510 eran los españoles con los que emprendió Hernán Cortés la conquista de México frente al poderosísimo y pujante imperio azteca. Con su audacia, consiguió unir a todos los pueblos oprimidos por los aztecas, hacer dudar a éstos y finalmente liberar a los mexicanos de la opresión y el sufrimiento que le ocasionaban las sanguinarias religiones paganas, el imperialismo azteca y las continuas guerras y sacrificios humanos que ambos originaban. La paz que siguió duró 300 años, durante los cuales México fue la parte más próspera y ordenada de toda América.

3.000 eran los pilotos de la RAF se enfrentaron a la Luftwaffe alemana en la Batalla de Inglaterra. Consiguieron detener la ofensiva de Hitler, salvaguardar las libertades de los británicos de la tiranía nacional-socialista, y en último término hacer posible la vuelta de la libertad a toda Europa. Como dijo Winston Churchill “nunca tantos debieron tanto al sacrificio de tan pocos“. 

50.000 (y subiendo) somos ya los objetores de conciencia españoles a la mal llamada “Educación para la Ciudadanía”. Tenemos en contra toda la fuerza coactiva del Régimen, sus esbirros mediáticos y sus colaboradores (compañeros de viaje o tontos útiles, según zonas) de buena parte del PP. Pero no importa. Somos ya 150 veces más numerosos que los defensores de las Termópilas. 100 veces más que los conquistadores de México. 15 veces más que los defensores de Inglaterra. Y, como ellos, vamos a salvar las libertades occidentales de la barbarie y la tiranía.

En una conferencia dictada en 1985, titulada “Economía de Mercado y Ética”, el cardenal Ratzinger exponía cómo todo sistema económico depende en última instancia, no de leyes inmutables, sino de la libertad de acción de las personas que interactúan en él. Y por ello, concluía que Se hace evidente en la historia de la economía que la conformación de los sistemas económicos y su vinculación con el bien común depende de una cierta disciplina ética que a su vez sólo puede emerger y obtener su aliento vital de las fuerzas religiosas. A la inversa, también comienza a evidenciarse que la declinación de tal disciplina puede provocar el colapso de las fuerzas del mercado.

Hoy sabemos que el actual Papa tenía razón: la economía financiera mundial se ha colapsado precisamente porque muchos financieros de todo el mundo han abandonado los códigos tradicionales de conducta de la banca para incurrir en fraudes masivos y riesgos temerarios. La cuestión que se plantea es ¿por qué pudo acertar alguien que reconocía no poseer el criterio económico necesario con un diagnóstico que escapó a los más brillantes economistas del mundo?

La explicación es sencilla: porque abandonó explícitamente las recetas laicistas. Frente a las doctrinas de quienes, desde la política o la economía, reivindican e incluso imponen manu militari la separación entre los decisiones económicas y la moral religiosa, Ratzinger nos recordaba que el hombre es un ser libre y moral. Sólo desde la integración armónica de religión y técnica económica es posible construir un sistema económico ordenado y justo. No es el primero que lo hace. Muchos de los grandes economistas, desde los pioneros de la Escuela de Salamanca al reciente premio Nobel Amartya Sen, pasando por Adam Smith y la Escuela Austríaca de Mises, Hayek y Rothbard, han estudiado la economía como una aplicación particular de la libertad humana y, por lo tanto, de la moral.

No quiero añadir más, sino que recomiendo encarecidamente la lectura del artículo de Benedicto XVI para entender los peligros que el laicismo, tanto en su vertiente capitalista impersonal como socialista, tiene para el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de los más pobres. Sólo concluir mi entrada con las mismas palabras que acaba el artículo del Financial Times:

If only society had listened to the younger Cardinal Ratzinger more than 20 years ago – before, of course, it was reasonable to forecast he would be the next Pope.

(Si tan sólo la sociedad hubiese escuchado al joven Cardenal Ratzinger hace más de 20 años - antes, por supuesto, de que fuese razonable predecir que sería el siguiente Papa)

Pero pedir una actuación mayor del Estado en la supervisión y policía de los mercados no significa que el Estado tenga que hacerse más grande. Todo lo contrario. Si el Estado no ha cumplido con sus obligaciones básicas ha sido habitualmente porque los gobernantes estaban muy entretenidos con otras cosas, dedicando su atención y nuestro dinero a multitud de asuntos en los que la acción del Estado estaba menos justificada, o estaba incluso contraindicada. Como dice el refrán “el que mucho abarca poco aprieta“.

Así, se da la paradoja de que la justicia y la seguridad funcionen con graves deficiencias, o de que el gobierno no tomase ninguna medida contra la crisis económica (e incluso la negase), mientras que el secretario general del Partido, José Luis Rodríguez, y sus ministros dedicaban casi todo su tiempo y su capital político a ministerios innecesarios como el de Igualdad o sin competencias como el de Vivienda; el Ejército se dedicaba a adquirir camiones de bomberos en lugar de blindados, y los gobiernos regionales se dedicaban a abrir pseudoembajadas mientras barrios enteros se caían a pedazos.

Incluso las corrientes liberales más consecuentes afirman que para que se desarrolle correctamente la libertad económica y social es imprescindible que el Estado cumpla ciertas funciones básicas, y que las cumpla bien. Y puesto que ahora no lo hace, lo lógico es que los gobernantes devolviesen a la sociedad la iniciativa en todas las actividades no imprescindibles, de modo que pudiesen concentrarse en las verdaderamente importantes.

Candidatos a reducción no faltan. A parte de los más obvios, como las subvenciones al cine, los sindicatos, los partidos y las asesorías, hay numerosos ministerios (y conserjerías autonómicas) superfluos.

El ministerio de igualdad es innecesario, al menos si funcionasen bien la policía y la justicia.

El Estado de las autonomías se diseñó en una época de ordenadores centrales (mainframes) caros, escasos y sin comunicación entre ellos. En la era de Internet, cuando un único servidor (como el de HO) puede prestar servicio a todo el planeta, muchas competencias que se descentralizaron en la época de la plumilla y los manguitos se podrían prestar de modo más eficaz centralizándolas en un único lugar (no necesariamente en Madrid). Cuando una función se mantenga transferida (como vivienda) lo que habría que cerrar es el ministerio central. Todo esto liberaría miles de funcionarios y decenas de miles de euros para reforzar el Estado donde hace falta.

Otro campo de mejora potencial es la educación. Después de las desastrosas leyes progres (de Franco y del PSOE, aplicadas por el PP), la educación no hace más que perder libertad y perder calidad, pero esta pérdida es mucho mayor en la enseñanza gubernamental que en la de iniciativa social. Los informes PISA muestran que los alumnos de la enseñanza social obtienen mejores resultados que la estatal, y tanto mejores cuanto menos sometida está a las infinitas y rigidísimas regulaciones estatales. Pese a ello, algunos gobiernos regionales como el andaluz y el extremeño se empeñan en reducir el tamaño del sector social. Si se otorgase mucha mayor libertad a los centros (y se reforzase el control de resultados), y se financiase equitativamente a la enseñanza social, la calidad de la enseñanza mejoraría, y muchos funcionarios titulados que hoy atestan los órganos centrales del Ministerio y las conserjerías autonómicas podrían ser mejor empleados en el control de las entidades financieras y la transparencia de la información a inversores y consumidores.

Ejemplos hay a cientos. Es cuestión de valor político.

Hace falta más Estado, mejor Estado, menor Estado.

Recientemente hemos conocido la noticia de que el presidente regional andaluz, Manuel Chaves, se gastará 52 millones de euros de los contribuyentes en reformar su palacio. Igualmente, hemos sabido que el presidente regional gallego, Emilio Pérez Touriño, se gastó 2 millones de euros de los contribuyentes en reformar su despacho. 

Hagamos unos sencillos números. Como hemos visto anteriormente, los mileuristas españoles viven en condiciones de servidumbre y aportan cada uno 8.000 euros de impuestos al año. Es decir, que para que los emires neofeudales de las taifas de Galicia y Andalucía vivan en el lujo, hay 6.750 españoles que trabajan de sol a sol, padecen de estrés y tienen dificultades para llegar a final de mes. Sólo para dotar de más lujo a sus palacios, Chaves y Touriño han reducido a la servidumbre a 6.750 españoles.

Y esto es muy grave. Los derroches de los nuevos señores tienen un impacto muy directo en la vida de cientos de miles de españoles, sobre todo de los menos favorecidos. Muchos jóvenes trabajan largas horas (más de 40 habitualmente) en condiciones precarias por unos 1.000 euros al mes (los mileuristas). Si están casados, como necesitan de los dos sueldos para poder pagar la casa y los gastos esenciales, no pueden pensar en pedir reducciones de jornada o excedencias para cuidar de sus hijos pequeños. De ahí que las españolas tengan menos hijos de los que querrían.

Imaginemos que unos gobernantes más amigos de la libertad que del lujo hubiesen dedicado esos 54 millones de euros a reducir a la mitad los impuestos que pagan 13.500 mileuristas. Habría 13.500 españoles que ingresarían 4.000 euros adicionales al año, y que además seguirían contribuyendo con un 25% de su renta a los gastos comunes de la Nación. Con ese dinero podrían hacer frente con desahogo a sus hipotecas, o bien pedir una reducción de jornada para cuidar a los hijos que ahora sí tendrían. 13.500 siervos habrían recobrado su condición de ciudadanos libres.

La mansión de los presidentes de los Estados Unidos se construyó hace doscientos años con el sudor y la sangre de docenas de esclavos. Los palacios de los políticos españoles se reforman hoy en día con el sudor y las lágrimas de miles de siervos españoles.

Si analizamos lo que cada mileurista siervo aporta a sus señores,  vemos que cada uno aporta 8.023 euros al año (calculando ingresos anuales después de SS e IRPF de 12.000 euros). Pero no todo este dinero va a pagar los gastos del Estado Central. Una parte es redirigida a los gobiernos regionales, y otra parte es distribuida, mediante subvenciones y mecanismos análogos, a unos cuantos grupos a los que el Partido en el gobierno quiere favorecer. Este proceso, por supuesto, también se repite a nivel regional, provincial (Diputaciones) y local (ayuntamientos).

A efectos prácticos, estos grupos que reciben dinero sin realizar ninguna función propia del Estado (no son concesionarios ni subcontratistas), están recibiendo el fruto del esfuerzo de un cierto número de siervos para su lucro particular. En términos medievales, diríamos que esos siervos les han sido dados en vasallaje por el señor, igual que los reyes concedían aldeas o lugares en señorío (con habitantes incluidos) a aquellos nobles que gozaban de su favor.

Fijémonos en un ejemplo: el Principado de Cataluña (antes condados de Barcelona, Urgel y otros). El Virrey de Cataluña (Presidente de la Generalidad), Honorable Jozep Montilla, entregó a la prensa catalana afín al Régimen la bonita cantidad de 17.631.657 euros en 2007. Si lo dividimos entre 8.023, encontramos que, en 2007, hubo 2.197 mileuristas que trabajaron forzadamente para lucrar a los empresarios catalanes de la prensa. 2.197. Que equivale, aproximadamente, a la población activa de un pueblo como Bagur (Gerona).

O lo que es lo mismo, que a efectos prácticos el gobierno tripartito regional ha convertido a los editores catalanes en Señores de Bagur, y a todos los habitantes de Bagur en siervos de los empresarios de la prensa. Afortunadamente, por ahora, los nuevos señores feudales se limitan a exprimir económicamente a sus siervos, sin restaurar otros malos usos como el derecho de pernada. Aunque al paso que vamos, igual lo restauran bajo el nombre de “clases prácticas de educación para la ciudadanía”.

Cataluña fue la última región de España donde se abolió la servidumbre, en tiempos de Fernando II el Católico. Gracias a los avances sociales que ha traído el progresismo laico-nacionalista, es una de las primeras donde esa venerable institución ha sido restaurada en mayor plenitud.

Lejos de un caballero del Cid el afirmar que los hechos criticables de un rey no pueden ser criticados en tiempo y forma. Pero cuando vemos como la progresía se ha abalanzado como perros rabiosos contra la reina doña Sofía por sus declaraciones a Pilar Urbano, lo primero que cabe preguntarse es ¿hay algo criticable en ellas? ¿Ha faltado acaso la reina al deber de neutralidad?

Se critica a doña Sofía por haber dicho que la unión sodomítica de dos varones puede ser respetada, pero no puede denominarse matrimonio. Pero eso no es sino decir que hay que llamar a las cosas por su nombre. Llamar a las cosas por su nombre es de puro sentido común, y virtud que los castellanos viejos, así como los navarros y aragoneses, tenemos a gala. ¿Puede criticarse a una reina venida de Grecia por decir que hay que llamar al pan, pan y al vino, vino?

También se le critica haber dicho que no es partidaria ni del aborto ni de la eutanasia. Pero ambas conductas vulneran la Constitución vigente (”Todos tienen derecho a la vida”) y están catalogadas como delito en el Código Penal vigente. ¿Puede criticarse a una reina consorte constitucional por decir que es partidaria de que se cumplan la Constitución y las leyes vigentes?

Y no se trata de que estemos o no de acuerdo con lo que dice. Si la Reina hubiese dicho que le parecía bien que pudiese reservarse algún sector industrial al monopolio del Estado (una posibilidad desgraciadamente prevista en la Constitución), yo habría manifestado mi desacuerdo con ella en ese punto, pero no la criticaría por extralimitarse de sus funciones.

Señora, un día vi en Santa Gadea como un hidalgo, el Cid, hizo jurar a un rey… para luego que el rey cumplió con sus obligaciones serle leal en el favor y en el destierro. Vos habéis cumplido con vuestra obligación. Mi espada y mi bitácora están a vuestro servicio.

La servidumbre nunca fue universal en España, y la última región donde fue abolida fue Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos.

Sin embargo, y de tapadillo, el Régimen actual ha reinstaurado la servidumbre para muchos españoles. En España hay hoy, como en la Edad Media, dos tipos de personas: los que pagan impuestos y los que viven de ellos. Entre los primeros se encuentran los trabajadores por cuenta ajena. Entre los segundos, los políticos, los sindicalistas, los subvencionados, los banqueros y grandes empresarios protegidos de la competencia por regulaciones del Estado, los funcionarios, y los “artistas” progres.

Dentro de los asalariados, los mileuristas son el prototipo del nuevo siervo. Pagan al Estado la mitad de lo que ganan a cambio de que el Estado se ocupe (teóricamente) de la seguridad ciudadana, la justicia y la defensa, de educar a sus hijos y de curarles y mantenerles cuando estén enfermos o sean ancianos. Los mileuristas viven en la pobreza, pues con lo que les queda después de pagar los impuestos apenas pueden pagar su casa, vestido y comida. No pueden abandonar su trabajo, puesto que no pueden ahorrar el capital necesario para fundar un pequeño negocio. No tienen libertad para elegir qué médico va a cuidarles, qué educación van a recibir sus hijos ni en qué idioma pueden dirigirse a su señor-Estado. Para rematar, la prohibición en ciertas regiones de que los niños aprendan un idioma que se hable fuera de la región, los ha vuelto a atar literalmente al terruño donde gobierna su señor, pues no podrán encontrar trabajo fuera de él.

Mientras tanto, los señores que viven a costa de su trabajo viven en el lujo al tiempo que descuidan sus obligaciones de defender a sus siervos de los delincuentes y los enemigos exteriores, así como de la de administrar justicia equitativa y diligentemente.

Y, por favor, que nadie me diga que, como vivimos en una democracia, su suerte puede cambiar. Ninguno de los partidos del Régimen, ni los nacionales ni los regionales, se plantea cambiar el modelo económico socialdemócrata-neofeudal (valga la redundancia), por lo que el resultado de las elecciones no afectará a la servidumbre de los mileuristas. En las elecciones, lo más que puede hacer un siervo mileurista es elegir quién quiere que sea su señor, pero sin dejar de ser siervo. Su situación es similar a la de los esclavos de la antigua Roma, que acogiéndose a sagrado podían exigir ser vendidos a otro amo si estaban descontentos con el que tenían, pero no podían dejar de ser esclavos.

No me extraña que los progresistas odien tanto la Historia de España, y muy especialmente a los Reyes Católicos. És normal que quien acepta el chollo de vivir a costa del trabajo de sus siervos eche espuma por la boca cada vez que alguien le recuerda que su chollo puede tener fin.

Los jueces y secretarios señalan dos causas con las que estoy de acuerdo: la ínfima dotación de personal y medios materiales y la injerencia de los políticos en la administración de justicia. Yo añadiría al menos otra: unas leyes absurdas, complacientes con el delincuente e implacables con el ciudadano honrado. Pero aunque todas ellas son importantes, hoy quiero centrarme en la primera de ellas: la falta de dotación de medios.

La falta de medios de la Justicia es compartida también por las fuerzas de seguridad, al menos por las del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). Plantillas escasas, falta de los medios más elementales, incluso pistolas y balas, y desprotección legal y moral por parte de los políticos. Como consecuencia lógica, la inseguridad se está disparando.

Administrar justicia y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes son la razón primera de ser del Estado. Un Estado que no cumpla esas funciones pierde toda legitimidad para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y civiles. ¿Y acaso lo que sucede es que el Estado español es tan pobre, tiene tan pocos recursos, que éstos no alcanzan ni a cubrir las necesidades más elementales?

En absoluto. El Estado español es más que rico, opulento. España es un país rico y su esfuerzo fiscal es altísimo, aunque no llegue a los disparatados niveles de algunos países nórdicos. El Estado maneja cantidades astronómicas de nuestro dinero. Lo que ocurre es que lo gasta muy mal. Al mismo tiempo que desatiende sus obligaciones prioritarias, se gastan millonadas en mantener a todo lujo 21 cámaras legislativas (Congreso, Senado, 17 autonomías, Ceuta y Melilla), y 20 gobiernos, hordas de asesores políticos, millones de funcionarios y subvenciones millonarias a grupos privilegiados como los banqueros, los sindicatos, los artistas millonarios, las ONG progres, etc.

La solución a los problemas económicos y de personal de la Justicia y la Policía podría ser muy sencilla. Doténse las plazas necesarias (10.000, 20.000 ó 50.000) en dichos cuerpos, y convóquese un concurso  abierto a los funcionarios de todas las administraciones públicas con la titulación necesaria.  Al fin y al cabo, licenciados en Derecho y administrativos los hay por cientos de miles entre los funcionarios. Cúbranse todas las funciones administrativas de la Policía con personal administrativo que permita que los policías salgan a la calle. Y modífiquese el Estatuto de la Función Pública para que los funcionarios que, teniendo la titulación necesaria, no se presenten a dicho concurso, pierdan su derecho a ascensos, complementos y cualquier otra remuneración por encima de la básica irrevocable.

Si se traspasasen 100.000 funcionarios de las distintas administraciones a los ministerios de Justicia e Interior el resto de las funciones del Estado no sufrirían ningún menoscabo (seguramente mejorarían). Y el dinero de los contribuyentes españoles se emplearía mucho mejor. Para eso sólo hacen falta ideas claras y voluntad de hacer las cosas bien. Y el apoyo ciudadano no faltaría. Si se le preguntase a cualquier ciudadano si prefiere que se destine su dinero a pagar a un funcionario del gobierno autonómico de su región (o del Ministerio de la Vivienda) o bien a pagar a un policía nacional ¿alguien tiene alguna duda de lo que contestaría?

Mientras no se solucionen los problemas de la justicia y la seguridad, el Estado perderá legitimidad día tras día. Y todos, menos los grupos privilegiados, perderemos con ello.

Friedrich von Hayek lo demostró claramente en su libro Camino de servidumbre. El socialismo consiste en que el gobierno decide cuál es el uso más adecuado de los recursos de toda la sociedad. ”Libre” del “egoísmo” con el que cada uno administra sus bienes cuando hay libertad económica, un gobierno socialista le quita una parte de sus bienes a todos y se los da a los que más lo necesitan o pueden hacer un uso más productivo de los mismos.

Hayek demostró que este régimen no funciona desde el punto de vista económico, pero ahora quiero llamar vuestra atención sobre otro aspecto: el funcionamiento interno de un gobierno socialista. El gobierno no es un ente impersonal: son políticos y burócratas con nombres y apellidos. Los políticos y burócratas, pues, cobran impuestos a todos (o a aquellos que menos medios tienen para defenderse) y luego le dan el dinero a quienes ellos deciden que lo necesitan más. Es decir, que en un sistema socialista los políticos o burócratas tienen el poder de dirigir grandes cantidades de dinero ajeno a los grupos sociales que ellos quieran.

Estos políticos y burócratas pueden actuar honradamente, y ser convencidos por quienes más medios ponen en “informarles” de que es de interés social darles el dinero precisamente a ellos. Pueden ser maquiavélicos y darles el dinero (con la excusa de interés social que sea) a quienes piensen que les pueden ayudar a mantener su puesto de burócrata o su cargo político (”comprar” votos). Y también pueden corromperse y dar el dinero de los demás a quienes les paguen los sobornos más altos.

En cualquiera de los casos, los trabajadores pobres tienen todas las de perder (porque tienen menos influencia y dinero) y los ricos todas las de ganar (porque tienen más dinero -p.ej. los bancos-, más influencia -p.ej. los titiriteros progres- o más de ambas cosas -p.ej. los empresarios de los grupos de medios). Y así, podemos ver como bajo este Régimen, en España quienes más impuestos pagan son los trabajadores por cuenta ajena (a los que el Estado quita la mitad de su renta), después los autónomos y empresarios y, por último, los millonarios. Y como los grandes beneficiados por las transferencias, subvenciones y privilegios del Estado son castas de millonarios como los bancos, las constructoras, los “artistas” progres, los fabricantes de autómoviles, los sindicatos y los partidos políticos.

Un buen ejemplo es el plan financiero compadreado entre el gobierno y la presunta oposición. Según este plan, el Estado va a entregar 150.000 millones de euros a las entidades financieras. Es decir, cada uno de los 40 millones de españoles va a dar algo más de 3.000 euros de su dinero a los banqueros.

Así que, mileurista, no te engañes.El año que viene, además de los seis meses que habitualmente trabajas para mantener al Estado y sus privilegiados, el compañero Rodríguez Zapatero ha decidido que tendrás que trabajar tres meses más para mantener a los banqueros. Y eso sí, si con lo poco que te queda no puedes pagar tu hipoteca, para tí no habrá plan de rescate. Y eso será así porque tenemos un gobierno socialista.

A lo largo de la Historia ha habido regímenes legales que permitían (y a veces hacían obligatorios) la esclavitud, la eutanasia, el infanticidio prenatal (aborto) o postnatal, y el exterminio de grupos sociales o religiosos (genocidios varios y muy especialmente el Holocausto). Y estos regímenes en algunas ocasiones eran sistemas legales muy avanzados en otras dimensiones, como es el caso del mismísimo Derecho Romano. No obstante, una de sus raíces estaba podrida.

La raíz podrida de todos estos sistemas es la misma: se reconoce el derecho a la vida de unas personas, pero se le niega a otras. El criterio por el que se decide quien carece de derecho a la vida varía: puede ser la edad (niños o ancianos), puede ser la salud, puede ser la raza, la condición social (esclavo o libre) o la religión. Pero en todos ellos hay una casta de personas privilegiadas y otra de personas sometidas.

Exijamos, pues, a nuestros hermanos progresistas que sean claros: legalizar el aborto consiste en romper la igualdad de derechos de todas las personas. Todas las argumentaciones acerca de si el niño no es persona hasta que pasa no sé cuanto tiempo desde la concepción son milongas anticientíficas para confundir a los ingenuos, y ellos lo saben. Lo que proponen de verdad es imponernos la ruptura del principio de la igualdad de todos ante la Ley. Y nada menos que para el derecho a la vida.

Así que, hermanos progresistas, repetid: “lo progresista es que unas personas tengan más derechos que otros. La igualdad de todos ante la Ley es un dogma cristiano ya superado”.