En un interesante resumen del debate protagonizado por Mc Cain y Obama, Elentir nos indica que el veterano senador y soldado ha apostado por “un discurso bastante liberal”, justificando tal adjetivo por su defensa del “recorte de gasto del Gobierno, rebaja de impuestos y saneamiento de la economía”.
No digo que el calificativo no le pueda venir bien. Pero ese mismo mensaje puede ser defendido desde una posición que podríamos denominar social, o desde una concepción cristiana que defiende el principio de subsidiariedad, o desde una posición conservadora que reconoce el papel fundamental de la familia y de la libertad en la construcción del bien común de la sociedad, e incluso en una posición “tocquevilliana” de denuncia de los peligros de un exagerado intervencionismo de las democracias que lleven a la anulación de la vida social y de la libertad.
Por otra parte, en nuestra querida tierra vasca, el que se parece a Mr. Spock, con esa calva cada vez más extraña que luce (debe ser cosas de peneuvistas, recordemos a Anasagasti), se atreve a afirmar, poco después de los atentados de sus paisanos de ETA (la mayor parte compatriotas míos), sin esperar ni siquiera a que acabe el luto oficial, que el pueblo español, Vds. y yo, pero también todos los habitantes del País Vasco (al menos español) oprimen a esa parte de España, y no aceptan la existencia del pueblo vasco.
Mucho hay escrito sobre los entes colectivos. Unos llegan a negar del todo su existencia afirmando que lo único real son las personas individuales. Otros, en una concepción más realista de la sociedad, afirman la existencia de entidades naturales que van desde la familia hasta la comunidad internacional entera, que son también de alguna forma, entes de derechos y deberes (aunque indudablemente su titularidad final corresponda a las personas). Por último otros llevan la existencia de estos colectivos a extremos en los que se anula la personalidad individual, que solo existe por y para el todo (fascismos y comunismos de todo pelaje)
Ibarreche pretende confrontar al pueblo vasco con el pueblo español, tratando de decir que ambos no pueden existir al mismo tiempo. Se olvida que uno puede formar parte del otro, y compartir gran parte de sus destinos. Otra cosa es que de la existencia de un determinado pueblo, se derive su derecho a tomar cualquier tipo de decisión.
Aquí caben dos posturas. Una voluntarista que indica que lo único que debe primar es la voluntad de cada quien sin referencia a ningún orden, ya sea positivo o natural. De esta forma los vascos podrían decidir separarse del resto de España sin pensar más que en sí mismos y en lo que “voluntarísticamente” quieran.
La segunda es vincular esa decisión a un determinado orden, primero positivo. El marco jurídico de la sociedad es aquel que le sirve también (junto con otros lazos profundos forjados a lo largo de la Historia) vivir en una cierta paz y serenidad. Para tomar decisiones que afecten a todos es necesario, generalmente, actuar conforme a ese orden. La excepción debe basarse en la injusticia flagrante de actuar dentro de ese orden positivo establecido. Pero, por lo general, para reformar cualquier ordenamiento, salvo que sea imposible, siempre es mejor ir cambiándolo basándose en los aspectos positivos que tenga, que tratar de acabar con él mediante una violenta Revolución.
En esta segunda postura cabe también, junto a la vinculación al orden positivo, ir más allá. Ser consciente de que nosotros no somos seres aislados, sino que somos herederos de un pasado, con sus cosas buenas y malas, y que debemos dejar este mundo y esta España en la que estamos a las generaciones venideras, tratando de donárselo en mejor situación de la que lo recibimos. Es una solidaridad histórica. Por ello cualquier decisión en materia política o económica debe hacerse, máxime en este mundo globalizado, teniendo en cuenta el bien común de todos los afectado, la solidaridad entre todos, participando de ella también las generaciones pasadas y sobre todo las futuras.
Por ello el planteamiento de Ibarreche es políticamente despreciable al hacerse sobre el asesinato de tantas personas, positivamente revolucionario al tratar de saltarse las normas actualmente establecidas en España a través de nuestro ordenamiento jurídico, y moralmente insolidario al desvincular su consulta de razones de bien común y solidaridad.
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