José María Llanos

(un extracto de este artículo fue publicado en el núm. 663, de 12 de nov., de la revista ALFA y OMEGA)

Ius est ars boni et aequi; así hablaba el jurista Celso, señalando que no es posible construir un ordenamiento jurídico, unas normas de convivencia ciudadana, olvidando que el derecho está al servicio de la sociedad, y no al revés, pues cuando esto sucede el derecho se empobrece, se vulgariza, y se convierte en un yugo que aprieta, en lugar de ser un instrumento de civilización y de desarrollo.

Esto es lo que ocurre cuando se dictan leyes que no responden a una demanda social, o que olvidan la dimensión ética del ser humano; cuando se hacen políticas que responden a intereses espurios, que no son vistas por los ciudadanos como necesarias. Por eso, cuando así se actúa, no se está legislando para la sociedad sino que se está dirigiendo a esa sociedad hacia donde quiere el legislador, a modo de “animal de carga” al que se le limita la visibilidad para ir sólo hacia donde se le ordena. Pretender que el derecho es ajeno a todo, es neutral, es “aideológico”, es desconocer su propia esencia, es negar 25 siglos de historia, es vaciar al derecho de su propia razón de ser. Porque a pesar de la generalidad y objetividad de la norma, el abogado no actúa desprendido de su conciencia, el juez no dicta sentencias olvidando sus principios, el pueblo no acoge el derecho prescindiendo de sus valores. De ser así, se justificarían los argumentos utilizados en los juicios de Nüremberg por quienes se excusaban en la “obediencia debida” a la hora de aplicar leyes inmorales e injustas.

La doble dimensión del derecho, que gravita sobre lo que está bien y mal, sobre lo que el hombre como tal puede aceptar o no, es lo que justifica que en casi todos los países del mundo occidental, existan cláusulas de conciencia, que posibilitan el recurso a la exención del cumplimiento de una ley, cuando se considera que atenta la conciencia personal; y si llega un momento en el que el recurso a la objeción de conciencia es masivo, o mayoritario, no pasa nada; simplemente se le estaría diciendo al legislador que reflexione sobre la justicia de una ley que provoca tal rechazo. Esta posibilidad de prever el reconocimiento de cláusulas de conciencia, ha sido incluso advertida recientemente en el dictamen del Consejo de Estado sobre la nueva Ley del Aborto (a pesar de haber “bendecido” una ley que  afrenta a la dignidad del ser humano, hace violencia a la mujer, y provoca un claro enfrentamiento entre lo que los ciudadanos necesitan y el derecho les concede).

Nadie puede entrar en lo que es la moral de los ciudadanos; el derecho, precisamente, ha de basarse en aquella parte de la moral que coincide con la ley natural. Decía Bobbio que no hay un fundamento “ético” para la obediencia al derecho, pero sí hay una obligación moral de desobediencia a la ley positiva, cuando se produce un enfrentamiento con la conciencia, porque es inconcebible un ordenamiento jurídico sin condicionantes morales.

Nuestra Constitución protege a la familia y a los niños, y es lo que pretende el movimiento cívico objetor frente a Educación para la Ciudadanía, puesto que no cabe imponer una ética determinada, condicionada por ideas políticas, y por una parcial forma de concebir la sociedad, a todos los ciudadanos. La objeción de conciencia ha sido, históricamente, una reivindicación sistemática de la izquierda, que ahora nos niega. Quienes pretenden imponer sus ideas parten de “su” concepción moral, no son en absoluto relativistas; eso lo dicen cuando mandan, pero cuando están en la oposición, entonces no cesan en plantear la desobediencia, en realizar, en definitiva, sus propios juicios morales.

La objeción de conciencia no se plantea ni siquiera como un “derecho” de objeción, por el que nos negamos a cumplir la ley; se plantea como un “deber” por cuanto la conciencia nos impide cumplir esa ley. Decía San Pedro: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”, frase que puede ser acuñada por todos aquéllos que crean que es su deber, objetar a leyes injustas -sean creyentes o no lo sean-, puesto que si bien hoy se está imponiendo una moral contraria a los cristianos, mañana (como ya ocurrió en el pasado) puede imponerse una moral que atente a quienes hoy ejercen el poder. “Entonces volverán a creer en la objeción de conciencia”.