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La esclavitud también era legal, democrática, consensuada y una “libertad”

Las jerarcas del Régimen han hecho caso omiso de las grandes manifestaciones del domingo en defensa de la vida y la mujer. Según las dirigentes socialistas, la ley del exterminio de niños y las libertades de conciencia y educación está bien porque fue aprobada por el Parlamento con amplio consenso, es democrática, y es una victoria del “derecho a decidir” de las mujeres. Sin olvidar que esta ley, “simplemente nos iguala al resto de Europa”.

Y ¿saben ustedes, queridos lectores, qué otra institución estaba aprobada por Parlamentos democráticos con amplio consenso, estaba aceptada en toda Europa y se consideraba parte de las libertades de una clase de ciudadanos? En el siglo XVIII y casi todo el XIX, la esclavitud.

En el siglo XVIII, Inglaterra era un país democrático, y a partir de 1776 también los Estados Unidos. En ambos era legal la esclavitud. También lo era, para vergüenza nuestra, en España hasta 1886, tras varios períodos de gobiernos democráticos desde 1812. Gobiernos democráticos que, con amplio consenso, dieron cobertura legal a esa inhumana institución.

La esclavitud era también considerada como un “derecho”: el derecho de una clase social (los propietarios de esclavos, en este caso) para disponer de la vida y el cuerpo de otros seres humanos (los esclavos). La esclavitud era considerada como parte del “derecho a decidir” de los amos sobre su “propiedad”. Y, por supuesto, si no querías tener esclavos nadie te obligaba a tenerlos, pero no tenías por qué imponer tus convicciones religiosas a los demás. De hecho, durante la Guerra de Secesión los sudistas decían luchar “por las libertades de los Estados del Sur”.

Así que ya sabéis, hermanos subsaharianos: tened cuidado. Al igual que otros africanos negros antes que vosotros, habéis sido conducidos por traficantes musulmanes árabes hasta una tierra donde el Parlamento democrático se considera con derecho a otorgar a una casta de personas el derecho sobre la vida y la libertad de otras. Si al PSOE le diese por ahí, podríais ser protagonistas de la segunda parte de La cabaña del Tío Tom, versión española.

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Ceterum censeo infanticidii leges omnes esse delendas.

Y además, pienso que todas las leyes del aborto deben ser suprimidas.

Ante las elecciones europeas ¿votar a un partido parlamentario?

En una entrada anterior, enumerábamos cuáles eran las opciones que había para el voto en las elecciones europeas. Vamos hoy a analizar una de ellas: la de votar a un partido con representación parlamentaria.

Si analizamos cuáles de las candidaturas pueden ser aceptables para un votante que defienda los principios no negociables de Juan Pablo II y Benedicto XVI (defensa de la vida, libertad de educación, defensa de la familia, libertad religiosa y bien común), tenemos que descartar en primer lugar a los partidos oficiales del Régimen (PSOE, IU, ERC y BNG). Todos ellos han lanzado continuas agresiones contra la vida, la familia, la libertad educativa, la religiosa y la de expresión. Y, lejos de buscar el bien común, todos ellos han puesto en marcha medidas para favorecer económicamente a ciertos grupos privilegiados a costa de los demás ciudadanos.

Los partidos nacionalistas conservadores (PNV, CiU) o mediopensionistas (CC, PRC, PAR, etc.) han demostrado en general mucho más aprecio por el bien particular de sus regiones que por el bien común. Además, el PNV ha mostrado (como mínimo) una gran indiferencia por el derecho a la vida y la libertad de los vascos patriotas españoles. Por otra parte, tanto PNV como CiU han cercenado la libertad educativa cuando han estado al frente de los gobiernos regionales de sus respectivas regiones. En mi opinión, esto hace que ninguno de ellos sea aceptable como opción.

Tenemos también a UPyD. El partido de Rosa Díez ha traído gran frescura al panorama político, y está defendiendo sin complejos algunas cuestiones importantes, como la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Ahora bien, se ha posicionado en contra de casi todos los principios no negociables: el derecho a la vida (apoya el aborto), la libertad educativa (apoya activametne Educación para la Tiranía) y el derecho a la libertad religiosa (apoyo cerrado a numerosas iniciativas laizistas). Por todo ello, y aun reconociendo que puede ser una opción muy atractiva para quienes no compartan nuestros principios, me temo que alguien que defienda los principios básicos arriba mencionados no es una alternativa aceptable.

Nos queda el PP. Bajo el mandato de Aznar, y sobre todo el de Rajoy, el antiguo Partido Popular se ha ido enfrentando a los principios que un día lo inspiraron. Aunque en el último Congreso de Valencia las bases lograron impedir las pretensiones de la cúpula de Génova de eliminar las referencias al humanismo cristiano y a la defensa de la vida de los Estatutos y la ponencia política, lo cierto es que en la práctica son ignoradas o violadas todos los días.

El PP no sólo no defiende la vida, sino que la ataca: en época de Aznar se autorizó el descuartizamiento de embriones vivos para experimentar con ellos, no sólo no se derogó la ley del aborto del 85 sino que Rajoy afirma públicamente ser partidario de dicha ley, que “sólo” ha causado más de un millón de muertos. Además, las comunidades autónomas gobernadas por el PP (empezando por la de Madrid) dedican parte del dinero que nos sacan a los contribuyentes para financiar abortos.

El PP es tibio en la defensa de la familia. No se opusieron a la ley del divorcio exprés, que supuso la eliminación práctica de la figura jurídica del matrimonio  del ordenamiento español. Sólo presentaron recurso de inconstitucionalidad al homomonio después de que grupos de ciudadanos se manifestasen ante sus sedes, y no sólo no han vuelto a hacer oposición con el tema, sino que han colaborado en la represión de los ciudadanos que han actuado en defensa del matrimonio. Es cierto que algunos gobiernos regionales han aprobado iniciativas aisladas de apoyo a la familia, pero no se ve que respondan a una estrategia deliberada, sino que parecen más bien obedecer al trabajo de personas concretas relegadas al tercer o cuarto nivel de la organización del partido.

En cuanto a la libertad de educación, el PP tampoco ha sido muy beligerante en su defensa, de nuevo, salvando iniciativas aisladas. Han defendido la libertad lingüística en Galicia después de las movilizaciones de Galicia bilingüe, pero la cercenaron en los últimos gobiernos de Fraga, y no movieron un dedo para defenderla en Cataluña cuando el gobierno regional de CiU dependía de sus  votos. La postura ante Educación para la Tiranía ha oscilado entre el apoyo a los resistentes (Madrid) y la represión (Murcia), con grados intermedios variables (Valencia, Castilla y León). Y en general se han mostrado más beligerantes en defensa de los intereses de los empresarios de la enseñanza (conciertos) que de los derechos de los padres (cheque escolar, EpC).

En resumen, que mientras el PP no cambie no cumple los requisitos mínimos que lo diferencien del resto de partidos parlamentarios para un votante con estos principios.

De modo que me temo que la conclusión es muy clara. Como nos recordó en la manifestación en defensa de la vida y de las mujeres el teniente de alcalde socialista de Paradas, Joaquín Manuel Montero, todos los partidos del arco parlamentario están en contra de la vida. Ninguno de ellos, en mi opinión, se merece el voto de alguien que defienda los principios básicos.

(En próximas entradas repasaremos otras opciones: voto a partidos no parlamentarios y otras modalidades de voto)