitios que en otros, la picardía y el vivir sin producir. Nos debíamos preguntar si no nos estamos invitando a vivir del cuento más de la cuenta y qué soluciones habría para solucionarlo.

El debate sería si no debemos devolver a la sociedad civil, a cada persona, a cada familia, a cada región, gran parte de la responsabilidad de su propio desarrollo, ayudando en aquellos casos en los que sea necesario pero haciendo ver qué el futuro de cada uno es sobre todo responsabilidad propia y que la sociedad debe ayudar pero nunca suplir y mucho menos fomentar situaciones de nula productividad.

La solución pasaría por una revisión profunda que apueste decididamente por la subsidiariedad y que permita a cada persona y a cada familia tener una mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que le incuben, empezando por la educación, la sanidad, el trabajo, etc.

Para ello habría que plantear una profunda reforma fiscal pensada en las personas y en las familias. Y sabiendo que es algo que afecta a todas las regiones españolas.