Profesionales por la Ética

El desencuentro. El Presidente sí tiene quien le escriba…, pero él no contesta a nuestras cartas.

En el día 6 de mayo de 2009 los representantes legítimos de los padres objetores de distintas provincias de Castilla y León tuvieron la oportunidad de reunirse con el Vice Consejero de Educación, el Director de Planificación y Ordenación académica y otros dos altos funcionarios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Antes de nada, quisiera dar las gracias, a quienes nos recibieron, en nombre de los miles de familias a las que representan los portavoces de las plataformas y asociaciones que acudieron a la cita.

Desconocemos las circunstancias que impidieron al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Consejero de Educación atender personalmente a un colectivo que agrupa a más de dos mil familias Castellano Leonesas. Con esta actitud no parece arriesgado entender que usted considera a este colectivo sin la suficiente entidad e importancia como para dedicarle su atención y su tiempo. No sé si se desprecia al colectivo por su escasa repercusión electoral (grave error pues pueden suponer más de diez mil votos directos perdidos por el partido) o por los principios que representa, principios que hasta ahora creíamos defendidos por el partido gobernante en Castilla y León. Cualquiera de las dos posibilidades resulta desalentadora y decepcionante. Tal vez no es época de elecciones y recuperar los votos perdidos por la incoherente actuación de la Junta se pueda dejar para momentos más próximos a las elecciones autonómicas. Pero al margen de esta consideración, si hay que decir que su actuación, como Presidente elegido por los ciudadanos de Castilla y León, con este colectivo afectado de forma directa por la implantación de la materia de Educación para la Ciudadanía (que hasta en tres ocasiones ha solicitado reunirse con usted) ha sido de un menosprecio absoluto.

Hasta ahora he sido excesivamente respetuoso con la vacilante actuación que por parte de la Junta de Castilla y León se ha tenido con los padres afectados por estas circunstancias, pero ahora, creo que es necesario que le trasmita a usted, y a los medios de comunicación, la verdad del tratamiento recibido desde nuestra primera reunión con los responsables de la Administración Autonómica, hace ya casi un año. Seré breve: no ha habido trato alguno. Usted los ha ignorado y los padres objetores se han sentido ninguneados. Más breve imposible, pero ésta es la realidad.

En otro orden de cosas, he de decirle, por si no está todavía claro que, la implantación de la materia Educación para la Ciudadanía, tal y como está configurada en nuestro sistema educativo y en los Decretos autonómicos (digo bien, no sólo en los Reales Decretos sino también en los Decretos autonómicos), es un instrumento que supone un intento burdo de adoctrinamiento y socialización de gran parte de la comunidad de dicentes de primaría, secundaría y bachillerato. Adoctrinamiento y socialización ideológica que va claramente en contra de los principios que, al menos hasta ahora, ha manifestado defender el partido por el que usted ha sido elegido Presidente de la Junta de Castilla y León.

Creo necesario aclararle que los padres objetores no defienden exclusivamente el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones sino también al resto de padres que han optado por adoptar una actitud pasiva, ante este ataque a la libertad. Y lo han hecho, bien por temor a una represalia (ya han sido apercibidos de las posibles consecuencias negativas, por parte de centros y profesores), bien por desconocimiento de lo que implica la materia de EpC, bien porque han creído en sus palabras, cuando ha afirmado que en Castilla y León la materia esta vacía de contenido adoctrinador. Esto es lo más grave. Como usted sabrá, de la sentencia del TSJ de Castilla y León no se deduce, como se ha pretendido trasmitir a la prensa, que la materia de EpC haya quedado vacía de contenido adoctrinador. Más bien al contrario, lo que ratifica la sentencia es que los Decretos autonómicos en nada modifican o limitan o recortan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en los Reales Decretos. Por esta razón, el propio Ministerio de Educación ha manifestado su decisión de no recurrir la sentencia ya que, en gran parte han visto satisfechas sus pretensiones, al menos implícitamente.

A modo de ejemplo le reproduzco, amén de otras consideraciones, varios párrafos literales de dicha sentencia:

El TSJ De Castilla y León parte de que:

• No puede entrar a cuestionar la conformidad a Derecho del Real Decreto 1631/2006, de 29 diciembre, porque se encuentra estrictamente limitado por el ámbito, extensión y dirección de las pretensiones deducidas por las partes personadas en el presente litigio sin que, so pena de incurrir en una especie de reformatio in peius procesal.
• La postura de la Junta de Castilla y León es igualmente contradictoria toda vez que no impugnó el Real Decreto 1631/2006, para a continuación no entenderlo aplicable en su literalidad.
• La normativa reglamentaria de desarrollo dictada por la comunidad autónoma no desplaza a la normativa estatal sino que la completa y adecúa a las peculiaridades de su territorio. Es decir; que ese marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional, ese entramado normativo esencial, nuclear, o imprescindible continúa en vigor. Por ello, no se entiende que la Administración del Estado reproche a la norma autonómica de desarrollo que no se haya reflejado un contenido mínimo que ya es legalmente exigible por haberlo declarado así la normativa básica estatal.

En concreto el art. 6.3 del RD 1631/2006 establece claramente que las administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación secundaria obligatoria, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto, que requerirán el 65 por ciento de los horarios escolares o el 55 por ciento en las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial. Además, el propio Decreto 52/2007 de Castilla y León asume los contenidos del Real Decreto 1631/2006 como inequívocamente explicita su exposición de motivos. (…Por lo que respecta al contenido de las materias concretas, se ha diseñado un currículo que incorpora, junto a las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, los contenidos propios de esta Comunidad. Para ello se han revisado los contenidos incorporados en el Decreto 7/2002, de 10 de enero, por el que se estableció, por primera vez, un currículo de educación secundaria obligatoria propio de esta Comunidad…).

Por todo ello, aunque la parte demandante plantea la omisión total o parcial de objetivos, contenidos o criterios de evaluación, la sentencia concluye, con respecto a EpC:

• En cuanto a objetivos: en absoluto cabe entender que los objetivos no son coincidentes. Son absolutamente coincidentes a juicio de este tribunal.
• Sobre contenidos, la Administración del Estado pone de manifiesto las múltiples omisiones, pero el TSJ afirma que planteado el debate en términos abstractos no hay dato alguno que permita entender que lo manifestado de una forma más general por el decreto autonómico implica exclusión del contenido mínimo fijado por el real decreto estatal.
• En relación con los criterios de evaluación, la Administración del Estado cuestiona la omisión de diferentes criterios. Pero el TSJ afirma que es claramente inútil continuar el análisis de la totalidad de las omisiones planteadas por la parte recurrente, dado lo genérico, abstracto, e inconcreto de sustento de su impugnación. La confrontación de ambas normas realizada en términos abstractos cuando ambas utilizan términos abstractos, amplios, inconcretos y generales es tarea inútil, máxime cuando se cuentan con declaraciones programáticas contenidas en ambos textos declarativas de las intenciones pretendidas en el desarrollo curricular de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Es cierto que en la época que nos ha tocado vivir hay temas tan importantes que ocupan su tiempo, como el que en esta carta se trata de abordar, pero no es menos cierto que el futuro y la virtud de una sociedad se sustentan sobre la base de la educación de las futuras generaciones y sobre los valores que conforman su forma de actuar. No es de recibo obviar y tratar de pasar por alto la problemática que se le ha tratado de comunicar personalmente. Cuando manifiesta usted a los medios de comunicación que nos ha mirado a los ojos y nos ha dicho… no habla con propiedad. Nunca hemos podido hablar con usted, no nos ha querido escuchar y mucho menos nos ha podido mirar a los ojos.

He sido testigo de la preocupación de numerosos padres y madres de familia que están defendiendo su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, y trabajando incansablemente por esta lucha por la libertad. Estos padres merecen el máximo respeto y consideración. Conviene al político que, cuando el hecho le acuse, el resultado le excuse y si éste es bueno siempre se le absolverá. No es su caso señor Presidente. Los hechos le acusan y los resultados no pueden ser más desalentadores, la sentencia del TSJ de Castilla y León confirma que los Decretos autonómicos son conformes con los Reales Decretos del Gobierno y en nada modifican, merman, ni limitan su contenido.

Espero sus noticias y su atención personal. Aunque solo sea para escucharnos y mirarnos, de verdad, a los ojos. Es usted el máximo representante político de los intereses de los Castellanos Leoneses. Actúe como tal. Actúe como nuestro Presidente.

Reciba las condolencias de un votante decepcionado que ha visto traicionados los principios que su partido decía defender y entienda mi voto en las futuras elecciones.

Francisco José Ramos Vega. Abogado