Monseñor Rafael Palmero Ramos, Obispo de Orihuela-Alicante, ha emitido una carta pastoral titulada Sobre la “Educación para la Ciudadanía”.
REDACCIÓN HO.- Don Rafael Palmero suma su voz a la de muchos otros prelados, en la denuncia inequívoca de la ilegítima pretensión de modelar la conciencia moral de nuestros hijos por medio de los actuales currículos de EpC y en el apoyo decidido de la objeción de conciencia, como forma legítima de reivindicación de los derechos constitucionales de los padres en relación con la educación de sus hijos.
Lo ha hecho a través de una nota pastoral con fecha del día de hoy, 3 de noviembre, cuyo texto está accesible en la web de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Lo que transcribimos íntegramente a continuación.
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SOBRE LA “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”
Nota Pastoral
Para orientar a los padres que piden ayuda y solicitan apoyo en el momento en que se está implantando en España la EpC, me dirijo a vosotros, queridos diocesanos, con el fin de que reflexionemos juntos. Es algo que a todos nos preocupa.
La Conferencia Episcopal Española en la Declaración de Octubre de 2.007 decía: Hay enseñanzas que “constituyen una lesiòn grave del derecho de los padres a determinar la educación moral que desean para sus hijos; unas enseñanzas que, además, tal como aparecen programadas, significan la imposición del relativismo y de la ideología de género. No es precisamente esto lo que los organismos de Europa sugieren a los Estados miembros. No es éste el modo adecuado de salir al paso de la necesidad apremiante de una formación integral de la juventud para la convivencia en la verdad y la justicia, con actitudes positivas que contribuyan a la creación y consolidación de la paz en las familias, las escuelas y la sociedad. Todos deseamos que la escuela forme ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y tolerantes. Pero eso no se consigue con introducir en las conciencias de los jóvenes el relativismo moral y una ideología desestructuradora de la identidad personal. Esta “Educaciòn para la ciudadanía” de la LOE es inaceptable en la forma y el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”(1).
1. He estado, estoy y estaré siempre interesado en formar y colaborar en la preparación de verdaderos ciudadanos solidarios, responsables y equilibrados en sus relaciones humanas, respetuosos con la convivencia y con sus leyes constructivas y positivas para el bien del hombre. La Iglesia Católica ha invitado siempre a un diálogo interdisciplinar sensato, honesto y riguroso en tema tan importante para el futuro de los españoles como ciudadanos. En dicho diálogo, se ha de procurar el bien del hombre y en consecuencia el bien de la sociedad.
2. Estamos, por tanto, todos a favor de una educación cívica, en la que la EpC sea una asignatura libre de componentes ideológicos; que prepare para la convivencia democrática; que esté centrada en el estudio de los derechos humanos, del ordenamiento constitucional, de las instituciones sociales intermedias, de los organismos comunitarios europeos y demás: sólo así sería aceptada por todos como una materia idónea para la formación de nuestros ciudadanos de hoy y de mañana. No obstante, la asignatura de EpC, tal como está concebida y configurada, no responde a este objetivo. Impone desde instancias políticas una concepción del hombre que no forma integralmente a los jóvenes con actitudes positivas para la convivencia en la verdad y la justicia.
3. Está suficientemente justificado y racionalmente fundado que la EpC no responde a lo establecido en el Art. 27. 3 de la Constitución: “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La Constitución de hecho reconoce el derecho que asiste a los padres a decidir el tipo de educación moral que sus hijos han de recibir en la escuela. También la legislación de la Iglesia ha reconocido este derecho-deber que compete a los padres, y que las instancias civiles están obligadas a tutelar. Así, el actual Código de Derecho Canónico recoge el derecho-deber que compete a los padres de elegir centro e instituciones adecuados, y que “la sociedad civil les proporcione las ayudas que necesiten” (Canon 793); insta además la normativa canònica a que “las leyes que regulan la formaciòn de los jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas, según la conciencia de los padres” (Canon 799). La legislación estatal sobre la nueva asignatura, en cambio, pretende formar, con carácter obligatorio y totalitario, “la conciencia moral cívica” de todos los alumnos en todos los centros.
4. Perfeccionar al hombre por el camino de la humanización al asimilar la cultura es la razón de ser de todo el proceso educativo, porque anda en juego la verdadera ciudadanía, el verdadero ciudadano: la calidad de la persona en lo social y en sus prestaciones a la convivencia ciudadana. Estamos retados, todos los implicados de buena voluntad en la noble tarea de la educación, a caminar por caminos que no malogren mental, afectiva, conductual y competencialmente a nuestros con-ciudadanos incapacitándolos para las grandes empresas humanas, intelectuales y empresariales. Para lograrlo, insisto en continuar una reflexión sosegada y rigurosa en el hermoso campo de la educación, de la familia, y de las comunidades cristianas, partícipes, corresponsablemente de la educación de sus miembros. En este diálogo, preguntémonos todos: ¿qué es un verdadero ciudadano maduro, razonable, equilibrado y formado?, ¿qué es educar un verdadero ciudadano y un ciudadano verdadero?, ¿qué es y cuál es la epistemología de la asignatura “Educación para la ciudadanía”?
5. En nuestra Comunidad Valenciana EpC ha comenzado a impartirse en el presente curso. La Orden de Consellería de Educación del pasado 10 de junio intentaba paliar -sólo explícitamente para segundo de ESO, no para las distintas formas en que se articula en los demás cursos-frente a una ley superior vinculante, alguna de las graves objeciones que aquí se plantean. Sabemos que esa Orden fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y que fue suspendida en puntos tan importantes como el amparo que ofrecía a los padres que habían planteado la objeción de conciencia. En consecuencia EpC ha de ser cursada por todos los alumnos en todos los centros públicos y privados. En los Centros Católicos de la Iglesia, también la EpC es obligatoria con sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación. No existe por parte del Gobierno ninguna garantía jurídica para que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura a su ideario católico. El fondo y forma de EpC entra en contradicción con su carácter propio y limita la libertad de desarrollar plenamente su proyecto educativo elegido libremente por muchas familias.
6. En los Centros Católicos de nuestra Diócesis, como ya se viene realizando en nuestros Colegios Diocesanos y en otros tantos de ideario católico de Alicante, se debe continuar informando a todos los padres y profesores sobre cómo EpC entra en contradicción con la Doctrina Social de la Iglesia y con los derechos fundamentales de todos los padres, y se les ha de informar de todos los medios legítimos a los que pueden recurrir. Entre tales medios no se puede excluir la objeción de conciencia.
Un Centro Católico ha de posibilitar el ejercicio de la libertad de los padres; ha de explicar cómo presentar una demanda ante el propio Centro o ante las autoridades educativas; y ha de responder a los padres objetores. La legítima objeción de conciencia, reconocida en la Constitución Española e interpretada por el Tribunal Constitucional como derecho a ser ejercida sin necesidad de una Ley que la regule, no se ha de impedir ni forzar en ningún Centro, sino que se ha de acoger la voluntad responsable de los padres coherente con la elección del colegio. Es obvio que las medidas no son contra la dirección del Centro, sino contra un imperativo legal contrario a la libertad de conciencia.
7. En estas fechas, en la provincia de Alicante, son centenares las familias de alumnos de Centros públicos que han optado por la objeción de conciencia como forma de ejercicio de su libertad: son ellas testimonio de libertad valiente ante no pocas dificultades y discriminaciones que padecen. Defienden la neutralidad ideológica que el Estado ha de ejercer en la Escuela de todos. Muchos de estos padres no pueden ejercer su derecho a elegir el Centro con el ideario que quieren para sus hijos. Encuentran que la EpC de la LOE es contradictoria a su visión moral de la persona, la familia y del mundo, y a la formación Religiosa confesional Católica elegida voluntariamente por el 72% en Infantil y Primaria y por 41% de la Escuela pública alicantina, aun estando regulada en la LOE en condiciones discriminatorias y contrarias a la ley superior.
8. Ánimo, pues, y adelante. Son momentos duros y difíciles los que estamos viviendo, pero nos mantenemos abiertos a la esperanza. Aprendamos con ella a madurar como cristianos, en la vida pública y social. “La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad… Dios –la Verdad y el Amor en persona-ha querido sufrir con nosotros y por nosotros” (Benedicto XVI. Encícl. Spes Salvi, nº 38).
Alicante, 3 de Noviembre de 2008.
+ Rafael Palmero Ramos Obispo de Orihuela-Alicante
NOTAS
1 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas (28 de febrero de 2007).
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