En los últimos años, la sociedad española se ha dado cuenta de que tenemos un grave problema educativo. Los índices de fracaso escolar, incluso tras las reformas para hacer más fácil la obtención de los títulos, se han disparado hasta llegar a que un 30% de los alumnos no consiga el título elemental de la enseñanza obligatoria.
Y si no fuese por la relajación de los criterios de evaluación, la situación se vería en toda su crudeza. Los exámenes independientes, como los del informe PISA, muestran que la preparación de los alumnos españoles es de las más bajas de los países desarrollados y, lo que es peor, empeora cada vez más. Todos mis conocidos que son profesores universitarios coinciden en que la preparación de los alumnos que ingresan en 1º cada vez es peor, a pesar de que las calificaciones que figuran en sus expedientes y en sus exámenes de Selectividad cada vez son más altas, por lo que tienen que suplir parte de sus oceánicas lagunas de conocimiento con cursos especiales introductorios y la rebaja del contenido de sus materias. Y los que trabajamos en la economía libre cada vez nos encontramos más con jóvenes licenciados universitarios que perpetran faltas gramaticales y de ortografía que antes eran impensables en un estudiante de primer curso de Bachillerato.
La situación es tan grave que hasta los políticos se han puesto a tratar sobre ella e incluso a hablar de llegar a un gran pacto de Estado.
El hecho de la caída de la calidad de la enseñanza en España es patente a todo el mundo, pero no así sus causas. Más allá de detalles importantes, pero parciales, como la pérdida de autoridad de los profesores, denuciar estas causas es algo políticamente incorrecto, pues lo que está en la raíz del deterioro de la enseñanza es precisamente la aplicación de las doctrinas progresistas en materia de pedagogía y política educativa.
Dejemos bien claro en primer lugar que la falta de dinero, eterna excusa de los políticos y sindicatos progresistas, es un argumento totalmente falso. En la España de hoy se gasta mucho más dinero por alumno que en la España de antes o en países contemporáneos con infinitamente mejores resultados. Incluso dentro de España, los colegios concertados reciben aproximadamente la mitad de dinero por alumno que los colegios gubernamentales, y sus resultados son mucho mejores. No, el dinero no es la causa de la pérdida de calidad.
La otra explicación más frecuente que dan a los problemas que aquejan a nuestra enseñanza consiste en decir que los frecuentes cambios legislativos hacen imposible la estabilidad y la calidad. Dejando aparte lo refrescante que resulta que, por una vez, los políticos reconozcan que son ellos los responsables de alguno de los males que aquejan a nuestra Patria, me temo que se equivocan totalmente en el diagnóstico. El problema de la educación española no reside en la frecuencia de los cambios legislativos, sino en el modelo de educación que dichos cambios han implantado.
Desde la Ley Villar-Palasí de 1970, todos los cambios introducidos en el sistema educativo español han ido en la misma dirección: implantar una escuela que responda al modelo educativo progresista. Con la única excepción de algunos intentos fallidos en tiempos de la UCD, tanto los gobiernos de Franco, como los del PSOE, los del PP, y en las regiones los del PNV y CiU han tenido en sus mentes el mismo modelo educativo, y han utilizado sin remilgos la fuerza del Estado para irlo imponerlo progresivamente por encima de la libertad de elección de los padres de familia, de la libertad de cátedra de los profesores y de la libertad de creación y organización de centros de enseñanza por sus propietarios y gestores.
Y ¿en qué consiste este modelo progresista? En la acumulación del modelo progresista clásico (de inspiración masónica) y las elucubraciones de los ideólogos de las revoluciones sociales de los años 60.
El modelo progresista clásico, cuya plasmación práctica menos mala fue la escuela nacional francesa del siglo XIX y buena parte del XX, insistía en que la escuela tenía que ser obligatoria, una, pública y laica (entendiendo “laica” como un eufemismo de “anticristiana”). Bajo la excusa de extender los beneficios de la educación elemental a todos los niños, fuese cual fuese su clase social, se buscaba el objetivo expreso de imponer a los futuros ciudadanos unos valores diferentes de los tradicionales (en el caso de Francia, España y los países mediterráneos, católicos), mediante la separación de los niños de sus familias y la evitación de que asistiesen a escuelas religiosas. Aunque recortaba severamente las libertades, este tipo de escuela hacía al menos énfasis en la calidad de la enseñanza, el mérito, la exigencia y la disciplina, por lo que sus resultados, desde el punto de vista académico, fueron en ocasiones buenos.
En los años 60, cristalizó otro conjunto de ideas en el mundillo progresista. Los intelectuales progres de la época ya no aspiraban solamente a cambiar las creencias religiosas sin cambiar demasiado la moral, sino a cambiar radicalmente el comportamiento humano. Y, como sus antecesores, encontraron que la fuerza coactiva del Estado aplicada a la educación podía ser una herramienta muy poderosa para imponer sus modelos de conducta al conjunto de la sociedad. Diversos intelectuales y movimientos utópicos propusieron, bajo la excusa de liberar a ciertos grupos supuesta o realmente perjudicados, todo tipo de reformas a la enseñanza. Ésta debía ser coeducativa (niños y niñas en la misma clase sin ningún tipo de distinción entre ellos), comprensiva (todos los alumnos de la enseñanza obligatoria debían recibir exactamente los mismos conocimientos en el mismo año de su vida), no jerárquica (el profesor no era una autoridad que obligaba a aprender, sino una persona con más experiencia que “acompañaba” a los niños en su espontáneo camino hacia el conocimiento), no memorística, sin exámenes, integradora (los niños con problemas –o ventajas- de aprendizaje de cualquier tipo debían ser escolarizados con sus compañeros de la misma edad que no tuviesen esas características) y, más recientemente no sexuada (según la “perspectiva de género” los niños deben aprender y vivir que el sexo no es algo natural, sino una construcción social – el “género”- que cada uno puede elegir a su capricho).
No es éste el momento de mostrar las graves deficiencias teóricas y empíricas que cada una de las anteriores propuestas presenta. Especialmente, porque no estamos tratando con padres de familia o directores de colegio que, equivocada pero libremente, hayan elegido una educación de esas características para los niños que tienen a su cargo, sino de la imposición manu militari por el Poder de esas características a todos los niños españoles. Baste por esta vez mostrar los efectos prácticos que dichas medidas han tenido, algo de lo que desgraciadamente tenemos 40 años de experiencia en España, y muy especialmente los últimos 20 que han transcurrido desde la imposición de la LOGSE. Repasemos como la aplicación de un modelo de escuela obligatoria, única, pública, laica, coeducativa, comprensiva, no jerárquica, no memorística, sin exámenes, integradora y no sexuada, además de vulnerar varios derechos humanos fundamentales, conduce necesariamente al fracaso escolar.
Empecemos por el primer dogma progresista: la escolarización obligatoria. Recuerdo que en mis tiempos del bachillerato, con la Transición recién terminada, en el Instituto Nacional de Bachillerato en el que yo estudiaba, además de asistir a las clases regulares y examinarse con tus profesores, había también la opción de examinarse por libre. Los alumnos del turno libre estudiaban en su casa, en academias, con profesores o tutores particulares o como se les antojaba, y luego eran examinados del programa oficial. Si aprobaban el examen, nadie les hacía preguntas de cómo habían aprendido (y si no, tampoco). Esta fue una de las primeras libertades que recortaron los socialistas (del PSOE) en cuanto ocuparon el poder en 1982. En la actualidad, la escolarización está declarada como obligatoria, y los padres que deciden educar a sus hijos en casa sufren acoso y persecución por parte del Gobierno y sus agentes (aunque finalmente obtengan amparo judicial). Sus hijos son considerados como “abandonados” por muchos políticos y funcionarios del Régimen. Y, sin embargo, todas las estadísticas, tanto en España como internacionales, demuestran que los niños educados en casa suelen obtener excelentes resultados académicos en su aprendizaje, mientras que los que se someten al sistema oficial cada vez los consiguen peores. Está claro que la escolarización obligatoria no contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza, y en todo caso la empeora.
Incluso entre los alumnos escolarizados, la imposición de la escuela única es otra fuente de fracasos. Bajo la normativa actual, los políticos establecen normas infinitamente detalladas para todos los aspectos de la gestión de un colegio: qué asignaturas tienen que dar, en qué cursos, con qué contenidos, cuántas horas tienen que dedicar a cada una, qué días tiene que abrir el colegio y cuáles tiene que estar cerrado, a qué hora tienen que entrar y salir los alumnos, qué titulación tienen que tener los profesores de cada asignaturas (se llega al absurdo de que un Licenciado en Filología Inglesa titulado además por la Escuela Oficial de Idiomas y con el CAP aprobado no puede dar clases de inglés en educación primaria si no tiene además el título de Maestro –o como se llame ahora-). Los colegios no tienen libertad para decidir establecer turnos nocturnos para alumnos que trabajen (claro, que ahora todos los jóvenes están en paro) ni para fijar horas de entrada o salida más tempranas o tardías para adaptarse al horario laboral de los padres. No pueden dar clases en verano ni vacaciones en primavera. No pueden introducir otras materias en el currículo (p.ej. música, latín, otros idiomas…), dar más tiempo a unas asignaturas y menos a otras, para dar unas materias a edades más tempranas o tardías, ni para suprimir asignaturas redundantes o innecesarias (como ¿Ciencias? del Mundo Contemporáneo) cuyos contenidos son inútiles o se ven ya en otras asignaturas. Todo ello repercute en que la escuela puede adaptarse menos a las necesidades de los alumnos o innovar con nuevos métodos pedagógicos. Innovaciones pedagógicas como la que supuso en su día la Institución Libre de Enseñanza serían ilegales con la legislación educativa actual. Y los resultados son pésimos. La asfixiante intromisión gubernamental en la organización y métodos de los colegios no nos permite comparar en España los resultados de colegios reglamentados respecto de los innovadores, pero sí en la enseñanza universitaria. En la Universidad conviven, junto a las enseñanzas denominadas “regladas” (es decir, planificadas por el Gobierno), algunos títulos sin regular, principalmente Master en Dirección de Empresas (MBA). Es interesante comprobar cómo ninguna universidad española (reglada) figura entre las 50 ni las 75 mejores del mundo en las clasificaciones internacionales, mientras que hay dos escuelas de negocios (IESE e Instituto de Empresa) que figuran siempre entre las 25 mejores del mundo, y una tercera (ESADE) que lo hace en ocasiones, y siempre entre las 50 mejores. Lo cual, en un país con la escasa tradición empresarial de España, es una prueba elocuente. Especialmente, cuando las universidades regladas a las que pertenecen dos de esas escuelas (Universidad de Navarra y Universitat Ramón Llull) tampoco destacan internacionalmente, lo que confirma de nuevo que los mismos equipos, cuando tienen libertad para innovar y cuando no la tienen obtienen resultados muy diferentes.
Ya os he cansado lo suficiente por hoy. En entradas posteriores iremos viendo cómo las demás características de la escuela progresista están también ayudando a llevar al fracaso a millones de niños indefensos.
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