Archivo Mensual de Octubre, 2008

Mileuristas: los nuevos siervos

En la Edad Media, los siervos tenían la obligación de trabajar para un señor. Habitualmente, le entregaban la mitad de lo que cosechaban o criaban. A cambio, el señor les proporcionaba protección contra los bandidos y los enemigos exteriores, administraba justicia y suministraba ciertos servicios económicos (molienda, mercado…). Los siervos no podían abandonar las tierras del señor, y vivían en la pobreza mientras que el señor podía gastar en lujos.Además, los señores hacían objeto a sus siervos de ciertos “malos usos” que vulneraban su libertad y su dignidad humanas.

La servidumbre nunca fue universal en España, y la última región donde fue abolida fue Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos.

Sin embargo, y de tapadillo, el Régimen actual ha reinstaurado la servidumbre para muchos españoles. En España hay hoy, como en la Edad Media, dos tipos de personas: los que pagan impuestos y los que viven de ellos. Entre los primeros se encuentran los trabajadores por cuenta ajena. Entre los segundos, los políticos, los sindicalistas, los subvencionados, los banqueros y grandes empresarios protegidos de la competencia por regulaciones del Estado, los funcionarios, y los “artistas” progres.

Dentro de los asalariados, los mileuristas son el prototipo del nuevo siervo. Pagan al Estado la mitad de lo que ganan a cambio de que el Estado se ocupe (teóricamente) de la seguridad ciudadana, la justicia y la defensa, de educar a sus hijos y de curarles y mantenerles cuando estén enfermos o sean ancianos. Los mileuristas viven en la pobreza, pues con lo que les queda después de pagar los impuestos apenas pueden pagar su casa, vestido y comida. No pueden abandonar su trabajo, puesto que no pueden ahorrar el capital necesario para fundar un pequeño negocio. No tienen libertad para elegir qué médico va a cuidarles, qué educación van a recibir sus hijos ni en qué idioma pueden dirigirse a su señor-Estado. Para rematar, la prohibición en ciertas regiones de que los niños aprendan un idioma que se hable fuera de la región, los ha vuelto a atar literalmente al terruño donde gobierna su señor, pues no podrán encontrar trabajo fuera de él.

Mientras tanto, los señores que viven a costa de su trabajo viven en el lujo al tiempo que descuidan sus obligaciones de defender a sus siervos de los delincuentes y los enemigos exteriores, así como de la de administrar justicia equitativa y diligentemente.

Y, por favor, que nadie me diga que, como vivimos en una democracia, su suerte puede cambiar. Ninguno de los partidos del Régimen, ni los nacionales ni los regionales, se plantea cambiar el modelo económico socialdemócrata-neofeudal (valga la redundancia), por lo que el resultado de las elecciones no afectará a la servidumbre de los mileuristas. En las elecciones, lo más que puede hacer un siervo mileurista es elegir quién quiere que sea su señor, pero sin dejar de ser siervo. Su situación es similar a la de los esclavos de la antigua Roma, que acogiéndose a sagrado podían exigir ser vendidos a otro amo si estaban descontentos con el que tenían, pero no podían dejar de ser esclavos.

No me extraña que los progresistas odien tanto la Historia de España, y muy especialmente a los Reyes Católicos. És normal que quien acepta el chollo de vivir a costa del trabajo de sus siervos eche espuma por la boca cada vez que alguien le recuerda que su chollo puede tener fin.

Solucionar la crisis de la Justicia

 En estos momentos, España entera padece el gravísimo problema del deficiente funcionamiento de la Justicia. Asistimos hoy al espectáculo inaudito de una huelga de jueces y secretarios de Justicia, mientras las sentencias de los juicios se demoran largos años, en muchas ocasiones no se ejecutan, se producen fallos (nunca mejor dicho) inexplicables en una sociedad sana, y como resultado el ciudadano de pie se ve indefenso ante los poderosos y, entre ellos y muy especialmente, ante el gobierno central y los de las taifas.

Los jueces y secretarios señalan dos causas con las que estoy de acuerdo: la ínfima dotación de personal y medios materiales y la injerencia de los políticos en la administración de justicia. Yo añadiría al menos otra: unas leyes absurdas, complacientes con el delincuente e implacables con el ciudadano honrado. Pero aunque todas ellas son importantes, hoy quiero centrarme en la primera de ellas: la falta de dotación de medios.

La falta de medios de la Justicia es compartida también por las fuerzas de seguridad, al menos por las del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). Plantillas escasas, falta de los medios más elementales, incluso pistolas y balas, y desprotección legal y moral por parte de los políticos. Como consecuencia lógica, la inseguridad se está disparando.

Administrar justicia y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes son la razón primera de ser del Estado. Un Estado que no cumpla esas funciones pierde toda legitimidad para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y civiles. ¿Y acaso lo que sucede es que el Estado español es tan pobre, tiene tan pocos recursos, que éstos no alcanzan ni a cubrir las necesidades más elementales?

En absoluto. El Estado español es más que rico, opulento. España es un país rico y su esfuerzo fiscal es altísimo, aunque no llegue a los disparatados niveles de algunos países nórdicos. El Estado maneja cantidades astronómicas de nuestro dinero. Lo que ocurre es que lo gasta muy mal. Al mismo tiempo que desatiende sus obligaciones prioritarias, se gastan millonadas en mantener a todo lujo 21 cámaras legislativas (Congreso, Senado, 17 autonomías, Ceuta y Melilla), y 20 gobiernos, hordas de asesores políticos, millones de funcionarios y subvenciones millonarias a grupos privilegiados como los banqueros, los sindicatos, los artistas millonarios, las ONG progres, etc.

La solución a los problemas económicos y de personal de la Justicia y la Policía podría ser muy sencilla. Doténse las plazas necesarias (10.000, 20.000 ó 50.000) en dichos cuerpos, y convóquese un concurso  abierto a los funcionarios de todas las administraciones públicas con la titulación necesaria.  Al fin y al cabo, licenciados en Derecho y administrativos los hay por cientos de miles entre los funcionarios. Cúbranse todas las funciones administrativas de la Policía con personal administrativo que permita que los policías salgan a la calle. Y modífiquese el Estatuto de la Función Pública para que los funcionarios que, teniendo la titulación necesaria, no se presenten a dicho concurso, pierdan su derecho a ascensos, complementos y cualquier otra remuneración por encima de la básica irrevocable.

Si se traspasasen 100.000 funcionarios de las distintas administraciones a los ministerios de Justicia e Interior el resto de las funciones del Estado no sufrirían ningún menoscabo (seguramente mejorarían). Y el dinero de los contribuyentes españoles se emplearía mucho mejor. Para eso sólo hacen falta ideas claras y voluntad de hacer las cosas bien. Y el apoyo ciudadano no faltaría. Si se le preguntase a cualquier ciudadano si prefiere que se destine su dinero a pagar a un funcionario del gobierno autonómico de su región (o del Ministerio de la Vivienda) o bien a pagar a un policía nacional ¿alguien tiene alguna duda de lo que contestaría?

Mientras no se solucionen los problemas de la justicia y la seguridad, el Estado perderá legitimidad día tras día. Y todos, menos los grupos privilegiados, perderemos con ello.

Socialismo: quitar a los pobres para dar a los ricos

Tras la decisión del secretario general del PSOE, compañero Rodríguez Zapatero, de dar a los bancos 150.000 millones de euros de los contribuyentes españoles, muchos se han extrañado de que un gobierno socialista le quite el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. No deberían. El socialismo consiste exactamente en eso. Sólo su magistral dominio de la propaganda ha podido convencer a tanta gente de lo contrario. El gobierno del compañero Rodríguez no le quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos a pesar de ser socialista, sino que lo hace porque es socialista.

Friedrich von Hayek lo demostró claramente en su libro Camino de servidumbre. El socialismo consiste en que el gobierno decide cuál es el uso más adecuado de los recursos de toda la sociedad. ”Libre” del “egoísmo” con el que cada uno administra sus bienes cuando hay libertad económica, un gobierno socialista le quita una parte de sus bienes a todos y se los da a los que más lo necesitan o pueden hacer un uso más productivo de los mismos.

Hayek demostró que este régimen no funciona desde el punto de vista económico, pero ahora quiero llamar vuestra atención sobre otro aspecto: el funcionamiento interno de un gobierno socialista. El gobierno no es un ente impersonal: son políticos y burócratas con nombres y apellidos. Los políticos y burócratas, pues, cobran impuestos a todos (o a aquellos que menos medios tienen para defenderse) y luego le dan el dinero a quienes ellos deciden que lo necesitan más. Es decir, que en un sistema socialista los políticos o burócratas tienen el poder de dirigir grandes cantidades de dinero ajeno a los grupos sociales que ellos quieran.

Estos políticos y burócratas pueden actuar honradamente, y ser convencidos por quienes más medios ponen en “informarles” de que es de interés social darles el dinero precisamente a ellos. Pueden ser maquiavélicos y darles el dinero (con la excusa de interés social que sea) a quienes piensen que les pueden ayudar a mantener su puesto de burócrata o su cargo político (”comprar” votos). Y también pueden corromperse y dar el dinero de los demás a quienes les paguen los sobornos más altos.

En cualquiera de los casos, los trabajadores pobres tienen todas las de perder (porque tienen menos influencia y dinero) y los ricos todas las de ganar (porque tienen más dinero -p.ej. los bancos-, más influencia -p.ej. los titiriteros progres- o más de ambas cosas -p.ej. los empresarios de los grupos de medios). Y así, podemos ver como bajo este Régimen, en España quienes más impuestos pagan son los trabajadores por cuenta ajena (a los que el Estado quita la mitad de su renta), después los autónomos y empresarios y, por último, los millonarios. Y como los grandes beneficiados por las transferencias, subvenciones y privilegios del Estado son castas de millonarios como los bancos, las constructoras, los “artistas” progres, los fabricantes de autómoviles, los sindicatos y los partidos políticos.

Un buen ejemplo es el plan financiero compadreado entre el gobierno y la presunta oposición. Según este plan, el Estado va a entregar 150.000 millones de euros a las entidades financieras. Es decir, cada uno de los 40 millones de españoles va a dar algo más de 3.000 euros de su dinero a los banqueros.

Así que, mileurista, no te engañes.El año que viene, además de los seis meses que habitualmente trabajas para mantener al Estado y sus privilegiados, el compañero Rodríguez Zapatero ha decidido que tendrás que trabajar tres meses más para mantener a los banqueros. Y eso sí, si con lo poco que te queda no puedes pagar tu hipoteca, para tí no habrá plan de rescate. Y eso será así porque tenemos un gobierno socialista.

Aborto, esclavitud, genocidio, Holocausto, eutanasia

Algunos hermanos judíos se quejan de que se compare el aborto y otros genocidios con el Holocausto. Comprendo su punto de vista, pero lo cierto es que todos los conceptos que cito en el título tienen algo en común, algo que está precisamente en la raíz de su inhumanidad.

A lo largo de la Historia ha habido regímenes legales que permitían (y a veces hacían obligatorios) la esclavitud, la eutanasia, el infanticidio prenatal (aborto) o postnatal, y el exterminio de grupos sociales o religiosos (genocidios varios y muy especialmente el Holocausto). Y estos regímenes en algunas ocasiones eran sistemas legales muy avanzados en otras dimensiones, como es el caso del mismísimo Derecho Romano. No obstante, una de sus raíces estaba podrida.

La raíz podrida de todos estos sistemas es la misma: se reconoce el derecho a la vida de unas personas, pero se le niega a otras. El criterio por el que se decide quien carece de derecho a la vida varía: puede ser la edad (niños o ancianos), puede ser la salud, puede ser la raza, la condición social (esclavo o libre) o la religión. Pero en todos ellos hay una casta de personas privilegiadas y otra de personas sometidas.

Exijamos, pues, a nuestros hermanos progresistas que sean claros: legalizar el aborto consiste en romper la igualdad de derechos de todas las personas. Todas las argumentaciones acerca de si el niño no es persona hasta que pasa no sé cuanto tiempo desde la concepción son milongas anticientíficas para confundir a los ingenuos, y ellos lo saben. Lo que proponen de verdad es imponernos la ruptura del principio de la igualdad de todos ante la Ley. Y nada menos que para el derecho a la vida.

Así que, hermanos progresistas, repetid: “lo progresista es que unas personas tengan más derechos que otros. La igualdad de todos ante la Ley es un dogma cristiano ya superado”.