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La esclavitud también era legal, democrática, consensuada y una “libertad”

Las jerarcas del Régimen han hecho caso omiso de las grandes manifestaciones del domingo en defensa de la vida y la mujer. Según las dirigentes socialistas, la ley del exterminio de niños y las libertades de conciencia y educación está bien porque fue aprobada por el Parlamento con amplio consenso, es democrática, y es una victoria del “derecho a decidir” de las mujeres. Sin olvidar que esta ley, “simplemente nos iguala al resto de Europa”.

Y ¿saben ustedes, queridos lectores, qué otra institución estaba aprobada por Parlamentos democráticos con amplio consenso, estaba aceptada en toda Europa y se consideraba parte de las libertades de una clase de ciudadanos? En el siglo XVIII y casi todo el XIX, la esclavitud.

En el siglo XVIII, Inglaterra era un país democrático, y a partir de 1776 también los Estados Unidos. En ambos era legal la esclavitud. También lo era, para vergüenza nuestra, en España hasta 1886, tras varios períodos de gobiernos democráticos desde 1812. Gobiernos democráticos que, con amplio consenso, dieron cobertura legal a esa inhumana institución.

La esclavitud era también considerada como un “derecho”: el derecho de una clase social (los propietarios de esclavos, en este caso) para disponer de la vida y el cuerpo de otros seres humanos (los esclavos). La esclavitud era considerada como parte del “derecho a decidir” de los amos sobre su “propiedad”. Y, por supuesto, si no querías tener esclavos nadie te obligaba a tenerlos, pero no tenías por qué imponer tus convicciones religiosas a los demás. De hecho, durante la Guerra de Secesión los sudistas decían luchar “por las libertades de los Estados del Sur”.

Así que ya sabéis, hermanos subsaharianos: tened cuidado. Al igual que otros africanos negros antes que vosotros, habéis sido conducidos por traficantes musulmanes árabes hasta una tierra donde el Parlamento democrático se considera con derecho a otorgar a una casta de personas el derecho sobre la vida y la libertad de otras. Si al PSOE le diese por ahí, podríais ser protagonistas de la segunda parte de La cabaña del Tío Tom, versión española.

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Ceterum censeo infanticidii leges omnes esse delendas.

Y además, pienso que todas las leyes del aborto deben ser suprimidas.

PP y aborto: “retrataos” en las Cortes, no en la calle

A pesar del apoyo explícito que Mariano Rajoy y la cúpula del PProgre han dado a la vigente legalización del aborto, algunos dirigentes del PP han anunciado que asistirán a la manifestación en defensa de la vida y de las mujeres del próximo 17 de octubre. Pues bien, como les gusta decir a los profesores, a los exámenes hay que ir con los deberes hechos.

Y los deberes de los políticos que ostentan (y a menudo detentan) cargos públicos son distintos que los de los de los ciudadanos particulares.

Los ciudadanos tenemos la obligación de manifestarnos cuando estamos en desacuerdo con una medida propuesta por la casta política. Y especialmente cuando, como es el caso del asesinato prenatal, el asunto no se discutió en la campaña electoral proque todos los partidos del Régimen lo apoyaban, de modo que los votantes no pudimos utilizar nuestro voto para expresar nuestra opinión.

En cambio, los cargos públicos tienen la obligación de tomar decisiones para buscar el bien común. Por lo tanto, los políticos que, acertadamente, piensan que el aborto es un atentado contra la vida de un niño inocente y contra la salud psíquica y corporal de su madre, deben tener en cuenta ese convencimiento a la hora de tomar decisiones. Sólo cuando su historial de toma de decisiones sea completamente coherente con lo que dicen pensar, puede ser admisible que se sumen a una manifestación cívica como la del próximo sábado.

Así, por ejemplo, el Sr. Güemes, nada menos que consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, debería cambiar muchas cosas en su modo de dirigir su departamento antes de aparecer como defensor de los niños no nacidos y sus madres. HazteOir y sus simpatizantes le han sugerido unas cuantas. A mí se me ocurren algunas más: la primera, dejar de pagar abortos con el dinero de los madrileños. Que un delito no sea castigado no obliga de ningún modo a los gobernantes a financiar su comisión.  En segundo lugar, debería prohibir a todos los servicios sanitarios a sus órdenes que recomienden, organicen o de cualquier modo faciliten que una mujer embarazada que acuda a ellos aborte. Y si de verdad quiere demostrar su compromiso con la defensa de la vida, otra medida a su alcance sería enviar a la Inspección Sanitaria a todos y cada uno de los abortorios e imponerles la sanción máxima por cada falta detectada, aun por las más nimias. Al fin y al cabo, tampoco a Al Capone le pudieron condenar por asesinato, pero hicieron justicia con sus víctimas encarcelándolo por fraude fiscal.

El diputado Nacho Uriarte ha hecho una encendida defensa de la vida en su blog y ha anunciado su asistencia al 17-O. Imagino que estas excelentes declaraciones son también una retractación de sus declaraciones de 2007 en las que definía como “la que más beneficia” a la ley actual del aborto (una ley que ”sólo” ha ”beneficiado” a más de un millón de niños muertos y varios cientos de miles de mujeres destrozadas de por vida), aunque no estaría de más que hiciese esa rectificación explícita. Ahora bien, en su calidad de diputado, el Sr. Uriarte puede hacer muchas cosas para defender la vida. Puede presentar enmiendas a la actual propuesta de Ley en las que proponga, además de medidas de apoyo a la maternidad, explicitar un generoso régimen de eximentes penales para las mujeres que abortan (que casi nunca lo hacen libremente), y al mismo tiempo sanciones penales comparables a las del delito de asesinato para los sicarios que ejecutan el aborto, los políticos o parejas que los financian, los empresarios o ejecutivos que coaccionan a sus empleadas embarazadas, y los amantes (o maridos) que presionan a la mujer para no asumir como hombres las consecuencias de sus ratos de placer. A fecha de hoy, no me consta que lo haya hecho, ni que haya anunciado públicamente su intención de hacerlo.

De modo, Sres. Güemes, Uriarte y demás políticos del PP, que cuando hayan hecho sus deberes, les daré la bienvenida a mi lado en la manifestación. Y si no quieren o no se atreven a hacerlos, mejor quédense en sus casitas. No me importa enfrentarme a adversarios que dan la cara, pero quiero estar seguro de que quienes luchan a mi lado no son otro Vellido Dolfos.

Muchas gracias.

Aborto, esclavitud, genocidio, Holocausto, eutanasia

Algunos hermanos judíos se quejan de que se compare el aborto y otros genocidios con el Holocausto. Comprendo su punto de vista, pero lo cierto es que todos los conceptos que cito en el título tienen algo en común, algo que está precisamente en la raíz de su inhumanidad.

A lo largo de la Historia ha habido regímenes legales que permitían (y a veces hacían obligatorios) la esclavitud, la eutanasia, el infanticidio prenatal (aborto) o postnatal, y el exterminio de grupos sociales o religiosos (genocidios varios y muy especialmente el Holocausto). Y estos regímenes en algunas ocasiones eran sistemas legales muy avanzados en otras dimensiones, como es el caso del mismísimo Derecho Romano. No obstante, una de sus raíces estaba podrida.

La raíz podrida de todos estos sistemas es la misma: se reconoce el derecho a la vida de unas personas, pero se le niega a otras. El criterio por el que se decide quien carece de derecho a la vida varía: puede ser la edad (niños o ancianos), puede ser la salud, puede ser la raza, la condición social (esclavo o libre) o la religión. Pero en todos ellos hay una casta de personas privilegiadas y otra de personas sometidas.

Exijamos, pues, a nuestros hermanos progresistas que sean claros: legalizar el aborto consiste en romper la igualdad de derechos de todas las personas. Todas las argumentaciones acerca de si el niño no es persona hasta que pasa no sé cuanto tiempo desde la concepción son milongas anticientíficas para confundir a los ingenuos, y ellos lo saben. Lo que proponen de verdad es imponernos la ruptura del principio de la igualdad de todos ante la Ley. Y nada menos que para el derecho a la vida.

Así que, hermanos progresistas, repetid: “lo progresista es que unas personas tengan más derechos que otros. La igualdad de todos ante la Ley es un dogma cristiano ya superado”.