HO C. Valenciana

El miércoles, día 16 de Julio, en la Academia Militar de Marín, presidido por sus Majestades se procederá a la entrega de despachos a los mandos de La Marina; según noticia de radio emitida por la cadena Cope, la Ministra no acudirá al acto castrense.

Carmen Chacón, ministra de Defensa, al parecer ha declinado su presencia en dicho acto ya que en él se oficiará una misa. Según noticias difundidas por radio, este ha sido el motivo de su no asistencia a dicho acto y posterior entrega de despachos.

Los ministros, cuando juran o prometen su cargo, deben saber las obligaciones que contraen al aceptarlo y, caso de no cumplirlo, lo mas honesto sería dimitir y dejar a otra persona que esté dispuesta a atender sus obligaciones.

Los cargos políticos deberían saber a lo que se comprometen y no tener salidas fuera de tono, haciendo un desplante, no solo a los Reyes que presiden el acto, sino también a los militares y ciudadanos que con nuestros impuestos les pagamos el sueldo.

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El fallo de la sentencia del “bórico”en la que el Tribunal critica también la actuación de los superiores del perito Manuel Escribano “Muy probablemente abducidos por la enjundia y relevancia socio-política del caso, no cumplimentaron con arreglo a formas jurídicas concretas la sustitución del perito, la asignación del nuevo informe y la formalización del dictamen final, incurriendo en algunas irregularidades administrativas”. Tal comportamiento, sin embargo, no es constitutivo de delito.

A la vista de cuanto antecede, los ciudadanos con poca formación jurídica, lógicamente la acatamos, pero nos fijamos en dicho fallo y encontramos que se utiliza la palabra “abducidos” y francamente nos quedamos perplejos. A nuestro entender y a la vista de la publicidad del tan cacareado “caso del bórico” creíamos que de lo que se trataba era de saber el porque se había evitado que constara en el informe la referencia al bórico y su lógica investigación caso de que el Juez instructor lo considerase oportuno.

En la portada de El Mundo, en articulo firmado por Fernando Lázaro, en gran titular figura “Los “policías honestos” de Rubalcaba cometieron falta grave segun la Ley” y como subtitulo ” Los artículos 7.12 y 12 de la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado castigan con hasta 3 años de suspensión ” la emisión de informes que desnaturalicen la verdad o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho no constituya delito” y la noticia fechada en Madrid, refiere “La legislación de los policías apenas deja dudas.Los cuatro funcionarios . nos encontramos con unas explicaciones que nos dan cuenta de que “Los cuatro funcionarios de la Comisaria General de Policía Científico deberían ser sancionados por el Ministerio del Interior por falta grave”. La Audiencia Provincial les absolvió de un delito, pero recoge en la sentencia del caso del acido bórico que se produjeron alteraciones administrativas, una conducta que podría llevar aparejada una sanción por falta grave que conllevaría hasta tres años de suspensión de funciones, según el régimen disciplinario de este Cuerpo”.

En su articulo Fernando Lázaro abunda en la información y hace referencia a las Sanciones “Según explicaron fuentes sindicales de la Policía y se precisa en la propia legislación sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, existen abundantes elementos en la sentencia como para que Interior sancione a los mandos de la Policía Científica por falta grave: “Las emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, desnaturalicen la misma valiendose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, siempre que el hecho no constituya delito o falta muy grave”, indica el articulo 7, punto 12 de la legislación disciplinaria de los policías”.

Como recuerdan las fuentes sindicales consultadas por “El Mundo” cuando a un agente se le abre una investigación judicial, el Ministerio del Interior debe abrirle un expediente y adoptar medidas cautelares según sea la gravedad de las acusaciones, según se recoge en el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

Ese expediente interno debe paralizarse y no resolverse hasta que se pronuncie la autoridad judicial. Pero mientras se produce esa parálisis, la autoridad administrativa puede adoptar medidas cautelares sobre los investigados. Son incontables los casos de agentes de la autoridad que, tras abrirseles una causa penal en los tribunales se ven sometidos a medidas administrativas preventivas: suspensión de empleo y sueldo. En el caso del comisario Miguel Ángel Santano y sus subordinados, no solo no sufrieron medidas preventivas, sino que ni siquiera les fue abierto el expediente que se correspondía con la causa penal abierta contra ellos.

El hecho de que la Justicia les haya absuelto de un delito no significa que no tengan que responder a nivel administrativo de los hechos denunciados en la sentencia, las irregularidades respecto a la elaboración de un peritaje sobre el 11-M.

Tras la lectura del amplio, pormenorizado y documentado articulo de Fernando Lázaro también nos hemos quedado “abducidos” ya que ni entendemos ni comprendemos que justicia tenemos, eso si que como demócratas respetemos sus fallos.

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