El ejecutivo invoca el “respeto a la ley y a la comunidad educativa” y niega que el TC haya autorizado “en ningún caso” la “posibilidad” de objetar. VAEL recuerda sentencias en que el Alto Tribunal reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la orden de la Consejería de Educación sobre organización pedagógica de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC).
El ejecutivo socialista solicita la nulidad de pleno derecho de esa norma, así como la suspensión cautelar hasta que se resuelva el proceso, según informó hoy el Ministerio en un comunicado.
El MEPSYD considera que la norma “incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa”. Así mismo, solicita la suspensión cautelar de la disposición reglamentaria recurrida, porque entiende que su aplicación “perjudicaría a los alumnos”.
La norma valenciana establece dos opciones para cursar EpC: la propuesta ‘A’, a través del desarrollo del currículo de la materia en inglés por parte del profesor, o a través de la opción ‘B’, con realización de un trabajo individual con un enfoque transversal de los contenidos de la materia de, al menos, una periodicidad trimestral.
El departamento del que es titular Mercedes Cabrera acusa al ejecutivo de la Comunidad Valenciana de regular medidas relacionadas con la objeción de conciencia a la asignatura, “en contra una vez más de la LOE, pero también de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que en ningún caso autoriza esta posibilidad”.
Por otra parte, asegura que, al articular dos opciones diferentes para la asignatura, el Consejería de Educación valenciana asume competencias que corresponden “de manera exclusiva” a los centros educativos, como son la organización y el proyecto educativo propio.
Para el Ministerio, la normativa “impide” que los alumnos que cursaran la opción B alcancen los objetivos de la asignatura. “Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse”, argumenta.
Invocación al “respeto a la ley y a la comunidad educativa”
La secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, ha indicado que el objeto de este recurso no es que se imparta en otro idioma, porque “la podrán dar en inglés, valenciano o castellano”, sino que “divide a los alumnos y asume competencias propias de los centros educativos y de los profesores”.
Almunia ha solicitado al consejero de Educación de Valencia “respeto a la Ley y a la comunidad educativa” y recuerda que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura Educación para la Ciudadanía, según ella, “con normalidad”. “Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece”, subraya.
La secretaria de Estado señala igualmente que “es la misma responsabilidad demostrada por los valencianos, que han sido los primeros en oponerse a una ocurrencia del consejero que parece no tener fin”. “Comenzó anunciando que la asignatura se daría en inglés, continuó planteando dos opciones que perjudican a los alumnos y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa”, concluye.
VAEL recuerda al Ministerio que el TC sí reconoce el derecho a objetar
Consultado por esta redacción sobre la alusión que el recurso del Ministerio hace a la objeción de conciencia, el portavoz de la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL), José Carlos Muñoz, ha manifestado que “la afirmación de que la jurisprudencia del TC ‘en ningún caso autoriza’ a objetar solo podría obedecer a una inexplicable incompetencia por parte de los servicios jurídicos del Ministerio o a una subordinación de los criterios jurídicos a los intereses políticos de la titular del departamento”.
A juicio de Muñoz, “es poco probable que los redactores del recurso desconozcan el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, haya sido regulado específicamente o no, que el TC hizo (entre otras) en su sentencia 53/1985 de 11 de abril”.
En esa resolución, el Alto Tribunal determinó que el derecho a la objeción de conciencia “existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.
El portavoz de VAEL ha añadido que “ya tres años antes, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 15/1982, había reconocido el derecho a objetar en conciencia, como una concreción del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa”. También ha recordado que, “en esa misma resolución, el Alto Tribunal fue muy explícito al juzgar que ‘puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español’. Por eso, para nosotros, es difícilmente explicable que los servicios jurídicos del Estado incurran en un error de tan grueso calibre y nos inclinamos a pensar que en este asunto ha prevalecido la tozuda voluntad política de la ministra sobre los criterios jurídicos de sus asesores”.
Respecto del resto de argumentaciones, Muñoz, docente de Secundaria, asegura que le ha llamado poderosamente la atención “el desconocimiento manifiesto de la legislación educativa que demuestran quienes hayan elaborado ese recurso, si es que de verdad el recurso dice lo que la nota ministerial refleja”. El portavoz de VAEL ha explicado que “los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son efectivamente aspectos básicos, pero que vienen regulados no por una Ley Orgánica, como el comunicado del Ministerio asegura, sino por los reales decretos que fijan el currículo y las enseñanzas mínimas de cada etapa educativa”.
Señora Ministra No nos van los totaliarismos. de ningún signo. Déjenos en paz y en libertad. Mire a la URRS o a EEUU. No siga su mal ejemplo. La 1ª que es su modelo ni pudo contra Dios ni contra las esencias de la historia.
A mis nietos les voy a enseñar lo que yo quiera. Si qquiere discípulos o esclavos PARALOS USTED que es mujer. Pero ni es Esparta, ni el stalinismo, lo que perdura es el HUMANISMO incluido el ateo; peor¿ que ateismo es el suyo que ataca a los creyentes? Y además con careta y amparándose en el poder que le dan lo votos los interpreta como le da la gana No Nunca podrán con los que creemos en el se humano y en sus valores tan altos que snos trascienden Sabe lo que es trascender. Y con toda la humildad del mundo como profesor y catedrático de Histora jubilado no puede defender de ninguna de las maneraqs la objeción de cfonciencia Lo dice el TC la Cosntitución Y algo que está por encima de todo LA LEY NATURAL Señora Ministra, Que no, Que no va a doblegar nuestras conciencias ni nuestro interior. Y solo le digo que esa postura no la conocí en mi vida ni la aceptaré ahora. Y si siguen así van a manipular hasta la ONU pero NO AL PENSAMIENTO UNICO MARSIXTA NI AL CAPÌTALISMO MATERIALISTA AMERICANO.
¿Por qué nos mienten en la Generalitat sobre el rpesupuesto de educación?
Todos los padres aportan dinero a los colegios públicos, 20, 30 euros que no es mucho, pero si multiplicamos eso por todos los niños que estan en primaria y secundaria podremos calcular cuánto dinero haría realmente falata para que la educación pública fuera de verdad gratiuta. Ese dinero es como un impuesto en B al que la Generalitat hace la vista gorda porqie así puede presumir de dar una educación a la que realmente no puede mantener. ¿nadie va a hacer nada al respecto?