HO C. Valenciana

CEL, AEL y VAEL, junto a varias entidades con fines análogos, constituyen FEDEL, organización de ámbito autonómico que echará a andar tras el verano.

REDACCIÓN HO.- A partir de las 12:30 horas de este viernes, 3 de julio, tuvo lugar la presentación oficial de la asociación cívica Castellón Educa en Libertad (CEL). En el acto, celebrado en el Salón de actos de Ruralcaja de la capital de La Plana, participaron Jacinto Pallarés y José Luis Soria, respectivos presidente y secretario de la organización, a quienes acompañó el portavoz de Valencia Educa en Libertad (VAEL), José Carlos Muñoz.

Jacinto Pallarés comenzó su intervención explicando la simbología del logo de la entidad. En éste, además del nombre de la asociación y sus siglas, se ven unas manos que son imagen del trabajo y que, así mismo, representan un pájaro que sugiere la libertad y un libro abierto que hace referencia a la educación.

Seguidamente, explicó que CEL es una asociación aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro, cuya finalidad primordial es la defensa de la libertad de educación en todas sus facetas, y singularmente la reivindicación de los derechos de los padres en relación con la educación integral de sus hijos.

La tarea más inmediata a la que CEL dedicará sus esfuerzos es la información a las familias con hijos en edad escolar de lo que realmente se esconde tras los currículos del grupo de asignaturas conocido como Educación para la Ciudadanía (EpC).

Pallarés destacó que, con el diseño curricular vigente de EpC, el gobierno intenta imponer un programa ideológico, al abordar desde postulados ideológicos y éticos muy concretos cuestiones como “la condición humana”, “la identidad personal”, “la educación afectivo-sexual” o “la construcción de la conciencia moral”.

CEL considera que ello representa una intromisión ilícita en “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y que los poderes públicos han de garantizar (Constitución Española de 1978, artículo 27.3).

Por otra parte, el presidente indicó que algunos de los criterios de evaluación de EpC, más que atender a la adquisición de conocimientos o destrezas, valoran la observancia de determinadas conductas éticas y la declaración explícita o implícita de las propias convicciones, por lo que ese grupo de materias atenta también contra el artículo 16.1 de la Carta Magna, que establece que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.

Respecto de las sentencias del Tribunal Supremo que, salomónicamente, deniegan el derecho a objetar al tiempo que advierten contra el posible adoctrinamiento en la práctica docente de ese conjunto de asignaturas, Pallarés recordó que la vía judicial no se agota en ese Alto Tribunal y que las primeras familias a las que se denegó desde su Sala Tercera el reconocimiento del ejercicio de ese derecho ya han planteado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por último, añadió que, en el caso de que éste tampoco resolviera a favor de las familias objetoras, habría de ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, la instancia que dijera la última palabra.

El secretario, José Luis Soria, manifestó que, respetando siempre las decisiones que cada familia adopte con plena libertad, CEL promueve la objeción de conciencia a EpC y, en colaboración con las numerosas entidades que forman el movimiento objetor, brinda su asesoramiento y su apoyo jurídico a los padres que puedan necesitarlos. Informó igualmente de la inminente creación de una página web que facilitará la información a quienes estén interesados en las actividades de Castellón Educa en Libertad y a quienes deseen contactar con sus dirigentes.

FEDEL, organización de ámbito autonómico, echará a andar tras el verano

Finalmente, el portavoz de VAEL, José Carlos Muñoz, dio la bienvenida al movimiento objetor a la asociación castellonense y anunció la constitución de una organización de ámbito autonómico de la que son cofundadoras, junto a varias entidades más, Castellón Educa en Libertad (CEL), Alicante Educa en Libertad (AEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL).

La entidad, que se denominará Federación Educación y Desarrollo en Libertad (FEDEL), tendrá unos fines análogos a los que persiguen las tres asociaciones provinciales mencionadas y su presentación en sociedad está prevista para después de las vacaciones estivales.

Para más información:

castelloneducaenlibertad@gmail.com

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En toda España han sido 739 como mínimo y se han tramitado 52.591 objeciones de conciencia, 181 de las cuales son posteriores a las sentencias del Supremo.

REDACIÓN HO.- Según datos facilitados hoy por Profesionales por la Ética (PPE), como mínimo 143 hijos de objetores de la Comunitat Valenciana alumnos han estado ausentes de las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC) durante todo el año académico 2008-2009, incluso después de que el Tribunal Supremo resolviera varios recursos mediante sentencias en las que denegaba el ejercicio del derecho a objetar a familias de Andalucía y de Asturias.

La Comunitat Valenciana es la tercera región española en la que más alumnos han dejado de recibir enseñanzas de ese grupo de asignaturas, tras los 200 de Andalucía y los 189 de Madrid.

Cuando el 28 de enero pasado se dio a conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre objeción a las asignaturas de EpC -Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humano en 2.º ó 3.º de la ESO, Educación Ético-Cívica en 4.º de ESO y Filosofía y Ciudadanía en 1.º de Bachillerato-, el Gobierno y sus terminales mediáticas quisieron pasar página asegurando que el tema EpC estaba cerrado y que todos los objetores debían volver a clase.

“Para sorpresa de muchos –asegura Leonor Tamayo, portavoz de Educación Profesionales por la Ética- hemos recabado datos y, al finalizar el presente curso escolar, constatamos que al menos 739 alumnos no han entrado en clase de las asignaturas de EpC en todo el curso. Los casos más llamativos son los de Andalucía, donde no han entrado en clase 200 alumnos; en Madrid, 189 y en la Comunidad Valenciana, 143″.

Tamayo recuerda que las sentencias del Supremo sólo afectaban a los alumnos y las familias inmersos en los recursos resueltos por el Alto Tribunal. Entre las más de 52 mil objeciones presentadas hay alumnos de todos los cursos, les tocara o no recibir EpC ese año, porque la objeción puede tener carácter preventivo. Son los alumnos que han estudiado en el 2008-2009 cursos en cuyos currículos hay EpC quienes han tenido que decidir, junto con sus padres, si entraban o no a esas clases.

En cuanto a la situación legal y académica en que se encuentran los alumnos que no han entrado en clase de EpC, Leonor Tamayo comienza por explicar que “en primer lugar, sólo estaban obligados a entrar en clase los que habían sido afectados por alguna resolución judicial”.

La portavoz añade que, entre los 739 que no han asistido a EpC, “hay de todo: familias que asumen el suspenso con el orgullo de defender su libertad frente a la intromisión del Estado; otros que han sido evaluados mediante trabajo alternativo a EpC –tal como solicitaban los padres en la declaración de objeción-, ya que el centro escolar les ha dado facilidades; otros -los que han sido declarados exentos por resolución judicial- aparecen en las notas con un no evaluado”.

Por último, declara que “si titulan o no -en el caso de los alumnos de 4.º de ESO- no se sabrá hasta septiembre. Nuestro sistema escolar es muy flexible y permisivo, se toleran prácticamente todas las situaciones: no hay razón para que no se encuentren vías de amparo a los objetores a EpC en cada caso y en cada centro”.

¿Qué va a pasar el curso próximo?

“Evidentemente -asegura Leonor Tamayo- los padres harán lo que quieran, libre y responsablemente. Pero lo cierto es que, después de las sentencias del Supremo, no ha cambiado nada; es más, el Ministerio de Educación ha incluido en su web materiales nuevos relativos a EpC que se introducen en la intimidad de los alumnos y en los derechos de los padres. Y en Zaragoza se han dictado dos sentencias posteriores a las del Supremo amparando de nuevo a los objetores. Desde Profesionales por la Ética vamos a seguir informando y asesorando a los padres; si desean objetar, les informaremos de las consecuencias en cada caso, pero la decisión será de ellos. Aunque desde luego confirmamos que el año que viene objetarán miles de padres”.

Tamayo reitera que el problema de la actual EpC en España, más que los contenidos, radica en el planteamiento general de este conjunto de asignaturas, el propósito de formar la conciencia moral de los alumnos desde el Estado o desde el gobierno de turno.

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Más de cien alumnos de la provincia han seguido sin dar EpC tras las sentencias del TS. La proximidad de su implantación en 5.º de Primaria origina nuevas objeciones a ese grupo de materias.

REDACCIÓN HO.- Al mediodía de hoy se ha presentado en rueda de prensa celebrada en el Colegio Jesús María CEU de Alicante la asociación Alicante Educa en Libertad (AEL). La nueva entidad es una organización independiente, constituida para defender la libertad de educación, y tiene entre sus fines ayudar a los padres de la provincia que se oponen a la actual configuración de las asignaturas englobadas bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía (EpC).

En el acto ha estado presente José Luis Bazán, coordinador del Área Jurídica de Profesionales de la Ética, que ha criticado la actual regulación de ese grupo de materias. “Llaman ciudadanía a lo que una persona libre llamaría servidumbre moral”, ha dicho respecto de EpC, a la que ha definido como “un acto de cirugía moral altamente invasiva que pretende extirpar la libertad de conciencia”. Lo ha acompañado el director del colegio en el que se ha llevado a cabo el acto, Alejandro Pollicino, y también han asistido Juan Carlos Córdoba y Rafael Martín, presidente y vicepresidente de AEL respectivamente.

A pesar de que el Tribunal Supremo en sus sentencias del 11 de febrero rechazó algunas objeciones planteadas en Andalucía y Asturias, AEL ha confirmado que más de un centenar de alumnos de la provincia ha permanecido fuera de las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO, de Educación Ético-Cívica de 4.º de la ESO y de Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato.

Para los objetores, la libertad ideológica, reconocida por la Constitución de 1978 (art. 16) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, consagrado en el artículo 27.3 de la Carta Magna, son derechos innegociables y en este final del curso académico no han querido asistir a las clases ni examinarse de unas asignaturas que consideran adoctrinadoras, dando por bueno el suspenso.

Para AEL, otra EpC es posible, pues los currículos de otros países europeos se han limitado a exponer los principios democráticos y constitucionales, las instituciones europeas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los objetores no se opondrían a EpC si en España estuviese regulada de forma similar. Pero en nuestra nación esos valores y principios ya se impartían de forma transversal en otras asignaturas y se ha utilizado EpC para introducir conceptos y valores no emanados de la Constitución y sobre los que existe un claro debate social: “la condición humana”, “la identidad personal” o “la educación afectivo-sexual”. Los decretos que desarrollan la asignatura declaran expresamente que su finalidad es ayudar a los alumnos a “construirse una conciencia moral y cívica”, peligrosa y obsesiva pretensión de sistemas o regímenes políticos no democráticos, a juicio de AEL.

La implantación de EpC en 5.º de Primaria origina nuevas objeciones

Hoy mismo, a las 21:00 horas, la asociación celebra una reunión informativa en la Parroquia del Buen Pastor de Aspe. En ella que intervendrán Juan Carlos Córdoba, presidente de AEL y padre objetor; José Berná, asesor jurídico de AEL y padre objetor; José María Fernández Corredor, Delegado de Enseñanza del Obispado, y José Luis Bazán, coordinador del Área Jurídica de Profesionales de la Ética.

En la reunión se informará a las familias de la situación del movimiento objetor tras las sentencias del Supremo y, de forma más concreta, de cómo es la actual coyuntura en la Comunidad Valenciana. Además, los dirigentes de AEL tienen previsto recoger nuevas objeciones, anunciadas por familias que han adoptado esa decisión por la inmediatez con que la EpC afectará a sus hijos que el próximo curso estudiarán 5.º de Primaria.

AEL pretende asesorar y ayudar a los padres en la defensa de sus derechos en relación con la educación de sus hijos y no descarta ningún medio legal para ello, desde la objeción de conciencia, pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional, hasta la denuncia de casos concretos de adoctrinamiento por parte de los centros, los profesores o los manuales que se utilicen en la provincia, conforme establecieron las citadas sentencias del Tribunal Supremo.

Para más información:

E-mail: ael@alicanteeducaenlibertad.es
Página web: www.alicanteeducaenlibertad.es

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