“VOX, Democracia, frente a Bipartidismo Político”

Poco antes del inicio de la campaña electoral, el mismo día y casi a la misma hora, hablaban tanto Esteban González Pons (PP) como Ramón Jaúregui (PSOE), sobre la importancia del bipartidismo, sobre la estabilidad que ofrece, y sobre su conveniencia, para no tener que depender de partidos minoritarios que condicionen la política general. Si no fuera porque en España ya “casi” estamos curados de espanto, estas manifestaciones me habrían sorprendido mucho: en primer lugar, porque parece que ambos macropartidos compartan el mismo gabinete, o estén al teléfono a todas horas pasándose los discursos, porque es curioso que el mismo día enviaran, PP y PSOE, el mismo mensaje. Quizás tienen miedo a quedarse sin pastel: “hoy un poco más para ti, mañana algo más para mí”. Por otra parte, subestiman a los españoles, porque todos sabemos que han sido ellos quienes, en perjuicio de todo el pueblo español, y en perjuicio de la solidaridad, se han arrendado (por no decir vendido) a causas particulares, bajo el yugo de coaliciones de gobierno con partidos minoritarios, con intereses antiespañoles. En tercer lugar, cambian de opinión nada menos que respecto del modelo de democracia, con la mayor impunidad, porque ahora defienden sin reservas el bipartidismo, cuando en la instauración de la democracia, y a la hora de otorgarnos la Constitución de 1978, esos mismos partidos lo negaron.

Es triste ver cómo, una vez adquirido el poder, los grandes partidos sostienen que la democracia pasa por su permanencia como estructuras políticas únicas, en detrimento del derecho de otros partidos -y de los ciudadanos en general-, de plantear otras opciones políticas. Además hablan desde la ignorancia política: según el modelo de democracia de Liphart, el bipartidismo se da en las democracias mayoritarias y no en las consensuales, entre las que se integra España; y en estas democracias, nos encontramos con un unicameralismo fuerte (en España hay dos cámaras), el sistema electoral es mayoritario (en España es proporcional, aunque ponderado), hay fusión de poderes y un dominio a ultranza del gabinete de gobierno (en España, en teoría, hay un equilibrio de poderes ejecutivo-legislativo), el gobierno es unitario y centralizado (en España es autonómico y descentralizado en 17 pseudogobiernos), hay pluralidad de grupos de interés (en España los grupos de interés están absolutamente corporativizados), la Constitución no es escrita y es declarativa de derechos (en España es escrita, rígida y constitutiva), etc.

Decir, pues, que el bipartidismo es lo mejor para España, podría ser compartible o no, pero desde luego no tiene cabida en nuestra legislación, ni en nuestra distribución territorial, ni en nuestra ley electoral (a pesar del beneficio que otorga la Ley d’Hondt a los partidos mayoritarios). Por tanto, ¿por qué el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en que, “o ellos o el caos”? Pues porque si pierden el poder, después de haberse convertido en “holdings” políticos con mil tentáculos e intereses creados, para ellos sí vendrá el caos, la nada. Por eso el PSOE prefiere que gane el PP, a que suba el voto de UPyD, puesto que este partido ocupa ideológicamente el mismo sitio que pretende ocupar el Partido Socialista, a pesar de haberse radicalizado. Es algo así como: “me voy pa la izquierda más radical, pero el centro izquierda no me lo toques, que también es mío”. Y por eso el PP prefiere “arreglarse” con el PSOE, su eterno rival, antes que permitir que VOX pueda ocupar el espacio político que el PP abandonó hace ya tiempo, olvidando sus principios humanistas, y moviéndose tanto que se ha pasado de frenada, situándose en un espacio político que no es el suyo. ¡Claro que quieren el bipartidismo!; ahora que ambos hacen y deshacen, y se reparten el pastel. Y si en algún momento necesitan algún apoyo, prefieren recurrir a los nacionalistas, que contar con partidos que podrían disputarles el poder central.

Creo que ha llegado el momento de acabar con el “voto útil” y con el “voto cautivo o del miedo”. Del mismo modo que se utilizó el miedo a “¡que viene la derecha!”, también se utiliza el miedo a “¡que viene el frente popular!”, y con eso, unos y otros siguen mandando, y haciendo de las suyas. Es verdad que para un votante liberal-conservador, o demócrata-cristiano, el gobierno de la izquierda puede suponer un evidente disgusto, pero a cambio, se permite la perpetuación en el poder de un PP sin médula espinal -incomprensible, y perdido en la vorágine de la ideología socialista-relativista-, que antes o después igualmente cederá el poder a la izquierda de carnet. Es la resignación a “lo menos malo”; que en definitiva es malo también. Después de casi cuarenta años de democracia en España, los ciudadanos merecemos “subir de categoría”, y que se nos considere mayores de edad, ciudadanos “sofisticados”, en terminología politológica. Hemos tardado un poco más, pero España ya es una sociedad con valores postmateriales, de los que hablaba Inglehart, y merece una participación política más activa, y un peso mayor del ciudadano en el día a día de las decisiones, de modo que no se limite la participación política al voto cada cuatro años. Es lo que Habermas denominó “gramática de las formas de vida”. Es verdad que en épocas de crisis como la actual, el ciudadano vuelve a los valores materiales, básicos para la subsistencia (el empleo, el sustento, el consumo, etc.), abandonando siquiera un poco los valores postmateriales; pero a pesar de ello, la relación entre el ciudadano y los partidos políticos ha de ser más cercana y directa: por la intermediación de las asociaciones, de las organizaciones sindicales, por la afiliación a los partidos, por el contacto con el político en las redes sociales, actividades de protesta, el boicot o consumo político, etc. (es lo que Kitschelt llamaba el paso del fordismo al post-fordismo, de lo hecho al por mayor a lo hecho a mano, del prêt a porter a la alta costura). Y en esta sociedad más participativa, más sofisticada, el ciudadano tiene derecho a saber la verdad, a que no se le manipule con doctrinas viejas sobre votos del miedo, y se le dé toda la información posible sobre las distintas opciones políticas posibles, para tomar sus propias decisiones.

En nuestro país se ha vetado a VOX, se ha bloqueado la difusión de VOX, se ha prohibido cualquier referencia a VOX en “casi” todos los medios. Al Partido Popular le molesta más VOX que UPyD; y si bien esta conducta es antidemocrática y culpable, no por ello deja de tener sentido, puesto que VOX es todo lo que el PP querría ser pero ya no puede; es todo lo que el PP fue o pudo haber sido, pero ya es tarde; es la esperanza y la conciencia de los votantes del PP que se sienten defraudados, desencantados, desengañados y no representados. El PP es como el perro del hortelano, que “ni come ni deja comer”. El PP ha abandonado su sitio y se ha movido hacia el más puro relativismo, pero quiere quedarse con el voto de los ciudadanos que no están de acuerdo con esa deriva. Pues ahí está VOX. La desvergüenza mayor del PP y del PSOE es defender el bipartidismo en un sistema multipartidista, pero además diciendo que ese bipartidismo pasa por ellos y por nadie más. Sin embargo, ocultan que el bipartidismo puede darse con dos partidos más alguno minoritario (no nacionalista, obviamente); y ocultan que los mayoritarios de hoy pueden ser minoritarios de mañana e incluso desaparecer, y ser sustituidos por otros más limpios, o con menos “deudas”. Eso pasó con la UCD y no pasó nada. Al fin y al cabo, el actuar político en una sociedad democrática, es una cuestión de libertad, y para un político, además, debe ser una cuestión de dignidad; decía Cervantes, por boca de Don Quijote: “La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre: por la Libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida…” Por ello, frente a la hipocresía de las maquinarias de poder enfermas y prepotentes, sólo cabe provocar democráticamente una vuelta imprescindible hacia la pulcritud política. VOX puede ser un buen comienzo.

Doctor en Derecho

Licenciado en Cienc. Políts. y de la Admón.

Universidad de Valencia

 

Víctor Manuel y los “langostinos”

Es que no hay nada como leer las declaraciones de nuestros artistas para ver que aunque su arte sea distinto (en este caso la música), les encanta el teatro. Y teatro es lo que hace la SGAE cuando intenta justificar lo injustificable. Ahora resulta que según el cantautor español Víctor Manuel, si unos novios pagan los langostinos de su boda, de igual manera han de pagar la música. Pero si esto es así, yo me pregunto: ¿es que los langostinos de cada banquete son siempre los mismos? ¿Es que cada pareja de novios paga los langostinos como si fuera un ritual, y luego los guardan para que otra pareja también los pague, y se vuelven a guardar? Porque sólo así tendría sentido la “absurda” comparación. Es decir que cuando en un banquete suena “Si tú me dices ven” (igual me hacen pagar por decir el título), resulta que ya no vuelve a cantarse nunca más, y por eso hay que pagarla.

Pues no, querido cantautor español; no. La verdad es que la música la ha pagado el empresario de hostelería al adquirir el “artilugio” que sea con el que se reproduce; y una vez pagado el producto, lo lógico es no tener que pagar más por él; de igual modo que cada pareja de novios paga “sus” langostinos; y se los comen, porque la siguiente pareja paga “otros” langostinos.

Lo que ocurre es que cuando no hay argumentos, los argumentos que se utilizan no son argumentos; son excusas.

Al final resultará que, después del montaje de “la ceja”, cuando cada uno de los humanos nos toquemos nuestras propias cejas, igual tenemos que pagarles algo a esos “artistas”. Al tiempo.

El Arte de lo “Bueno” y de lo “Justo”

(un extracto de este artículo fue publicado en el núm. 663, de 12 de nov., de la revista ALFA y OMEGA)

Ius est ars boni et aequi; así hablaba el jurista Celso, señalando que no es posible construir un ordenamiento jurídico, unas normas de convivencia ciudadana, olvidando que el derecho está al servicio de la sociedad, y no al revés, pues cuando esto sucede el derecho se empobrece, se vulgariza, y se convierte en un yugo que aprieta, en lugar de ser un instrumento de civilización y de desarrollo.

Esto es lo que ocurre cuando se dictan leyes que no responden a una demanda social, o que olvidan la dimensión ética del ser humano; cuando se hacen políticas que responden a intereses espurios, que no son vistas por los ciudadanos como necesarias. Por eso, cuando así se actúa, no se está legislando para la sociedad sino que se está dirigiendo a esa sociedad hacia donde quiere el legislador, a modo de “animal de carga” al que se le limita la visibilidad para ir sólo hacia donde se le ordena. Pretender que el derecho es ajeno a todo, es neutral, es “aideológico”, es desconocer su propia esencia, es negar 25 siglos de historia, es vaciar al derecho de su propia razón de ser. Porque a pesar de la generalidad y objetividad de la norma, el abogado no actúa desprendido de su conciencia, el juez no dicta sentencias olvidando sus principios, el pueblo no acoge el derecho prescindiendo de sus valores. De ser así, se justificarían los argumentos utilizados en los juicios de Nüremberg por quienes se excusaban en la “obediencia debida” a la hora de aplicar leyes inmorales e injustas.

La doble dimensión del derecho, que gravita sobre lo que está bien y mal, sobre lo que el hombre como tal puede aceptar o no, es lo que justifica que en casi todos los países del mundo occidental, existan cláusulas de conciencia, que posibilitan el recurso a la exención del cumplimiento de una ley, cuando se considera que atenta la conciencia personal; y si llega un momento en el que el recurso a la objeción de conciencia es masivo, o mayoritario, no pasa nada; simplemente se le estaría diciendo al legislador que reflexione sobre la justicia de una ley que provoca tal rechazo. Esta posibilidad de prever el reconocimiento de cláusulas de conciencia, ha sido incluso advertida recientemente en el dictamen del Consejo de Estado sobre la nueva Ley del Aborto (a pesar de haber “bendecido” una ley que  afrenta a la dignidad del ser humano, hace violencia a la mujer, y provoca un claro enfrentamiento entre lo que los ciudadanos necesitan y el derecho les concede).

Nadie puede entrar en lo que es la moral de los ciudadanos; el derecho, precisamente, ha de basarse en aquella parte de la moral que coincide con la ley natural. Decía Bobbio que no hay un fundamento “ético” para la obediencia al derecho, pero sí hay una obligación moral de desobediencia a la ley positiva, cuando se produce un enfrentamiento con la conciencia, porque es inconcebible un ordenamiento jurídico sin condicionantes morales.

Nuestra Constitución protege a la familia y a los niños, y es lo que pretende el movimiento cívico objetor frente a Educación para la Ciudadanía, puesto que no cabe imponer una ética determinada, condicionada por ideas políticas, y por una parcial forma de concebir la sociedad, a todos los ciudadanos. La objeción de conciencia ha sido, históricamente, una reivindicación sistemática de la izquierda, que ahora nos niega. Quienes pretenden imponer sus ideas parten de “su” concepción moral, no son en absoluto relativistas; eso lo dicen cuando mandan, pero cuando están en la oposición, entonces no cesan en plantear la desobediencia, en realizar, en definitiva, sus propios juicios morales.

La objeción de conciencia no se plantea ni siquiera como un “derecho” de objeción, por el que nos negamos a cumplir la ley; se plantea como un “deber” por cuanto la conciencia nos impide cumplir esa ley. Decía San Pedro: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”, frase que puede ser acuñada por todos aquéllos que crean que es su deber, objetar a leyes injustas -sean creyentes o no lo sean-, puesto que si bien hoy se está imponiendo una moral contraria a los cristianos, mañana (como ya ocurrió en el pasado) puede imponerse una moral que atente a quienes hoy ejercen el poder. “Entonces volverán a creer en la objeción de conciencia”.

Casos y cosas que están pasando en la España en que vivimos

 

Vamos por orden:

1.- Plan de Estudios de la Universidad Católica de Valencia.

Hace unas semanas, y buscando un buen Plan de Estudios en el que mi sobrina María pudiera encontrar una buena formación en Derecho, estuve consultando los distintos planes de las universidades de la Comunidad Valenciana. Y tuve ocasión de comprobar el Plan de Estudios de Derecho de la novísima Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir; y sentí, primero un gran cabreo, después un gran dolor, y finalmente sólo sentí tristeza. La Universidad Católica de Valencia ha “inventado” un sistema “estrictamente mercantilista”, “estrictamente materialista”, “estrictamente tecnócrata”, “estrictamente leguleyo”. Hace un par de años defendí públicamente (y lo publiqué en Paraula, periódico de la Archidiócesis de Valencia) a la Universidad Católica, frente a las opiniones, a mi juicio, equivocadas, del Rector de mi Universidad, de la Universidad Literaria de Valencia, sobre la improcedencia –según él- de una Facultad de Medicina en la Universidad Católica. Yo la defendí porque creo en la libertad y porque me parecía que eran imprescindibles los valores que podía aportar la Universidad Católica a la medicina de nuestro país. Hoy, considerando acertadas mis opiniones de entonces, no obstante me siento como si estuviera pisando “en falso”, porque la Universidad Católica de Valencia se ha olvidado de la formación propedéutica que ha de tener, NECESARIAMENTE, un jurista, si quiere cumplir con sus obligaciones jurídicas y éticas; se ha olvidado de la formación humanista que hizo de nuestros juristas anteriores, los precursores de un derecho prestigioso y evolucionado; se ha olvidado, nada menos, que del “utrumque ius”, esto es, del Derecho Romano y del Derecho Canónico, que han sido los pilares, junto a la filosofía griega, de toda nuestra civilización, y de toda nuestra historia; y por ello, de toda nuestra razón de ser.

La Universidad Católica ha “pasado” de formar juristas, en beneficio de formar meros gestores, meros técnicos, que manipulen el derecho persiguiendo fines estrictamente crematísticos, olvidando absolutamente su formación moral. Nada menos que se dejan la formación, en aras de la simple información; y después de haber olvidado el derecho romano y el derecho canónico, únicas materias que constituyeron el estudio del derecho en nuestras universidades hasta el siglo XIX, se acuerdan de una asignatura de filosofía del derecho, y de otra asignatura de deontología profesional, sólo en el último año de carrera (¿para qué, a esas alturas?). Si me lo llegan a jurar, si me llegan a decir que la Universidad Católica de Valencia hubiera hecho un Plan de Estudios de Derecho como éste, primero lo hubiera negado, y segundo, tras demostrármelo, me hubiera muerto de vergüenza. Los licenciados en Derecho por la Universidad Católica de Valencia sabrán del mercado, sabrán de hacer dinero, pero no sabrán de dónde bebe su profesión; en qué se basa el derecho civil, el derecho del ciudadano; por qué hoy tenemos un derecho tan evolucionado; por qué Europa puede tender a una unidad, en un derecho común europeo. No lo sabrán; pero sí sabrán pasar buenas minutas por un trabajo frío, vacío, superficial, y sin alma. No serán juristas, serán profesionales de la norma, técnicos, “meros aplicadores” de la ley vigente, sin tener el suficiente espíritu crítico (porque no les habrán enseñado a “pensar”) para enfrentarse a las leyes injustas, y cambiar el mundo, si hiciera falta.

 

2.- Manifestación del 17 de octubre en Madrid, en defensa de la vida, la mujer y la maternidad.

Voy a contar un cuento: resulta que el pasado sábado, 17 de octubre, como parece que yo no tenía nada mejor que hacer, se me ocurrió coger un autobús y hacer un viaje desde Valencia hasta Madrid para ir paseando por la ciudad, y quedarme en un “lateral” de la Calle de Alcalá (frente a la Cibeles), mirando cómo circulaban los manifestantes a favor de la vida. Esto es lo que ha dicho la empresa Lynce, contratada por el gobierno español, para cuantificar el número de manifestantes; y es que realmente es un lince, ya lo creo. Resulta que en Madrid había 55.000 personas en la manifestación, pero que luego llegó hasta 66.000, porque algunos que estaban mirando, acabaron por incorporarse. Son listos estos tipos, ¿verdad? Claro, claro; yo era uno de esos; yo estaba mirando (eso sí, con pancartas, con camiseta en defensa de la vida, con banderas a favor de la maternidad), y resulta que llegó un momento en que como no tenía nada mejor que hacer (ya digo que se me ocurrió hacer 360 kilómetros de ida, y otras tantos de vuelta, en el mismo día), pues me incorporé a la manifestación. Listos los de Lynce, cómo no, muy listos; y ¡muy vendidos! también. Pero cómo no van a ser así, si hasta la “miniministra” (lo digo por sus pocas primaveras de edad, a pesar de su “graaan” inteligencia y formación) nos da lecciones de “moralidad”. Aído, ¿tú sabes lo que es, eso? Entre linces, y moralistas materialistas, estamos “apañaos”.

 

3.- El Tribunal Supremo o el Supremo Tribunal, “Amén”.

Ahora resulta que Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, nos quiere enseñar derecho; y para enseñarnos derecho, nos dice que en temas de “derechos fundamentales” el Tribunal Supremo “unifica doctrina”. Pero es que para elegir a señores como éste, ¿hacía falta tanto tiempo? Porque si resulta que Dívar era “conservador”, pero de tal competencia que hubo “consenso” entre los partidos mayoritarios para su nombramiento, ahora qué hemos de decir cuando no se sabe lo que es, y no parece que tenga mucha “auctoritas” (si Montesquieu viera esto se moriría por segunda vez, pero ahora de risa, porque no era español; si lo fuera, se moriría de pena). Porque es cierto, Sr. Dívar, que la lengua no tiene hueso, pero de ahí a decir que en temas de derechos fundamentales el Tribunal Supremo es Dios …, tiene tela. Porque entonces, ¿para qué está la Constitución Española, que recoge en su art. 10.2 que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”? Si el Tribunal Supremo es Dios, ¿para qué está el Tribunal Constitucional? Si el Tribunal Supremo, con su presidente al frente, se cree Dios, ¿para qué está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Y por último; en cuestiones como la Educación para la Ciudadanía, ¿para qué está la propia conciencia? O es que el “consensuado” de Dívar va a unificar doctrina, esto es, va a unificar a golpe de su “¿santa? voluntad”, mi conciencia con la de Zapatero. ¡¡¡Dios, no, eso no, por favor; antes la hoguera!!!.

El Supremo (¿gobierno?) manda, y los jueces obedecen

El Tribunal Supremo, siguiendo con su ¿“acertado”? criterio, niega a los jueces la objeción de conciencia a celebrar “uniones conyugales” gays. Parece que esta decisión ha sorprendido al espectro social, pero sin creerme en posesión de la verdad absoluta, sólo puedo decir que a mí no me ha sorprendido en absoluto, y además lo esperaba. Y lo esperaba no porque lo comparta –tamaña barbaridad es imposible de compartir, desde cualquier punto de vista: jurídico, ético, social, humano-, sino sencillamente porque el Tribunal Supremo (como órgano político) ha demostrado con creces siempre que el “ius” parece no saber lo que es. Decía Javoleno –jurisprudente clásico, es decir, de los que CREARON el derecho- que ius est ars boni et aequi (el arte de lo bueno y de lo justo), pero el Tribunal Supremo no se ha enterado. Para el Tribunal Supremo el derecho es lo que ellos deciden, lo que ellos dictan, lo que ellos mandan (ellos, o sus “mandantes”). Este Tribunal Supremo que dice que un juez no puede ejercer objeción de conciencia a la celebración de ese tipo de uniones, es el que ha negado el derecho constitucional a ejercitar objeción de conciencia a educación para la ciudadanía, pero que no dudaría en conceder el reconocimiento a la objeción de conciencia a asistir (aunque fuera institucionalmente) a una procesión religiosa. Es el mismo Tribunal Supremo que confunde (intencionadamente, no nos engañemos) entre razón y religión, puesto que hay sobradas razones éticas –y jurídicas- para negarse a celebrar tales ceremonias, y sin embargo, el Supremo lo reduce a una cuestión de Fe.

¡Señores del Supremo!; ¿no se han enterado todavía de que esas “ceremonias” son civiles? ¿No se han enterado de que existe en la Constitución un precepto que reconoce la libertad (art. 17.1), y que se puede poner en relación con la ideología, además de con la religión y con el culto (art. 16)? ¿Está amparando el Tribunal Supremo de forma “absoluta” el principio NO CONSTITUCIONAL de la “obediencia debida”? Me viene ahora a la mente la película “Vencedores y vencidos”, que se refiere a los Juicios Nüremberg, en los que se estaba procesando a profesionales, algunos del derecho, que “colaboraron” con el nazismo, sencillamente porque aplicaban la ley vigente. Su excusa era “la obediencia debida”, algo “abominable” en un ámbito democrático. Sin embargo, ¿es que el Tribunal Supremo piensa que si eres juez, tu obligación es actuar contra tu conciencia, sólo por obligación u obediencia debida? Ni en los momentos de mayor persecución por parte del Imperio Romano, se pudo pensar tamaña barbaridad. ¡Ya está bien! ¡Ya vale con tanto aguantar! El derecho está por encima de un poder que no cree ni siquiera en su propia independencia. El derecho es “lo correcto” (el “ius”), y no lo que digan unos políticos que ni siquiera representan realmente a la sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanta discrecionalidad, tanta arbitrariedad? ¿Qué garantías nos da este “supuesto” Estado de derecho?

Cuando inicié mis estudios de derecho, hace ya más de 20 años, me enseñaron que el buen profesional es el que defiende a cualquiera, sea cual haya sido su conducta; y no para pasar por inocente al culpable, sino para ofrecerle las mayores garantías legales, puesto que de no ser así, el atentado sería a toda la sociedad, al establecer una separación maniqueísta entre buenos y malos. Sin embargo, después de 20 años de profesión jurídica, como profesor, como magistrado, y como abogado, me parece que el norte ya no está donde estaba. El norte no existe, está donde quiera el que manda y sus siervos. A mí me enseñaron que si eres el único abogado sobre la tierra, tu obligación deontológica es defender a quien te lo pida, sea quien sea; me enseñaron que todo el mundo merece la mejor defensa; y me enseñaron que si por cuestiones éticas no eres capaz de ofrecer esa mejor defensa, lo correcto es inhibirse a favor de otro profesional, siempre que lo haya. Otra cuestión que me hizo enamorarme de mi profesión fue que en derecho dos y dos no son siempre cuatro, sino que hay términos medios, hay matices, hay grises. En estos momentos, sin embargo, lo que puedo comprobar, desgraciadamente, es que no sólo hay grises sino que hay toda una gama de colores, según quien hable, según quien mande, según quien decida. Eso no es el derecho; eso es la absoluta “antítesis” del derecho; eso no es el ius, eso es todo lo contrario.

Es cierto que el “supuesto” matrimonio gay es legal (para mí no lícito), pero ello no supone que haya de ser aceptado por todos. Puedo comprender, y puedo –y debo- aceptar la absoluta igualdad de derechos entre todo tipo de matrimonio legal; pero eso no significa que porque sea legal todos estemos obligados a “colaborar”. El Tribunal Supremo, en lugar de actuar con profesionalidad, ha entrado “al trapo” del típico tópico, y actúa como quienes dicen estupideces tales al respecto, como que no procede la objeción porque “la ley hay que cumplirla, POR ENCIMA DE TODO, porque si todos nos negáramos a cumplir la ley, sería un desastre, por ejemplo en el ámbito fiscal”. Aparte de que resulta curioso que se utilice siempre como ejemplo aquello que “ataca” al bolsillo, lo cierto es que se queda en mera vanalidad, en mera excusa, en mera ñoñería. Y es así porque como estamos cansados de decir, la objeción de conciencia NUNCA va contra la ley, sino que es precisamente colaboradora con ésta, ya que si algo no fuera legal, no sería necesaria la objeción. Precisamente objetar supone que hay una ley que hay que cumplir, pero que atenta contra mi libertad de conciencia (protegida constitucionalmente, aunque ahora se atrevan a negarlo, en un Estado supuestamente democrático), razón por la que ejerzo mi derecho a la objeción, no para vulnerar la ley, sino para ser exonerado puntualmente de su cumplimiento. Y ELLO PORQUE ESTÁ EN JUEGO UN BIEN SUPERIOR: LA CONCIENCIA. Pero el Tribunal Supremo (que no es un “dios”, sino simples “personas” con mucho poder, eso sí) ha decidido que un juez (de Sagunto, por más señas), porque es un funcionario, no tiene derecho a actuar en uno u otro sentido, en virtud de su conciencia. Es un “robot” obligado a “obedecer” con un sencillo “sí, wuana”. Y a éstos les llamamos “el Alto tribunal” … … …

 José María Llanos, Doctor en Derecho, Prof. Titular de Univ., Asesor Jdco. de VAEL.

 

 

 

Si en España existe la Separación de Poderes, el Tribunal Supremo “reconocerá”, sin un solo “pero”, la Objeción de Conciencia a Educación para la Ciudadanía

Profesor Titular de Universidad, Exmagistrado splte. de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, y Asesor Jurídico de VAEL.

 

 

El próximo día 26 de enero, el Tribunal Supremo debe decidir sobre los primeros recursos de casación, relativos al reconocimiento de la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía. Ante tan relevante decisión, para toda España y para todos los españoles, así como para el futuro de nuestra sociedad, y “para el prestigio de nuestra justicia”, no puedo evitar compartir con quien me lea, las siguientes reflexiones:

 

Si el Tribunal Supremo es un tribunal independiente, la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía será pública, masiva e incondicionadamente reconocida por sus Señorías, porque todo el mundo sabe que no hace falta una regulación legal específica para aceptar el derecho de todos los españoles a ejercer su objeción de conciencia a todo aquello que atente contra sus derechos fundamentales, como reconoció el Tribunal Constitucional hace ya 23 años.

 

Si el Tribunal Supremo no está politizado, la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía será pública, masiva e incondicionadamente reconocida por sus Señorías, porque quienes la deniegan sólo tienen como argumento su propia ideología partidista, frente al contenido de dicha objeción, y no al derecho per se, puesto que tienen una finalidad concreta, cual es la ideologización de la sociedad, partiendo de su más tierna infancia.

 

Si el Tribunal Supremo no está ideologizado, la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía será pública, masiva e incondicionadamente reconocida por sus Señorías, porque no es posible atentar, manipular, condicionar a los ciudadanos, en todo aquello en lo que deben creer y en todo aquello que deben defender, partiendo de sus propias convicciones, de forma absolutamente independiente de la manipulación ideológica, y de la propaganda partidista.

 

Si el Tribunal Supremo no está al servicio del gobierno, la objeción de conciencia a Educación para la ciuadanía será pública, masiva e incondicionadamente reconocida por sus Señorías, porque con esa doctrina monstruosa no se trata de crear una sociedad más tolerante, más respetuosa, más democráctica, más humana, sino que desde el gobierno se está imponiendo ilegítimamnente una doctrina concreta, socialista, materialista, masónica, anticlerical, antirreligiosa, fomentando intencionadamente una ideología relativista, y de doble moral, que atente contra todo aquello que sean principios éticos y morales de las familias españolas.

 

Si el Tribunal Supremo es un poder real, efectivo, independiente, la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía será pública, masiva e incondicionadamente reconocida por sus Señorías, porque nadie, ni de ningún modo, ni con medias verdades, ni con peros, ni con excusas, ni con teorías, ni con si pero no, ni por corrección política, ni por nada de nada, se puede cuestionar una defensa tan limpia, liberal, democrática y sentida, como es la objeción de conciencia a la manipulación de toda una sociedad, que se resiste a dicha manipulación, y que no está dispuesta a “pensar”, o mejor, a “hacer dejación de pensar”, para que cuatro mangantes decidan cuál ha de ser el comportamiento de todos los ciudadanos, y de sus hijos, que van a constituir el futuro de nuestro pueblo.

 

En definitiva, si existe la división de poderes, si el poder judicial no está supeditado, condicionado, manipulado, cuestionado, sometido, al ejecutivo, la objeción de conciencia a Educación para la ciudadanía será pública, masiva e incondicionadamente reconocida por sus Señorías, sin voto particular alguno, y sin tontería ninguna, porque ningún magistrado, con dos dedos de frente, puede cuestionar, ni reducir, el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, acorde con sus propias convicciones.

 

Todo lo que se aleje de este panorama que planteo, con toda claridad, y que tantos compartimos, será sometimiento, manipulación, condicionamiento, dependencia, bufonería, y el más evidente nuevo asesinato de los mejores principios de Montesquieu.

 

Pero lo peor no es todo eso; lo peor es que lo pagará nuestro pueblo, porque lo pagarán nuestros hijos, y también los hijos de los Señores Magistrados del Tribunal Supremo.

 

Sé por experiencia propia que la justicia en España es de las mejores de entre todas las sociedades democráticas; sé por experiencia propia que nuestros tribunales, salvo algunos casos excepcionales y mediáticos, son absolutamente profesionales, honestos, sinceros, y justos. Pero también sé que una cosa son los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales, y otra muy distinta los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, y los más altos tribunales como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos elegidos por “nuestros” políticos. En pocas ocasiones he deseado más equivocarme. Es más; aún me queda la esperanza de que a pesar de cómo han sido elegidos, nuestros más altos magistrados mantengan la suficiente independencia  como para reconocer sin paliativos, el derecho constitucional a la objeción de conciencia.

Ahora el PP de Gónzález Pons apela al “VOTO DEL MIEDO”

 

El Sr. González Pons ha acudido a “La Tertulia” de Libertad Digital, intentando parecer un político de aquel PP que ganó las elecciones en el año 1996 y en el año 2000. Él estaba entonces, sí, pero aquel PP no es el de hoy; y él tampoco.

 

Toda su intervención ha sido realmente enloquecedora: adelante, atrás, de lado, en oblicuo, etc. Pero de todo esto, me he quedado con cuatro comentarios, a cual más “psicodélico” (por lo extraño; como diría el ilustre Pemán -aunque no literalmente-, es como si creyeran que los fideos son una legumbre que nace de la tierra, como los guisantes):

 

Nos dice el Sr. Pons que Rosa Díez es una persona de izquierdas y defiende, obviamente, principios de izquierdas; mientras que el Partido Popular defiende principios de derechas.

 

Nada tengo que decir de UpyD por cuanto efectivamente Rosa Díez es de izquierdas y nunca lo ha negado. Pero, lo del PP ya es otra cuestión: es de risa, por no llorar. Primero porque el Sr. González Pons nunca se ha caracterizado por defender valores de la derecha; segundo, porque no ha mencionado ni uno de esos valores; y tercero, porque no es verdad. No quiero decir aquí que los que voy a comentar sean principios patrimonio de la derecha, pero sí estoy convencido de que hasta que llegó “este PP” de hoy, el verdadero Partido Popular sí había defendido valores tales como la vida, la dignidad humana, la libertad, la tolerancia, el respeto, la educación. Ahora el PP NO defiende la vida de forma efectiva; ahora el PP NO defiende la dignidad humana, por cuanto no dice una sola palabra como partido (sólo alguno de sus políticos de segunda línea, que aún se fijan en lo que creen) frente a la manipulación genética; ahora el PP NO defiende la libertad porque salvo declaraciones desde una sala del Congreso de los Diputados no se está defendiendo la libertad de las familias, de las personas, frente a la imposición ideologica y adoctrinadora del gobierno de turno; ahora el PP NO defiende la tolerancia ni el respeto porque gobiernos populares (como el de Murcia) están OBLIGANDO a los alumnos a entrar en clase de EpC sin respetar su rechazo a ser educados en una moral atentatoria de sus propios principios, de su propia moral, de sus propias creencias; ahora el PP NO defiende la educación porque no mueve un dedo por favorecer políticas educativas eficaces, ni se opone frontalmente (al menos) al desolador marco educativo de nuestro país, fomentando además el enfrentamiento incluso en el ámbito de la lengua, y faltando a la verdad (como ha hecho en la entrevista de referencia el Sr. Pons) respecto de la precaria convivencia entre el valenciano y el castellano.

 

Nos dice también el Sr. González Pons que las elecciones europeas son una buena prueba de fuego para dar un voto de castigo al PSOE, y que el único voto de castigo es votar al PP, porque si no, las cosas seguirán peor.

 

¿Pero, Sr. Pons? ¿En qué va a ir peor, en la defensa de la vida? ¿En la defensa de la libertad? ¿En la defensa de las distintas ideologías y creencias, frente al adoctrinamiento estatal? ¿En el respeto a las familias? ¿En la libertad de enseñanza y en el derecho a la educación en libertad? ¿Bromea, Sr. Pons, sobre cosas tan serias, o es que miente?

 

No nos meta miedo, Sr. González Pons; los españoles podemos ser confiados, pero no tontos. En un artículo anterior que publiqué en este mismo blog, ya le recriminaba a usted que hablara de “los nuestros”, cuando afirmaba que le importa que “los suyos les vean bien”; y yo le decía: <pues muy sencillo, ¡Sr. González Pons, Sres. del Partido Popular!: háganlo bien, y del mismo modo que con errores han recibido apoyos leales de “los suyos”, puede que si tienen buena voluntad, los suyos vuelvan a apoyarles, y a ser “los suyos”>.

 

Pero el modo de hacerlo no es decirnos que o el PP o la nada, o el PP o el caos. ¿Qué caos? ¿El que ustedes están permitiendo? Pero si cuando vuelvan al poder la vida del no nacido ya no estará protegida (y ustedes no lo modificarán); la vida del anciano ya no tendrá valor (y ustedes no harán nada contra ello); la libertad estará bajo mínimos (y ustedes no harán nada para evitarlo? Entonces, Sr. Pons, ¿qué más puede pasar? No nos dan ni la más mínima confianza, y no nos la dan, sencillamente, porque ustedes NO TIENEN PRINCIPIOS; así de claro.

 

Nos dice el Sr. González Pons que cuando habla de la Virgen de los Desamparados le entran ganas de llorar.

 

Estoy tentado de hacer algún comentario al respecto, pero dicho lo dicho arriba, y por respeto a nuestra Patrona de Valencia, mejor me callo.

 

Y nos dice finalmente el Sr González Pons que en Valencia no hay ningún problema con el idioma, y no hemos de crearlo.

 

Vaya, vaya, así que en Valencia no hay problema con el idioma. No es un problema que un español de Albacete no pueda conseguir que su hijo pueda recibir educación en castellano en la Comunidad Valenciana porque la línea en castellano es prioritaria para inmigrantes; no es un problema que los chicos que llegan a la universidad llevan tal “cacao mental” entre el valenciano de su pueblo, el que les enseñan en el colegio, y el castellano, que acaban la universidad en muchas ocasiones cometiendo faltas en ambos idiomas, y no teniendo clara ni la oración simple de sujeto, verbo y predicado; no es un problema que en la enseñanza haya una “lucha encarnizada” entre los que defienden el valenciano como “arma política”, frente a los que defienden el castellano, o simplemente no quieren verse limitados en su libertad de elección entre una lengua u otra, o ambas. No es un problema que en unos colegios se enseñe el catalán, en otros colegios el valenciano, en la universidad valenciana se diga que su lengua oficial es el catalán, etc. No es un problema que un abuelo y un nieto hablen valenciano, y cada uno hable “una cosa distinta”.

 

En fin, Sr. González Pons, no llame al voto útil, al voto del miedo, porque ya no nos dan más miedo. Ahora nos dan pena, y además sentimos vergüenza; vergüenza por la doblez del Partido Popular, vergüenza por la debilidad y falta de principios del gobierno valenciano, sucumbiendo a las presiones de la izquierda, y “maltratando” a los que usted llama “los suyos”, entre los que se encuentran muchos padres que quieren defender su derecho a educar a sus hijos en sus propias convicciones. Y ustedes les han dado la espalda, no respetando un mandato constitucional.

 

Hace pocos días un buen amigo dudaba en estos blogs sobre el valor de la democracia representativa de nuestro país, y desde luego es para dudar; obviamente no podemos reunirnos todos en el foro, pero ustedes parece que donde están es en las nubes. Habrá voto de castigo, sí, pero para ustedes, para el Partido Popular, ese desconocido barco a la deriva, árido de ideas, falto de principios, escuálido de fortaleza política, parco en la defensa de valores. Habrá voto de castigo para un Partido Popular que no reconoce “ni la madre que le parió”.

 

¿Qué se creía, que “tocaría retreta”, y acudiríamos todos de rodillas? No se olvide; sus votantes siempre han sabido lo que hacen. Ahora también saben qué hacer, y lo van a hacer.

Y A LOS NIÑOS, “QUE LES DEN”

Anoche, tras la alegría de la victoria de la selección española de fútbol en su partido contra Bélgica, tuve ocasión de ver el primer capítulo de una nueva serie de televisión, “Guante blanco”, que tanto nos anunciaron durante la transmisión del referido partido.

 

Y en ese capítulo apareció una joven menor de edad que se había quedado embarazada, y que no sabía qué hacer ante esa situación: si abortar o no. Puedo entender, por supuesto, la preocupación de la menor (porque no criminalizo a quien sufre), pero lo que me “conmovió”, lo que “quebrantó mi espíritu”, y no para bien, fue la acitud de sus padres: “si quiere tenerlo, la ayudaremos, y si no, también”. No sé qué ocurrirá en el siguiente capítulo, o en posteriores; no sé si abortará o no, pero lo que sí sé es que el planteamiento era una absoluta “abominación”.

 

Según la madre de la menor, si decidía abortar tenía que hacerlo cuanto antes, porque después lo pasaría peor. Y eso es cierto, porque hay una verdadera unión, en todos los sentidos, entre el niño y su madre; pero es que con esa afirmación se estaba reconociendo no sólo esa relación, sino la propia realidad de ese ser.

 

Sin embargo, fallaba una cosa: ella puede pasarlo mal, pero … ¿y el niño?, ¿quién piensa en el niño?, ¿quién piensa en su vida?, ¿quién le defiende?, ¿al niño ¡qué le den!

 

Hace unos cuantos años, cuando se discutía sobre la cuestión del aborto, había personas que incluso de buena fe pensaban que el embrión, el feto, no era un ser humano; creían que no sufría; creían que todavía no era una fase claramente humana, dentro de la evolución de la vida de ese ser. Pero hoy la ciencia ha demostrado que un óvulo humano fecundado, no es igual que el de un mono, por ejemplo, sino que tiene la especialidad de ser persona (obviamente).

 

Hoy la ciencia ha demostrado que el niño no nacido SUFRE, SIENTE, tiene forma humana desde las primeras semanas, tiene corazón y tiene cerebro. Y por eso el tema es mucho más grave; hoy ya nadie discute -si quiere ser sincero, y no argumenta sobre la base de los “tópicos” pasados-, que se trata de un ser humano que todavía no ha nacido, que todavía es dependiente (como también lo es el nacido, durante muchos años, y también lo es el ser humano con discapacidades, y también lo es el anciano que necesita ayuda, y también lo somos todos, de una u otra forma).

 

Sin embargo, les da igual; saben que es una vida humana, y aún así defienden el aborto; saben que es una persona (tiene hasta derechos hereditarios, que no podrá asumir, obviamente, hasta que nazca, pero los tiene), pero nadie piensa en él; saben que es un “niño” no nacido, pero lo que importa es si “decido” deshacerme de él, porque “no me conviene”, o simplemente “no lo quiero”.

 

La abominación hoy es terrible. Se trata de un ser humano en quien no se piensa, porque “la mujer tiene derecho a decidir”. Si eso es así, ¿Por qué no se permite matar al niño ya nacido? ¿Por qué no se permite matar al incapaz? ¿Por qué no se permite –de momento- matar al anciano? ¿Por qué no se permite, simplemente, matar a quien fastidia?

 

Todo esto sería de risa, si no fuera tan cruel. ¿Es que alguien puede pensar que una naranja no es naranja porque pende del árbol? Pues bien, pidiendo disculpas por la comparación ad exemplum, un niño lo es aunque esté “unido” físicamente a su madre. No se trata de un ganglio, de un músculo, de una vena, de un órgano, de un apéndice; se trata de una vida humana, ligada durante un tiempo a otra vida humana: la de su madre.

 

Y así las cosas, Valencia tiene el deshonroso placer de recibir en su puerto al “barco de la muerte”, al barco en el que se practican abortos, bordeando la legislación de los derechos nacionales, riéndose de ella, puesto que se atraca, se sube a las madres embarazadas, y se les practica el aborto en alta mar. Y no se trata de la comisión de un delito clandestino, a ocultas (pues todavía es un delito en nuestro derecho, aunque haya “algunos” supuestos despenalizados, no legalizados). En absoluto; se le da publicidad, se vanaglorian de ello, se ríen de los sentimientos de mucha gente, y se comunica “a bombo y platillo”, “con luz y taquígrafos”, que se ha hecho, que se está haciendo, y que se va a hacer.

 

En toda mi vida profesional, dedicada al derecho, he visto, oído, y vivido muchas cosas, muchas “barbaridades” a las que puede llegar el ser humano, consciente o inconscientemente; pero aunque a veces creo estar “curado de espanto”, no consigo acostumbrarme. ¿Qué razones hay para matar a un niño?, ¿qué razones hay para decidir entre la simple comodidad, o el simple deseo de la madre y la muerte de su hijo?, ¿qué justifica que el progresismo sea matar a los niños no nacidos?

 

Podría decir que es una cuestión de planteamiento, de puntos de vista, de argumentos. Pero no serviría de nada, porque no los hay; porque no les importa si tienen razón o no. Sólo importa “su derecho de elección” sobre la vida de otro, aunque ese otro sea un ser humano, un niño INDEFENSO, del que nadie, nadie (o casi nadie) se acuerda. Y digo además que no hay argumentos para defender el aborto, porque los defensores de tamaña vileza son además unos recalcitrantes HIPÓCRITAS (entre otras cosas, bastante peores): ¿por qué muchos proabortistas defienden también la eutanasia, con la excusa de la muerte “digna”, del “bien morir” (cosa absurda, pero es su argumento)? ¿Y a los niños, qué, que les den? Porque si su justificación es evitar el sufrimiento, ¿por qué hacen sufrir al niño no nacido?

 

¿Por qué tiene derecho a vivir la cría de cualquier animal, el brote de cualquier planta, y no tiene derecho a vivir un niño? ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¿Es que al ser humano ya no le queda ni un mínimo resquicio de dignidad?

Sr. Camps y Sr. Font de Mora, ¿tienen ustedes algún principio moral y ético, o necesitan Educación para la Ciudadanía para que se los imponga el Sr. Zapatero?

Como diría un hombre de la radio, bastante conocido, “sin ánimo de ser exhaustivos” estos son los hechos:

 

 

1º.- el Gobierno socialista se inventa (porque la recomendación europea no decía lo mismo) una asignatura para “construir una moral cívica” de los ciudadanos, de acuerdo con los criterios doctrinarios defendidos en su integridad por el Partido Socialista, que atacan directamente los principios y valores de muchos españoles.

 

 

2º.- el Gobierno del Sr. Camps rechaza la protección del Derecho Constitucional a la Objeción de Conciencia, y el Conseller de Educación de la Generalitat Valenciana se inventa una Opción B “ILEGAL” (que se podría cursar incluso sin haber objetado), como le estuvimos diciendo por activa y por pasiva desde “Valencia educa en libertad” (VAEL), puesto que una cosa es aceptar la objeción y regular una prestación sustitutoria, y otra muy distinta arbitrar un modo B de cursar la misma asignatura de Educación para la Ciudadanía, modificando contenidos y métodos pedagógicos, sin que este cambio fuese consecuencia del ejercicio previo de la Objeción de Conciencia.

 

 

3º.- la directora de Educación, Doña Concha Gómez Ocaña se comprometió a que la Conselleria CONTESTARÍA A TODOS LOS PADRES que hubieran presentado la Objeción de Conciencia, diciéndoles que sus hijos podrían cursar en tal caso la Opción B, o no asistir a la asignatura, y ser atendidos en el Colegio con todas las garantías. Sin embargo no ha habido ni una sola respuesta de nuestra Administración autonómica, como era su obligación.

 

 

4º.- el Sr. Font de Mora, Conseller de Educación, según se nos dijo desde la Conselleria en reunión mantenida con VAEL, no podía directamente admitir la objeción de conciencia por dos motivos: en primer lugar, porque sus asesores jurídicos les decían que “no existía tal derecho” (se han olvidado, probablemente, de la Constitución Española); y en segundo lugar, porque TENÍA MIEDO de que los sindicatos le acusaran de “prevaricación”. He oído cosas absurdas en esta vida, pero esto es probablemente, lo más “estúpido” que he tenido que escuchar.

 

 

5º.- el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como era de prever, suspendió cautelarmente la posiblidad de cursar el “engendro” de la opción B, y en consecuencia, la Conselleria de Educación decide enviar a todos los colegios una Circular, ordenando que TODOS los alumnos cursen Educación para la Ciudadanía; pero eso sí, en el idioma de Shakespeare. Vamos, que los niños sean adoctrinados por un gobierno está bien, pero tiene que ser en inglés porque lo dice Camps, o Rajoy.

 

 

 

Consecuencias:

 

 

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana, y sus máximos representantes, así como el máximo responsable Sr. Camps HAN MENTIDO a los ciudadanos, porque se les llenó la boca diciendo que tenían una “sensibilidad” favorable hacia la objeción, y que harían lo posible para evitar el “ataque” moral de dicha asignatura. Pero la verdad ha sido totalmente distinta, puesto que no respetan la objeción, desprecian y desprotegen a los objetores, se ríen en su propia cara al no contestar a las objeciones, ni dar cobertura a los alumnos que hayan objetado; y por último, por si fuera poco, el Departamento del Conseller Font de Mora ha impartido a través de CEFIRE (Centro de Formación de Profesores), en colaboración con la Fundación CIVES (una de las máximas defensoras y promotoras de Educación para la Ciudadanía), un curso sobre esta asignatura demencial, que pretende adocrinar a nuestros hijos en una moral de Estado. Sr. Camps y Sr. Font de Mora: ¿esto es hipocresía o estupidez?; ¿ustedes mintieron a los objetores, mienten a sus votantes, o colaboran con la injusticia?; ¿EpC es adoctrinadora e ideologizante, como dice el Sr. Rajoy, o está muy bien, y por eso la están fomentando?; ¿tiene razón el PP de las Comunidades autónomas donde se acepta la objeción, como Madrid o La Rioja, o tienen razón sus asesores (nunca nos dicen quiénes son, todo bien oculto, ¡qué bonito!) cuando les aconsejan que no acepten las objeciones?; ¿qué ha pasado en la reunión para unificar criterios con la Sr. de Cospedal; es que vivimos en Reinos de Taifas?, ¿tienen ustedes principios, o los cambian según les conviene?

 

Sr. Camps y Sr. Font de Mora, no nos engañen más. Si están de acuerdo con “controlar” cuáles han de ser los principios éticos y morales de los ciudadanos, díganlo claramente; y si no están de acuerdo, tengan narices, GOBIERNEN. Porque sepan una cosa: el voto útil está “de modé”, Sr. Camps, y ninguna silla permanece a divinis. Al final sólo queda haber hecho bien las cosas, o no.

 

José María Llanos Pitarch.

 

Como dijo VAEL, la Opción B “NO” era una Opción

José María Llanos, Prof. Tit. Univ. y Asesor Jdco. de VAEL

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado la suspensión de la opción B para cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía, puesto que supone que “el alumno que optara por dicha alternativa no accede a todos los contenidos y objetos de la materia”. Y así es, porque no puede la Generalitat Valenciana “inventarse” un método pedagógico distinto al impuesto por el Estado para la impartición de dicha asignatura en su currículo.

 

Es por eso que desde VAEL (Valencia educa en libertad), en todo momento, y siempre en defensa del derecho a la objeción de conciencia, hemos manifestado nuestra decepción, por su dudosa legalidad, respecto de la opción B, por cuanto considerábamos que no era posible establecer dos modos distintos de cursar la asignatura, cuando no había sido así previsto en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas. Otros, sin embargo, “brindaron” por la opción B, y se apuntaron los “tantos” por haberla conseguido.

 

Nosotros dijimos que la opción B “sólo tendría sentido como consecuencia de la presentación de la Objeción de Conciencia, y en tal caso, como asignatura SUSTITUTORIA, una vez reconocida la Objeción, y admitida la declaración de “exención” de cursar la asignatura. Es ésta la única forma lícita de exonerarse del cumplimiento de una obligación legal, como ya tiene manifestado nuestro Tribunal Constitucional desde 1982.

 

En un informe que me fue solicitado hace ya un año por la Conselleria de Ciudadanía e Inmigración, y del que se hizo finalmente caso omiso, recogía lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 15/1982, de 23 de abril (rec. amparo núm. 205/1981), en la que la Sala Primera de dicho tribunal reconoce que la objeción de conciencia constituye una “excepción a un deber”, y como tal no garantiza la abstención al cumplimiento de ese deber, sino el derecho a ser declarado expresamente exento de ese deber. Así mismo, y para no atentar al principio de igualdad, la objeción no supone la simple exoneración del cumplimiento de una norma legal, sino la obligación a ser sometido a una prestación sustitutoria, que en nuestro caso, sería cursar una asignatura sustitutiva a la Educación para la Ciudadanía, una vez alegados los motivos de conciencia. Por eso VAEL ha presentado un Recurso de Reposición contra la Generalitat para que se reconozca expresamente el derecho a la objeción de conciencia, y que si se cursaba la opción B, lo fuera como “asignatura sustitutoria”. Y por eso también, VAEL no ha sido parte (no podíamos apoyar la Orden) en el contencioso que, de momento, ha suspendido la aplicación de la referida opción B.

 

Pues bien; ¿cuál es ahora la situación? Pues la Generalitat tiene la palabra, y puede hacer dos cosas: bien ceder a las presiones de la izquierda sindicalista, social y política, que defiende la postura del gobierno del PSOE, que pretende “adoctrinar” a los niños mediante la imposición de una “religión de Estado” como Educación para la Ciudadanía (“construyendo”, nada menos, que una conciencia moral cívica, esto es, la que quiera el Sr. Presidente Zapatero y los suyos), favoreciendo flagrantemente la vulneración del principio de libertad ideológica; o bien defender y proteger el Derecho Constitucional a la Objeción de Conciencia, reconociendo todas las objeciones presentadas, y actuando en consecuencia: 1º.-, declaración de exención de cursar EpC; y 2º.-, regulación de una “materia sustitutoria”, en su caso.

A esta materia sustitutoria la pueden llamar “opción B”, “opción C”, u “opción X”, pero no será anulada, a mi juicio, por cuanto tendrá la calificación legal de “prestación sustitutoria”.

 

Esta segunda opción, ha sido defendida por el PP, por medio del Sr. Gómez Trinidad, su portavoz de educación, desde el Congreso de los Diputados; pero, ¿harán caso el Sr. Camps y el Sr. Font de Mora a las directrices, doctrina, opinión, criterio, o como lo quieran llamar, de su partido? Si están dispuestos a cumplir la ley, nos tendrán a su lado.

 

Si están dispuestos a ceder a los grupos de presión que, enarbolando la bandera de un falso progresismo, de una igualdad que es igualitarismo, etc., quieren que todos comulguemos con “sus” ruedas de molino, y creamos lo que ellos quieren; entonces, nos seguirán teniendo enfrente.

 

Porque, según parece, hay que recordar una vez más que el desarrollo integral de nuestros hijos, su formación moral, su conformación como seres humanos dignos, no la vamos a dejar en manos del gobierno de turno, sea el que sea. ¿Se imaginan ustedes qué estarían diciendo ahora (o haciendo: no quiero ni pensarlo, Dios me libre) CCOO, UGT, PSOE, si esta asignatura defendiera la moral cristiana, por ejemplo, en lugar de la “moral socialista”? ¿Se imaginan si en los criterios de evaluación IMPUESTOS en esta asignatura se hicieran consideraciones contrarias a sus convicciones? Entonces, ¿por qué carajo he de aguantar yo (o quien piense como yo, o quien piense como le dé la gana, pero quiera ser libre), que el gobierno me imponga SUS ideas, y me apruebe si las “comparto”, y si no, me suspenda?

 

Finalmente, y con toda humildad, hago dos llamamientos:

 

Primero, a quienes con buena fe pensaron que la opción B era una solución aceptable, y pueden ver ahora que ése no era el camino; a ellos les digo que se apunten a luchar por la objeción, en defensa de la libertad; y

 

Segundo, al Sr. Font de Mora, para que, por favor, cumpla con la ley, cumpla con el mandato constitucional, y proteja nuestra libertad, también ideológica. Eso es vivir en democracia. Lo demás son “cuentos”, a veces, incluso “asombrosos”.