Minaya Álvar Fáñez

A lo largo del último mes han sucedido dos acontecimientos aparentemente independientes, pero que están muy relacionados entre sí: el reconocimiento abierto por el gobierno socialista de la gravedad y profundidad de nuestra crisis económica, y la negativa del PP a acatar un mal llamado “pacto educativo” con todo lo peor de la política educativa socialista.

Por fin es patente para todos que la política económica socialista de los últimos decenios ha llevado a España a la ruina. La presión fiscal confiscatoria sobre los trabajadores y nula sobre los ricos; la deuda pública astronómica; el derroche millonario en autonomías, cargos públicos, y subvenciones; las dificultades de los jóvenes para conseguir un empleo digno porque los mayores tenían contratos y convenios blindados; los favores políticos a los grandes bancos y empresas, que impiden a las pymes competir en igualdad de condiciones… todo ello ha llevado a la quiebra técnica del estado y la seguridad social, el desempleo para 5 millones de españoles, y nulas perspectivas de crecimiento económico para los próximos años.

El gobierno ha empezado a reaccionar ante la crisis financiera del Estado, aunque por ahora se limite a explotar aún más a los los trabajadores y pensionistas y las clases medias para seguir financiando a los privilegiados y millonarios progresistas. Lamentablemente, la salida de la crisis va a exigir medidas más profundas que la eliminación del despilfarro de los infinitos gobiernos que padecemos. No va a bastar solamente, y ni siquiera principalmente, ni aunque se saneasen las finanzas públicas y bancarias, se recortara a la mitad o la centésima parte el gasto público antisocial y se eliminara el derroche que supone el sistema autonómico. En un mundo cada vez más global, donde las empresas españolas, compiten con las chinas, indias e iberoamericanas, cuyos trabajadores cobran la tercera parte o menos que sus colegas españoles, la única manera de mantener nuestras rentas actuales es producir bienes y servicios con cada vez más valor añadido. Y la única manera de aumentar el valor añadido es contar con empresarios y trabajadores mejor preparados que los de nuestros competidores.

Y aquí entra el segundo factor que mencionaba al principio. Justo en el momento de su historia en el que España necesita tener la población mejor preparada, recogemos los frutos amargos de 40 años de políticas educativas progresistas. Políticas progresistas de han destruido la calidad de la enseñanza española (sobre todo, de la pública), han disparado el fracaso escolar y han hecho descender la preparación de los jóvenes españoles a los niveles más bajos del mundo desarrollado.

En ese sentido, no deja de ser una buena noticia que el PP se haya negado a refrendar la versión más radical de estas nefastas políticas educativas. Desgraciadamente, sus propuestas alternativas no dejaban de ser meros parches para mitigar los daños que causa un sistema podrido desde la raíz. Si queremos que nuestra Patria vuelva a tener futuro, es precisa una reforma total de la educación a partir de bases totalmente diferentes a las actuales. En mi opinión, una política educativa exitosa debe apoyarse en tres pilares: libertad, exigencia e  igualdad de oportunidades para todos. Principios todos ellos, por cierto, recogidos en el artículo 27 de la todavía vigente Constitución de 1978, y muy especialmente en su artículo 27.3.

En futuras entradas propondremos las líneas generales que podría tener un modelo alternativo que permitiese a nuestros hijos y nietos devolver a España a los puestos de cabeza de la economía mundial.

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Ceterum censeo infanticidii leges omnes esse delendas.

Y además, pienso que todas las leyes del aborto deben ser suprimidas.