Archivo de Etiquetas de 'libertad de expresión'

II República: violencia e incultura sin libertad, ley ni democracia

Hoy se cumplen 80 años de la imposición al pueblo español de la II República. En contra de la leyenda rosa que se presenta habitualmente, y que nuestra casta política incluso ha adoptado oficialmente en la Ley de Memoria Histérica, la II República no fue un régimen legítimo y democrático de libertades. Lo que los hechos demuestran es que la II República fue un régimen antidemocrático, sin libertad ni imperio de la ley, y donde imperaban la violencia, la incultura y la discriminación. Repasemos los hechos.

La República nunca fue una democracia.

La monarquía de la Restauración fue una democracia entre 1875 y 1923. Una democracia aún imperfecta, pero no más que la mayoría de las democracias europeas de la época. Como consecuencia de la inoperatividad de los políticos de la época, el general Primo de Rivera estableció una dictadura entre 1923 y 1929, que se entendió siempre como una solución temporal para restaurar el orden. En 1930, la monarquía de Alfonso XIII emprendió el retorno a la democracia, con un plan que comprendía primero unas elecciones municipales y luego elecciones generales a Cortes que elegirían un gobierno democrático.

Este proceso de restauración de la democracia fue abortado por un golpe de Estado republicano que tuvo lugar el 14 de abril de 1931. Dos días antes habían tenido lugar las elecciones municipales, que según la informaciones de la época ganaron las candidaturas monárquicas por cuatro a uno, y que en cualquier caso eran meras elecciones locales. Sin embargo, los republicanos se ampararon en su victoria en las grandes ciudades para dar un golpe de Estado y exigir la entrega del poder por el gobierno monárquico. Éste se arrugó, con el Rey a la cabeza, y en lugar de defender la legalidad cedió ante los golpistas.

Como vemos, los republicanos no eran demócratas. Si lo hubieran sido, habrían esperado a las elecciones generales para proponer desde las Cortes el cambio de régimen. Pero no. Prefirieron dar un golpe de estado después de perder unas elecciones, cuyas actas “misteriosamente” desaparecieron ¿para no dejar pruebas?

Una vez en el poder, el gobierno golpista promulgó una ley electoral copiada de la ley fascista de Mussolini, que permitía la ganador de las elecciones tener una mayoría abrumadora en las Cortes. Ganaron las elecciones de 1931 y promulgaron la tiránica constitución que veremos más adelante. Cuando en 1933 las derechas ganaron las elecciones, los “demócratas” republicanos llegaron a dar otro golpe de Estado en 1934 para impedir el acceso al gobierno del partido más votado. Posteriormente, las elecciones de 1936, que se celebraron en medio de la violencia política, se saldaron con un pucherazo de las izquierdas, que manipularon descaradamente la asignación de escaños. “Curiosamente”, por segunda vez en unas elecciones sospechosas, las actas también desaparecieron. Por último, las Cortes del Frente Popular destituyeron ilegalmente al Presidente de la República, en lo que fue un nuevo golpe de Estado, aunque parlamentario.

Para que un régimen sea democrático se requieren elecciones libres y que la gran mayoría de la sociedad acepte el resultado, sea cual sea. Un régimen en el que la mitad de la clase política da un golpe de Estado cada vez que pierde las elecciones no puede ser considerado como democrático. Especialmente cuando tampoco hay libertad, como veremos ahora.

La República violó sistemáticamente las libertades.

Aunque un régimen no sea democrático, sí puede ser respetuoso con las libertades individuales y colectivas. Así lo fueron, por ejemplo, las monarquías españolas de la Edad Media y el Siglo de Oro. Pero la II República violó sistemáticamente las libertades de los españoles.

Bajo la República no había libertad de expresión. Nada más aprobarse la constitución de 1931, se impuso la Ley de Defensa de la República que suprimía la libertad de expresión. Los periódicos, cines y teatros padecían censura previa y podían ser cerrados por el gobierno. Los disidentes podían ser encarcelados o multados. Evidentemente, sin libertad de expresión no hay democracia posible.

Bajo la República no había libertad religiosa. El gobierno podía prohibir cualquier actividad religiosa, como de hecho hizo, sin ningún control. Igualmente, prohibió numerosas órdenes religiosas y robó sus bienes.

Bajo la República no había libertad educativa. El gobierno implantó un modelo educativo único y prohibió los colegios religiosos.

La República nunca respetó la Ley.

Un régimen puede ser antidemocrático y tiránico, pero al menos ser un Estado de Derecho, donde las leyes, aunque injustas, se apliquen y los ciudadanos que obedezcan al gobierno sepan que no les va a pasar nada. Pero la República ni siquiera era un Estado de Derecho.

El 10 de mayo de 1931, elementos de izquierdas comenzaron a atacar edificios religiosos y a las mismas personas de los religiosos. Un Estado de Derecho habría enviado a la Policía y a los jueces a defender a las víctimas de delitos, aunque fuesen adversarios del gobierno. Sin embargo, el gobierno dio órdenes a la policía de no aplicar la Ley. Antes de un mes de su proclamación, la república había dejado de ser un Estado de Derecho.

Y los sucesos de mayo de 1931 no fueron un hecho aislado. Sistemáticamente, los partidos de izquierdas se lanzaron a la violencia política y los gobiernos de izquierdas se negaron a aplicarles la ley. Y no se trataba de un problema de debilidad, porque cuando tras sufrir numerosos muertos a manos de terroristas de izquierdas algunos grupos de tendencia opuesta como la Comunión Tradicionalista o la Falange se lanzaron también a la violencia, fueron perseguidos eficaz e implacablemente por el gobierno. Un régimen en el que la ley se aplica a los adversarios pero no a los partidarios es un régimen sin Ley.

En la República se promovió la incultura.

La propaganda republicana siempre la ha presentado como un tiempo en el que la cultura floreció después de un atraso multisecular. Tampoco es cierto. El período de máximo florecimiento cultural español, la auténtica Edad de Plata de la cultura española, ocurrió durante el reinado de Alfonso XIII, donde estuvieron activas al mismo tiempo la generación del 98, la del 14 y la del 27. La resaca de esa época gloriosa alcanza a la República, cierto, pero también al régimen de Franco.

Pero lo cierto es que la primera medida de la República fue permitir la quema de la biblioteca de los Jesuitas de Madrid en la calle de la Flor (y la del ICAI), la segunda de España tras la Biblioteca Nacional, además de infinidad de obras maestras de la pintura, la escultura y la arquitectura.

Lo segundo fue el cierre de todos los colegios y escuelas católicos, con el resultado de que cientos de miles de niños se quedaron sin escolarizar (una versión salvaje de la LOGSE), y que muchos de los mejores intelectuales españoles tuviesen problemas para continuar su actividad por el hecho de ser religiosos.

Lo tercero fue la implantación de la censura, que nunca ha favorecido el desarrollo de la cultura.

Los intelectuales de verdadera talla en seguida se distanciaron de la República. Uno de los padres de la república, el filósofo José Ortega y Gasset, ya denunció los excesos y la degeneración del régimen en septiembre de 1931, en su famoso artículo “No es esto, no es esto”.

La República nació mediante la violencia, y la fomentó y aplicó desde el Estado.

Los republicanos dieron un golpe de Estado violento en 1930 desde Jaca, que fracasó, pero que ellos asumieron como precursor del régimen. El golpe de Estado de 1931 tampoco fue pacífico, aunque la falta de resistencia monárquica impidió que fuese violento.

Más adelante, los partidarios del régimen se lanzaron a la violencia política con el consentimiento y aprobación del gobierno, como hemos visto. La República fue una época terriblemente violenta. La violencia no cesó ni un solo momento de atormentar a los españoles pacíficos.

En el verano de 1936, el gobierno del Frente Popular, crecido ante la falta de resistencia, dio un salto cualitativo. No se limitó a enviar a las milicias de sus partidos a aterrorizar a sus adversarios, sino que, tras amenazarlo de muerte en las Cortes, envió a un grupo de policías de uniforme a asesinar a uno de los dos líderes de la oposición, José Calvo Sotelo. El 14 de julio de 1936, España había pasado además a padecer un Estado terrorista.

Hasta aquí la realidad del régimen republicano, sin entrar en las atrocidades que se cometieron después del Alzamiento del 18 de julio.

Y las críticas al régimen de Franco que la sucedió no atenúan, sino que agravan la condena que la nefasta República merece. La dictadura de Franco fue una consecuencia necesaria de los desmanes republicanos. Si la República hubiese sido simplemente un régimen caótico, pero de libertades, lo más probable es que la dictadura de Franco, como la de Primo de Rivera en los años 20, hubiese sido una “dictablanda” de entre cuatro y diez años seguida por una transición ordenada a una democracia más seria. Pero la República abortó el retorno a la democracia de la monarquía de Alfonso XIII para traer a España nueve años de horror y cuarenta de dictadura.

_______________

Ceterum censeo infanticidii leges omnes esse delendas.

Y además, pienso que todas las leyes del aborto deben ser suprimidas.

Sebastián y la ¿libertad? de expresión

Estaba el otro día el ministro Miguel Sebastián en una cordial y pelotillera entrevista en la cadena CUATRO, cuando durante la distendida charla el jerarca del Régimen le preguntó al periodista:

- Bueno, y tras las últimas medidas ¿qué piensas de Zapatero?

El locutor, precavido ante el conocido furor liberticida de Miguel “el Censor” le contestó prudentemente:

- Opino lo mismo que tú, ministro.

- En ese caso, me temo que tengo que imponer a tu cadena 100.000 euros de multa por injurias al Presidente del Gobierno.

 

¡Por la libertad de expresión! ¡Dimisión inmediata de Miguel Sebastián! ¡NO A LA CENSURA!

 

_______________

Ceterum censeo infanticidii leges omnes esse delendas.

Y además, pienso que todas las leyes del aborto deben ser suprimidas.

El pacto educativo que necesitamos para salir de la crisis

A lo largo del último mes han sucedido dos acontecimientos aparentemente independientes, pero que están muy relacionados entre sí: el reconocimiento abierto por el gobierno socialista de la gravedad y profundidad de nuestra crisis económica, y la negativa del PP a acatar un mal llamado “pacto educativo” con todo lo peor de la política educativa socialista.

Por fin es patente para todos que la política económica socialista de los últimos decenios ha llevado a España a la ruina. La presión fiscal confiscatoria sobre los trabajadores y nula sobre los ricos; la deuda pública astronómica; el derroche millonario en autonomías, cargos públicos, y subvenciones; las dificultades de los jóvenes para conseguir un empleo digno porque los mayores tenían contratos y convenios blindados; los favores políticos a los grandes bancos y empresas, que impiden a las pymes competir en igualdad de condiciones… todo ello ha llevado a la quiebra técnica del estado y la seguridad social, el desempleo para 5 millones de españoles, y nulas perspectivas de crecimiento económico para los próximos años.

El gobierno ha empezado a reaccionar ante la crisis financiera del Estado, aunque por ahora se limite a explotar aún más a los los trabajadores y pensionistas y las clases medias para seguir financiando a los privilegiados y millonarios progresistas. Lamentablemente, la salida de la crisis va a exigir medidas más profundas que la eliminación del despilfarro de los infinitos gobiernos que padecemos. No va a bastar solamente, y ni siquiera principalmente, ni aunque se saneasen las finanzas públicas y bancarias, se recortara a la mitad o la centésima parte el gasto público antisocial y se eliminara el derroche que supone el sistema autonómico. En un mundo cada vez más global, donde las empresas españolas, compiten con las chinas, indias e iberoamericanas, cuyos trabajadores cobran la tercera parte o menos que sus colegas españoles, la única manera de mantener nuestras rentas actuales es producir bienes y servicios con cada vez más valor añadido. Y la única manera de aumentar el valor añadido es contar con empresarios y trabajadores mejor preparados que los de nuestros competidores.

Y aquí entra el segundo factor que mencionaba al principio. Justo en el momento de su historia en el que España necesita tener la población mejor preparada, recogemos los frutos amargos de 40 años de políticas educativas progresistas. Políticas progresistas de han destruido la calidad de la enseñanza española (sobre todo, de la pública), han disparado el fracaso escolar y han hecho descender la preparación de los jóvenes españoles a los niveles más bajos del mundo desarrollado.

En ese sentido, no deja de ser una buena noticia que el PP se haya negado a refrendar la versión más radical de estas nefastas políticas educativas. Desgraciadamente, sus propuestas alternativas no dejaban de ser meros parches para mitigar los daños que causa un sistema podrido desde la raíz. Si queremos que nuestra Patria vuelva a tener futuro, es precisa una reforma total de la educación a partir de bases totalmente diferentes a las actuales. En mi opinión, una política educativa exitosa debe apoyarse en tres pilares: libertad, exigencia e  igualdad de oportunidades para todos. Principios todos ellos, por cierto, recogidos en el artículo 27 de la todavía vigente Constitución de 1978, y muy especialmente en su artículo 27.3.

En futuras entradas propondremos las líneas generales que podría tener un modelo alternativo que permitiese a nuestros hijos y nietos devolver a España a los puestos de cabeza de la economía mundial.

_______________

Ceterum censeo infanticidii leges omnes esse delendas.

Y además, pienso que todas las leyes del aborto deben ser suprimidas.

Las causas progresistas del fracaso escolar (II)

En la entrada anterior, veíamos como el fracaso escolar se había disparado en España en los últimos años. Veíamos también que este aumento del fracaso escolar había sucedido inmediatamente después de que se empezase a implantar, desde los poderes del Estado y prescindiendo de la opinión de los padres, un modelo educativo que seguía todo los tópicos progresistas al uso.

Veíamos también en la entrada anterior como como el hecho de que el fracaso escolar ocurriese inmediatamente después de la implantación del modelo educativo progresista no era una fatal casualidad, sino una consecuencia lógica e inevitable de los defectos de ese mismo modelo: la escuela obligatoria, única, pública, laica, coeducativa, comprensiva, no jerárquica, no memorística, sin exámenes, integradora y no sexuada.

Comprobamos entonces como el modelo de escuela obligatoria y única conducía necesariamente a peores resultados académicos. Vamos a ver a continuación como los demás rasgos del modelo también conducen al fracaso de de una buena parte de los niños que tienen la desgracia de ser víctimas de él.

Empecemos en primer lugar, por la escuela pública. Aunque es cierto que la gestión por parte de los gobiernos de actividades de tipo económico o productivo ha demostrado siempre ser más cara y de menor calidad que cuando se prestan por organizaciones sociales (asociaciones, cooperativas, empresas etc.), los excelentes resultados de la educación impartida en los institutos nacionales de bachillerato españoles en el siglo que estuvo en vigor la ley Moyano podían hacer pensar que la educación, quizás, podría prestarse desde el Estado con la misma calidad que desde la sociedad. Sin embargo, las experiencias recientes, demuestran que la educación gubernamental en España tiene una calidad muy inferior a la educación social, y cada vez peor. De hecho, los informes PISA muestran como los conocimientos de los alumnos de la escuela gubernamental son cada vez más reducidos, mientras que los alumnos de la enseñanza social tienen resultados mucho mejores y mantenidos en el tiempo. Los alumnos que se ven obligados a elegir la educación gubernamental tienen todas las papeletas para no poder desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales y personales. En este sentido, resulta interesante comprobar cómo los resultados de los colegios sociales concertados, son también algo inferiores a los de los colegios totalmente desligados de la financiación pública. Ésta diferencia entre colegios que, en muchos casos, pertenecen a la misma organización, es una clara muestra de que las recientes intromisiones del gobierno en la gestión de los colegios concertados (que cada vez más sufren servidumbres antes limitadas a los colegios públicos) han acarreado, como era de esperar, una degradación de la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos. A cambio, eso sí, de que el gobierno de la tarifa respectiva les haga el ”favor” de financiar la mitad del coste de la enseñanza con una pequeña parte de los elevadísimos impuestos que pagan sus padres.

Si nos referimos al hecho de que la educación haya de ser, obligatoriamente y por imposición del gobierno, “laica” (esto es, anticristiana) destaquemos en primer lugar que, independientemente de los resultados académicos que tengan los alumnos, nos encontramos ante una gravísima violación de los derechos humanos. En concreto, la escuela “laica” vulnera los derechos a la libertad religiosa, a la libertad de enseñanza, a la libertad de cátedra, y a la elección de la educación moral religiosa de los hijos por parte de los padres.

Y encima, la escuela laizista ni siquiera consigue mejores resultados académicos que las escuelas religiosas. Dejando aparte a las madrasas islámicas, la mayoría de las escuelas religiosas del mundo son cristianas (o judías), muchas de ellas católicas. Si nos ceñimos, para simplificar, a las escuelas católicas, las hay que atienden a alumnos de todos los estratos sociales y en todos los países del mundo. Y, al contrario que las “laicas”, gozan de un gran prestigio en todo el mundo. En España, todos los informes muestran que las escuelas católicas (tanto totalmente libres como concertadas) superan en resultados a la antaño eficaz escuela nacional. Y lo curioso es que, pese a su carácter religioso, no suelen despertar los recelos de los padres que no profesan la religión católica. Familias de otras religiones, o sin ninguna, se esfuerzan para enviar a sus hijos a escuelas católicas; se ve que piensan que el riesgo de que se conviertan a una religión que (según esos padres) está equivocada es mucho menor que las ventajas que van a obtener de una formación humana y académica de calidad. De hecho, los únicos que ven con irritación la mera existencia de las escuelas religiosas, y que están dispuestos a usar todos los medios legítimos o ilegítimos para acabar con ellas, no son los padres sino los políticos laizistas, que seguramente prefieren una masa poco educada y poco crítica, pero atea, antes que personas educadas, cultas, libres y, en muchas ocasiones, religiosas.

La coeducación (chicos y chicas mezclados en todas las actividades y recibiendo exactamente la misma educación) puede ser una opción legítima para quien libremente la elija. Igualmente, puede haber casos (hijas únicas de madres solteras en grandes ciudades, por ejemplo) en los que el colegio sea la única oportunidad de que un niño convivan con niños del otro sexo. Ahora bien, si comparamos los resultados medios de la coeducación con los de la educación diferenciada (chicos y chicas en clases o centros diferentes y recibiendo las mismas enseñanzas pero con técnicas pedagógicas adaptadas a su sexo), vemos que los alumnos de la educación diferenciada consiguen resultados muy superiores, tanto los masculinos como las femeninas.

En próximas entradas terminaremos de repasar los estragos causados por las otras características del modelo educativo progresista, y propondremos alternativas para enderezar el curso de la educación en España que nos permitan ofrecer un futuro digno a nuestros hijos y nietos.

También objeto a “sus” Matemáticas

La ministra de Educación ha vuelto a descalificar a los padres y alumnos objetores con el manido argumento de que “Faltar a EpC es como faltar a matemáticas”. La ministra debería andarse con cuidado con ese argumento. Como decían en las películas del Oeste “yo en tu lugar no lo haría, forastera”.

Vaya por delante que no tengo ningún trauma con las matemáticas, sino que las adoro. Obtuve matrícula de honor en matemáticas en todos los cursos de primaria, bachilerato y COU y cursé una ingeniería donde aprobé todas las asignaturas de matemáticas en primera convocatoria. Incluso me presenté (con poco éxito) a las Olimpiadas Matemáticas. Por eso mismo me irrita más la comparación. ¿O es que acaso no se dan cuenta los políticos progresistas de lo irritante que nos resulta, en una nación donde la política educativa socialista ha hecho que la calidad de la enseñanza de las Matemáticas y los conocimientos matemáticos de los alumnos degeneren hasta extremos vergonzosos (como refleja el informe PISA), que una ministra socialista ponga precisamente las matemáticas de la enseñanza oficial como ejemplo de clase imprescindible?¿No se dan cuenta de que los ciudadanos tenemos mucho que objetar a “sus” clases de matemáticas?

Pero sigamos con el análisis lógico del comentario de la ministra. Es sabido, aunque el gobierno del Régimen actual quiera olvidarlo, que el artículo 27.3 de la Constitución reconoce como derecho fundamental “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pues bien, además de los dogmas y mandamientos de la religión católica, yo tengo otras convicciones morales independientes de mi religión, que quiero que formen parte de la educación de mis hijos: que la autosuperación, el esfuerzo y el trabajo bien hecho valen la pena, que hay que aprovechar el tiempo y aspirar a la excelencia (entendida como intentar llegar a lo máximo que uno pueda sin conformarse con menos). Estos valores son claramente morales, y aunque no tengan nada que ver con la religión, tengo por ello derecho a que la educación que reciben mis hijos los respete y fomente.

¿Y acaso la normativa educativa española sobre enseñanza de las matemáticas respeta mi derecho a que mis hijas aprendan en ellas la autosuperación, la excelencia, el esfuerzo, el trabajo bien hecho y el aprovechamiento del tiempo? Rotundamente no. La asfixiante regulación española no permite a los colegios recompensar la autosuperación ni el trabajo bien hecho: todos pasan de curso hagan lo que hagan. No permite alcanzar la excelencia: el buen alumno aprende menos de lo que podría porque debe adaptarse a sus compañeros menos dotados, y el alumno con problemas también aprende menos de lo que podría porque, al impedirle repetir curso hasta que domine la materia de un nivel, se ve obligado a asistir a uns clases en las que no se puede enterar de nada. Y en cuanto al aprovechamiento del tiempo ¡qué decir!. Recientemente una amiga mía, licenciada en Física con 20 años de experiencia, se colocó como profesora de Matemáticas de ESO en uno de los mejores colegios concertados de Madrid. Lo primero que le dijeron sus compañeras fue “hazte a la idea de que las niñas están dando lo mismo que dábamos nosotras dos cursos antes”. Y, por supuesto, el colegio no tenía forma de cambiar esa situación sin incumplir la pesada y autoritaria normativa académica vigente.

De modo, señora ministra, que como puede ver, las imposiciones de su gobierno en materia de enseñanza de las matemáticas están violando mi derecho constitucional a que mis hijos sean educados en mis valores morales en sus clases de matemáticas. Como en EpC. Y por ello, me estoy planteando ejercer mi derecho a la objeción de conciencia a “sus” matemáticas, para que mis hijas salgan de clase a esa hora de manera que yo pueda explicarles en ese tiempo “mis” Matemáticas, que son esencialmente el doble que las suyas.

Así que, por una vez, me veo obligado a reconocer que los políticos progresistas tienen razón en algo. Quienes padecemos un régimen educativo socialista tenemos a nuestros hijos en una situación parecida en EpC y matemáticas. Nos dan ustedes motivos para objetar en conciencia a “su” normativa sobre ambas.

Menos libertad que bajo la Inquisición

No lo digo yo, sino una juez que acaba de concluir en una de sus sentencias (concretamente en el Fundamento de Derecho noveno, página 11) que el uso de determinadas expresiones en un medio de comunicación “si bien en la época de Góngora y Quevedo (a la que aludió expresamente la representación del demandado en conclusiones) podría estar tolerado, nunca podría justificarse en la época actual, vigente la Ley Orgánica 1/1982″.

Ahora bien, no debemos olvidar que en la época de Góngora y Quevedo la vigilancia de la Inquisición sobre todas las expresiones de los españoles estaba en su apogeo.

La conclusión lógica de lo anterior es que, en el Régimen actual, los españoles tenemos menos libertad de expresión que en los tiempos más duros de la Inquisición.

O sea, que o bien la Inqusición no era tan mala, o bien este Régimen no es tan bueno (o ambas cosas).

Y yo me pregunto ¿cómo están tan callados los progresistas españoles? ¿No han  dicho desde siempre que la Inquisición atenazaba de modo insoportable la libertad de expresión y pensamiento de los españoles? ¿No han dicho desde siempre que la causa principal del retraso científico y tecnológico de España no fue la aversión al trabajo de la nobleza sino la vigilancia de la Inquisición sobre todas las novedades? Pues ahora, según los juristas, tenemos una situación peor.

De modo que los progresistas españoles, si de verdad defendiesen la libertad de expresión para todos (y no sólo para ellos), tendrían que estar saliendo a la calle en masa para manifestar públicamente su rechazo por uno de estos motivos (o por los dos):

  1. Exigir la derogación de las leyes limitadoras de la libertad de expresión que amenazan la libertad, el progreso y el bienestar futuro de los españoles
  2. Pedir públicamente perdón a los españoles por haber culpado a la Inquisición de males que no cometió, movidos por sus prejuicios antianticatólicos
  3. PS: Para evitar discusiones estériles, aclararé que la sentencia citada corresponde al caso Zarzalejos vs. Jiménez Losantos. Y aclaro que, para no dispersarnos, en esta discusión sólo comentaremos lo que se refiere a las garantías legales y judiciales a la libertad de expresión, no al estilo de ciertos periodistas. Quien quiera saber mi opinión sobre el estilo de Jiménez Losantos y Zarzalejos, sólo tiene que ver cuál es el estilo que utilizo en mis propios escritos, y saber que por las mañanas en el coche escucho Radio María, y a veces a Carlos Herrera. Y que dejé de comprar el ABC desde antes de que Jiménez Losantos la emprendiera con Zarzalejos.