Archivo Mensual de enero, 2009

Marina, defensor de la EpC, nos da razones para objetar

José Antonio Marina, firme defensor de EpC, nos muestra hoy en El Mundo algunas de las razones que explican por qué debemos objetar a esta asignatura.

Tras una breve introducción afirma “El estudio obligatorio de los derechos humanos y de las normas básicas de convivencia no atenta contra la libertad de los padres. Son valores comunes que todos tenemos que respetar. Los padres olvidan que su derecho a educar, así como la libertad de conciencia y creencia, están protegidos por la Declaración de Derechos Humanos”.

Respecto a este párrafo poco hay que objetar. Si de verdad EpC enseñase los Derechos Humanos y las normas básicas de convivencia, sabemos que no habría ningún problema. El problema está en qué se entiende por esas “normas básicas”  e incluso por los “Derechos Humanos”, ya que nuestro Presidente camufla su destrucción de la sociedad bajo el eufemismo de “nuevos derechos”.

En lo que se equivoca totalmente Marina es en decir que los padres olvidan que la legislación reconoce su derecho. No lo han olvidado como demuestra el hecho de que van a proseguir su heroica lucha acudiendo al Constitucional y al Europeo si hace falta.

A continuación, el Catedrático, tiene la inmensa caradura (perdonen Vds. pero no hay otra forma de hablar de esta incoherencia) de imponernos su particular concepción del origen de estos Derechos, “son derechos que proceden de una ética universal y laica, que las religiones han tardado en admitir”. Me parece muy bien (es un decir) que el sr. Marina opine así pero hay padres que opinan, y que saben, que el fundamento de los Derechos no puede ser otro que la común naturaleza del ser humano, que responde a un orden querido por un Ordenador. Me parece muy bien (es otro decir) que él considere que el origen de los Derechos Humanos sea “laico” (¿qué entiende por esta palabra?). Pero debe comprender que hay padres que opinan que las tradiciones religiosas también han aportado mucho e incluso más a la concepción de persona y a la consiguiente fundamentación de los Derechos Humanos. Debe entender que el papel de Vitoria y de la escuela de Salamanca y la disputa sobre las Leyes de Indias y el Derecho Internacional son para muchos el verdadero origen del debate sobre los llamados Derechos Humanos.

Parece que Marina sacraliza lo laico y desprecia lo religioso. Es una absoluta estupidez. Tampoco debemos caer en lo contrario. La tradición puramente laica (si es que existe) y la religiosa (si la hay) deben dialogar, enfrentarse con la razón, estudiar las consecuencias que han tenido sus teorias y vivencias y purificarse de esta manera de adherencias que no debieran haberse pegado a lo largo de la Historia. Razón y fe, cuando ambas son verdadesras, no están enfrentadas, sino que deben ayudarse mutuamente a hacer un mundo mucho más justo. La razón debe ayudar a la fe a purificarse de sus adherencias falsas pero también la fe debe ayudar a la razón a librarse de falsos raciocinios (ya lo puso de manifiesto Ratzinger explicándolo mucho mejor, claro)

Sin embargo Marina parece renegar de las tradiciones religiosas para creer que todo progreso ha venido solamente de un proceso que él denomina “laico”.

Afirma también que “la ideología de género -que no es más que la afirmación de que las diferencias entre varón y mujer son culturales, y no meramente biológicas- no figura en el currículo y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la asignatura”.

Si eso sólo fuera la ideología de género nadie habría objetado por esta razón. Dicha ideología va mucho más allá, por ejemplo, en la concepción del matrimonio que deja de ser la unión de hombre y mujer para formar una comunidad de vida y amor para pasar a ser otra cosa completamente diferentes. Y que no esté presente en EpC es otra opinión de Marina que cualquiera puede contrastar leyendo los Manuales de la asignatura.

Por último señala “.¿Cómo no va a ser necesaria una educación en valores cuando las encuestas nos dicen que más del 40% de los españoles creen que no hay normas morales universales y que cada cual elige las suyas?”

Creo que nadie discute que haga falta una educación en valores. Pero lo que se discute es quién debe determinar qué valores reciben nuestros hijos, los hijos de cada uno. ¿Debe ser una mayoría parlamentaria, que por naturaleza es cambiante? ¿Me pueden mis vecinos obligar a enseñar a mis hijos una forma de ver el mundo que no es la mía? Si la soberanía propia del Estado lleva a que tenga la capacidad de definir esos valores estaremos cayendo en un Estado totalitario que adoctrina a los más indefensos y lleva sus meras opiniones a la categoría de religión oficial, eso sí, religión laica.

Muy acertada y ponderada me ha parecido, por el contrario, la opinión de Navarro Valls, que afirma que en el conflicto entre una competencia, la de determinar los contenidos de una asignatura, y un derecho fundamental, el de educar a los hijos en las propias convicciones, los 22 jueces de la deshonra del 2009, han optado por dar preferencia a la competencia del Estado.

La libertad de educación se la juega el lunes 26 en el TS

El lunes 26 el Tribunal Supermo se reune para decidir si en España hay o no libertad de educación.

Los poderes públicos por su naturaleza existen para el servicio al bien común, para la defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona.

La educación es ante todo un derecho de los educandos. Corresponde a éstos por tanto la facultad de decidir que tipo de educación deben recibir. Cuando el sujeto de la educación no puede decidir por sí mismo, este derecho debe ser ejercido en su nombre por quienes tienen su patria potestad, normalmente los padres.

Así está inscrito en la naturaleza del ser humano y de la sociedad con los únicos límites de actuar en favor del educando y de no atentar contra su sano crecimiento.

Base legal

Nuestra Constitución es clara en este punto. El art. 27 reconoce la libertad de enseñanza. Ante la previsión de que cualquiera, y especialmente los poderes públicos constituidos para salvaguardar nuestros derechos, se extralimten en su actuación, tratando de imponer desde la educación su propia forma de ver la realidad, el apartado 3º del citado artículo señala “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

El Gobierno de turno podrá estar o no de acuerdo con las convicciones de los padres, pero como señala este precepto, debe respetarlas y permitir y fomentar que sus hijos reciban una educación conforme a esas convicciones que no comparte el que ejerce la autoridad ejecutiva.

Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en su art. 26 el derecho a la educación, su carácter obligatorio y gratuito en la etapa elemental y define su objeto como el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Pero no se olvida de reconocer expresamente que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, dispone en su Principio 7 que “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a los padres” 

En el punto 5.b) de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza , aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960 se establece que “los Estados parte se comprometen a respetar la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales:

1º De elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes.

2º De dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determina la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones, en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratifica en su art. 13 apartado 3 la libertad de educación reiterando el compromiso de los Estados-partes de respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Además añade en el apartado 4 del mismo artículo el reconocimiento de la libertad de centros docentes: “Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir institucionaes de enseñanza a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en estas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescribe el estado”

Las libertades educativas de los textos de Naciones Unidas han sido ratificadas por distintos organismos europeos. El Convenio de Roma afirma que “El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”

El Parlamento Europeo ha ratificado que “Toda persona tiene derecho a la educación. La enseñanza será libre. Se asegurará el derecho de los padres a hacer impartir esa educación de acuerdo con sus convicciones religiosas y filosóficas” (Declararción del Parlamento Europeo sobre los derechos y libertades fundamentales, aprobada el 12 de abril de 1989). Asimismo “El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible el ejercicio práctico de este derecho, incluso en el aspecto económico, y de conceder a los centros las subvenciones públicas necesarias para el ejercicio de su misión, y el cumplimiento de sus obligaciones en condiciones iguales a las que disfrutan los correspondientes centros públicos, sin discriminación respecto a las entidades titulares, los padres, los alumnos o el personal; sin embargo, esto no impide que se pida a las escuelas creadas por la iniciativa privada una determinada aportación personal que refleje su propia responsabilidad y tienda a fortalecer su independencia” (Resolución I.9 del Parlamento Europeo de 16 de abril de 1984)

Conclusión: Nos jugamos el mismo fundamento de nuestro régimen democrático

Como creo que se ha puesto de manifiesto, de parte de los objetores están la justicia y las leyes positivas. De parte del Gobierno la fuerza del poder. En manos del Tribunal Supremo convertir lo primero en papel mojado y lo segundo en el único criterio rector de nuestra vida social y política: lo que decida el Gobierno debe ser lo que todos hagamos, aunque invada la esfera más íntima de las conciencias personales, o de las vidas de las familias, de las empresas o de cualquier institución social.

Es más, si por Democracia se entiende un régimen político que reconoce derechos inalienables entre los que se encuentra el de conciencia y el de la libertad de educación, es el mismo carácter democrático del Estado español el que está en juego.

Una Sentencia no respetuosa del derecho fundamental de los padres sería un atentando a la línea de flotación de nuestro ya endeble sistema político y arrojaría a multitud de padres a un nuevo circo de los leones por no comulgar con las ideas propias del poder.

Mayor Oreja: ¿de héroe a villano?

La decisión de Mayor Oreja de presentarse al frente de las listas del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy ha suscitado diferentes comentarios.

Para criticar serenamente la decisión de Mayor hay que ver cuáles eran sus alternativas:

a) No presentarse y contentarse con ser un referente moral para una gran parte de la sociedad española. En este caso debería pasar a la espera de un cambio en el PP tras su descalabro (si se produce) en las tres citas electorales que se avecinan para volver a tener un puesto de relevancia en este partido

b) Aceptar ser la cabeza de lista y con ello asumir la colaboración con un Rajoy que en muchos temas parece haberse adaptado al nuevo régimen establecido por Zapatero y tan criticado por Mayor. En este caso si consigue un buen resultado en las elecciones seguirá contando en el partido, podrá ocupar puestos de responsabilidad en Europa, y habrá desencantado a una cierta parte de los que confiaban en él como alguien que no se iba a doblegar ante el nuevo PP de Rajoy.

c) “Liarse la manta a la cabeza” y al estilo Rosa Díez pero “en bueno” haber liderado una alternativa al Partido Popular.

Confieso que la que a mi más me hubiera gustado es esta última. Con nuevas opciones políticas la sociedad tendría más alternativas y entraría un aire rejuvenecedor y oxigenador en nuestra política.

También entiendo todas las dificultades que esta opción tiene. Nadie hasta la fecha (ni liberales, ni conservadores, ni social cristianos, nadie) se ha atrevido a salirse del PP de Rajoy y dar una alternativa a la sociedad española. Sabemos que los partidos se han convertido en una especie de secta de la que es difícil salir y mucho más para fundar una alternativa. Hasta la fecha solo gente de izquierdas se han atrevido a dar el paso (ya fuera Nueva Izquierda en su día y ahora UPyD y Ciudadanos, aunque estos dos últimos recojan votos de todas las orientaciones políticas, son muy intervencionistas)

En cualquier caso, Oreja ha optado por la segunda opción. Se puede compartir o no. Se puede criticar o no. Ya he dejado clara cuál es mi preferencia. Pero entiendo que Mayor, porque es lo más fácil, piense que siendo el cabeza de lista del PP, y manteniendo su mismo discurso, pueda hacer más bien a la sociedad española que retirándose o presentándose como alternativa. Y esto se puede compartir o no.

Pero, una vez criticada su postura de presentarse o no, hay que ser muy justo con la valoración de su persona y de su discurso pesente. Mayor es, indudablemente, un hombre íntegro. Y no ha cambiado su forma de ver España y su forma de diagnosticar lo que nos sucede: estamos en una grave crisis nacional motivada por una crisis de valores en la sociedad y por un egoísmo particularista, los nacionalismos, últimamente agravado por el apoyo del Gobierno central.

En su entrevista en el ABC lo deja claro. No veo en la misma que haya cambiado ni un centímetro su discurso anterior.

Así señala que actualmente estamos en las consecuencias de la chapuza de lo que se llamó “la segunda transición”: “Entonces los españoles estábamos ante el impulso de lo que yo llamaba la «segunda transición», ahora estamos en la irrupción de la gran chapuza nacional que alcanza a todos los terrenos de nuestro ordenamiento interno y nuestra proyección exterior, como siempre ocurre en la historia de España cuando se hacen experimentos raros, cuando se quiere hacer una nación irreconocible para la anterior”.

También añade: “Nuestra crisis nacional deriva más de las tensiones nacionalistas, pero también influye el hecho de que nos hemos dotado de unas estructuras políticas que están por encima de nuestras posibilidades, con un excesivo gasto público. Pero nuestro problema fundamental no es ese, sino la falta de convicción y de creencia en un proyecto de nación, la confianza en que España es una gran nación. Eso hace que nuestros adversarios se crezcan”.

En conclusión. Se puede criticar por su apoyo al PP de Rajoy la decisión de presentarse como cabeza de lista. Pero esa crítica no debe llevarnos a criticar lo que no hace o no dice. Si llegara a sumarse, aunque fuera parcialmente, a los que tratan de acabar con nuestro ordenamiento para dar lugar a algo nuevo, en ese caso, sí habría que ser tajante y denunciar ese comportamiento.