Con ocasión de la actual crisis económica, se ha afirmado repetidamente que la solución pasaba por “más Estado”. Algo de razón tienen, pues como hemos visto los fallos del Estado han tenido mucho que ver con el origen de la crisis, no sólo por exceso de intervención sino también por falta de supervisión y control. Es necesario que los Estados realicen un control más riguroso de la transparencia de las transacciones del mercado, el cumplimiento estricto de los contratos y también de la solvencia de ciertas entidades. Y ahí el Estado ha fallado estrepitosamente por falta de actividad y de energía.
Pero pedir una actuación mayor del Estado en la supervisión y policía de los mercados no significa que el Estado tenga que hacerse más grande. Todo lo contrario. Si el Estado no ha cumplido con sus obligaciones básicas ha sido habitualmente porque los gobernantes estaban muy entretenidos con otras cosas, dedicando su atención y nuestro dinero a multitud de asuntos en los que la acción del Estado estaba menos justificada, o estaba incluso contraindicada. Como dice el refrán “el que mucho abarca poco aprieta“.
Así, se da la paradoja de que la justicia y la seguridad funcionen con graves deficiencias, o de que el gobierno no tomase ninguna medida contra la crisis económica (e incluso la negase), mientras que el secretario general del Partido, José Luis Rodríguez, y sus ministros dedicaban casi todo su tiempo y su capital político a ministerios innecesarios como el de Igualdad o sin competencias como el de Vivienda; el Ejército se dedicaba a adquirir camiones de bomberos en lugar de blindados, y los gobiernos regionales se dedicaban a abrir pseudoembajadas mientras barrios enteros se caían a pedazos.
Incluso las corrientes liberales más consecuentes afirman que para que se desarrolle correctamente la libertad económica y social es imprescindible que el Estado cumpla ciertas funciones básicas, y que las cumpla bien. Y puesto que ahora no lo hace, lo lógico es que los gobernantes devolviesen a la sociedad la iniciativa en todas las actividades no imprescindibles, de modo que pudiesen concentrarse en las verdaderamente importantes.
Candidatos a reducción no faltan. A parte de los más obvios, como las subvenciones al cine, los sindicatos, los partidos y las asesorías, hay numerosos ministerios (y conserjerías autonómicas) superfluos.
El ministerio de igualdad es innecesario, al menos si funcionasen bien la policía y la justicia.
El Estado de las autonomías se diseñó en una época de ordenadores centrales (mainframes) caros, escasos y sin comunicación entre ellos. En la era de Internet, cuando un único servidor (como el de HO) puede prestar servicio a todo el planeta, muchas competencias que se descentralizaron en la época de la plumilla y los manguitos se podrían prestar de modo más eficaz centralizándolas en un único lugar (no necesariamente en Madrid). Cuando una función se mantenga transferida (como vivienda) lo que habría que cerrar es el ministerio central. Todo esto liberaría miles de funcionarios y decenas de miles de euros para reforzar el Estado donde hace falta.
Otro campo de mejora potencial es la educación. Después de las desastrosas leyes progres (de Franco y del PSOE, aplicadas por el PP), la educación no hace más que perder libertad y perder calidad, pero esta pérdida es mucho mayor en la enseñanza gubernamental que en la de iniciativa social. Los informes PISA muestran que los alumnos de la enseñanza social obtienen mejores resultados que la estatal, y tanto mejores cuanto menos sometida está a las infinitas y rigidísimas regulaciones estatales. Pese a ello, algunos gobiernos regionales como el andaluz y el extremeño se empeñan en reducir el tamaño del sector social. Si se otorgase mucha mayor libertad a los centros (y se reforzase el control de resultados), y se financiase equitativamente a la enseñanza social, la calidad de la enseñanza mejoraría, y muchos funcionarios titulados que hoy atestan los órganos centrales del Ministerio y las conserjerías autonómicas podrían ser mejor empleados en el control de las entidades financieras y la transparencia de la información a inversores y consumidores.
Ejemplos hay a cientos. Es cuestión de valor político.
Hace falta más Estado, mejor Estado, menor Estado.
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