HO C. Valenciana

La asociación recuerda que las sentencias del TS se refieren solo a cuatro recursos y no afectan a los otros 1800 interpuestos por las familias españolas.

REDACCIÓN HO.- Por medio de un comunicado emitido esta tarde, la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) denuncia ante la opinión pública que el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas de varias comunidades autónomas y algunos medios de comunicación están transmitiendo informaciones sobre el fallo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó el 28 de enero que no se ajustan a lo anunciado por el Alto Tribunal.

La decisión del TS deniega el derecho de objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía únicamente a las familias involucradas en los cuatro recursos que con esa fecha se resolvieron. La nota de prensa que la Oficina de Comunicación del TS remitió a los medios detalla que “el Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia”.

Por todo lo anteriormente expuesto, Valencia Educa en Libertad quiere hacer llegar a la sociedad valenciana las siguientes consideraciones:

1.- El fallo del TS afectará solo a tres familias objetoras de Asturias y a uno de los hijos de otra de la provincia de Huelva, a partir de la fecha en que les sean comunicadas las sentencias y se proceda a su ejecución.

2.- Ningún otro padre o alumno objetor queda afectado por dicho fallo, ya que únicamente los mencionados son parte en los procesos juzgados por el TS. Así pues, la decisión del Alto Tribunal no genera obligación alguna de entrar en clase para los hijos de los demás padres objetores.

3.- Apoyamos incondicionalmente a los padres de Asturias y Andalucía y a sus abogados, en la presentación de los recursos ante el Constitucional y, si ello fuese necesario y así lo decidieran, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

4.- Los casi 1800 recursos judiciales contra Educación para la Ciudadanía aún por resolver en los tribunales de España siguen su camino procesal hasta que los recurrentes obtengan sentencia firme. En la Comunitat Valenciana, hay centenares de familias que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por considerar que la Conselleria de Educación les ha denegado el reconocimiento de su derecho a objetar, por efecto del silencio administrativo. Ninguno de los recursos planteados ha sido resuelto.

5.- Todos los padres objetores residentes en otras regiones que hayan obtenido autos de medidas cautelares o sentencias favorables siguen en la misma situación. Por tanto, hasta que el mismo tribunal que dictó las medidas cautelares las revoque o la sentencia que les favorece sea anulada por un tribunal de rango superior, tienen derecho a que sus hijos no entren en clase.

6.- El fallo del Tribunal Supremo (cuyas argumentaciones jurídicas desconocemos, puesto que aún no se han redactado las sentencias) no zanja la cuestión, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista social. Los integrantes del movimiento objetor valenciano plantearemos cuantos recursos sean necesarios, hasta agotar todas las instancias nacionales y europeas, para que se nos respete el derecho a rechazar que los actuales currículos nacionales de las materias de EpC sean impuestos a nuestros hijos.

7.- Las Administraciones educativas autonómicas que hasta ahora no han sido hostiles para con los padres objetores no son parte en los procesos decididos por el Tribunal Supremo y, por lo tanto, no tienen obligación legal de modificar su actitud. Por ello, esperamos que la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana respete los derechos de los padres y mantenga vigentes las instrucciones del 30 de julio sobre la atención educativa que los centros han de prestar a los alumnos que no cursen EpC, al menos hasta que los Tribunales de Justicia de la Comunitat hayan resuelto (si es que llegan a hacerlo) contra el reconocimiento de nuestras objeciones. Ningún fundamento legal tendría que el Govern decidiera extender los efectos del fallo del Tribunal Supremo a nuestras tres provincias.

8.- Más allá de la dimensión jurídica del problema generado por la implantación obligatoria de las cuatro asignaturas de Educación para la Ciudadanía, queremos dejar constancia de nuestra admiración por el enorme entusiasmo, arrojo y tenacidad de los padres objetores de toda la Comunitat Valenciana. Estamos convencidos de que la respuesta que están dando será, antes o después, garantía de un éxito jurídico pleno que beneficiará a toda la sociedad.