Excmo. Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana:
Ante la incomprensible, incoherente, temerosa y contumaz postura del Sr. Conseller de Educación respecto a la Educación para la Ciudadanía impuesta por el PSOE, me veo en la obligación y me siento en derecho de comunicarle y denunciar lo siguiente:
a) Como bien han analizado políticos muy relevantes del PP, entre ellos D. Mariano Rajoy, la EpC no sólo atenta contra el derecho de libre elección de línea educativa de los padres respecto a sus hijos, consagrado en el Art. 27.3 de la Constitución, sino también, y mucho más peligrosamente, contra las bases mismas del Estado de Derecho, ya que impone una ideología ético-moral concreta de índole estatal que destruye el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, contenido en el Art. 16 de nuestra Carta Magna, norma de todas las normas e inviolable por otras normas de rango inferior, sean Leyes Orgánica o Reales Decretos.
b) La objeción de conciencia es un derecho legítimo intrínseco a todo estado democrático moderno y un signo de madurez del Estado de Derecho, esté o no regulado ad hoc para cada caso. Tribunales Superiores de Justicia, como el de Andalucía o el de La Rioja, y otros tribunales de menor rango, han emitido una ya extensa y fundamentada serie de resoluciones que determinan que tal derecho resulta aplicable a la EpC. Las resoluciones desfavorables son unas pocas. Existen, pues, suficientes razones, éticas y jurídicas, como para que las administraciones públicas, cuanto menos, admitan cautelarmente las objeciones y sus consecuencias lógicas: la exención de cursar la EpC y ser evaluados en ella, junto a la implantación de actividades sustitutorias no adoctrinantes en materia de moral, en espera a que los altos tribunales decidan.
c) Es incomprensible que el PP, cuyos líderes se han pronunciado en contra de la EpC y, recientemente, a favor de la objeción de conciencia a la misma, dejase pasar en 2007 la oportunidad y el plazo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra la LOE y los Reales Decretos que la desarrollan. Pero más irritante es que, ahora, con la EpC comenzando su aplicación en nuestra Comunidad Valenciana, tampoco apoyen sin ambages la objeción de conciencia, que es la única arma legitima que la inactividad opositora de ese partido nos ha dejado a los padres y madres españoles y, en consecuencia, a los valencianos. Ustedes nos han dejado solos frente al rodillo y el aparato jurídico socialista.
d) Igualmente absurdo y escandaloso es el diferente trato que se ofrece a la objeción de conciencia en las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP y el escaso apoyo de algunas de ellas a las recientes manifestaciones del Sr. Mariano Rajoy. En la Comunidad de Madrid, en la de Murcia y en la de La Rioja, los gobiernos del PP han decidido apoyar la objeción, aunque lo hagan de forma provisional entretanto las máximas autoridades judiciales se pronuncien definitivamente al respecto. Por cierto, de la anunciada reunión de consejeros de educación del PP con la Sra. Cospedal, para unificar posiciones, nadie sabemos nada.
e) He de reconocer que la Comunidad Valenciana, hoy en día, es un referente mundial de progreso y modernización. La mayor parte de los valencianos nos sentimos orgullosos de ello. Pero los valencianos no nos conformamos sólo con ver aumentar nuestro potencial material. Tenemos principios y valores, que pensábamos compartía el PP. Por ambas cosas, no sólo por la primera, nuestro apoyo electoral viene siendo mayoritario desde hace tanto tiempo. El progreso que queremos no es sólo económico, sino también social. La objeción de conciencia es un signo de madurez, avance y modernidad democrática, cuya protección echamos en falta.
f) Por eso, somos muchos los decepcionados por la inactividad del Consell en cuanto a los temas que comportan principios éticos y morales, e incluso de derecho. No olviden que somos muchos los que hemos otorgado durante décadas un voto útil al PP, no un voto por convicción o por compartir lo que dice y hace el PP, sino por evitar que gane el todavía peor PSOE. Podrán suponer que, si nuestro voto útil se convierte en inútil, puede haber un giro electoral mucho mayor de lo que se imaginan. No se acomoden en la seguridad de que, tras tantos años gobernando, la Comunidad Valenciana es suya para siempre. Nuestro voto no es cautivo.
g) Reconozco que su gobierno, con la Orden de 16 de junio, trató de paliar un poco el tema, aunque ha acabado por enredarlo más aun si cabe. Dicha Orden, hoy paralizada por el TSJCV, contiene algunos aspectos que es justo apreciar, como el hecho de que, con la opción B, otorgaba a los padres un mayor control. Pero la Orden no reconoce explícitamente, ni la objeción, ni sus consecuencias lógicas. Nos obligaba a escoger la opción B, que seguía siendo EpC aunque moderada, posibilidad que podía ser escogida por cualquiera, objetor o no. En la reciente resolución sobre aplicación de la EpC en los centros, no se han dignado siquiera a mencionar una palabra acerca de la objeción, o sobre cómo los centros deben atender a los alumnos cuyos padres han presentado objeción. Nos han ignorado absoluta y descaradamente.
h) La Secretaria Autonómica de Educación, Concha Gómez, en nombre de su gobierno, nos prometió que todos los padres objetores recibiríamos una respuesta administrativa individual. Pues a fecha de hoy, ya iniciado el nuevo curso, no han contestado nada de nada. Silencio administrativo e ignorancia supina por toda respuesta. Parece que su gobierno tiene miedo a contestar, tanto a favor de la objeción, como en contra: a favor, porque no quiere vérselas con Zapatero en los juzgados; en contra, porque no quiere verse con una avalancha de recursos. Y así nos tiene, encajonados entre sus miedos e indecisiones, esperando a que nos cansemos, desistamos o algo así. ¡Eso ni lo sueñen!
i) Recuerden que el silencio administrativo es un acto administrativo. Recuerden que un suspenso es un acto administrativo. Recuerden que cualquier actuación de las direcciones, los profesores u otro personal de los centros, que traten de hacer repercutir sobre nuestros hijos cualquier otra medida que vaya más allá de la dispuesta para la evaluación académica, sería también un acto administrativo. Vayan olvidándose de que la callada por respuesta es la mejor forma de que abandonemos la defensa, sea por vía administrativa o jurídica, de nuestros derechos. Decidan ustedes, de forma clara y urgente, si nos van a defender o nos van a dejar solos. Si no podemos contar con su apoyo, nosotros sabemos cómo actuar; eso sí, no cuenten con el nuestro nunca más.
j) Por último, y por favor, dejen de marear la perdiz con el asunto del inglés, que ya está el mar bastante movido. ¿No se dan cuenta de que el empecinamiento absurdo con ese asunto está bloqueando la resolución del problema central, que es la EpC en sí misma? ¿No ven que han creado una guerra idiomática paralela y se han creado nuevos enemigos? ¿Ignoran el follón organizativo y metodológico a que están sometiendo a los centros? Claro que es necesario potenciar el aprendizaje del inglés en escuelas e institutos, pero existen mil y una formas de potenciar este aprendizaje, todas menos en EpC, que ya tiene bastante con su propia conflictividad intrínseca. Vayan al grano y no a la paja.
En conclusión, Sr. Camps, le ruego que se olviden de apaños y ambigüedades, dejen de liar las cosas con el inglés, sean valientes y decididos, sean más coherentes con su propio partido, no ignoren a los padres objetores, ayúdennos con su apoyo o, al menos, resuelvan de una vez y déjennos vía libre para defendernos nosotros mismos.
José Rafael Sáez March
Licenciado en Pedagogía.
Miembro de VAEL (Valencia Educa en Libertad).
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