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6750 mileuristas trabajan como siervos para los palacios de Chaves y Touriño

 La prensa se ha hecho eco estos días de la emoción que Michelle Robinson de Obama ha debido sentir al entrar en la Casa Blanca como futura Primera Dama, y recordar que ese edificio fue construido por esclavos negros, como sus antepasados. A este lado del charco, no tenemos mansiones construidas por esclavos, pero sí presidentes regionales que se dedican a reformar palacios a todo lujo a costa del trabajo servil de miles de españoles.

Recientemente hemos conocido la noticia de que el presidente regional andaluz, Manuel Chaves, se gastará 52 millones de euros de los contribuyentes en reformar su palacio. Igualmente, hemos sabido que el presidente regional gallego, Emilio Pérez Touriño, se gastó 2 millones de euros de los contribuyentes en reformar su despacho. 

Hagamos unos sencillos números. Como hemos visto anteriormente, los mileuristas españoles viven en condiciones de servidumbre y aportan cada uno 8.000 euros de impuestos al año. Es decir, que para que los emires neofeudales de las taifas de Galicia y Andalucía vivan en el lujo, hay 6.750 españoles que trabajan de sol a sol, padecen de estrés y tienen dificultades para llegar a final de mes. Sólo para dotar de más lujo a sus palacios, Chaves y Touriño han reducido a la servidumbre a 6.750 españoles.

Y esto es muy grave. Los derroches de los nuevos señores tienen un impacto muy directo en la vida de cientos de miles de españoles, sobre todo de los menos favorecidos. Muchos jóvenes trabajan largas horas (más de 40 habitualmente) en condiciones precarias por unos 1.000 euros al mes (los mileuristas). Si están casados, como necesitan de los dos sueldos para poder pagar la casa y los gastos esenciales, no pueden pensar en pedir reducciones de jornada o excedencias para cuidar de sus hijos pequeños. De ahí que las españolas tengan menos hijos de los que querrían.

Imaginemos que unos gobernantes más amigos de la libertad que del lujo hubiesen dedicado esos 54 millones de euros a reducir a la mitad los impuestos que pagan 13.500 mileuristas. Habría 13.500 españoles que ingresarían 4.000 euros adicionales al año, y que además seguirían contribuyendo con un 25% de su renta a los gastos comunes de la Nación. Con ese dinero podrían hacer frente con desahogo a sus hipotecas, o bien pedir una reducción de jornada para cuidar a los hijos que ahora sí tendrían. 13.500 siervos habrían recobrado su condición de ciudadanos libres.

La mansión de los presidentes de los Estados Unidos se construyó hace doscientos años con el sudor y la sangre de docenas de esclavos. Los palacios de los políticos españoles se reforman hoy en día con el sudor y las lágrimas de miles de siervos españoles.

La Generalidad reparte siervos

  Como hemos visto en entradas anteriores, la condición de los asalariados mileuristas bajo el Régimen actual es muy similar a la de los siervos en la Edad Media. Y, como en la Edad Media, no es que se hayan convertido en esclavos del Estado. Eso sucedía en las tiranías orientales. En la socialdemocracia neofeudal, al igual que en el feudalismo, el presidente del gobierno (antes el Rey) puede otorgar un determinado número de siervos en señorío a otros señores de la nueva nobleza, que en algunos casos, a su vez, pueden volver a repartirlos entre sus hidalgos y nobles.

Si analizamos lo que cada mileurista siervo aporta a sus señores,  vemos que cada uno aporta 8.023 euros al año (calculando ingresos anuales después de SS e IRPF de 12.000 euros). Pero no todo este dinero va a pagar los gastos del Estado Central. Una parte es redirigida a los gobiernos regionales, y otra parte es distribuida, mediante subvenciones y mecanismos análogos, a unos cuantos grupos a los que el Partido en el gobierno quiere favorecer. Este proceso, por supuesto, también se repite a nivel regional, provincial (Diputaciones) y local (ayuntamientos).

A efectos prácticos, estos grupos que reciben dinero sin realizar ninguna función propia del Estado (no son concesionarios ni subcontratistas), están recibiendo el fruto del esfuerzo de un cierto número de siervos para su lucro particular. En términos medievales, diríamos que esos siervos les han sido dados en vasallaje por el señor, igual que los reyes concedían aldeas o lugares en señorío (con habitantes incluidos) a aquellos nobles que gozaban de su favor.

Fijémonos en un ejemplo: el Principado de Cataluña (antes condados de Barcelona, Urgel y otros). El Virrey de Cataluña (Presidente de la Generalidad), Honorable Jozep Montilla, entregó a la prensa catalana afín al Régimen la bonita cantidad de 17.631.657 euros en 2007. Si lo dividimos entre 8.023, encontramos que, en 2007, hubo 2.197 mileuristas que trabajaron forzadamente para lucrar a los empresarios catalanes de la prensa. 2.197. Que equivale, aproximadamente, a la población activa de un pueblo como Bagur (Gerona).

O lo que es lo mismo, que a efectos prácticos el gobierno tripartito regional ha convertido a los editores catalanes en Señores de Bagur, y a todos los habitantes de Bagur en siervos de los empresarios de la prensa. Afortunadamente, por ahora, los nuevos señores feudales se limitan a exprimir económicamente a sus siervos, sin restaurar otros malos usos como el derecho de pernada. Aunque al paso que vamos, igual lo restauran bajo el nombre de “clases prácticas de educación para la ciudadanía”.

Cataluña fue la última región de España donde se abolió la servidumbre, en tiempos de Fernando II el Católico. Gracias a los avances sociales que ha traído el progresismo laico-nacionalista, es una de las primeras donde esa venerable institución ha sido restaurada en mayor plenitud.

En defensa de mi Reina

Son éstos tiempos extraños. Se insulta y menosprecia a la Reina consorte sin que ninguno de los señores del reino mueva un dedo para defender su honor. Y los pocos que hablan lo hacen con un tono burlón aún más ofensivo. Pero no son cosas nuevas. Ya en mis tiempos había quien criticaba a la reina Isabel Zaida por haber nacido musulmana y conservar muchas costumbres árabes (que en nada contradecían a nuestra fe católica). Y, como entonces, cuando callan los señores es hora de que los simples caballeros, y hasta los niños, alcemos nuestra voz en defensa del honor de nuestra reina.

Lejos de un caballero del Cid el afirmar que los hechos criticables de un rey no pueden ser criticados en tiempo y forma. Pero cuando vemos como la progresía se ha abalanzado como perros rabiosos contra la reina doña Sofía por sus declaraciones a Pilar Urbano, lo primero que cabe preguntarse es ¿hay algo criticable en ellas? ¿Ha faltado acaso la reina al deber de neutralidad?

Se critica a doña Sofía por haber dicho que la unión sodomítica de dos varones puede ser respetada, pero no puede denominarse matrimonio. Pero eso no es sino decir que hay que llamar a las cosas por su nombre. Llamar a las cosas por su nombre es de puro sentido común, y virtud que los castellanos viejos, así como los navarros y aragoneses, tenemos a gala. ¿Puede criticarse a una reina venida de Grecia por decir que hay que llamar al pan, pan y al vino, vino?

También se le critica haber dicho que no es partidaria ni del aborto ni de la eutanasia. Pero ambas conductas vulneran la Constitución vigente (”Todos tienen derecho a la vida”) y están catalogadas como delito en el Código Penal vigente. ¿Puede criticarse a una reina consorte constitucional por decir que es partidaria de que se cumplan la Constitución y las leyes vigentes?

Y no se trata de que estemos o no de acuerdo con lo que dice. Si la Reina hubiese dicho que le parecía bien que pudiese reservarse algún sector industrial al monopolio del Estado (una posibilidad desgraciadamente prevista en la Constitución), yo habría manifestado mi desacuerdo con ella en ese punto, pero no la criticaría por extralimitarse de sus funciones.

Señora, un día vi en Santa Gadea como un hidalgo, el Cid, hizo jurar a un rey… para luego que el rey cumplió con sus obligaciones serle leal en el favor y en el destierro. Vos habéis cumplido con vuestra obligación. Mi espada y mi bitácora están a vuestro servicio.

Mileuristas: los nuevos siervos

En la Edad Media, los siervos tenían la obligación de trabajar para un señor. Habitualmente, le entregaban la mitad de lo que cosechaban o criaban. A cambio, el señor les proporcionaba protección contra los bandidos y los enemigos exteriores, administraba justicia y suministraba ciertos servicios económicos (molienda, mercado…). Los siervos no podían abandonar las tierras del señor, y vivían en la pobreza mientras que el señor podía gastar en lujos.Además, los señores hacían objeto a sus siervos de ciertos “malos usos” que vulneraban su libertad y su dignidad humanas.

La servidumbre nunca fue universal en España, y la última región donde fue abolida fue Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos.

Sin embargo, y de tapadillo, el Régimen actual ha reinstaurado la servidumbre para muchos españoles. En España hay hoy, como en la Edad Media, dos tipos de personas: los que pagan impuestos y los que viven de ellos. Entre los primeros se encuentran los trabajadores por cuenta ajena. Entre los segundos, los políticos, los sindicalistas, los subvencionados, los banqueros y grandes empresarios protegidos de la competencia por regulaciones del Estado, los funcionarios, y los “artistas” progres.

Dentro de los asalariados, los mileuristas son el prototipo del nuevo siervo. Pagan al Estado la mitad de lo que ganan

a cambio de que el Estado se ocupe (teóricamente) de la seguridad ciudadana, la justicia y la defensa, de educar a sus hijos y de curarles y mantenerles cuando estén enfermos o sean ancianos. Los mileuristas viven en la pobreza, pues con lo que les queda después de pagar los impuestos apenas pueden pagar su casa, vestido y comida. No pueden abandonar su trabajo, puesto que no pueden ahorrar el capital necesario para fundar un pequeño negocio. No tienen libertad para elegir qué médico va a cuidarles, qué educación van a recibir sus hijos ni en qué idioma pueden dirigirse a su señor-Estado. Para rematar, la prohibición en ciertas regiones de que los niños aprendan un idioma que se hable fuera de la región, los ha vuelto a atar literalmente al terruño donde gobierna su señor, pues no podrán encontrar trabajo fuera de él.

Mientras tanto, los señores que viven a costa de su trabajo viven en el lujo al tiempo que descuidan sus obligaciones de defender a sus siervos de los delincuentes y los enemigos exteriores, así como de la de administrar justicia equitativa y diligentemente.

Y, por favor, que nadie me diga que, como vivimos en una democracia, su suerte puede cambiar. Ninguno de los partidos del Régimen, ni los nacionales ni los regionales, se plantea cambiar el modelo económico socialdemócrata-neofeudal (valga la redundancia), por lo que el resultado de las elecciones no afectará a la servidumbre de los mileuristas. En las elecciones, lo más que puede hacer un siervo mileurista es elegir quién quiere que sea su señor, pero sin dejar de ser siervo. Su situación es similar a la de los esclavos de la antigua Roma, que acogiéndose a sagrado podían exigir ser vendidos a otro amo si estaban descontentos con el que tenían, pero no podían dejar de ser esclavos.

No me extraña que los progresistas odien tanto la Historia de España, y muy especialmente a los Reyes Católicos. És normal que quien acepta el chollo de vivir a costa del trabajo de sus siervos eche espuma por la boca cada vez que alguien le recuerda que su chollo puede tener fin.

Solucionar la crisis de la Justicia

 En estos momentos, España entera padece el gravísimo problema del deficiente funcionamiento de la Justicia. Asistimos hoy al espectáculo inaudito de una huelga de jueces y secretarios de Justicia, mientras las sentencias de los juicios se demoran largos años, en muchas ocasiones no se ejecutan, se producen fallos (nunca mejor dicho) inexplicables en una sociedad sana, y como resultado el ciudadano de pie se ve indefenso ante los poderosos y, entre ellos y muy especialmente, ante el gobierno central y los de las taifas.

Los jueces y secretarios señalan dos causas con las que estoy de acuerdo: la ínfima dotación de personal y medios materiales y la injerencia de los políticos en la administración de justicia. Yo añadiría al menos otra: unas leyes absurdas, complacientes con el delincuente e implacables con el ciudadano honrado. Pero aunque todas ellas son importantes, hoy quiero centrarme en la primera de ellas: la falta de dotación de medios.

La falta de medios de la Justicia es compartida también por las fuerzas de seguridad, al menos por las del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). Plantillas escasas, falta de los medios más elementales, incluso pistolas y balas, y desprotección legal y moral por parte de los políticos. Como consecuencia lógica, la inseguridad se está disparando.

Administrar justicia y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes son la razón primera de ser del Estado. Un Estado que no cumpla esas funciones pierde toda legitimidad para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y civiles. ¿Y acaso lo que sucede es que el Estado español es tan pobre, tiene tan pocos recursos, que éstos no alcanzan ni a cubrir las necesidades más elementales?

En absoluto. El Estado español es más que rico, opulento. España es un país rico y su esfuerzo fiscal es altísimo, aunque no llegue a los disparatados niveles de algunos países nórdicos. El Estado maneja cantidades astronómicas de nuestro dinero. Lo que ocurre es que lo gasta muy mal. Al mismo tiempo que desatiende sus obligaciones prioritarias, se gastan millonadas en mantener a todo lujo 21 cámaras legislativas (Congreso, Senado, 17 autonomías, Ceuta y Melilla), y 20 gobiernos, hordas de asesores políticos, millones de funcionarios y subvenciones millonarias a grupos privilegiados como los banqueros, los sindicatos, los artistas millonarios, las ONG progres, etc.

La solución a los problemas económicos y de personal de la Justicia y la Policía podría ser muy sencilla. Doténse las plazas necesarias (10.000, 20.000 ó 50.000) en dichos cuerpos, y convóquese un concurso  abierto a los funcionarios de todas las administraciones públicas con la titulación necesaria.  Al fin y al cabo, licenciados en Derecho y administrativos los hay por cientos de miles entre los funcionarios. Cúbranse todas las funciones administrativas de la Policía con personal administrativo que permita que los policías salgan a la calle. Y modífiquese el Estatuto de la Función Pública para que los funcionarios que, teniendo la titulación necesaria, no se presenten a dicho concurso, pierdan su derecho a ascensos, complementos y cualquier otra remuneración por encima de la básica irrevocable.

Si se traspasasen 100.000 funcionarios de las distintas administraciones a los ministerios de Justicia e Interior el resto de las funciones del Estado no sufrirían ningún menoscabo (seguramente mejorarían). Y el dinero de los contribuyentes españoles se emplearía mucho mejor. Para eso sólo hacen falta ideas claras y voluntad de hacer las cosas bien. Y el apoyo ciudadano no faltaría. Si se le preguntase a cualquier ciudadano si prefiere que se destine su dinero a pagar a un funcionario del gobierno autonómico de su región (o del Ministerio de la Vivienda) o bien a pagar a un policía nacional ¿alguien tiene alguna duda de lo que contestaría?

Mientras no se solucionen los problemas de la justicia y la seguridad, el Estado perderá legitimidad día tras día. Y todos, menos los grupos privilegiados, perderemos con ello.