No lo digo yo, sino una juez que acaba de concluir en una de sus sentencias (concretamente en el Fundamento de Derecho noveno, página 11) que el uso de determinadas expresiones en un medio de comunicación “si bien en la época de Góngora y Quevedo (a la que aludió expresamente la representación del demandado en conclusiones) podría estar tolerado, nunca podría justificarse en la época actual, vigente la Ley Orgánica 1/1982″.
Ahora bien, no debemos olvidar que en la época de Góngora y Quevedo la vigilancia de la Inquisición sobre todas las expresiones de los españoles estaba en su apogeo.
La conclusión lógica de lo anterior es que, en el Régimen actual, los españoles tenemos menos libertad de expresión que en los tiempos más duros de la Inquisición.
O sea, que o bien la Inqusición no era tan mala, o bien este Régimen no es tan bueno (o ambas cosas).
Y yo me pregunto ¿cómo están tan callados los progresistas españoles? ¿No han dicho desde siempre que la Inquisición atenazaba de modo insoportable la libertad de expresión y pensamiento de los españoles? ¿No han dicho desde siempre que la causa principal del retraso científico y tecnológico de España no fue la aversión al trabajo de la nobleza sino la vigilancia de la Inquisición sobre todas las novedades? Pues ahora, según los juristas, tenemos una situación peor.
De modo que los progresistas españoles, si de verdad defendiesen la libertad de expresión para todos (y no sólo para ellos), tendrían que estar saliendo a la calle en masa para manifestar públicamente su rechazo por uno de estos motivos (o por los dos):
- Exigir la derogación de las leyes limitadoras de la libertad de expresión que amenazan la libertad, el progreso y el bienestar futuro de los españoles
- Pedir públicamente perdón a los españoles por haber culpado a la Inquisición de males que no cometió, movidos por sus prejuicios antianticatólicos
PS: Para evitar discusiones estériles, aclararé que la sentencia citada corresponde al caso Zarzalejos vs. Jiménez Losantos. Y aclaro que, para no dispersarnos, en esta discusión sólo comentaremos lo que se refiere a las garantías legales y judiciales a la libertad de expresión, no al estilo de ciertos periodistas. Quien quiera saber mi opinión sobre el estilo de Jiménez Losantos y Zarzalejos, sólo tiene que ver cuál es el estilo que utilizo en mis propios escritos, y saber que por las mañanas en el coche escucho Radio María, y a veces a Carlos Herrera. Y que dejé de comprar el ABC desde antes de que Jiménez Losantos la emprendiera con Zarzalejos.
Vaya, pues se me había escapado eso. Como siempre, eres un fenómeno haciendo análisis.
Me pregunto qué mentalidad tiene una jueza que argumenta, en términos legales, que ahora existe menos libertad de expresión que en los tiempos de la Inquisición. Esa tesis jurídica, desde luego, es algo sorprendente, y deja a esta jueza en entredicho. Y digo a la jueza por no referirme a las leyes que le han permitido dictar esta sentencia, que me parece algo de lo más abusivo.
En la época de la Inquisición no existía la “Ley Midas” de protección del Honor
La jueza señala algo obvio: en el siglo XVII no existía en el ordenamiento jurídico de Castilla algo así como el derecho al honor constitucionalmente protegido de nuestro ordenamiento, esto es, un derecho subjetivo exigible ante los tribunales. Lo cual quiere decir que era posible publicar insultos sin que ello vulnerara norma jurídica alguna.
Por otra parte la Inquisición se ocupaba de la publicación y difusión por parte de católicos de doctrinas consideradas heréticas por la Iglesia: no era una institución garante de derecho alguno, sino, precisamente, concebida para vulnerar lo que hoy llamamos libertad de conciencia (Art.16 CE).
Por lo tanto, la Inquisición sí era inmoral, al vulberar derechos humanos y, sí, los insultos publicados de unos poetas a otros, si eran con intención lesiva de su honor, hubieran sido condenados hoy por la justicia.
Ello nos permite concluir que hoy en España se protegen dos derechos humanos -honor y libertad de conciencia- que antes eran desconocidos tanto en el ordenamiento de la Corona de Castilla, como la de Aragón (en el siglo XVII aún eran Coronas con ordenamientos independientes y autónomos, aunque compartían el mismo monarca).
Hola. Os digo lo que pienso. La libertad de expresión, en mi profana opinión, se deriva de forma natural de la libertad de pensamiento. Si cada persona no puede expresar, anunciar, proponer, explicar, defender y argumentar públicamente lo que piensa, cree y siente, la libertad ideológica, religiosa y de culto consagrada en nuestra Constitución sería una mera farsa. Un peligroso sainete populista, denominador común de cuantos regímenes totalitarios ha conocido la Historia. Cierto que la libertad de expresión no puede ser infinita, ya que puede interferir con otras libertades y derechos. Se habla del derecho al honor, a la imagen, a la intimidad, a la propiedad intelectual, etc. Especialmente interesante es el principio de superior interés del menor, que limita contundente y acertadamente la libertad de expresión. Todo un maremagnum de libertades y derechos que se solapan y chocan, ante el cual corresponde al poder judicial conservar el adecuadio equilibrio. Hasta aquí, muy bien.
El problema comienza cuando un Estado de Derecho comienza a retroceder hacia esquemas totalitarios trasnochados, monstruos maquillados de progresismo e inflados de silicona populachera, y la libertad de expresión comienza a verse cada vez más limitada. Lo “políticamente correcto” es lo único que merece ser dicho y todo lo demás ha de ser acallado. Aparece la censura y el secuestro de la información, el monopolio de los medios de masas, el delito de la disidencia y los presos políticos.
No hablo de política ficción. Basta echar un vistazo a los regímenes amiguetes de Zapatero: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Marruecos… Los cuatro primeros los peligrosos rescoldos del fracasado socialismo real comunista. El último, la chispa del polvorín del Islam sobre el que tenemos aposentado el trasero. Todos ellos dictadores populistas e implacables, que vulneran los derechos humanos a su antojo. El primer derecho anulado: la libertad de expresión. Todos los grandes escritores de esos países o están en la cárcel, o están en el exilio. Sin que el pueblo tenga información objetiva de lo que sucede y sin palabras de denuncia de los atropellos gubernamentales, todas las demás barbaridades imaginables están servidas.
Zapatero, dime con quién andas y te diré quién eres.
La LO 1/82 es una buena Ley y que funciona bien. Además su redacción y extensión la hacen cognoscible para el ciudadano y tiene cierta sensata jurisprudencia entorno, sea ordinaria o constitucional. Lo que la Ley no puede hacer es remediar ni los excesos, ni la imparcialidad, ni la incultura judicial, y no va sólo por este caso sino por muchos más.
Vaya por delante que todos los días se dictan miles de sentencias ajustadas al derecho y a su recta interpretación, de suerte que suelen ser noticia las que resultan disparatadas, escandalosas o absurdas. Ello no debe conducirnos a entender que la mayoría de las resoluciones judiciales que se dictan sean ilógicas o imprevisibles. Lo que sí es cierto es que cada vez es más frecuente la noticia sobre “sentencia escandalosa”.
Insisto: la ley leída y entendida en sus justos términos es una buena ley. Creo que es mejor estas grandes Leyes Orgánicas mantenerlas breves, incluso escuetas, muy claras y bien redactadas y si acaso retocarlas pero no con una disonante parrafada incomprensible que en el momento de su aplicación da para toda clase de interpretaciones sorprendentes, sino con alteraciones que se muevan en la misma sencillez que la redacción original.
Estas grandes leyes conviene sin lugar a dudas que permanezcan durante años, a fin de que en torno a las mismas pueda desarrollarse una rica jurisprudencia a la que acudir para mayor abundamiento y como manera de realización del principio de igualdad: ante análoga situación, igual trato al justiciable.
Por lo demás, que escribe es de la opinión de que esto, el conocimiento sencillo y escueto, la idea básica, general, elemental pero diáfana del contenido de algunas normas esenciales —sean de carácter orgánico sobre la configuración del poder político, sean referentes a la tutela de los derechos y deberes constitucionales de todos los españoles (y no sólo los fundamentales) así como algún conocimiento sobre ciertas instituciones esenciales para la vida de las personas (matrimonio, propiedad…)— es materia que debería inexcusablemente integrar EpC… en vez quizá de otras cosas no sólo de dudosa legalidad sino de dudosísima utilidad luego en la vida.
Como especialista en inquisitología y autor de varios libros y artículos sobre el Santo Oficio, el último aparecido en segunda edición (UNED & Eduforma, Sevilla) hace dos meses, “Artes de la Santa Inquisición española”, debo decir que, innegablemente, en nuestro tiempo disfrutamos de mucha más libertad que en tiempos de la Inquisicón.Es algo que no admite discusión de ningún género. Bien es verdad que hay casos puntuales, incluso en España, y sobre todo fuera de fronteras: léase el capítulo introductorio del mencionado libro.
Dr. F. Ruiz de Pablos.
Pues si Cristina, Cives y el Dr. Ruiz de Pablos tienen razón, y la legislación actual es adecuada y menos mala que la de la época de la Inquisición, no entiendo por qué los progresistas no se han lanzado todavía a la calle a exigir el procesamiento, destitución y linchamiento moral de la juez que ha afirmado lo contrario.
No me creo que sea por respeto a la independencia judicial, porque los progresistas han emprendido muy a menudo la caza del juez cada vez que ha dictado sentencia en contra de su ideología: Gómez de Liaño, la juez de Denia, los jueces del TSJA, etc.
De modo que la única explicación lógica que se me ocurre es que a los progresistas les da igual la libertad de expresión de los demás: la exigen para ellos, miran para otro lado cuando se viola la de gente cualquiera (como en los países de la Alianza de Civilizaciones) y aplauden cuando se coarta la de sus adversarios.
¿A alguien se le ocurre otra explicación lógica de su comportamiento?
La explicación es la mar de sencilla, Minaya: Federico Jiménez Losantos no es Pepe Rubianes. Si lo fuera, los socialistas habrían montado una manifestación en su apoyo con Carme Chacón al frente, como hicieron en apoyo del bufón gallego cuando mandó a España a la “puta mierda” y deseó que a los españoles nos explotasen los cojones…
Querido cives: me temo que confundes la legislación con la protección. En todos los reinos de la España del siglo XVII se reconocía el derecho al honor, y se le daba más importancia que ahora. Lo que sucedía es que en aquellos tiempos tenían la suerte de que el Estado se entrometiera mucho menos que ahora en los asuntos particulares.
Se entendía que el derecho al honor era algo que debía ser defendido por cada uno. Los jueces sólo intervenían cuando la defensa de ese derecho llevaba a colisionar con el código penal (por ejemplo, se consideraba que defender el honor podía ser una eximente o atenuante de un delito de lesiones) o cuando había desigualdad manifiesta entre el ofensor y el ofendido (por ser éste anciano, mujer, etc.) y el ofendido no contaba con familiares o amigos que le defendieran.
De hecho buena parte de las comedias de Calderón y otros autores tratan sobre el derecho al honor, quién lo tiene y cuáles son sus límtes. Recordarás que en “El alcalde de Zalamea” el noble ofensor pretende ampararse en que los villanos no tienen derecho al honor, a lo que se impuso la tesis de que todos los hombres y mujeres libres (todos, en aquella época) tenían derecho al honor, y a defenderlo o ser amparados.
Por lo que se está viendo, bajo el Régimen actual eso también ha sufrido un retroceso. Los progresistas (la aristocracia privlegiada actual) tiene derecho a que el Estado use el monopolio de la fuerza para defender su derecho al honor. Los no progresistas -católicos, liberales, patriotas españoles, conservadores, padres de familia numerosa, traidicionalistas, judíos, etc.- (los nuevos siervos) no tenemos derecho a que nuestro honor sea defendido por el Estado, ni tampoco a defenderlo por nuestros medios.
Por cierto, cives, a propósito de la moralidad o no de la Inquisición, te emplazo a una entrada posterior. Quisiera simplemente recordarte que es una cuestión muy discutida, entre dos posturas extremas:
- La postura confesional católica es que la Inquisición fue un pecado, pues violaba el derecho a la libertad de conciencia otorgado por Dios.
- La postura aconfesional/laica es que la Inquisición fue un gran avance de los derechos humanos, porque en una época en la que la libertad de conciencia no estaba reconocida en ningún sitio, al menos dio garantías procesales y de un juicio reglado a los acusados, al contrario de lo que pasaba en los países protestantes, islámicos, y en la Francia y la Alemania católicas.
Hablaremos en esa entrada futura.
Yo dejé de comprar El País mucho antes de que nadie me lo tuviera que decir. Y todavía no he comprado un ejemplar del diario Público: para saber cómo es este periódico sólo he tenido que ver algún artículo en Internet y saber quiénes escriben en él. Curiosamente, la libertad para elegir emana del propio juicio basado en los conocimientos adquiridos, en la propia cultura y en la formación que una persona tiene desde varios puntos de vista. Que fulanito, menganito o zutanito me digan que no hay que leer tal o cual periódico o que no hay que ver tal o cual medio de comunicación me parece un poco pobre, además de borreguil.
(El resto del comentario ha sido editado porque entraba en la polémica Zarzalejos vs. Jiménez Losantos, que no es objeto de esta discusión. Lástima, porque tenía argumentos bastante buenos)
La moralidad o no de la Inquisición es tema más que complejo y enmarañado. (El resto del comentario no ha sido censurado. Por desviarse del tema, lo he copiado y lo reproduciré en la entrada que pienso dedicar en un futuro próximo a la moralidad de la Inquisición. Gracias por la comprensión)